STC634-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC634-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00238-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2021-00231. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Herrera Hoyos promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la propietaria del establecimiento de comercio \u00abSalud Droguer\u00eda\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de una rampa en dicho lugar, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el cual con fallo de 13 de enero de 2022, ampar\u00f3 el derecho colectivo, pero no conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Inconforme, el querellante interpuso apelaci\u00f3n solicitando \u00abcostas a [su] favor por parte del alcalde del ente territorial donde ocurre la amenaza al desconocer su deber funci\u00f3n y permitir el agravio en su territorio sin nada hacer\u00bb, pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 23 de noviembre siguiente, confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, en relaci\u00f3n con la falta de imposici\u00f3n de dicho rubro en favor del convocante, en tanto que la autoridad municipal \u00abno fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni fue la parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del precursor, es contraria a lo establecido en el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que, al ser favorable la citada defensa, la parte vencida deb\u00eda ser sancionada en ambas instancias, m\u00e1xime cuando \u00abmanifest[\u00f3] antes de sentencia que no desist\u00eda de las agencias en derecho\u2026 en ambas instancias\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene \u00abde una buena vez al tutelado que conceda y fije agencias en derecho en ambas instancias a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia de segundo grado manifest\u00f3 que \u00abno ha incurrido en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales atribuidos por el se\u00f1or Mario Restrepo, puesto que se ha actuado conforme a las normas que rigen la materia, respetando el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Una funcionaria adscrita a la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 denegar el resguardo, en lo que a ese organismo ata\u00f1e, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en la medida que \u00abno ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los derechos del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se limit\u00f3 a enviar el link de acceso al expediente digital de la acci\u00f3n popular sobre la que recae la queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales del actor, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2021-00231) por cuanto confirm\u00f3 la sentencia del a quo en el sentido de no reconocer condena en costas ni agencias en derecho a su favor. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
En lo que respecta a la censura contra la decisi\u00f3n del tribunal encartado, por confirmar lo resuelto por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y, en consecuencia, no condenar en costas ni fijar agencias en derecho en favor del gestor al interior de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2021-00231, se advierte la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que esa determinaci\u00f3n no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica tratada en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
En efecto, esa colegiatura se abstuvo de imponer dichos rubros contra el ente territorial vinculado en el referido tr\u00e1mite, tras indicar que: <\/p>\n
\u00ab[L]a acci\u00f3n popular estaba dirigida a proteger el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y ped\u00eda ordenar la construcci\u00f3n de una rampa al propietario del establecimiento de comercio accionado, quien es, en este caso, el \u00fanico sujeto pasivo de la acci\u00f3n; y, si bien en la demanda se dice que la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales, esa es una raz\u00f3n insuficiente para convertir al ente territorial en parte accionada, pues no fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni fue la parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal\u2026 el cual establece que, en el auto que admita la demanda \u201c\u2026 adem\u00e1s se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado.\u201d, lo que lo convierte en un tercero, un interviniente que no es sujeto de pretensiones, diferente a tener la calidad de ser parte. <\/p>\n
(\u2026) sin duda alguna, la condena en costas aplica \u00fanica y exclusivamente, a la parte vencida en el proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
El fallo censurado no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura encartada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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