STC645-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC645-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00758-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos al debido proceso e igualdad, presuntamente transgredidos por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagu\u00e9 profiri\u00f3 las siguientes sentencias condenatorias en contra del accionante: i) dentro del radicado 2007-00082, se le conden\u00f3 en sentencia del 2 de abril del 2008 a 28 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 5000 SMLMV por el delito de secuestro extorsivo agravado; ii) en la radicaci\u00f3n 2008-00081, se sentenci\u00f3 a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 2000 SMLMV por los \u00abdelitos de secuestro simple, homicidio agravado, extorsi\u00f3n tentada agravada, hurto calificado y fabricaci\u00f3n tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb; iii) en el proceso 2007-00321, se fij\u00f3 la pena de 10 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n y multa de 1000 SMLMV por \u00abdelitos de secuestro extorsivo atenuado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego\u00bb; y, iv) en el juicio 2007-00054, se le imput\u00f3 la pena de 5 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n y multa de 1333 SMLMV por \u00abdelitos concierto para delinquir con fines de organizar, promover armar o financiar grupos armados al margen de la ley, paramilitarismo en concurso con tr\u00e1fico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas agravadas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas agravadas\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 27 de febrero del 2019, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas y fij\u00f3 en forma definitiva la sanci\u00f3n en 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 9.333 SMLMV. <\/p>\n
2.3. El accionante critic\u00f3 tal determinaci\u00f3n pues, a su juicio, \u00aben un acto arbitrario y en contrav\u00eda de las leyes colombianas, dicho funcionario trae a colaci\u00f3n y le da aplicaci\u00f3n al inciso 2 del art\u00edculo 31 de la ley 599 de 2000, el cual fue modificado por la Ley 890 de 2004, el cual increment\u00f3 a 60 a\u00f1os la pena m\u00e1xima, sin tener en cuenta que fui condenado por la ley 600 del 2000, la cual ten\u00eda una pena m\u00e1xima de 40 a\u00f1os, desconociendo de lleno el principio de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
2.4. Pese a tales reparos, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 tal determinaci\u00f3n en prove\u00eddo del 07 de mayo del 2019. Insiste en que tales discernimientos vulneran sus derechos fundamentales \u00abporque la pena m\u00e1xima de la ley 600 del 2000 ten\u00eda una pena m\u00e1xima de 40 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se \u00abordene al juez de ejecuci\u00f3n de penas que en un t\u00e9rmino razonable acomode mi pena sobre la jurisprudencia de la ley 600 del 2000, como lo explique en la parte motiva. A una pena de 40 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado manifest\u00f3 que \u00abhabiendo sido resuelta en su oportunidad la apelaci\u00f3n, estando ce\u00f1ida a la legalidad y el derecho, estimo impr\u00f3spera la acci\u00f3n propuesta al no haber sido vulnerado ni amenazado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s accionados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia consider\u00f3 que la censura es inoportuna, pues la decisi\u00f3n que se controvierte se pronunci\u00f3 hace m\u00e1s de 6 meses. Explic\u00f3 que \u00abdesde la emisi\u00f3n de la \u00faltima de las providencias en cuesti\u00f3n (7 de mayo de 2019) hasta la formulaci\u00f3n de esta demanda de tutela, han pasado casi treinta y seis (36) meses. Aunado a ello, la parte demandante no ofreci\u00f3 explicaci\u00f3n alguna que justificara su demora\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo expuesto, destac\u00f3 que el censor no demostr\u00f3 que se configurara alguno de los defectos espec\u00edficos que estructuren alguna v\u00eda de hecho. En efecto, omiti\u00f3 acreditar \u00abque las providencias reprobadas est\u00e9n fundadas en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados\u00bb. Y es que, a juicio de la Sala, la postura de los Despachos accionados es razonable, por cuanto \u00abprocedieron a la aplicaci\u00f3n de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas conforme lo regula el art\u00edculo 470 de la Ley 600 de 2000, en virtud del cual determinaron cu\u00e1l era la sanci\u00f3n punitiva que reportaba mayor gravedad, para luego hacer los incrementos correspondientes, teniendo en cuenta lo reglado en el inciso segundo del art\u00edculo 31 de la ley 599 de 2000, modificado por la ley 890 de 2004\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Reiter\u00f3 el accionante que impugna la sentencia del a quo constitucional \u00abpor y contra la negaci\u00f3n del amparo de tutela ante el H. Juzgado 1 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 \u2013 Tolima y el H. Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 Tolima. Por la no acumulaci\u00f3n de penas. Teniendo en cuenta que la m\u00e1s ven\u00e9vola (sic) y favorable es la ley 600 de 2000 y 599 con las cuales me encuentro procesado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el tutelante, con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida el 07 de mayo de 2019 -que confirm\u00f3 la de primera instancia del 27 de febrero de 2019-, por acumular las penas del se\u00f1or Perdomo Aldana a 60 a\u00f1os. Ello pues, estim\u00f3 que \u00abla m\u00e1s ven\u00e9vola (sic) y favorable es la ley 600 de 2000 y 599 con las cuales me encuentro procesado\u00bb. <\/p>\n
2. Esta Corporaci\u00f3n advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez. Ello es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n de segunda instancia el \u00ab7 de mayo de 2019\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab05 de abril de 2022\u00bb1. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
2.1. Respecto al citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, esto es, el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. A juicio de esta Sala <\/p>\n
\u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada y reiterada en STC098-2022). <\/p>\n
2.2. Sin embargo, cabe resaltar que dicha exigencia puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras2. Sumado a ello, se ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada3. <\/p>\n
2.3. Bajo ese contexto, en el presente caso esta Corporaci\u00f3n no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que flexibilizan o eximan del principio de inmediatez, pues nada se aleg\u00f3 y ning\u00fan medio de convicci\u00f3n justifica la tardanza anotada. <\/p>\n
3. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado por las razones expuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan se identifica en la radicaci\u00f3n en el aplicativo web. Archivo PDF \u00ab04ComunicacionOficinaJudicialReparto\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC645-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC645-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00758-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). I. ANTECEDENTES 1. El gestor procura […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70951","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70951\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}