STC640-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC640-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00414-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 23 de noviembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Yaneth Roc\u00edo Perdomo Oviedo, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral \u2013 Tolima. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los procesos de radicados 2021-00114-00 y 2021-00145-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, promovi\u00f3 proceso de declaratoria de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, contra los herederos del causante Jos\u00e9 Alfredo Leyton Lugo, Jos\u00e9 Alfredo Leyton Leyton y Luz Marina Lugo Yate. El asunto correspondi\u00f3 al juzgado atacado, bajo el radicado 2021-00114-00. <\/p>\n
2.1. Admitida la demanda, la autoridad cuestionada -con auto del 1\u00b0 de junio de 2022- fij\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C.G.P., escenario en el que el 21 de septiembre pasado, se aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio entre las partes. <\/p>\n
2.2. La accionante adujo que dicha decisi\u00f3n fue producto del criterio de los apoderados con el benepl\u00e1cito del titular del Juzgado, sin que se haya tenido en cuenta su voluntad, por lo que fue obligada a aceptar el acuerdo. Indic\u00f3 que el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Leyton Lugo, culmin\u00f3 el 26 de septiembre de 2022, mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Chaparral. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, demand\u00f3 el amparo del derecho fundamental invocado. En consecuencia, solicit\u00f3 que se deje sin efecto la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado enjuiciado el 21 de septiembre de 2022, para as\u00ed continuar con las etapas del litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Defensor de Familia Centro Zonal Chaparral Regional Tolima I.C.B.F1, se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno, toda vez que \u00abla acci\u00f3n de tutela pretende aspectos relacionados exclusivamente con el proceso judicial de declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho entre la accionante y quien en vida atendiera el nombre de JOSE ALFREDO LEYTON LUGO adelantado en el Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral y no la discusi\u00f3n de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y\/o adolescentes donde intervenga o haya intervenido ICBF.\u00bb <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Chaparral2, luego de narrar sus actuaciones, inform\u00f3 que el auto con el cual aprob\u00f3 la partici\u00f3n dentro del proceso de sucesi\u00f3n, fue proferido el 26 de septiembre de 2022 y qued\u00f3 ejecutoriado el 30 de la misma calenda, sin que la aqu\u00ed gestora allegara prueba de la calidad que aduc\u00eda tener dentro del tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Chaparral3, manifest\u00f3 que se atiene a la actuaci\u00f3n realizada. Y aport\u00f3 las notificaciones del tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
4. Liliam Claudette Rodr\u00edguez Betancourth, obrando en nombre propio y como apoderada de Jos\u00e9 Alfredo Leyton Leyton, afirm\u00f3 que, en el presente asunto, no hay vulneraci\u00f3n al derecho invocado por la gestora, pues sus actuaciones y las de los despachos judiciales se encuentran totalmente ajustadas a derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala de Decisi\u00f3n Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00ablo concluido en el escenario procesal no luce reprensible, irrazonable ni apartado del ordenamiento jur\u00eddico, pues para arribar a la f\u00f3rmula de arreglo adoptada se atendieron los par\u00e1metros legales que rigen este tipo de asuntos, de ah\u00ed que el funcionario judicial ejerciera una conducta proactiva, atendiendo los deberes concitados en el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abEs cierto que una de las facultades otorgadas al Dr. Erick Monroy Garay era la de conciliar, pero no es menos cierto que la conciliaci\u00f3n exige una participaci\u00f3n activa de quien exige para s\u00ed el reconocimiento y protecci\u00f3n de sus derechos. El Dr. Monroy Garay acoge una f\u00f3rmula de arreglo dirigiendo su pensamiento al valor de sus honorarios\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental de la libelista, con ocasi\u00f3n al acuerdo conciliatorio celebrado el 21 de septiembre de 2022. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio obrante en el plenario, se advierte que la acci\u00f3n constitucional impetrada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, la Sala observa que el Juzgado encarado -en audiencia del 21 de septiembre de 2022- declar\u00f3 que \u00abYaneth Roc\u00edo Perdomo Oviedo y Jos\u00e9 Alfredo Leyton Lugo, fueron compa\u00f1eros permanentes desde el d\u00eda 12 de junio y se prolong\u00f3 su relaci\u00f3n de compa\u00f1eros permanentes, fruto de la uni\u00f3n marital de hecho y de la consecuente sociedad patrimonial de hecho, hasta el 15 de marzo de 2020\u00bb. En virtud de dicha sociedad, recalc\u00f3 que el derecho de la aqu\u00ed gestora \u00abse concreta a recibir el dinero en efectivo la suma de $12.000.000, m\u00e1s el derecho y dominio del bien inmueble urbano ubicado en este municipio en el barrio Reservas de Santa Marta\u00bb. <\/p>\n
2.1. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la actora aduce que fue coaccionada para la aceptaci\u00f3n del acuerdo. Y que el mismo fue realizado por los abogados de las partes con anuencia del Juez, sin tener ella una participaci\u00f3n activa en dicha audiencia. <\/p>\n
2.2. De lo anotado, es claro que tales inconformidades no pueden ser compartidas por esta Sala, ello teniendo en cuenta que el titular del juzgado atacado, en el desarrollo de la audiencia actu\u00f3 de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 42 del C.G.P., teniendo una actitud conciliadora y escuchando a las partes. Incluso las propuestas de car\u00e1cter patrimonial realizadas por parte de la aqu\u00ed quejosa4, sin vulnerar los derechos de los involucrados. <\/p>\n
2.3. Adem\u00e1s, frente al repar\u00f3 expuesto por la libelista tocante con que fueron los abogados los que propusieron f\u00f3rmulas de arreglo, se resalta que desde la presentaci\u00f3n de la demanda la querellante otorg\u00f3 poder a Erick Garay para \u00abpresentar demanda, presentar liquidaciones, solicitar medidas cautelares, recibir, recibir dineros, recibir t\u00edtulos judiciales, transigir, conciliar, desistir, sustituir, designar abogado suplente, reasumir, renunciar, solicitar, aportar pruebas, interponer los recursos pertinentes y dem\u00e1s actuaciones inherentes al mandato\u00bb5, lo cual denota que el togado estaba plenamente facultado para realizar la conciliaci\u00f3n -como en efecto ocurri\u00f3-. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, lo concluido en la diligencia cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable6 ni apartado del ordenamiento jur\u00eddico. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema, y de la clara voluntad de las partes en llevar a cabo el acuerdo conciliatorio. <\/p>\n
Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Sumado a que en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de fallador de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1 Anexo PRONUNCIAMIENTO ICBF 2022-414.pdf. Carpeta 09.RespuestaDefensordeFliaICBF <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-2. Anexo Contestaci\u00f3n Tutela 2022-00414 -.pdf. Carpeta 11.RespuestaJ02CivilMplChaparral. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-4. Anexo 1611202215483900798.pdf. Carpeta 12.RespuestaJ01PromFliaChaparral <\/p>\n
4\u0002 Min 1:16. Anexo 62. AUD. ORAL-CIVIL-VERBAL-VIRTUAL INICIAL, INST. Y FALLO DE UMH Y SOC. PATRIM. DE YANETH R. PERDOMO 1. Expediente Juzgado. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1 Anexo 05. SUBSANACI\u00d3N DEMANDA.pdf. Expediente Juzgado. <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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