STC617-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC617-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00181-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Marina Olmos de Molano contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2019-00258. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la sentencia de 19 de julio de 2022, mediante la cual la magistratura encartada, con sustento en una valoraci\u00f3n probatoria y normativa que considera equivocada, confirm\u00f3 la continuidad del recaudo que se adelanta en su contra, con fundamento en un contrato de arrendamiento que ella suscribi\u00f3 en calidad de fiadora. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada sentencia y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. Clara In\u00e9s Sierra Nieto se opuso a la prosperidad del pretendido resguardo, por considerar que el mismo no es m\u00e1s que un nuevo intento de la accionante por evadir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor al proferir la sentencia de segunda instancia en el juicio que aqu\u00ed interesa. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal inici\u00f3 precisando que \u00abel documento base del recaudo cumple las exigencias legales, dado que la demandante reclama el cumplimiento coercitivo de las obligaciones adquiridas por los ahora ejecutados al momento de celebrar el contrato de arrendamiento de fecha 17 de enero de 2006, las cuales se muestran claras, expresas y exigibles, pues en el aludido contrato aparece estipulado que el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento se efectuar\u00eda a favor de la ejecutante, \u201cdentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada periodo, por anticipado y mediante consignaci\u00f3n en cuenta de ahorros (\u2026) cuyo titular es el se\u00f1or Fernando Mauricio Rojas\u201d, en una suma equivalente a $2\u2019000.000.oo mensuales, reajustable anualmente en un porcentaje equivalente al 10%7 . Documento que satisface las exigencias del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, y goza de plena autenticidad, por no haber sido tachado de falso ni desconocido por los contratantes\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que, \u00absobre la forma como se ejecutaron las prestaciones derivadas del contrato, los recurrentes aducen que la parte demandada realiz\u00f3 pagos de manera ininterrumpida desde el a\u00f1o 2006, por valor de $2\u2019000.000 mensuales, a t\u00edtulo de canon de arrendamiento, sin que la demandante hiciera reparo alguno frente a la no cancelaci\u00f3n de los incrementos del canon pactado, y que de acuerdo con los recibos de pago allegados se demuestra que la obligaci\u00f3n se encontraba a paz y salvo, por lo que no era dable continuar con la ejecuci\u00f3n coercitiva. Al examinar los medios de prueba que reposan en la actuaci\u00f3n, se establece que, ciertamente, la demandada Blanca Flor Nieves de Ruiz efectu\u00f3 una serie de pagos mensuales por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 20 N\u00b0 35-23\/35 de Bogot\u00e1. Algunos de ellos se hicieron por valores de $500.000, $800.000, $1\u2019000.000, y otros por la suma de $2\u2019000.000, conforme consta en los recibos expedidos entre los a\u00f1os 2012 a 2018, adjuntos a los escritos de excepciones (fls. 57-109, 134-358, C.1). En la mayor\u00eda de los recibos se dej\u00f3 constancia que la entrega del dinero se realizaba a la se\u00f1ora Sandra Patricia Vargas Sevilla, mensajera de Fernando Mauricio Rojas Herrera (propietario), Clara In\u00e9s Sierra Nieto (arrendadora) y Nidia Loaiza (secretaria), y en algunos de ellos se incluyeron anotaciones que dicen \u201csin aumento a la fecha\u201d y \u201csin aumento acordado\u201d. Sobre el particular, no puede perderse de vista que tales manuscritos provienen de los mismos arrendatarios, como lo reconoci\u00f3 la se\u00f1ora Nieves al absolver el interrogatorio de parte, as\u00ed mismo los testigos, quienes afirmaron que los recibos eran elaborados por el se\u00f1or Marco Ruiz; de donde se colige que esas anotaciones no corresponden a una manifestaci\u00f3n de la voluntad de la demandante y, por ende, no es posible establecer a partir de esos documentos que la arrendataria desisti\u00f3 del cobro del incremento del canon para el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2016 y 2018\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 arguyendo que \u00abel solo hecho de haberse efectuado pagos sin el respectivo ajuste durante varios a\u00f1os, no implica que la intenci\u00f3n de la arrendadora fuese la de no cobrar el aumento pactado en el contrato. Por el contrario, la demandante en su declaraci\u00f3n fue enf\u00e1tica al se\u00f1alar que hizo requerimientos a la parte demandada informando el incremento del canon; hecho \u00e9ste que se corrobora con la comunicaci\u00f3n fechada 10 de mayo de 2018, dirigida a los arrendatarios, a trav\u00e9s de la cual pone en conocimiento que el contrato de arrendamiento \u00abse renov\u00f3 autom\u00e1ticamente a partir del 01 de Febrero de 2018 por cumplimiento del tiempo. Acorde a la Cl\u00e1usula Cuarta (\u2026), se increment\u00f3 el valor del canon mensual, para cancelar de la siguiente forma: (\u2026) Valor canon Enero de 2018 $5.706.234, Incremento 10% Cl\u00e1usula 4\u00b0 Contrato de arrendamiento $507.623, Valor total a partir del 1\u00b0 Febrero de 2018 $6.213.857. Aprovecho la oportunidad para invitarla a ponerse al d\u00eda con las obligaciones adquiridas mediante el contrato, toda vez que a la fecha presenta un saldo por pagar\u201d (p\u00e1g. 384-387, C.1). De ese modo, m\u00e1s all\u00e1 de la controversia planteada en torno a la normativa aplicable al contrato de arrendamiento base de la acci\u00f3n, lo cierto es que las partes fijaron en el clausulado el incremento anual de la renta, cuyo valor fue comunicado a los arrendatarios, seg\u00fan se desprende de la misiva antes rese\u00f1ada\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00aben el escrito exceptivo presentado por la apoderada de la se\u00f1ora Blanca Flor Nieves de Ruiz, se hizo una relaci\u00f3n de los c\u00e1nones cobrados a trav\u00e9s de este litigio, con el respectivo incremento, se\u00f1alando que la suma pagada por valor de $2\u2019000.000, deb\u00eda ser descontada mes a mes, reconociendo as\u00ed un saldo pendiente de pago (p\u00e1gs. 112-113, C.1). De lo anterior, se tiene que los pagos que hizo la arrendataria fueron aplicados a la deuda anterior y no sufragaron los c\u00e1nones de arrendamiento que aqu\u00ed se ejecutan, por lo que no se evidencia error en la decisi\u00f3n de primer grado. Y a\u00fan cuando en la declaraci\u00f3n del testigo Fernando Rojas se afirm\u00f3 que en el a\u00f1o 2018 se celebr\u00f3 un acuerdo ante el Juez de Paz, donde se acord\u00f3 la restituci\u00f3n del bien y el pago de unas sumas de dinero, aquel aclar\u00f3 que la cifra acordada no fue pagada; documento que, en todo caso, no fue incorporado al expediente por parte de los interesados con miras a establecer el alcance del mismo. Frente a la condonaci\u00f3n de la deuda, el testigo se\u00f1al\u00f3 que desconoce si el se\u00f1or Hernando Fl\u00f3rez le cobr\u00f3 o no a la arrendataria el canon de arrendamiento del mes de septiembre de 2018, pues era el encargado para esa \u00e9poca; y cuando se le interrog\u00f3 sobre los meses de octubre y noviembre de 2018, respondi\u00f3 que es posible que se le haya dicho a la arrendataria que si entregaba el inmueble se le condonaba algunos meses, pero dijo no estar seguro de ello\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3 as\u00ed mismo que, \u00absi bien es cierto en el documento de fecha 6 de mayo de 2016, que obra en la p\u00e1gina 281 del cuaderno digitalizado, se mencion\u00f3 que la se\u00f1ora Blanca Flor Nieves de Ruiz hizo un pago de $400.000, a la se\u00f1ora Sandra Vargas Sevilla \u201cquedando a paz y salvo a la fecha\u201d; se itera que, el recibo fue elaborado por la misma parte demandada y no comprende la totalidad de los c\u00e1nones que se reclaman a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n ejecutiva. Por esa raz\u00f3n, tampoco es viable dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1628 del C\u00f3digo Civil, que consagra una presunci\u00f3n en los pagos peri\u00f3dicos, como lo pretende el apoderado de la demandada Luz Marina Olmos de Molano. Respecto de la defensa denominada \u201cfraude procesal\u201d, la Sala no encuentra probada su configuraci\u00f3n, pues no hay elementos de convicci\u00f3n que demuestren una maniobra fraudulenta por parte de la ejecutante, ni una actuaci\u00f3n enga\u00f1osa con el fin de inducir en error al juez de conocimiento. Adicionalmente, las pruebas recaudadas demostraron la existencia del contrato de arrendamiento, las obligaciones derivadas de \u00e9ste, y el saldo pendiente de pago, por lo que la defensa planteada carece de fundamento alguno\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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