STC635-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC635-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02556-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Cuadros contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Noveno Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2012-00053. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 10 de diciembre de 2021 fue condenado por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga a la pena de 50 meses de prisi\u00f3n y multa de 20.000.000., por el delito de \u00abomisi\u00f3n del agente retenedor\u00bb, sentencia que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito con fallo del 9 de febrero de 2022 (\u00fanicamente modific\u00f3 el monto de la multa, fij\u00e1ndolo en $14\u2019342.000.). Contra el veredicto del ad quem, su defensor interpuso recurso de casaci\u00f3n, pero el 18 de abril de esa anualidad, el mismo tribunal lo declar\u00f3 desierto \u00abpor falta de sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 primordialmente sus cuestionamientos contra los fallos que lo condenaron, fundamentalmente por encontrarse en desacuerdo con la valoraci\u00f3n probatoria, como por ejemplo que realiz\u00f3 pagos que no fueron informados por la DIAN al despacho judicial \u00absituaci\u00f3n que al menos de haberse conocido por el [juzgado] y por ausencia evidente de comunicaci\u00f3n [\u2026] pudo haber producido que el elemento del concurso de conductas dejara de existir y la sentencia [\u2026] si es que debi\u00f3 emitirse en contra [\u2026] se hubiera proferido con un m\u00ednimo m\u00e1s bajo y haberse dado el beneficio de la suspensi\u00f3n de la pena\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, siempre se\u00f1al\u00f3 su \u00e1nimo de continuar cancelando sus obligaciones tributarias y por ello manifest\u00f3 renunciar a la prescripci\u00f3n del delito endilgado, pero adujo que, no cont\u00f3 con un abogado diligente que lo representar\u00e1 y pusiera de presente su voluntad de pago, y precisamente por ello, le revoc\u00f3 el poder el 30 de noviembre de 2017 (al abogado Hern\u00e1n Dar\u00edo Zapata Villar); no obstante, a dicho profesional \u00abse le sigui\u00f3 teniendo como tal dentro del proceso\u00bb. Adicionalmente, afirm\u00f3 que, como suscribi\u00f3 un acuerdo de pago con el Agente Retenedor, no asisti\u00f3 a las audiencias penales convocadas, incluso la de segunda instancia, \u00abpues consider\u00f3 que por haber realizado [dicho] acuerdo con la DIAN, tendr\u00eda efectos en el proceso penal\u00bb. <\/p>\n
Respecto de las providencias atacadas aleg\u00f3 que, hubo un \u00aberror en la congruencia del fallo de primera instancia, pues el juez conden\u00f3 [\u2026] supuestamente por omisiones en la retenci\u00f3n de obligaciones que fueron canceladas y declaradas prescritas\u00bb, agreg\u00f3 que, en ning\u00fan momento le fueron imputadas deudas por IVA, aspecto que pas\u00f3 por alto el tribunal. <\/p>\n
Sobre la presunta falta de defensa t\u00e9cnica, se\u00f1al\u00f3 que, son evidentes las fallas en la gesti\u00f3n defensiva por parte del profesional que lo asisti\u00f3 en el juicio, pues, el abogado, a\u00fan con poder revocado sigui\u00f3 interviniendo y \u00abno hizo una cosa diferente sino indicar que el acusado estaba en voluntad y pagando sus obligaciones para con la DIAN, lo que era cierto, pero que no dej\u00f3 vislumbrar ni por peque\u00f1o asomo una estrategia o mecanismo de defensa real a favor del acusado\u00bb; as\u00ed mismo, critic\u00f3 que aqu\u00e9l no advirtiera la incongruencia entre la acusaci\u00f3n y la sentencia. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 se declare la nulidad \u00abde las decisiones de ambas instancias dentro del proceso pena [2012-00053] por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales [invocados] desde la audiencia de instalaci\u00f3n del juicio oral (\u2026) se decrete [su] libertad inmediata (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga manifest\u00f3 que esa corporaci\u00f3n confirm\u00f3 parcialmente el fallo que declar\u00f3 penalmente responsable al actor por el delito de \u00abomisi\u00f3n de agente retenedor\u00bb mediante providencia del 9 de febrero de 2022, contra la cual se promovi\u00f3 casaci\u00f3n; empero fue declarado desierto el recurso por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la presunta falta de defensa t\u00e9cnica, resalt\u00f3 que, de acuerdo con lo obrante en el expediente, se advierte la pretensi\u00f3n del hoy abogado en \u00abdemeritar la labor del anterior defensor, de quien se evidencia estuvo presente en toda la actuaci\u00f3n penal y, si bien obra una revocatoria de poder, posterior a ello, se evidencian solicitudes de aplazamiento y cruce de comunicaciones virtuales, lo que permite inferir la comunicaci\u00f3n latente entre apoderado y poderdante\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la responsabilidad penal endilgada en primer y segundo grado, resalt\u00f3 que, en oportunidad anterior, Gonz\u00e1lez Cuadros promovi\u00f3 tutela por similares hechos, la cual fue declarada improcedente. <\/p>\n
2. El Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga relacion\u00f3 lo acontecido en el asunto penal en cuesti\u00f3n y en cuanto a la queja por la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica, resalt\u00f3 que tal garant\u00eda fue respetada durante el juzgamiento, \u00ablo que se evidencia en los registros procesales, en tanto que, si bien mediante memorial del 30 de noviembre de 2017 el procesado revoc\u00f3 poder al defensor Hern\u00e1n Dar\u00edo Zapata Villar, a las audiencias compareci\u00f3 el abogado Henry Zapata Reyes a quien se le cit\u00f3 a las diligencias, pues se ten\u00eda como abogado contractual tal como consta en memorial allegado a ese proceso el 1\u00ba de octubre de 2019, siendo representado posteriormente por el primer defensor como suplente, quien alleg\u00f3 escrito mediante el cual el acusado renunci\u00f3 al termino prescriptivo de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Frente al tema de las obligaciones adeudadas en las cuales se bas\u00f3 la condena, precis\u00f3 que fue un asunto debatido, incluso se promovi\u00f3 tutela por el abogado defensor la cual fue declarada improcedente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia STP13124-2022. <\/p>\n
3. El apoderado judicial de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, al evidenciar que las actuaciones de las autoridades judiciales estuvieron ajustadas a derecho. <\/p>\n
4. Para la Fiscal 43 Seccional de Bucaramanga no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa alegados por el accionante, por el contrario, resalt\u00f3 que el abogado estaba autorizado para adelantar su defensa, lo que se evidencia incluso a partir del 16 de diciembre de 2019, cuando de com\u00fan acuerdo solicitaron el aplazamiento de la audiencia. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 el auxilio por temerario, pues advirti\u00f3 que las quejas planteadas por el accionante respecto de las sentencias penales que lo condenaron ya fueron objeto de examen constitucional por esta Corte (STP13124-2022 del 14 de octubre de 2022 en primer grado, y, STC15722-2022 de 24 de noviembre de 2022, en sede de impugnaci\u00f3n). <\/p>\n
En cuanto al reclamo por la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica, estim\u00f3 que no se advert\u00eda tal vulneraci\u00f3n, pues durante el juicio estuvo representado siempre por un profesional del derecho que formul\u00f3 recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n (aunque este \u00faltimo fuera declarado desierto) e incluso uno de esos abogados fue \u00abquien mediante poder promovi\u00f3 la primera acci\u00f3n de tutela, la cual, [\u2026] fue declarada improcedente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el mandatario del quejoso aduciendo que, contrario a lo resuelto por la Sala a quo, no se configura la temeridad, dado que, en la actual demanda los cuestionamientos principales se concentran en la falta de defensa t\u00e9cnica, es decir, en las fallas evidenciadas en los profesionales que lo asistieron en el juicio penal. Replic\u00f3 en extenso su argumentaci\u00f3n en torno a la falta de diligencia de los abogados que ejercieron la defensa, siendo en su concepto, \u00abevidente la falta de actuaci\u00f3n e impericia para ejercer el control y vigilancia del procedimiento [\u2026] siendo condenado cuando probatoriamente pudo haberse evitado o por lo menos atenuado\u00bb. Agreg\u00f3 que, es apresurada la afirmaci\u00f3n de la Sala a quo en el sentido de la existencia de una \u00abconstante comunicaci\u00f3n\u00bb entre el procesado y el abogado, pues un correo electr\u00f3nico no constituye prueba de \u00abuna relaci\u00f3n contractual de mandato de manera t\u00e1cita (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el promotor est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas lesionaron las prerrogativas denunciadas al condenarlo a la pena de 50 meses y multa de $14\u2019342.000., por el delito de \u00abomisi\u00f3n del agente retenedor\u00bb (proceso penal radicado n\u00ba 2012-00053) incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por indebida valoraci\u00f3n probatoria; as\u00ed mismo, por desconocer que no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica durante el juicio penal. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC9397-2019, 17 jul. rad. 2019-02151-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
El asunto que se examina se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, ya que Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Cuadros impetr\u00f3 con antelaci\u00f3n una acci\u00f3n de la misma naturaleza (radicado n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01985-01, af\u00edn en su esencia f\u00e1ctica, con el mismo n\u00facleo tem\u00e1tico y pretensiones que hoy se estudian, revel\u00e1ndose evidente el abuso del instrumento constitucional al verificarse los presupuestos referenciados por la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
Ciertamente, en la demanda aludida, dirigida contra las mismas autoridades, es decir, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga y la Sala Penal del Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial, censur\u00f3 concretamente los fallos en los cuales result\u00f3 condenado, aludiendo que incurrieron en \u00abmotivaci\u00f3n falsa e incongruente\u00bb y que no valoraron el hecho de haber renunciado a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, en virtud de su compromiso de pago con la DIAN. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, el contexto f\u00e1ctico y pretensiones de aquella salvaguarda fueron resumidas por esta Sala (en sede impugnaci\u00f3n, STC15722-2022) de la siguiente manera, <\/p>\n
\u00abEl libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa y libertad\u00bb, para que se ordenara declarar \u00abla nulidad de la sentencia proferida por el J.09 Penal del Circuito de Bucaramanga, as\u00ed como la de segunda instancia, y se ordene proferir una nueva sentencia, previa aplicaci\u00f3n por parte de la DIAN de los pagos realizados el 8 de octubre de 2018 y 3 de septiembre de 2019 por parte de mi representado\u00bb. <\/p>\n
En apoyo adujo que el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, lo conden\u00f3 por el punible de omisi\u00f3n de agente retenedor (10 dic. 2021), resoluci\u00f3n que el superior refrend\u00f3 parcialmente, precisando que \u00abla pena de multa corresponde a catorce millones trescientos cuarenta y dos mil pesos ($14.342.000), que deber\u00e1n consignarse en los t\u00e9rminos descritos por el juez de instancia\u00bb (9 feb. 2022), decisi\u00f3n contra la cual formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que se declar\u00f3 desierto por falta de sustentaci\u00f3n (18 abr.). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, a pesar de haber renunciado a la prescripci\u00f3n para poder cumplir honrosamente con el pago de las obligaciones ante la DIAN, tal como lo hizo, ello no fue tenido en cuenta al emitirse el veredicto. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el a quo incurri\u00f3 en \u00abmotivaci\u00f3n falsa e incongruente\u00bb y el ad quem err\u00f3 al \u00abfallar de manera extra y ultra petita\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el abogado que lo represent\u00f3, \u00abinterpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb; sin embargo, \u00abde repente, se expidi\u00f3 auto que declar\u00f3 desierto el mentado recurso, y se notific\u00f3, aparentemente por email, el cual al abogado defensor no lleg\u00f3 (\u2026)\u00bb. Sostuvo que de haberse tenido en cuanta cada actuaci\u00f3n procesal \u00abla sentencia proferida tuvo que haber sido absolutoria y no del car\u00e1cter que se tramit\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Entonces, pese al esfuerzo del actor en demostrar que la presente acci\u00f3n de protecci\u00f3n es distinta a la confrontada, es evidente que aqu\u00e9lla y la actual concuerdan en los aspectos cardinales que las motivan (en lo que a los reproches contra los fallos de instancia se refiere), y pese a que podr\u00edan diferir sutilmente en la forma de plantearlos, se puede concluir que se constituye una equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia de la acci\u00f3n constitucional y que evidencia el abuso en su ejercicio, reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no es posible acudir al resguardo luego de conocer el resultado desfavorable de uno precedente y, como seg\u00fan lo discurrido, esta tutela es el reflejo injustificado de otra esencialmente similar, no es posible su replanteamiento porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otras, en STC7704-2017, 1\u00ba jun. 2017, rad. 00275-01; y STC9397-2019, 17 jul., rad. 02151-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a ninguna conclusi\u00f3n diferente a la inferida por la Sala de origen puede arribarse, en tanto que, ciertamente, la vigente demanda reviste las identidades subjetivas, objetivas y causales con la rese\u00f1ada, en lo que respecta a las cr\u00edticas contra los fallos penales proferidos, que evidencian el indebido ejercicio del resguardo, de donde surge n\u00edtida la inviabilidad de las posteriores actuaciones con igual prop\u00f3sito. <\/p>\n
4. Consideraciones finales \u2013 De la falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
En efecto, el tema que surge novedoso en este amparo y que no se plante\u00f3 de forma concreta en el anterior, es el reproche del actor en relaci\u00f3n con la falta de defensa t\u00e9cnica de la cual afirma, adoleci\u00f3 en el juicio penal que se le adelant\u00f3. <\/p>\n
A trav\u00e9s de su nuevo mandatario, expuso diversas cr\u00edticas a los defensores que lo asistieron, tanto Hern\u00e1n Dar\u00edo Zapata Villar como Henry Zapata Reyes, quienes figuran en el plenario como representantes del actor en la actuaci\u00f3n en las diferentes etapas procesales. Discute, entre otras cosas, la falta de idoneidad e impericia de aqu\u00e9llos (especialmente de Hern\u00e1n Dar\u00edo Zapata Villar, a quien le revoc\u00f3 poder en la audiencia preparatoria, y pese a ello, sigui\u00f3 siendo citado por el despacho judicial), por no allegar informaci\u00f3n importante de cara a demostrar su \u00e1nimo o voluntad de pago de los tributos, que no hayan advertido la incongruencia entre la acusaci\u00f3n y la sentencia, y que \u00abno hubo ning\u00fan tipo de presentaci\u00f3n probatoria m\u00ednima que [lo] defendiese (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Empero, acusaciones como las rese\u00f1adas no son suficientes para predicar el quebrantamiento de este derecho, pues se ha dicho en anteriores oportunidades que, no alcanza con se\u00f1alar de ineficiente la labor del abogado desde hechos aislados como no discutir una espec\u00edfica postura jur\u00eddica, pedir una determinada prueba, o incluso no agotar un recurso, sin apuntar su alcance desde un an\u00e1lisis integral de la gesti\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala en precedencia ha destacado que este tipo de reproches no corresponde dilucidarlos al juez de amparo; en un fallo de similares contornos se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional en la medida que la inadecuada defensa t\u00e9cnica, \u201cno conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas\u201d\u00bb (CSJ, STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, sobre la misma tem\u00e1tica en sede de tutela, se precis\u00f3 que alegar \u00abfalta de diligencia\u00bb del apoderado tampoco sirve como, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) elemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; as\u00ed, en fallo de 15 de marzo de 2011, exp. 03093-01, se indic\u00f3: \u201cTampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de sus profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de (\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026), ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n. 2003-00157\u00bb (CSJ STC, 6 sep. 2011, rad. 01816-00, criterio reiterado en STC5012-2017). <\/p>\n
Por su parte, la Hom\u00f3loga Penal, cuando se cuestiona v\u00eda tutela el proceder de un defensor en un litigio penal, se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abLa violaci\u00f3n al derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n generada por la inactividad categ\u00f3rica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicci\u00f3n de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva var\u00eda seg\u00fan el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen f\u00f3rmulas uniformes o estereotipos de acci\u00f3n. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza de configurar una violaci\u00f3n al estudiado derecho\u00bb (STP154-2017, exp. 48128). <\/p>\n
Esa Sala Especializada, en otra oportunidad, sobre dicho t\u00f3pico apunt\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 dem\u00e1s reiterar lo se\u00f1alado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto que no siempre la inactividad del defensor puede conducir inevitablemente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que asiste a todo sindicado dentro del proceso penal, pues es en cada caso concreto donde se impone determinar la situaci\u00f3n real de la defensa, a fin de establecer de acuerdo a las circunstancias particulares si hubo actuaciones que a pesar de advertirse como indispensables para demostrar la inocencia o atenuar la responsabilidad del acusado, dejaron de llevarse a cabo, y si dicha ausencia puede atribuirse a la negligencia o descuido del abogado; pues no se trata de proponer transgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales sobre el escueto supuesto de que hubo inactividad del defensor, como que no se trata que por medio de acciones como la presente, puedan entrarse a postular mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho, parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva (\u2026)\u00bb (CSJ STP12286-2015, 8 sep. 2015, rad. 81699). <\/p>\n
De manera que, no logr\u00f3 en este caso el tutelante, acreditar la influencia en las resultas del juicio que pudieron tener en \u00e9l, el desempe\u00f1o de quienes asumieron su defensa que, no obstante, pese a su absoluto abandono con el tr\u00e1mite (como el mismo actor lo reconoce, al indicar que voluntariamente se deslig\u00f3 de la actuaci\u00f3n porque comprendi\u00f3 que el acuerdo de pago al que lleg\u00f3 \u2013 extraprocesalmente \u2013 con la DIAN tendr\u00eda efectos en el juicio penal) formularon los recursos contra las decisiones que le fueron desfavorables. <\/p>\n
En todo caso, el promotor \u2013 m\u00e1s all\u00e1 de manifestar su inconformidad con la actuaci\u00f3n de los mencionados togados \u2013 no plante\u00f3 de forma concreta razones que permitieran vislumbrar que la actuaci\u00f3n de quienes lo asistieron en la defensa fuera indudablemente perniciosa al punto que se evidenciara de manera notoria la afectaci\u00f3n de ese derecho. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la ratificaci\u00f3n de la negativa del amparo. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. De los reparos a las sentencias penales de instancia que lo condenaron se tiene que, en una anterior acci\u00f3n de tutela, Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Cuadros los plante\u00f3 de similar manera, configur\u00e1ndose una identidad de causa, partes y pretensiones con la actual, lo que evidencia el proceder temerario que la hace inviable frente a ese espec\u00edfico punto. <\/p>\n
5.2. No demostr\u00f3 el actor con suficiencia, las razones por las cuales su derecho de defensa t\u00e9cnica fue vulnerado, al no apuntar de forma clara en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto en la gesti\u00f3n defensiva recriminada y su relevancia de cara a las resultas del juicio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC635-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC635-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02556-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70944","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70944"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70944\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70944"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}