STC583-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC583-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00228-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mario Restrepo le interpuso a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a los intervinientes en el asunto 66682-31-13-001-2022-00477-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista solicit\u00f3 que se ordene al accionado decidir inmediatamente la acci\u00f3n popular que le promovi\u00f3 a ARQ Project S.A.S., toda vez que el plazo consagrado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 para el efecto se encuentra superado, desconociendo el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, y los precedentes de esta Corporaci\u00f3n sobre la \u00abestricta observancia de los t\u00e9rminos procesales\u00bb (STC15220-2019, STC15139, STC15115-2019, STC15116- 2019). <\/p>\n
A su vez, pidi\u00f3 que se solicite a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que act\u00fae en su defensa en esta salvaguarda, y promueva en su nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio de administraci\u00f3n de justicia, indic\u00e1ndole el d\u00eda, mes y a\u00f1o en que la presentar\u00e1. <\/p>\n
2.- El Tribunal convocado remiti\u00f3 copia del expediente electr\u00f3nico objeto de reproche. No hubo pronunciamientos en el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La salvaguarda se desestimar\u00e1, pues, si bien en el caso acusado transcurrieron los veinte (20) d\u00edas previstos en el art\u00edculo 32 de la Ley 472 de 1998, sin que el fallador plural desatara la apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, la superaci\u00f3n del plazo no es atribuible al incumplimiento del deber de tramitar diligentemente los asuntos a su cargo, sino a las actuaciones que aqu\u00e9l ha debido realizar con el fin de proveer sobre el remedio vertical. <\/p>\n
1.1.- Esta instituci\u00f3n no fue creada para controvertir la actividad desplegada por la administraci\u00f3n de justicia, salvo cuando se configure un defecto que afecte las garant\u00edas superiores del interesado. <\/p>\n
Cuando la falla se refiere a la mora judicial, la viabilidad de la salvaguarda depende de que se estructuren tres circunstancias: i) el incumplimiento de los t\u00e9rminos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para tramitar la actuaci\u00f3n de que se trate; ii) la desatenci\u00f3n de los plazos sea injustificada, y iii) la tardanza sea trascendente frente a las garant\u00edas del accionante. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Sala en STC13282-2022, reiterada en otros pronunciamientos, al puntualizar: <\/p>\n
(\u2026) cuando se infringe el deber de tramitar oportunamente las controversias, se estructura la mora judicial, en desmedro de la tutela jurisdiccional de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Claro, que exista mora no significa que haya un desempe\u00f1o negligente de las funciones jurisdiccionales. Hay m\u00faltiples circunstancias que la pueden provocar, y que pueden ser ajenas a la diligencia que se demanda de sus servidores. En ese sentido, el \u00abComentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial\u00bb se\u00f1ala: <\/p>\n
La capacidad de actuar con diligencia en el desempe\u00f1o de las obligaciones judiciales puede depender de la carga de trabajo, la suficiencia de los recursos (incluida la disponibilidad de personal de apoyo y de asistencia t\u00e9cnica) y el tiempo para la investigaci\u00f3n, deliberaci\u00f3n, redacci\u00f3n y otras obligaciones judiciales que no sean la participaci\u00f3n en las audiencias del tribunal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Desde esta perspectiva, la viabilidad de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial depende de que, en principio, se advierta la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos para tramitar la actuaci\u00f3n, y la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento. <\/p>\n
3.1.- Para establecer lo primero, deber\u00e1 definirse cu\u00e1l es la norma que fija los plazos para atender la solicitud, y verificar que, en efecto, hayan sido superados al momento de la presentaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
3.2.- Para lo segundo, importa indagar por las circunstancias que originaron la mora y c\u00f3mo ellas la provocaron. Con ese fin, deber\u00e1 confrontarse el expediente y analizarse las razones esgrimidas por el servidor judicial en aras de exculpar la desatenci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.3.- Al lado de los anteriores criterios, a fin de determinar si es viable o no este sendero para que cese la mora judicial, se encuentra el de trascendencia la vulneraci\u00f3n (\u2026), se traduce en determinar la afectaci\u00f3n que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante (se enfatiza). <\/p>\n
1.2.- En el caso, como lo denuncia el accionante el t\u00e9rmino para desatar el remedio vertical est\u00e1 superado. La Colegiatura de Pereira deb\u00eda dirimirlo \u00abdentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb, como lo consagra el precepto 37 de la Ley 472 de 1998. Esto es, a m\u00e1s tardar el 14 de diciembre de 2022, comoquiera el asunto arrib\u00f3 a la Secretar\u00eda de esa Corporaci\u00f3n el 15 de noviembre anterior. <\/p>\n
Sin embargo, dicha omisi\u00f3n es insuficiente para conceder el amparo pretendido, ya que la tardanza es ajena al cumplimiento del deber que el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 270 de 19961 impone a los servidores judiciales, respecto de impulsar diligentemente los asuntos a su cargo. <\/p>\n
En efecto, como se evidencia del expediente 2022-00477-01, la Corporaci\u00f3n convocada no ha dirimido a\u00fan la alzada porque, luego de impulsar diligentemente las actuaciones relativas al tr\u00e1mite de segunda instancia, esto es, admisi\u00f3n y traslado del recurso, estim\u00f3 que era necesario decretar una prueba de oficio. N\u00f3tese que, luego de recibido el expediente (15 nov. 2022), las diligencias ingresaron al despacho del Magistrado ponente (16 nov. 2022), quien admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n por auto de 22 del mismo mes. El 7 de diciembre siguiente la Secretar\u00eda corri\u00f3 traslado de la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n a la parte no recurrente (5 d\u00edas). Vencido dicho plazo, el 16 de diciembre de 2022 la causa ingres\u00f3 al despacho para la emisi\u00f3n de la respectiva sentencia. Sin embargo, el funcionario sustanciador consider\u00f3 que era necesario decretar una prueba de oficio para resolver la controversia, por lo que el 20 de enero de esta anualidad dispuso: <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto por los art\u00edculos 169 y 180 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al presente asunto por disposici\u00f3n del art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1998, con el fin de aclarar los hechos que interesan al proceso, se dispone, como prueba de oficio, oficiar a la Alcald\u00eda Municipal de Santa Rosa de Cabal, para que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas allegue a este despacho certificado de la existencia y representaci\u00f3n de la Propiedad Horizontal Edificio Torre Axis, Centro de Negocios P.H.\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el 23 de enero, la Secretar\u00eda de la Magistratura querellada, en cumplimiento de la anterior determinaci\u00f3n, libr\u00f3 y remiti\u00f3 a su destinatario el oficio n\u00b0 97; a la espera, entonces, que la autoridad requerida brinde la informaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Como puede verse, el decurso ha sido tramitado diligentemente, por ende, ning\u00fan reproche puede hacerse al juez plural por el paso de los citados veinte (20) d\u00edas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la mora denunciada por el quejoso no es susceptible de ser conjurada a trav\u00e9s de este sendero, sin que las providencias citadas por aqu\u00e9l habiliten la intervenci\u00f3n suplicada, pues si bien a trav\u00e9s de ellas se concedieron amparos por infracci\u00f3n del plazo contemplado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, as\u00ed ocurri\u00f3 porque su detenci\u00f3n no fue debidamente exculpada. <\/p>\n
2.- El reclamo frente a la Procuradur\u00eda tampoco puede prosperar, ya que si es de inter\u00e9s del actor provocar alguna actuaci\u00f3n de esa entidad, le corresponde acudir ante dicho organismo, y no suscitarla a trav\u00e9s de esta v\u00eda, residual y destinada, exclusivamente, a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (STC16673-2022, STC16153-2022, entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NIEGA la tutela instada por Mario Restrepo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tenor del precepto mencionado, \u00ab[l]a administraci\u00f3n de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley\u00bb. <\/p>\n
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