STC637-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC637-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00241-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, el abogado Paulo C\u00e9sar Lizcano Duran y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular 2022-00067. <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Dice que, dentro de la acci\u00f3n popular indicada en precedencia, en la que es demandante, el apoderado de una coadyuvante viene formulando \u00abinnumerables recursos, impertinentes en derecho, pastosos recursos, que solo dilatan y entorpecen m\u00e1s el tr\u00e1mite constitucional a sabiendas del apoderado quien no atiende los mil y un requerimientos de los magistrados donde le solicitan un poco de juicio al presentar recursos\u00bb (sic). <\/p>\n
Sostiene que \u00abha solicitado a saciedad al tutelado que emplee, utilice sus bastos poderes de instrucci\u00f3n para sancionar por temeridad y mala fe a la coadyuvante y AL APODERADO DE LA CADYUVANTE EN MI ACCION POPULAR\u00bb (sic) sin que sus peticiones hubieran sido atendidas; agrega, adem\u00e1s, que al aludido profesional del derecho se le han compulsado copias con destino al \u00abCONSEJO SECCIONAL JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA\u2026 PERO NUNCA SE HA SANCIONADO POR TEMERIDAD Y MALA FE\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, en consecuencia, \u00abSE ORDENE al tutelado, emplear sus bastos poderes de instrucci\u00f3n y sancionar por temeridad y mala fe, por dilatar y entorpecer a sabiendas el tramite constitucional y celere de la acci\u00f3n popular por parte del abogado paulo cesar lizcano duran\u00bb (sic). <\/p>\n
Asimismo, pide que \u00abse ordene al consejo seccional judicatura, remitir copias de todas las remisiones para investigaci\u00f3n contra el profesional del derecho\u2026 enviadas por los magistrados de la sala civil en Pereira y certifiquen el estado actual en derecho de todas y cada una de las solicitudes de investigaci\u00f3n\u2026 a fin de solicitar sanci\u00f3n en derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado del Tribunal Superior de Pereira a quien le correspondi\u00f3 la ponencia de la sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n popular objeto de estudio, asegur\u00f3 que \u00abde la revisi\u00f3n de las piezas procesales\u2026 no obra solicitud alguna para obtener lo que ahora pretende el actor por este medio excepcional, es decir se sancione\u2026 al apoderado de la parte coadyuvante\u00bb, de all\u00ed que el amparo incumpla el presupuesto de la subsidiariedad, por lo que solicit\u00f3 declararlo improcedente. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese despacho, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en la medida que el reproche constitucional va dirigido contra otra autoridad judicial. <\/p>\n
3. El presidente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se apartara a esa corporaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite comoquiera que \u00abno se advierte la existencia de queja alguna formulada por el se\u00f1or Mario Restrepo en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite procesal all\u00ed surtido respecto de las acciones populares radicadas bajo el No. 2023-00239 y 2023-00241 [SIC]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial querellada, vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental invocada por Mario Restrepo porque no sanciona \u00abpor temeridad y mala fe al abogado paulo cesar lizcano duran\u00bb (sic) quien, supuestamente, entorpece el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular 2022-00067 formulando \u00abinnumerables recursos, impertinentes en derecho\u00bb <\/p>\n
De otro lado, deber\u00e1 determinarse si la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda incurri\u00f3 en alguna conducta atentatoria de las garant\u00edas superiores del gestor toda vez que, seg\u00fan su dicho, \u00abnada hace\u00bb frente a las m\u00faltiples compulsas de copias que contra el aludido profesional del derecho ha realizado el Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3.1. De la lesi\u00f3n atribuida al Tribunal Superior de Pereira \u2013 La subsidiariedad <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, de ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
Entonces, este mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del requisito que se viene analizando y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo que constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas procedentes para solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En este asunto se configura la segunda modalidad comoquiera que el actor cuenta con herramientas al interior del proceso para proponer las inquietudes que son objeto de esta solicitud de amparo pues, al revisarse el aplicativo de consulta de procesos en el portal electr\u00f3nico de la Rama Judicial y de conformidad con lo afirmado por el magistrado accionado, se pudo evidenciar que no se ha formulado petici\u00f3n alguna a dicha magistratura encaminada a que se realice alg\u00fan tipo de reproche al profesional del derecho que, seg\u00fan dice, entorpece el normal curso de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
Es m\u00e1s no observa la Sala a qu\u00e9 clase de recursos se refiere el promotor, pues en sede de segunda instancia solo existen tres actuaciones (i) la radicaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia desestimatoria de primer grado -precisamente formulado por Restrepo Zapata- (18 de noviembre de 2022), (ii) su admisi\u00f3n (28 de noviembre siguiente) y (iii) paso a despacho para proveer (7 de diciembre del mismo a\u00f1o), sin que se observe intervenci\u00f3n alguna del apoderado de la coadyuvante y menos solicitud atinente a conminarlo que se encuentre pendiente de ser resuelta. <\/p>\n
Del anterior recuento, se desprende que el resguardo resulta improcedente habida cuenta que el gestor, pese a tener instrumentos id\u00f3neos de protecci\u00f3n, prefiri\u00f3 acudir directamente a esta particular senda, con el fin de obtener un pronunciamiento expedito por fuera de los cauces propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, obviando que es al interior de ella donde se deben realizar ese tipo de pedimentos para ser resueltos por el funcionario competente, m\u00e1xime cuando el proceso no ha concluido, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta acci\u00f3n supralegal que fue erigida para proteger derechos fundamentales y no para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Significa lo anterior que el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que, es deber de la parte interesada, agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
Sobre el agotamiento de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
3.2. De la conducta reprochada a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda \u2013 Ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidas garant\u00edas fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
Respecto de la queja enarbolada frente a esta autoridad judicial, tambi\u00e9n se torna inviable el amparo en tanto el gestor no acredit\u00f3 los asuntos en los que supuestamente dicha corporaci\u00f3n se ha negado a tramitar las compulsas de copias que contra el profesional del derecho que interviene como apoderado de la coadyuvante en la acci\u00f3n popular tantas veces citada, al parecer, han ordenado los magistrados del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
De manera que no sea posible atribuirle lesi\u00f3n alguna a la Comisi\u00f3n Seccional accionada pues de las circunstancias vagamente expuestas por el memorialista no es posible colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni a consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable de tal forma que se habilitara la interposici\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede pasar por alto la Sala el hecho de que el promotor del resguardo, pese a encontrarse en condiciones de aportar elementos de juicio que sirvieran para esclarecer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, no lo hubiera hecho. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que aun cuando adujo tener conocimiento que en contra del abogado Lizcano Dur\u00e1n se compulsaron copias para ser investigado disciplinariamente, no inform\u00f3 siquiera en qu\u00e9 actuaciones se expidieron tales \u00f3rdenes y menos los radicados de alg\u00fan proceso iniciado con fundamento en ellas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el promotor no cumpli\u00f3 con la carga probatoria m\u00ednima exigida para acceder al resguardo reclamado, la tutela no est\u00e1 llamada a prosperar pues de los elementos de convicci\u00f3n recaudados en el presente tr\u00e1mite no es posible establecer la ocurrencia de un evento desconocedor de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la salvaguarda porque: <\/p>\n
4.1. Desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que el gestor cuenta con herramientas procesales al interior de la actuaci\u00f3n, que se encuentra en curso, para obtener la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones. <\/p>\n
4.2. los hechos expuestos en esta sede no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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