STC630-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC630-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00221-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00360. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la representante legal del establecimiento de comercio \u00abSALUD DROGUERIA\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n \u00abde una unidad sanitaria p\u00fablica, (\u2026) apta para ciudadanos que se desplacen en silla de ruedas\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien, mediante fallo de 8 de agosto de 2022, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, pues consider\u00f3 que \u00abno se configura el elemento del \u201cda\u00f1o\u201d [y] dar la orden (\u2026) implicar\u00eda una carga desproporcional para el comerciante en relaci\u00f3n con el grado de afectaci\u00f3n del derecho colectivo invocado\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirm\u00f3 lo resuelto en primer grado, en tanto coligi\u00f3 que \u00ab[el inmueble] no permite la construcci\u00f3n de una bater\u00eda sanitaria para personas en situaci\u00f3n de discapacidad (\u2026) con ocasi\u00f3n al tama\u00f1o del local\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, a juicio del precursor, \u00abno existe agravante o riesgo desproporcionado y MENOS SE PROB\u00d3 LA IMPOSIBILIDAD DE QUE EL ACCIONADO (\u2026) SE TRASLADARA A OTRO INMUEBLE DONDE GARANTIZARA LEY 361 DE 1997 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO LEY 12 DE 1987\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la colegiatura ad quem amparar el derecho colectivo, y \u00ab[d]e probarse la imposibilidad t\u00e9cnica de construir el ba\u00f1o pedido, entonces se ordene al [all\u00ed] accionado, trasladarse a un inmueble que no viole la ley 361 de 1997, decreto reglamentario ni la ley 12 de 1987\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la resoluci\u00f3n confutada y adjunt\u00f3 el enlace de acceso al proceso rad. n.\u00b0 2022-00360. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal alleg\u00f3 el expediente digital del asunto censurado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3 el libelista (rad. n.\u00ba 2022-00360), por mantener en firme la sentencia desestimatoria de primer grado, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En lo que respecta a la censura contra la decisi\u00f3n del tribunal encartado de confirmar la providencia del juzgado a quo, por medio de la cual neg\u00f3 las pretensiones invocadas en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00360, la Sala advierte la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que esa determinaci\u00f3n, al margen de que se comparta o no, no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica tratada en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
En efecto, el fallador convocado anot\u00f3, inicialmente, que \u00abla prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de sanitarios accesibles en establecimientos de comercio se entiende como una acci\u00f3n afirmativa que permite la superaci\u00f3n de barreras arquitect\u00f3nicas en aras de lograr la integraci\u00f3n social de aquellas personas que se movilizan en silla de ruedas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, de conformidad con lo establecido en la sentencia C-765 de 2022 de la Corte Constitucional, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno en todos los casos tal soluci\u00f3n resultar\u00e1 plausible, como cuando ello puede repercutir en un agravante o riesgo desproporcionado para la garant\u00eda de otros intereses jur\u00eddicos de similar \u00edndole en cabeza de terceros\u00bb. <\/p>\n
Sobre los reparos esbozados por el actor, precis\u00f3 que el estrado de primer grado acudi\u00f3 a las \u00abherramientas para balancear o ponderar los extremos en conflicto, desarrolladas a modo de test judiciales como el de proporcionalidad, el de igualdad o el de ponderaci\u00f3n concreta, (\u2026) luego resulta contradictorio criticar el fallo por no limitarse a aplicar la ley, para luego enjuiciarlo por no haber acudido en debida forma al test de proporcionalidad\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, expuso que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se equivoc\u00f3 la primera instancia en su an\u00e1lisis la prueba recaudada en esta sede. Ella tuvo por objeto determinar la posibilidad de adecuar un ba\u00f1o en las instalaciones del establecimiento accionado para el acceso de personas en situaci\u00f3n de discapacidad con los est\u00e1ndares establecidos en la norma t\u00e9cnica, y el informe presentado por el subsecretario de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Santa Rosa de Cabal expuso la imposibilidad f\u00e1ctica de instalar \u201cun ba\u00f1o p\u00fablico para personas en situaci\u00f3n de discapacidad, ya que el establecimiento no cuenta con las dimensiones m\u00ednimas para la adecuaci\u00f3n de dicha instalaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
En esa l\u00ednea, record\u00f3 \u00abel \u201cprincipio general del derecho seg\u00fan el cual nadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u201d12 en la medida en que, si la construcci\u00f3n no permite la construcci\u00f3n de una bater\u00eda sanitaria para personas en situaci\u00f3n de discapacidad acorde con los lineamientos trazados por la ley, con ocasi\u00f3n al tama\u00f1o del local, resulta que no le es exigible aplicar la reglamentaci\u00f3n que cita el recurrente.\u00bb <\/p>\n
Respecto de la aplicaci\u00f3n del \u00abtest de proporcionalidad\u00bb, reliev\u00f3 que \u00absi lo consider\u00f3 el apelante plausible para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n impugnaticia, debi\u00f3 desarrollarlo para dejar en evidencia el yerro que enrostra a la decisi\u00f3n de primera instancia. Recu\u00e9rdese que, si bien la acci\u00f3n popular tiene rango constitucional, y se caracteriza por la aplicaci\u00f3n del principio de congruencia flexible el actor tiene las cargas probatorias y de sustentaci\u00f3n propias de la codificaci\u00f3n adjetiva civil (art. 30 y 37 de la Ley 472 de 1998)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que \u00abel test de proporcionalidad que reclama el recurrente aparece planteado como fundamento b\u00e1sico de la decisi\u00f3n censurada y al no generarse un contexto de adecuada proporcionalidad era obligado concluir, como se hizo en la instancia anterior, el car\u00e1cter desproporcionado de lo pretendido, lo que mueve a confirmar la sentencia apelada que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, estudi\u00f3 la posibilidad de reubicar el establecimiento de comercio y, en ese punto, destac\u00f3 que el mismo \u00abha tenido una duraci\u00f3n en el mercado de m\u00e1s de 13 a\u00f1os, tiempo durante el cual l\u00f3gicamente ha atra\u00eddo clientela y recaudado prestigio, de lo cual deviene su derecho a la estabilidad y la permanencia en dicho lugar\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, concluy\u00f3 que \u00abtampoco resultar\u00eda viable ordenar el traslado del establecimiento de comercio a un lugar diferente, como se pretende en la apelaci\u00f3n\u00bb, postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo, y mucho menos derivar una vulneraci\u00f3n iusfundamental al aqu\u00ed peticionario. <\/p>\n
De forma que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una disposici\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El fallo cuestionado no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura encartada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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