STC639-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC639-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00611-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 11 de enero de 2023 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Juli\u00e1n Z\u00e1rate D\u00edaz contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00b0 2021-00235. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n incoado frente al auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago en el recaudo n\u00b0 2021-00235. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que el aludido juicio se inici\u00f3 en su contra ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed, precisando que el 7 de diciembre de 2021 se libr\u00f3 orden de apremio en su contra. <\/p>\n
Relata, que frente a la anterior determinaci\u00f3n formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, entre otros argumentos, se\u00f1alando que exist\u00eda clausula compromisoria, por lo que el asunto deb\u00eda ser dirimido por un tribunal de arbitramento; precisa que el despacho mediante auto de 10 de mayo de 2022 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y deneg\u00f3 el mandamiento de pago. <\/p>\n
Aduce, que el demandante apel\u00f3 el citado prove\u00eddo por lo que el Juzgado Promiscuo del Circuito del mencionado lugar, el 11 de julio de 2022, dej\u00f3 sin efecto lo decidido por el a quo, y en su lugar, dispuso mantener inc\u00f3lume el pronunciamiento del 7 de diciembre de 2021. <\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo (i) se deje sin efecto el prove\u00eddo de 11 de julio de 2022 proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed, o \u00aben caso de considerarse que s\u00ed se tiene competencia para conocer el caso bajo estudio, debe ordenarse tramitar primero un proceso declarativo para establecer la pretendida obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible y luego s\u00ed es posible instaurar el proceso ejecutivo, de tal manera que al no cumplirse con los requisitos parar (sic) su ejecuci\u00f3n, debe dejarse sin efectos dicha decisi\u00f3n, pues no existe certeza del incumplimiento de la obligaci\u00f3n del contratista\u00bb; y (ii) que se cancelen todas las medidas cautelares decretadas en su contra. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del ejecutivo que origina la solicitud de amparo, defendi\u00f3 su proceder y se opuso a la prosperidad del auxilio recalcando que incumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que la determinaci\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales reclamadas por el convocante, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n incoado frente al auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago el 11 de julio de 2022-, en el recaudo n\u00ba 2021-00235. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar el prove\u00eddo de 11 de julio de 2022 por medio del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed, en sede de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 el auto que neg\u00f3 librar orden de apremio en el compulsivo n\u00b0 2021-00235, promovido contra el aqu\u00ed accionante Pedro Juli\u00e1n Z\u00e1rate D\u00edaz, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada por el convocante, en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, la autoridad acusada para arribar a tal determinaci\u00f3n, precis\u00f3 que el demandante pretende el cobro de la cl\u00e1usula penal pactada por incumplimiento en el contrato de obra PC-015-2020, y aunque reliev\u00f3 que los contratantes pactaron cl\u00e1usula compromisoria en caso de que surgiera alg\u00fan tipo de controversia en la interpretaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n del contrato, lo cierto es que tal facultad contractual no es absoluta, por lo que hizo referencia a la sentencia STC17445-2021 relievando que \u00abel arbitraje se abre paso en virtud de la celebraci\u00f3n de un acto jur\u00eddico -denominado pacto arbitral o cl\u00e1usula compromisoria en el que ambas partes acuerdan que sea un tercero quien ponga fin a su disputa a trav\u00e9s de un fallo dictado en derecho o en equidad. Sin embargo, es preciso indicar que tal facultad contractual no es omn\u00edmoda, comoquiera que la naturaleza jur\u00eddica de la cl\u00e1usula compromisoria se deriva del car\u00e1cter transigible de los derechos sometidos a la autonom\u00eda de la voluntad de las partes. Es por ello por lo que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1563 del 2012, prescribi\u00f3 el margen de acci\u00f3n de esta justicia privada al sostener que \u00abel arbitraje es un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos mediante el cual las partes defieren a \u00e1rbitros la soluci\u00f3n de una controversia relativa a asuntos de libre disposici\u00f3n o aquellos que la ley autorice\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente adujo que \u00abel ordenamiento jur\u00eddico vincul\u00f3 la arbitrabilidad de las controversias con la transabilidad o disponibilidad del derecho que origina el conflicto. Es as\u00ed como la Corte Constitucional, en la sentencia C-226 de 1993 sostuvo que \u00abel arbitramento debe referirse a bienes o derechos patrimoniales que puedan disponer las partes libremente\u00bb (se resalta). Para dicha Corporaci\u00f3n, el arbitramento \u00abtiene l\u00edmites materiales, en el sentido de que no todos los asuntos se pueden someter a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros. En t\u00e9rminos generales, \u00fanicamente se pueden sujetar a este tipo de procedimiento los asuntos de naturaleza transigible, que pueden ser objeto de libre disposici\u00f3n, negociaci\u00f3n o renuncia por las partes en conflicto y, en consecuencia, se incluyen dentro de la \u00f3rbita de su voluntad. En consecuencia, existen ciertas materias que, por su naturaleza no transigible ni sujeta a disposici\u00f3n, deben necesariamente ser resueltas por los jueces de la Rep\u00fablica\u00bb (SU174-07)\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, que la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que ciertos asuntos, debido a su naturaleza, no son objeto de arbitramento, tales como \u00ablos relacionados con el estado civil de las personas, las cuestiones relativas a los derechos de los incapaces y los conflictos sobre los derechos m\u00ednimos de los trabajadores. A lo cual habr\u00e1 de sum\u00e1rsele los procesos ejecutivos por expresa exclusi\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos asuntos sujetos a la cl\u00e1usula compromisoria deben estar delimitados por los contratantes y, adem\u00e1s, permitidos por la ley. Es decir que no solo requiere la voluntad de las partes, sino que la clase de controversia lo permita, y la jurisprudencia ha establecido una excepci\u00f3n en lo que refiere a los procesos ejecutivos, pues los tribunales de arbitramento no tienen tal competencia para ejecutar una obligaci\u00f3n, aun si estuviese pactado por los contratantes (\u2026) sobre esto \u00faltimo, tampoco se observa en literalidad que hubiese sido pactado (en todo caso) pues lo anotado en la cl\u00e1usula comprende \u201ccualquier diferencia que surja por la interpretaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n del presente contrato\u201d es decir, asuntos meramente interpretativos o relacionados con la ejecuci\u00f3n del objeto como tal del contrato, y el cobro ejecutivo de la cl\u00e1usula penal no fue contemplado\u00bb. <\/p>\n
Y puntualiz\u00f3, que \u00abpara la controversia que da lugar a este pronunciamiento es importante tener en cuenta que la naturaleza de este proceso es ejecutiva (demanda ejecutiva de menor cuant\u00eda) en el cual se busca el cumplimiento de una obligaci\u00f3n pactada en un t\u00edtulo ejecutivo para el caso en cuesti\u00f3n un contrato. Y que versa sobre una cl\u00e1usula penal incluida en el mismo, por su naturaleza ejecutiva es claro que del asunto y de acuerdo a lo expuesto anteriormente los llamados a conocer son los jueces la rep\u00fablica y no un tribunal arbitral\u00bb <\/p>\n
Conforme a lo transcrito, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el querellante, contrario a ello, prove\u00eddo censurado se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, e independientemente de que esta Sala especializada la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, frente a la pretensi\u00f3n del accionante encaminada a que a trav\u00e9s de esta excepcional senda se ordene la cancelaci\u00f3n de todas las medidas cautelares decretadas en su contra, resalta la Sala que este particular mecanismo no ha sido erigido para dar tr\u00e1mite a ese tipo de pedimentos, m\u00e1xime cuando el interesado no acredit\u00f3 haber comparecido ante la autoridad competente a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios dispuestos para tal fin. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que la providencia acusada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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