STC612-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC612-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00135-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Garc\u00eda Garc\u00eda contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 001- 2016-00027-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, en el juicio relacionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, del proceso ejecutivo que el Banco de Bogot\u00e1 promovi\u00f3 en su contra, conoci\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ubat\u00e9 y la \u00faltima actuaci\u00f3n fue de 4 de diciembre de 2018, cuando se agreg\u00f3 a los autos la diligencia de secuestro efectuada por el comisionado. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el apoderado de la entidad crediticia solicit\u00f3 autorizar presentar el aval\u00fao por intermedio del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, motivo por el cual el 22 de julio de 2019 el Juzgado de conocimiento requiri\u00f3 al IGAG, quien, en comunicaci\u00f3n de 10 de julio de 2020, dijo que previamente deb\u00eda el interesado cancelar las expensas para el mismo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, el 11 de julio de 2021 el Juzgado ofici\u00f3 de nuevo al instituto para que expidiera un certificado a costa del ejecutante, y como la actuaci\u00f3n no hab\u00eda tenido \u00abimpulso \u00fatil\u00bb su abogada el 11 de agosto de 2021 pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, y argument\u00f3 que \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n que le dio movimiento al proceso fue el d\u00eda 4 de diciembre de 2018\u00bb, y, adem\u00e1s, no era necesario requerir al IGAC, porque ese documento pod\u00eda solicitarse por internet, y adjunt\u00f3 las im\u00e1genes respectivas con el paso a paso para descargarlo. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el Juzgado accionado el 26 de noviembre de 2021 la neg\u00f3, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria in\u00fatilmente, porque el a quo el 21 de septiembre de 2022 la mantuvo y el Tribunal Superior accionado el 15 de diciembre de 2022 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Indic\u00f3 que las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta la facilidad con que puede descargarse el certificado catastral, as\u00ed como el deber del abogado frente al art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, por el contrario, adujeron que en la actuaci\u00f3n era indispensable el aval\u00fao. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abdejar sin valor y efecto todas las providencias que declaran activo el proceso y en su defecto, ordenar la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito conforme el lineamiento jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicita dentro del proceso 25843310300120160002700\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la tutela, orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso que motiv\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado sustanciador se limit\u00f3 a remitir copia de la providencia censurada de 15 de diciembre de 2022, y el link del proceso ejecutivo No. 2016-00027. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ubat\u00e9, luego de hacer un recuento del tr\u00e1mite impartido en el citado juicio, expres\u00f3 que se adelant\u00f3 de acuerdo con los par\u00e1metros legales pertinentes, y destac\u00f3 que la negativa para decretar el desistimiento t\u00e1cito est\u00e1 fundamentada en el hecho que no se cumpl\u00edan los presupuestos legales establecidos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El apoderado judicial del Banco Bogot\u00e1 en calidad de interviniente, pidi\u00f3 negar el amparo porque las providencias proferidas por las autoridades accionadas, se encuentra ajustadas a derecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en detrimento de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. Ahora bien, como el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el accionante dirige la pretensi\u00f3n del amparo contra las decisiones proferidas por el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9 y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el 21 de septiembre y 15 de diciembre de 2022, respectivamente, debe indicarse que la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la de segundo grado, porque es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta acci\u00f3n extraordinaria. (CSJ. STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015 y, STC4556-2022 entre otras). <\/p>\n
3. En estos t\u00e9rminos, y examinado el link que contiene el proceso ejecutivo No. 001-2016-002027-00 promovido por Banco de Bogot\u00e1 SA contra Julio Emiro Garc\u00eda Garc\u00eda, se observa que la apoderada judicial del demandado el 11 de agosto de 2021 solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, y sostuvo que, \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n que le dio movimiento al proceso fue el d\u00eda 4 de diciembre de 2018, donde se integra al proceso la diligencia de secuestro proveniente de juzgado primero civil de Chiquinquir\u00e1, ahora, en lo sucesivo se ven actuaciones las cuales se podr\u00eda decir que interrumpe el t\u00e9rmino para alegar el desistimiento t\u00e1cito, pero no es as\u00ed, la causa se debe a que las solicitudes al Instituto Agust\u00edn Codazzi son innecesarias\u00bb. <\/p>\n
3.1 El Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9 en providencia de 26 de noviembre de 2021 la neg\u00f3, porque no se hab\u00eda verificado el t\u00e9rmino de inactividad previsto en la norma para dar por terminado el asunto, en tanto que, el 11 de junio de 2021 por petici\u00f3n del ejecutante, dispuso requerir a Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi IGAC \u2013 Unidad Operativa de Catastro de Chiquinquir\u00e1, para que expidiera un certificado de aval\u00fao catastral del bien objeto de cautela. <\/p>\n
3.2 Frente a la anterior decisi\u00f3n, fue recurrida por la apoderada del demandado en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y el Juzgado de conocimiento en auto de 21 de septiembre de 2022 mantuvo la determinaci\u00f3n y concedi\u00f3 el segundo en el efecto devolutivo. <\/p>\n
3.3 El Magistrado sustanciador del Tribunal Superior de Cundinamarca en providencia de 15 de diciembre de 2022, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n reprochada tras argumentar que, el 30 de julio de 2016 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y aprobadas las liquidaciones de cr\u00e9dito y costas, el 4 de diciembre de 2018 se agreg\u00f3 la diligencia de secuestro del inmueble embargado, fecha en la que, el Juzgado de conocimiento requiri\u00f3 al demandante para que, antes de dar en traslado el aval\u00fao presentado, aportara el catastral del bien en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed que, previa petici\u00f3n, en auto de 5 de julio de 2019 dispuso oficiar a la Oficina de Planeaci\u00f3n del municipio o al IGAC para que expidiera el correspondiente certificado, orden que reiter\u00f3 en auto de 11 de junio de 2021. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, \u00aben el caso de autos, no puede decirse que la terminaci\u00f3n sea algo que se atempere a lo que viene ocurriendo en el proceso, pues por m\u00e1s superflua que a juicio de la alzada sea esa claridad que busca el juzgado acerca del aval\u00fao del bien objeto de garant\u00eda de la obligaci\u00f3n adeudada, lo cierto es que se trata de una actuaci\u00f3n que acompasa con la fase por la que transita el litigio, por supuesto que si ejecutoriada la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, lo que procede es el remate del bien, y para poder se\u00f1alar fecha a efectos de su realizaci\u00f3n, seg\u00fan lo exige el art\u00edculo 488 del ordenamiento procesal vigente, ha menester que los bienes a subastar \u201cse hayan embargado, secuestro y avaluado\u201d, en lo \u00faltimo que podr\u00eda convenirse es en la aplicaci\u00f3n de esa sanci\u00f3n si es que, qui\u00e9rase o no, lo atinente al aval\u00fao una actuaci\u00f3n procesal que debe agotarse con el fin de que, tras su venta en almoneda, pueda cumplirse la prestaci\u00f3n insatisfecha que ha dado lugar a la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que, \u00abhabiendo presentado el demandante un aval\u00fao comercial, fue el propio juzgador el que requiri\u00f3 para esos fines que se aportara el correspondiente aval\u00fao catastral, y previa solicitud de aqu\u00e9l, orden\u00f3 oficiar en los t\u00e9rminos que se advierten de los prove\u00eddos de 5 de julio de 2019 y 11 de junio de 2021, los cuales, casi sobra subrayarlo, cobraron firmeza sin protestas de ninguna naturaleza del ahora recurrente, quien si estimaba superflua o indebido ese expediente para obtener dicho aval\u00fao, debi\u00f3 exponerlo en ese momento; si tanta inconformidad ten\u00eda el demandado con esa autorizaci\u00f3n, porque la parte pod\u00eda aportar directamente esa certificaci\u00f3n, era contra esas decisiones que deb\u00eda expresar su disenso, explic\u00e1ndole al juzgado esos argumentos que, ya tard\u00edamente, expuso con presteza al realizar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, pretendiendo desconocer la ejecutoria de esas decisiones, como si los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n que campean en el proceso civil, admitieran posiciones de esa naturaleza\u00bb. <\/p>\n
4. Del anterior recuento, no observa la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, como quiera que, el Tribunal Superior accionado confirm\u00f3 la negativa del Juzgado a quo de decretar el desistimiento t\u00e1cito, de una parte, porque el demandante est\u00e1 adelantando las gestiones para obtener el aval\u00fao catastral del inmueble objeto de cautela, en los t\u00e9rminos del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, como lo orden\u00f3 el Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
De otro lado, porque cuando el ejecutado pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 ibidem, de dos (2) a\u00f1os de inactividad, a\u00fan no se hab\u00eda verificado puesto que las \u00faltimas actuaciones seg\u00fan el expediente, fueron los autos de 5 de julio de 2019 y 11 de junio de 2021, lo que significa que ese plazo se interrumpi\u00f3 con las solicitudes del banco ejecutante encaminadas a obtener el \u00abaval\u00fao catastral\u00bb del inmueble, para poder continuar con la etapa de remate, decisi\u00f3n que se encuentra motivada y no luce arbitraria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias manifestadas por el se\u00f1or Garc\u00eda Garc\u00eda a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la providencia de segunda instancia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acudan al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022, STC16890-2022 entre otras) <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Garc\u00eda Garc\u00eda contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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