STC580-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC580-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02227-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 de noviembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Eva Sandrid Orozco Bordillo -a trav\u00e9s de apoderado judicial, quien adem\u00e1s act\u00faa en nombre propio-, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bello (Antioquia). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales cuestionadas al interior del proceso penal de radicado 2021-15441. <\/p>\n
2. El 23 de diciembre de 2021, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Medell\u00edn adelant\u00f3 las audiencias preliminares en contra de Eva Sandrid Orozco Bordilo a quien se le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cargos a los que no se allan\u00f3. En tal diligencia le fue impuesta medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario. <\/p>\n
2.1. La etapa de conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado accionado, el cual adelant\u00f3 acusaci\u00f3n el 10 de febrero de 2022. Instalada la audiencia preparatoria, el 23 de marzo siguiente, la Fiscal\u00eda y la defensa enunciaron las pruebas y se interrog\u00f3 a la procesada sobre la aceptaci\u00f3n o no de los cargos. <\/p>\n
2.2. Tal actuaci\u00f3n fue suspendida y reanudada el 7 de julio del mismo a\u00f1o. En dicha oportunidad, el apoderado de la procesada enunci\u00f3 las pruebas testimoniales y documentales que har\u00eda valer en el juicio, sin embargo, la diligencia nuevamente fue suspendida ante la oposici\u00f3n presentada por el ente acusador y el representante de v\u00edctimas. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el Juzgado encarado -con prove\u00eddo del 12 de julio de 2022-, tras argumentar una falta de defensa t\u00e9cnica, resolvi\u00f3 decretar la nulidad de la audiencia preparatoria. Decisi\u00f3n que fue confirmada por el Colegiado debatido -el 6 de septiembre de 2022-. <\/p>\n
2.4. Por lo expuesto, los actores aducen que dichas determinaciones son irregulares, pues fueron proferidas con el \u00fanico prop\u00f3sito de remover al apoderado contractual. Sostienen que se incurri\u00f3 en los defectos org\u00e1nico, f\u00e1ctico, sustantivo, falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, violaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n y error inducido, al confirmar las falacias del a quo quien indic\u00f3 que la defensa desconoc\u00eda las formalidades del sistema penal, lo que quebrant\u00f3 adem\u00e1s la dignidad profesional, personal y familiar del abogado. <\/p>\n
3. Demandaron que se deje sin valor y efectos \u00ab\u2026el auto por medio del cual, el d\u00eda 12 de julio de 2022, la accionada Juez 3\u00aa Penal del Circuito de Bello (Ant.) decret\u00f3 la nulidad de la indicada Audiencia Preparatoria, a partir de su primera sesi\u00f3n, inclusive, y, por lo tanto, o consiguientemente, el auto mediante el cual, el d\u00eda 06 de septiembre de la misma anualidad, la accionada Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Medell\u00edn (Ant.) \u2026 confirm\u00f3 tal decisi\u00f3n.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn1, inform\u00f3 que conoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo del 12 de julio de 2022, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el 6 de septiembre de la presente anualidad, con fundamento en el art\u00edculo 457 del C.G.P, al evidenciar falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
2. Francisco Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Zea2, apoderado de v\u00edctimas, afirm\u00f3 que \u00abla falta de t\u00e9cnica del Defensor al poner en peligro el debido proceso penal pone en riesgo los derechos de las v\u00edctimas. Y tan notorio fue ello; no solo para los intervinientes si no para el mismo Tribunal, que decretaron la Nulidad por falta de defensa t\u00e9cnica\u00bb. Pidi\u00f3 desestimar y negar la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00ablas determinaciones cuestionadas no resultan caprichosas, ni constitutivas de v\u00edas de hecho por los defectos enunciados en la demanda, por el contrario, se trata de providencias debidamente fundamentadas, que consultan el criterio jurisprudencial de esta Sala sobre la materia, lo que descarta la procedencia del amparo pretendido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los promotores, insistiendo en los mismos argumentos esbozados en el escrito inicial. No comparten lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, el fallo impugnado incurre \u00abtambi\u00e9n en la vulneraci\u00f3n y amenaza de los derechos fundamentales sobre los cuales se est\u00e1 rogando su defensa y protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de los gestores, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 6 de septiembre de 2022, con el cual se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del 12 de julio de la misma calenda, que declar\u00f3 la nulidad a partir de la audiencia preparatoria en la referida causa penal. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn -con prove\u00eddo del 6 de septiembre de 20223- expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la determinaci\u00f3n de primera instancia. Para ello, luego de invocar el art\u00edculo 457 de la Ley 906 de 2004 y la sentencia CSJ SP100 de 2018 proferida por esta Corporaci\u00f3n, analiz\u00f3 las solicitudes probatorias realizadas por el abogado defensor. De ello, destac\u00f3 que \u00abcarec\u00edan de objetividad, as\u00ed como evidenciaban el claro desconocimiento del objeto de la audiencia, misma en la que se solicitan pruebas documentales, testimoniales y periciales, entre otras, pero que el defensor no supo diferenciar entre lo que eran ordenes previas de investigaci\u00f3n y resultados obtenidos que pudieran hacerse valer como prueba\u00bb. <\/p>\n
2.1. Lo anterior, teniendo en cuenta que el accionante \u00abSolicit\u00f3 se ingresara como prueba documental las entrevistas tomadas a la procesada, su esposo, su hermano y su cu\u00f1ada siendo claro, en primer lugar, que esas entrevistas no son prueba documental, y segundo, lo que se ingresa es el testimonio de las personas que declararon previamente y esas entrevistas s\u00f3lo servir\u00e1n para refrescar memoria o impugnar credibilidad\u00bb. Aclar\u00f3 que \u00abExcepcionalmente podr\u00edan admitirse como prueba de referencia cuando se cumplieran los requisitos de. Art. 438 del C.P.P. lo que no ocurri\u00f3 en este evento, pues no hubo manifestaci\u00f3n alguna frente a ello\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, enfatiz\u00f3 que en el presente asunto no se trata de una estrategia defensiva, \u00absino que las solicitudes probatorias que pretend\u00eda elevar la defensa, no ten\u00edan ese car\u00e1cter de prueba, pues en caso de haberse tomado la decisi\u00f3n por la juez de primera instancia, es claro que ninguna de las solicitadas hubiese sido decretada\u00bb. Toda vez que, \u00ablas entrevistas eran prueba de referencia inadmisible, y las ordenes de trabajo dadas a los investigadores de la defensa, eran actos investigativos que tienen como fin obtener un resultado que s\u00ed podr\u00eda solicitarse como prueba, pero nada de ello se dijo al respecto, como que obtuvo informaci\u00f3n de alguna entidad, tampoco habl\u00f3 de testigos del hecho que pudieran controvertir la prueba de la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, trajo a colaci\u00f3n pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n respecto a la defensa t\u00e9cnica, <\/p>\n
En cuanto hace a la defensa t\u00e9cnica, jur\u00eddica o cualificada, durante las fases de investigaci\u00f3n y juzgamiento en que se divide el proceso penal, la cual puede ser escogida libremente por el procesado mediante la designaci\u00f3n de un defensor de confianza o provista por el Estado de oficio o a trav\u00e9s del servicio de Defensor\u00eda P\u00fablica, la Corte5 ha precisado que se trata de una garant\u00eda de rango superior, de car\u00e1cter aut\u00f3nomo e independiente, cuya eficacia no depende del libre albedr\u00edo de quien de manera oficiosa ha sido designado por el funcionario para atender los intereses del acusado, o del defensor p\u00fablico o contractual que le asista, ni se reduce a su designaci\u00f3n supletoria y nominal cuando el procesado carece de un abogado de confianza, sino que se prolonga en el tiempo y a lo largo de la actuaci\u00f3n, hasta la vigilancia de la gesti\u00f3n por parte del funcionario judicial, a fin que la oposici\u00f3n a la pretensi\u00f3n punitiva del Estado se ajuste a la voluntad del constituyente, y se enmarque en los par\u00e1metros de diligencia debida, en defensa de los intereses del sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal estatal4. <\/p>\n
En ese sentido la Jurisprudencia de esta Corte ha precisado que la garant\u00eda constitucional de la defensa t\u00e9cnica debe ser controlada por el funcionario judicial encargado de dirigir el proceso, a fin de que no se reduzca a una actuaci\u00f3n meramente formal, sino que se concrete en verdaderos actos de controversia jur\u00eddica y probatoria, ya que s\u00f3lo de esa manera se puede afirmar de manera cierta e indiscutible el cumplimiento de las previsiones sobre dicho particular5 <\/p>\n
2.3. Posteriormente, lleg\u00f3 a las siguientes conclusiones: \u00ab i) la procesada estaba conforme con la actividad de su defensor de confianza, porque no se opuso a ella al pregunt\u00e1rsele; ii) el abogado consider\u00f3 que con su experiencia en la defensor\u00eda p\u00fablica, en la rama judicial y como funcionario, manejaba la t\u00e9cnica del sistema penal acusatorio; iii) qued\u00f3 claro que el defensor desconoce la t\u00e9cnica del sistema penal acusatorio y c\u00f3mo debe realizarse correctamente la solicitud probatoria, as\u00ed como que no diferencia la prueba documental de testimonial y que las entrevistas no son prueba documental, como tampoco las \u00f3rdenes de trabajo dadas a sus investigadores iv) que si bien desde la audiencia de acusaci\u00f3n hubo presencia procesal y se asumi\u00f3 una postura que permite deducir una m\u00ednima actividad vigilante de la defensa, la misma no alcanza a superar el examen de una debida defensa t\u00e9cnica que de manera responsable pueda representar los intereses de la se\u00f1ora Eva Sandrid Orozco Bordillo. <\/p>\n
2.4. Finalmente, hizo alusi\u00f3n a que el mismo defensor corrobor\u00f3 el desconocimiento del sistema penal acusatorio, al manifestar que \u00abde confirmarse la nulidad, la misma deb\u00eda hacerse desde la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, lo que no es viable en tanto en la audiencia de acusaci\u00f3n solo se controla el escrito de acusaci\u00f3n que no presenta reparo alguno, y s\u00f3lo all\u00ed se hace el descubrimiento probatorio de la Fiscal\u00eda a la Defensa t\u00e9cnica, por manera que al no requerir mayor intervenci\u00f3n en esta audiencia de la defensa, la nulidad solo debe operar desde la audiencia preparatoria como efectivamente se hizo\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.6 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, importa recordar que la tutela no es una herramienta superior de revisi\u00f3n de los criterios interpretativos de los jueces ordinarios, los cuales -en desarrollo de sus facultades y amparados en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- gozan se autonom\u00eda en la toma de sus decisiones. Y, por tanto, el juez constitucional no es el llamado a definir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-18. Anexo 0008Memorial.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-13. Anexo 0009Memorial.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-15. Anexo PRUEBA_24_10_2022, 10_21_57.pdf <\/p>\n
4\u0002 CSJ-SP574-2018, 49552 <\/p>\n
5\u0002 CSJ SP abr. 28 de 2010 Rad. 32966 <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC580-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC580-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02227-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70904","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70904","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70904"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70904\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}