STC619-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC619-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00709-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 12 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Alejandro Duarte Jim\u00e9nez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Estrella y los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2012-00267. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el solicitante invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis, que en el a\u00f1o 2012 se inici\u00f3 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Estrella ejecuci\u00f3n prendaria contra Fabio de Jes\u00fas Arenas Caro, donde \u00e9l funge como cesionario del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Refiere que debido a las m\u00faltiples maniobras dilatorias de la parte obligada, no ha sido posible llevar a cabo de manera efectiva el remate del inmueble cautelado, pues el mes de octubre del a\u00f1o pasado se atac\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n el auto que no accedi\u00f3 a la solicitud de actualizaci\u00f3n de aval\u00fao catastral del predio a subastar, y, aunque el juez cognoscente en prove\u00eddo del 12 de mayo de 2022 resolvi\u00f3 de manera desfavorable la reposici\u00f3n presentada frente a la solicitud de nulidad invocada por el ejecutado y neg\u00f3 el recurso subsidiario por improcedente, esa determinaci\u00f3n fue atacada con \u00e9xito en reposici\u00f3n y queja, toda vez que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed declar\u00f3 mal denegado el recurso y lo admiti\u00f3, declarando la invalidez reclamada en auto del 25 de octubre pasado, \u00abresolviendo una nulidad que no era competencia suya\u00bb. <\/p>\n
Considera el promotor constitucional que la actuaci\u00f3n del juzgado accionado vulnera su derecho fundamental al debido proceso, pues mientras se surt\u00eda el recurso de queja ante el superior, el despacho de conocimiento sigui\u00f3 el curso normal del proceso, por lo que se fij\u00f3 como fecha para la subasta del predio el 24 de noviembre de 2022, la que se llev\u00f3 a cabo pero qued\u00f3 sin efecto; de ah\u00ed que, entonces, \u00abde haber sido notificada la providencia en tiempo oportuno no se hubiese llevado a cabo la diligencia de remate\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, se \u00abdeje sin efecto la providencia del 25 de octubre de 2022 emitida por el accionado y notificada al Juzgado de origen el d\u00eda 30 de noviembre de la misma anualidad, ordenando al Juzgado tutelado que se limite exclusivamente a resolver el recurso de queja\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed efectu\u00f3 un recuento de lo acontecido en el caso en cuesti\u00f3n y defendi\u00f3 la providencia que profiri\u00f3, mediante la cual declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del auto que neg\u00f3 la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao del bien a rematar, por cuanto \u00abno se encuentra violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del accionante, toda vez que todas las decisiones tomadas al interior del proceso objeto de tutela fueron adoptadas basadas en la normatividad aplicable para el caso en particular y a lo probado al interior del expediente\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Estrella, luego de relacionar detalladamente cada una de las actuaciones desplegadas al interior de la ejecuci\u00f3n criticada, puso de presente que \u00abse trata de un proceso complejo donde se han promovido m\u00faltiples tutelas, nulidades y recursos\u00bb. <\/p>\n
3. Finalmente, Fabio de Jes\u00fas Arenas Cano, ejecutado dentro del litigio revisado, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo \u00abpor la inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al concluir que el pronunciamiento atacado se advierte razonable, pues \u00abse percibe adoptad[o] bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial. Expres\u00f3 su inconformidad con el fallo del tribunal a quo en que \u00abno se detuvo a analizar la procedencia de la nulidad propuesta, la cual no se encuentra dentro de las taxativamente consagradas en nuestra legislaci\u00f3n y tampoco hizo un an\u00e1lisis de la procedencia o no del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la parte demandada, como tampoco entr\u00f3 a analizar la actuaci\u00f3n del juzgado accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente a la solicitud de nulidad promovida por la parte demandada, dentro del proceso ejecutivo adelantado por el ac\u00e1 accionante en calidad de cesionario contra Fabio de Jes\u00fas Arenas Cano (n\u00ba 2012-00267); por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho por cuanto \u00fanicamente ten\u00eda competencia para resolver el recurso de queja. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. La providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 la colegiatura en primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional, tal y como pasa a verse. <\/p>\n
En el asunto estudiado, en auto del 11 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed estim\u00f3 \u00abindebidamente denegado el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto por el extremo obligado contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la nulidad invocada, admitiendo la alzada en el efecto devolutivo, y, ordenando la remisi\u00f3n del expediente al juzgado de origen para dar cumplimiento a lo reglado en el art. 326 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que fue debidamente notificada a las partes en estado electr\u00f3nico N\u00b0 42 del d\u00eda 17 de ese mes y a\u00f1o. <\/p>\n
En auto del 25 de octubre de 2022, notificado en estado electr\u00f3nico N\u00b0 54 del 2 de noviembre siguiente, el operador judicial acusado, para resolver el recurso de apelaci\u00f3n frente a la invalidez reclamada por la parte demandada fundada en el num. 5\u00b0 del art\u00edculo 133 ib\u00eddem, y \u00abDECLARAR la nulidad desde el Auto del 10 de marzo de 2022\u00bb que dej\u00f3 sin valor ni efecto los autos que hab\u00edan corrido traslado del aval\u00fao del inmueble, para establecer que \u00abel aval\u00fao del derecho en plena propiedad que tiene el se\u00f1or FABIO DE JES\u00daS ARENAS CANO sobre el inmueble identificado con M.I: 001-860757, ser\u00e1 el catastral aumentado en un 50%, que corresponde a $18.630.00.00, a la fecha de su presentaci\u00f3n\u00bb, comenz\u00f3 por precisar que el argumento central de la impugnaci\u00f3n se soporta en \u00abno haberse decretado prueba de oficio para actualizar el valor del aval\u00fao catastral del bien que ser\u00eda sometido a remate dentro del proceso ejecutivo de la referencia, bas\u00e1ndose la parte recurrente en que el aval\u00fao catastral fijado por el Juez en providencia del 10 de marzo del a\u00f1o en curso obrante en el anexo 12 del cuaderno principal, era del a\u00f1o pasado, lo cual a su juicio no era el id\u00f3neo para rematar el inmueble objeto del proceso porque se colocaba en riesgo el patrimonio de la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que de conformidad con lo previsto en la causal 5ta del canon 133 del Estatuto Procesal General: \u00abCuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el juzgador procedi\u00f3 a realizar un recuento de las actuaciones relevantes surtidas dentro de la ejecuci\u00f3n as\u00ed: <\/p>\n
\u00abauto del 3 de junio de 20212, mediante el cual el A quo corri\u00f3 traslado por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas del aval\u00fao presentado por la parte demandante en la suma de $18.630.000; tambi\u00e9n se observa que dentro de ese t\u00e9rmino el demandado hoy recurrente alleg\u00f3 aval\u00fao comercial del inmueble en $105.000.000; obra auto del 22 de julio de esa anualidad, mediante el cual el despacho de origen corri\u00f3 traslado a las partes de ambos escritos por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para que se pronunciaran al respecto, actuaci\u00f3n que solamente fue atendida por la parte ejecutante, situaci\u00f3n que conllev\u00f3 al despacho recurrido a que mediante auto del 26 de agosto de 2021 se decidiera fijar como aval\u00fao el catastral allegado por la parte actora, con fundamento en que, el actual acreedor del cr\u00e9dito, el ciudadano FRANCISCO ALEJANDRO DUARTE, era quien pose\u00eda el inmueble del que figuraba como titular el ejecutado FABIO DE JES\u00daS ARENAS, circunstancia que a criterio del Juez de conocimiento lo convert\u00eda a \u00e9ste \u00faltimo en \u201cnudo propietario\u201d. <\/p>\n
Frente a lo anterior, tenemos que el demandado Fabio de Jes\u00fas Arenas present\u00f3 una Acci\u00f3n de Tutela, la cual fue concedida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, quien decret\u00f3 la nulidad de lo antes se\u00f1alado, ordenando rehacer la actuaci\u00f3n sin que se determinara el derecho del ejecutado como nudo propietario, al considerar el Tribunal en sede de tutela, que el hecho de que el ciudadano Arenas no detentaba el bien inmueble objeto de la cautela, \u00e9ste a pesar de ello era el titular del derecho de propiedad, circunstancia que no daba lugar a colocarlo en la calidad de nudo propietario sino de propietario pleno, situaci\u00f3n que tampoco constitu\u00eda un obst\u00e1culo para que su bien fuera avaluado y vendido en p\u00fablica subasta3. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la decisi\u00f3n del Tribunal en sede de tutela, el juzgado de conocimiento dispuso dejar sin efectos varias actuaciones relacionadas con lo se\u00f1alado por el Superior4. <\/p>\n
Adem\u00e1s, consider\u00f3 tambi\u00e9n dejar sin efecto los autos del 3 de junio y 22 de julio de 2021, mediante la providencia cuestionada que data del 10 de marzo del presente a\u00f1o5, se\u00f1alada en l\u00edneas anteriores, al determinar que iban en contrav\u00eda del art\u00edculo 444 del C.G.P., aduciendo el siguiente razonamiento: <\/p>\n
\u201cdentro de los 20 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, ninguna de las partes present\u00f3 el aval\u00fao del inmueble, por lo que la regla a aplicar es la contenida en el numeral 4 del citado art\u00edculo. \u201c4. Trat\u00e1ndose de bienes inmuebles el valor ser\u00e1 el del aval\u00fao catastral del predio incrementado en un 50%, salvo que quien lo aporte considere que no es id\u00f3neo para establecer su precio real. En este evento, con el aval\u00fao catastral deber\u00e1 presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1\u201d. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, el A quo consider\u00f3 que, respecto del aval\u00fao catastral del inmueble objeto de remate, incrementado en un 50% aportado por la parte demandante a folio 229 del cuaderno 01 del expediente principal, no debi\u00f3 correrse traslado, conforme lo dispone el numeral 6 del art\u00edculo 444 del C.G.P., y, en raz\u00f3n de ello, decidi\u00f3 tener como valor del derecho pleno de dominio del demandado sobre dicho bien la suma de $18.630.000, actuaci\u00f3n que no fue recurrida por la parte ejecutada. <\/p>\n
Atendiendo a lo anterior, el despacho mediante providencia del 24 de marzo del a\u00f1o que transcurre7, fij\u00f3 fecha de remate en el que reiter\u00f3 que el bien objeto de subasta contaba con un aval\u00fao de $18.630.000, como se hab\u00eda indicado en l\u00edneas anteriores. En este punto es que la parte demandada encuentra inconformidad, al considerar la recurrente que el juez omiti\u00f3 hacer uso de sus facultades oficiosas para obtener un nuevo aval\u00fao del inmueble o para solicitar ante la oficina de catastro del Municipio de la Estrella, el valor actualizado a 2022, pese a que no se hubiese recurrido, situaci\u00f3n que a su juicio ir\u00eda en detrimento del patrimonio de la parte ejecutada al ser un valor muy irrisorio al precio actual y real del bien objeto del remate\u00bb. <\/p>\n
Y luego de afirmar que el fin primordial del aval\u00fao en el proceso es garantizar el precio justo del bien, y centrarse en lo previsto en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del proceso, el querellado se\u00f1al\u00f3 que la norma \u00abcontempla un t\u00e9rmino procesal perentorio e improrrogable para la presentaci\u00f3n del aval\u00fao, por lo que ante su inobservancia se deben soportar las consecuencias all\u00ed previstas, tal y como lo explica con claridad el canon 117 del mismo estatuto procesal, el cual es del siguiente tenor: \u201cArt\u00edculo 117. Perentoriedad de los t\u00e9rminos y oportunidades procesales. Los t\u00e9rminos se\u00f1alados en este c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario. El juez cumplir\u00e1 estrictamente los t\u00e9rminos se\u00f1alados en este c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de sus actos. La inobservancia de los t\u00e9rminos tendr\u00e1 los efectos previstos en este c\u00f3digo, sin perjuicio de las dem\u00e1s consecuencias a que haya lugar…\u201d\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, entonces, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abdentro de las consecuencias jur\u00eddicas de no aportar el aval\u00fao dentro de la oportunidad legal establecida, abre la posibilidad de que el juez en trat\u00e1ndose de inmuebles lo cuantifique en aplicaci\u00f3n de las reglas generales de valuaci\u00f3n de esta clase de bienes. N\u00f3tese c\u00f3mo el numeral 2\u00ba del canon 444 ib\u00eddem dispone que \u201c\u2026de los aval\u00faos que hubieren sido presentados oportunamente\u201d se les dar\u00e1 el respectivo tr\u00e1mite de contradicci\u00f3n; tambi\u00e9n, el numeral 6\u00ba dispone que, si no se allega oportunamente el aval\u00fao de un inmueble, el juez acudir\u00e1 a las reglas generales valuaci\u00f3n econ\u00f3mica de los inmuebles, que se encuentran previstas en el numeral 4\u00ba, el cual prev\u00e9 que se tomar\u00e1 el aval\u00fao catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%). Siendo esta la \u00faltima la posici\u00f3n jur\u00eddica asumida por el despacho de conocimiento. <\/p>\n
Sin embargo, lo que llama la atenci\u00f3n de esta Agencia Judicial es que el despacho de origen, no requiri\u00f3 a las partes para que actualizaran el aval\u00fao catastral, al efecto, el Art\u00edculo 8 de la Ley 44 de 1990, modificado por el Art\u00edculo 6 de la Ley 242 de 1995, se\u00f1ala que el valor de los aval\u00faos catastrales se deber\u00e1 reajustar anualmente a partir del 1\u00ba de enero de cada a\u00f1o, en un porcentaje determinado por el Gobierno nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica y Social (CONPES), el cual no podr\u00e1 ser superior a la meta de inflaci\u00f3n para el a\u00f1o en que se define su incremento, tal disposici\u00f3n guarda relaci\u00f3n con lo dispuesto en el Decreto 1891 de 2021 expedida por el Departamento de Planeaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Igualmente, es sabido que los aval\u00faos deben ser actualizados tal como lo dispone el Decreto 1420 de 1998 y 422 de 2000, al haber superado m\u00e1s de un a\u00f1o desde su elaboraci\u00f3n, en vista de que el aportado en el expediente data del 19 de enero de 2021 tal como figura en el folio 229 del cuaderno 01 principal, haciendo necesario que requiriera a las partes para su actualizaci\u00f3n previo a fijar fecha de remate, pese a que las normas procesales del C\u00f3digo General del Proceso no contemplan esa actuaci\u00f3n procesal, entonces se debe acudir a otras disposiciones para llenar ese vac\u00edo, conforme lo dispone el art\u00edculo 12 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
An\u00e1lisis que arroj\u00f3, que \u00ab la actuaci\u00f3n del despacho de origen, recay\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como lo ha se\u00f1alado la parte demandada, al apegarse \u00fanica y exclusivamente a la literalidad de la norma procesal y no mantener un equilibrio a la hora de fijar el aval\u00fao que determinara la venta del inmueble relacionado en el proceso, como se pudo constatar en el plenario en l\u00edneas anteriores, pues la presente discusi\u00f3n se podr\u00eda haber zanjado por el despacho de conocimiento centrando todos sus esfuerzos en buscar un punto intermedio en la discordia, en los t\u00e9rminos de los numerales 1\u00b0, 2\u00b0,4\u00b0 y 6\u00b0 del 444\u00b0 del CGP y no solamente de forma estricta en este \u00faltimo numeral 4\u00ab <\/p>\n
Para finalmente concluir, que aunque ciertamente el valor surgido del aval\u00fao catastral no fue objetado por el obligado oportunamente, \u00abel reclamo de la parte demandada formulado por distintas v\u00edas y en varias ocasiones, as\u00ed como los elementos que obran en el expediente del proceso ejecutivo, constituyen un principio de raz\u00f3n suficiente para justificar que al juez se le exigiera ejercer las facultades que le permit\u00edan atender el deber de actuar oficiosamente, a fin de establecer la idoneidad del aval\u00fao presentado por la parte ejecutante e impedir que a las consecuencias propias de la ejecuci\u00f3n se a\u00f1adieran otras, m\u00e1s gravosas, derivadas del escaso valor que servir\u00eda de base a la diligencia de remate del inmueble relacionado en el proceso. <\/p>\n
Atendiendo a lo anterior, se tendr\u00e1 que decretar la nulidad invocada por la parte demandada y dejar sin efectos la actuaci\u00f3n a partir del auto del 10 de marzo del a\u00f1o en curso en el anexo 12 del cuaderno principal, mediante el cual se fij\u00f3 como aval\u00fao el aportado por la parte demandante referente al catastral aumentado en un 50% y en su lugar se deber\u00e1 atender a lo dispuesto en la normatividad vigente Art\u00edculo 444\u00b0 del CGP en consonancia con las normas antes se\u00f1aladas respecto a su actualizaci\u00f3n haciendo prevalecer el derecho sustancial de ambas partes\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el juez accionado tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso, as\u00ed como las pruebas obrantes en el expediente para examinarlas y darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Y es que, de manera insistente la Sala ha se\u00f1alado que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC619-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC619-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00709-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70936"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70936\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}