STC622-2023<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02730-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC622-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02730-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
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Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 19 de diciembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Juli\u00e1n Mart\u00ednez D\u00edaz le interpuso a la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades, a Daniel Zuluaga Cubillos, en calidad de Agente Interventor en el proceso de intervenci\u00f3n bajo la medida de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Forex Investment Team S.A., y otros, y dem\u00e1s intervinientes en el juicio acusado. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- El accionante protest\u00f3 por el secuestro del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 50N-20193497 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Norte, correspondiente al apartamento 501 de la Calle 140 n\u00b0 6-10 de esa ciudad, el cual se realiz\u00f3 el 27 de octubre de 2022. <\/p>\n
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Adujo, en esencia, que no se respetaron los derechos que ostenta en calidad de tenedor del predio, como dispone el art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que, pese a que lo habita en virtud del contrato de arrendamiento celebrado con Semar International S.A.S., tambi\u00e9n sujeta a intervenci\u00f3n, fue obligado, bajo \u00abcohesi\u00f3n y amenazas\u00bb, a entregarlo el d\u00eda 12 de diciembre de 2022. <\/p>\n
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Puntualiz\u00f3 que no cont\u00f3 con la oportunidad de \u00aboponerse\u00bb a la diligencia, pues no estuvo asistido por un abogado y, adem\u00e1s, desconoc\u00eda la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien. Relat\u00f3 tambi\u00e9n que, previo a dicha fecha, pidi\u00f3 al interventor el respeto de sus prerrogativas (2 dic. 2022), no obstante, el auxiliar de la justicia le respondi\u00f3 que \u00abel pr\u00f3ximo lunes 12 de diciembre de 2022 es un t\u00e9rmino improrrogable\u00bb. Igualmente denunci\u00f3 que el acta de la diligencia contiene una falsedad, ya que seg\u00fan el documento el Agente Interventor particip\u00f3 en ella, cuando no fue as\u00ed. <\/p>\n
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Finalmente, expuso que se encuentra en una situaci\u00f3n dif\u00edcil, ya que vive en el inmueble con su esposa, su suegra, quien tiene 76 a\u00f1os y se encuentra enferma, pag\u00f3 por adelantado los c\u00e1nones del contrato, no tiene dinero para sufragar otro arriendo, adem\u00e1s de que en las \u00abfechas decembrinas es casi imposible conseguir algo\u00bb. <\/p>\n
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En consecuencia, y para la protecci\u00f3n de sus derechos al m\u00ednimo vital y vivienda digna, pidi\u00f3 que \u00abse le permita seguir con la tenencia del inmueble\u00bb por el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico arrendaticio. <\/p>\n
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2.- El agente liquidador y la Coordinadora Grupo de Peque\u00f1as Intervenciones Judiciales se opusieron al amparo. Tras destacar que el secuestro fue el producto de las cautelas decretadas sobre los bienes de propiedad de los intervenidos en el procedimiento criticado, y que el actor voluntariamente se comprometi\u00f3 a entregar el apartamento el 12 de diciembre de 2022, precisaron que el ruego no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el interesado no se \u00abopuso\u00bb a la diligencia de secuestro, no aport\u00f3 dentro los cinco (5) d\u00edas siguientes al tr\u00e1mite el contrato de arrendamiento al que hizo alusi\u00f3n, ni con posterioridad solicit\u00f3 el levantamiento de las cautelas que pesan sobre el inmueble. <\/p>\n
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No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad, en virtud de las razones esgrimidas por los accionados. <\/p>\n
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4.- El actor, inconforme con esa determinaci\u00f3n, impugn\u00f3. Esboz\u00f3, en s\u00edntesis, que no pod\u00eda alegarse la ausencia de dicho presupuesto para negar la protecci\u00f3n invocada, toda vez que acudi\u00f3 a la acci\u00f3n como mecanismo transitorio. A\u00f1adi\u00f3, que no ten\u00eda \u00abpor qu\u00e9 usar mecanismos de defensa en los procesos de intervenci\u00f3n de los cuales no hac\u00eda parte\u00bb, con mayor raz\u00f3n si no es abogado y, por ende, carec\u00eda de los conocimientos para oponerse al secuestro. <\/p>\n
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5.- Durante esta instancia, y a solicitud de la Sala, el Agente Interventor inform\u00f3, el 24 de enero de esta anualidad, que el quejoso no ha efectuado la entrega a la que se oblig\u00f3 en la diligencia de secuestro. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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Preliminarmente, la Sala descarta la existencia de un \u00abda\u00f1o consumado\u00bb, esto es, un perjuicio irreversible, que no puede ser conjurado por el juez constitucional (STC11419-2022). Lo anterior, porque la entrega del inmueble que deb\u00eda materializarse el 12 de diciembre de 2022 no se concret\u00f3. As\u00ed, lo indic\u00f3 el Agente Interventor a esta Sala al precisar: \u00ab(\u2026) el suscrito liquidador pact\u00f3 con el se\u00f1or Juli\u00e1n Mart\u00ednez un plazo razonable de cuarenta y cinco (45) d\u00edas calendario para la entrega del inmueble, compromiso que fue asumido por el hoy accionante de acuerdo al acta aportada dentro de la presente acci\u00f3n constitucional, t\u00e9rmino que se cumpli\u00f3 el lunes 12 de diciembre de 2022 t\u00e9rmino improrrogable; sin que a la fecha se haya dado cumplimiento a lo acordado en diligencia de secuestro (se enfatiza, consecutivo 007, expediente tutela). <\/p>\n
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Dicho lo anterior, se advierte que el veredicto del Tribunal se ratificar\u00e1, pues, en efecto el ruego es improcedente, por falta del presupuesto de subsidiariedad, pero no por incuria, sino porque el actor no ha exhibido la problem\u00e1tica que lo aqueja ante la Superintendencia de Sociedades, quien, por ser la directora del juicio criticado, es la primera autoridad llamada a resolver negativa o positivamente su protesta. <\/p>\n
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Al respecto, obs\u00e9rvese que lo que pretende hacer valer el interesado es la regla destinada a proteger a quienes tienen t\u00edtulo de tenencia sobre bienes objeto de secuestro, aplicable al asunto en virtud del art\u00edculo 15 del Decreto 4334 de 2018, en armon\u00eda con el canon 124 de la Ley 1116 de 20161. Al respecto, el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso consagra: <\/p>\n
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Si al practicarse el secuestro los bienes se hallan en poder de quien alegue y demuestre t\u00edtulo de tenedor con especificaci\u00f3n de sus estipulaciones principales, anterior a la diligencia y procedente de la parte contra la cual se decret\u00f3 la medida, esta se llevar\u00e1 a efecto sin perjudicar los derechos de aquel, a quien se prevendr\u00e1 que en lo sucesivo se entienda con el secuestre, que ejercer\u00e1 los derechos de dicha parte con fundamento en el acta respectiva que le servir\u00e1 de t\u00edtulo, mientras no se constituya uno nuevo. <\/p>\n
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Ahora, si la petici\u00f3n que el censor pretende hacer valer a trav\u00e9s de esta herramienta es oportuna o no, o si el hecho de que no estuviera asistido por un abogado es relevante para definir el punto, entre otros aspectos ligados a la queja del promotor, deben definirse por la Superintendencia de Sociedades, previa proposici\u00f3n del interesado, a quien le incumbe impulsar los tr\u00e1mites correspondientes a fin de suscitar el respectivo pronunciamiento. <\/p>\n
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Es que, si el juez del proceso controvertido no ha emitido una decisi\u00f3n al respecto de la situaci\u00f3n de la que se duele el suplicante, no es posible que en este escenario se defina lo correspondiente. Es a dicha autoridad a quien le compete determinar los alcances del precepto comentado en el caso, y juzgarlo de acuerdo con sus particularidades, no al juez constitucional. Lo contrario, ser\u00eda desconocer que esta herramienta \u00ab(\u2026) no es un mecanismo que se pueda activar (\u2026) para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC11410-2022, entre otros), as\u00ed como: <\/p>\n
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(\u2026) las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC11349-2020, 10 dic. 2020, rad. 00467-01, entre otras) (STC16731-2022). <\/p>\n
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En un caso de similares contornos a este, en cuanto se pretend\u00eda hacer valer la tenencia derivada de un contrato de arrendamiento, la Sala expuso: <\/p>\n
5.- Sin embargo, a pesar de que se reconozca por parte de esta Sala la legitimaci\u00f3n para actuar en esta acci\u00f3n constitucional, la protecci\u00f3n deprecada no puede prosperar, toda vez que la v\u00eda constitucional que ahora ocupa la atenci\u00f3n, si bien se caracteriza por ser de naturaleza c\u00e9lere y breve, tal circunstancia no exime a los sujetos intervinientes de que, relativamente a las manifestaciones que elevan, alleguen, al menos sumariamente, las acreditaciones respectivas que demuestren que ya acudi\u00f3 ante la c\u00e9lula judicial encartada a solicitar lo que aqu\u00ed pretende, seg\u00fan corresponde. <\/p>\n
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(\u2026) <\/p>\n
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5.2.- Conforme al precedente que viene de verse y bajo el supuesto de que el tutelista no ha elevado solicitud alguna ante las autoridades encartadas frente a la determinaci\u00f3n recriminada, tendiente a lograr las resultas que aqu\u00ed persigue, o por lo menos ello no fue probado ni siquiera sumariamente cual era su carga de acuerdo al principio del onus probandi, es que emerge palmario que seg\u00fan el postulado de la residualidad que gobierna la presente acci\u00f3n, habr\u00e1 de denegarse el amparo instado, it\u00e9rase, en tanto que de cara a los elementos de persuasi\u00f3n incorporados brota que aquel no demostr\u00f3 que, previamente a presentar el libelo de salvaguardia, hubiese planteado, ante el referido funcionario judicial acusado, o ante la autoridad competente, la formulaci\u00f3n que aqu\u00ed eleva, seg\u00fan ello era de esperarse, agotando de ese modo los mecanismos al uso que el ordenamiento legal ofrece para lograr dicho tipo de procederes, ya que tal es la v\u00eda erigida a prop\u00f3sito de la satisfacci\u00f3n de sus intereses (STC10335-2018). <\/p>\n
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Ahora, la acci\u00f3n tampoco procede como mecanismo transitorio, ya que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que deba ser conjurado por este camino, esto es, la existencia, gravedad e inminencia del da\u00f1o que se pretende conjurar, ni la urgencia de adoptar medidas impostergables para remediarlo. Basta ver que, de acuerdo con el informe del Agente Interventor, contin\u00faa con la tenencia del predio, ya que la entrega que se hab\u00eda programado para el 12 de diciembre de 2022 no se ha materializado. <\/p>\n
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Luego, nada impide que Juli\u00e1n Mart\u00ednez D\u00edaz comparezca ante la Superintendencia accionada y eleve la petici\u00f3n que hace por este medio, a fin de que dicha entidad, en el marco de sus competencias, la resuelva. <\/p>\n
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En suma, como el libelista no ha solicitado ante la autoridad accionada lo que por esta v\u00eda pretende, el ruego es prematuro y, por ende, el fallo de primera instancia debe ratificarse. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas, <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso a los procesos de intervenci\u00f3n adelantados por la Superintendencia de Sociedades, la Sala en STC13569-2018 precis\u00f3: En esas condiciones, la interpretaci\u00f3n que debi\u00f3 dar el querellado para dar curso a la reposici\u00f3n incoada, era la brindada por el precepto 15 del Decreto 4334 de 2008, especialmente expedido para el procedimiento de intervenci\u00f3n, seg\u00fan el cual para definir situaciones no previstas en dicha normativa \u00abse aplicar\u00e1n, en lo pertinente, supletivamente las reglas establecidas en el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero para la toma de posesi\u00f3n y en el R\u00e9gimen de Insolvencia Empresarial\u00bb. As\u00ed las cosas, observa la Corte que la anterior remisi\u00f3n refiere concretamente a lo regulado por la Ley 1116 de 2006, y con vista en ella encuentra que el inciso final del art\u00edculo 124 prev\u00e9 que \u00ab[e]n los casos no regulados expresamente en esta ley, se aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, lo que tra\u00eddo al momento actual corresponde a lo previsto en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4 <\/p>\n
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