STC601-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC601-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00167-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y Civil del Circuito Santa Rosa de Cabal, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-000881. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasi\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3; pues, pese a que el expediente ingres\u00f3 para reparto al tribunal el 28 noviembre de 2022, para surtir la apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado, a la fecha no se ha dictado la resoluci\u00f3n correspondiente, desconociendo los t\u00e9rminos perentorios de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. Con apoyo en esos argumentos, pidi\u00f3 en lo fundamental, que se ordene al tutelado: (i) que resuelva la alzada propuesta por el gestor; y, (ii) que \u00abaporte constancia secretarial de la fecha que llego (sic) [la] apelaci\u00f3n a la secretaria del tribunal a fin de contar los 20 dias (sic) que la ley le impone para fallar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado sustanciador de segundo grado adujo, in extenso, que: <\/p>\n
\u00ab1. El 28 de noviembre de 2022, por reparto correspondi\u00f3 a esta Sala el conocimiento de la acci\u00f3n popular radicada al n\u00famero 2022-00088-01, procedente del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira\u2013 Risaralda, a fin de resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado a la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2022. <\/p>\n
2. Hecho el examen preliminar, se evidenci\u00f3 que en primera instancia se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo cual, mediante auto del 2 de diciembre, se puso en conocimiento de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la irregularidad procesal advertida. <\/p>\n
3. Posteriormente, por auto del 12 de diciembre \u00faltimo, se admiti\u00f3 la alzada. <\/p>\n
(\u2026) De tal manera, considera esta Magistratura no ha incurrido en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales atribuidos por el se\u00f1or Mario Restrepo, puesto que se ha actuado conforme a las normas que rigen la materia, respetando el debido proceso, adem\u00e1s de que este despacho tramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre Constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacatos, etc.), cuyo volumen es notable, pues en a diciembre del 2022, se tramitaron 5 habeas corpus, 103 tutelas de primera instancia, 137 de segunda instancia, 71 acciones populares; adem\u00e1s del estudio y discusi\u00f3n de proyectos de providencias sustanciadas por los dem\u00e1s magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, se convierten en limitantes de tiempo que permitan dictar el fallo con mayor celeridad, adem\u00e1s de las fallas de conectividad que se presentan, por lo cual no es posible cumplir los t\u00e9rminos que reclama el tutelante para desatar la alzada propuesta\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el expediente digital del asunto censurado y se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva \u00abcomo quiera que la solicitud del tutelante escapa de la competencia de esta agencia judicial. En la medida que las actuaciones se remitieron desde el d\u00eda 18-11- 2022 con destino al honorable Tribunal Superior de Pereira Sala Civil Familia, quienes dar\u00e1n el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb. <\/p>\n
3. Jorge Iv\u00e1n Holgu\u00edn alleg\u00f3 \u00abregistro fotogr\u00e1fico solicitado, en las cuales se evidencia el acceso (rampa) para personas con discapacidad del establecimiento comercial DISTRIHUEVO NUBIA\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa reclamada por el recurrente, toda vez que, supuestamente, ha desatendido el t\u00e9rmino previsto legalmente para resolver la segunda instancia de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00088. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por el memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que lo pretendido con este mecanismo es que se conmine a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a que desate la segunda instancia de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00088, atendiendo el t\u00e9rmino legalmente previsto para ello en la Ley 472 de 1998, porque, seg\u00fan lo expuesto por el promotor, dicha autoridad \u00abNUNCA RESUELVE EN T\u00c9RMINOS DE TIEMPO PERENTORIOS LOS RECURSOS\u00bb. <\/p>\n
No obstante, contrario a lo afirmado por el gestor, una vez verificado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se pudo constatar que el tr\u00e1mite de la segunda instancia en el precitado asunto (i) se someti\u00f3 a reparto 28 de noviembre de 2022; (ii) el 2 de diciembre de esa anualidad se puso en conocimiento de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que \u00aben primera instancia se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y (iii) mediante prove\u00eddo de 12 del mismo mes y a\u00f1o, se admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por el quejoso, precisando que \u00aben firme el presente auto empieza a correr el t\u00e9rmino para sustentar el recurso por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la colegiatura fustigada no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento, en consecuencia, se colige que el tribunal ha realizado las gestiones pertinentes en procura de la definici\u00f3n de la instancia a su cargo, en un tiempo prudencial. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rad. n.\u00ba 66001-31-03-002-2022-00088-01. <\/p>\n
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