STC652-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC652-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01351-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 16 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el divorcio n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, en particular, en relaci\u00f3n con su menor hija, \u00aba la vida digna, dignidad humana, familia y a no ser separada de su familia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, dentro del proceso de cesaci\u00f3n de los efectos civiles promovido en su contra por \u201cM\u201d, admitido por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 18 de agosto de 2021, \u00abse contest\u00f3 la demanda en t\u00e9rmino proponiendo excepciones y a su vez, presentando demanda de reconvenci\u00f3n cuya admisi\u00f3n se dio el 3 de marzo de 2022, descorriendo traslado a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Que, mediante auto del 12 de mayo de 2022, el accionado se pronunci\u00f3 respecto de las medidas cautelares, \u00abnegando las solicitudes promovidas por el suscrito accionante, en especial la fijaci\u00f3n de custodia y alimentos de la menor de edad \u201cL\u201d [de 6 a\u00f1os de edad], en atenci\u00f3n a que, en su criterio, no contaba con elementos de juicio para determinar en cabeza de qu\u00e9 padre podr\u00eda asignarse [el cuidado personal]\u00bb, por lo que \u00absus asignaciones b\u00e1sicas est\u00e1n desprotegidas ante la dif\u00edcil situaci\u00f3n familiar y la falta de comunicaci\u00f3n asertiva de parte de la progenitora con quien es imposible coordinar cualquier derecho de [en relaci\u00f3n con la ni\u00f1a]\u00bb. <\/p>\n
Que al no contar \u00abcon un r\u00e9gimen provisional que permita garantizar el v\u00ednculo paternofilial y no se presente una desdibujaci\u00f3n o ausentismo de la figura paterna, cuando en la vida e imagen de mi hija siempre he intentado estar al tanto de todas sus obligaciones y responsabilidades que mi rol consigo trae (\u2026), ha dado lugar a que la se\u00f1ora \u201cM\u201d, utilice como instrumento a nuestra hija [por cuanto] limita el relacionamiento paterno [y] me anula como padre en las situaciones educativas y de crianza (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al estrado querellado \u00abfijar de manera provisional r\u00e9gimen de custodia, alimentos y visitas [respecto de su menor hija], mientras se define el proceso verbal de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico [contra\u00eddo con \u201cM\u201d]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, tras informar que la resoluci\u00f3n criticada \u00abno fue controvertida a trav\u00e9s de los recursos ordinarios\u00bb, solicit\u00f3 desestimar lo pretendido \u00abpor ausencia de vulneraci\u00f3n a derecho alguno\u00bb, pues \u00ablas decisiones tienen soporte f\u00e1ctico y jur\u00eddico suficiente para salvaguardar las prerrogativas constitucionales que le asisten a todos los sujetos procesales e intervinientes en [la] causa, en la que incluso est\u00e1n de por medio los intereses de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional y legal\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cM\u201d, demandante en el pleito censurado, manifest\u00f3 en raz\u00f3n a que el actor \u00abno ha cumplido en forma cabal con la asignaci\u00f3n de alimentos para con su menor hija, ya que en ocasiones consigna una suma irrisoria de dinero frente a lo que es su estatus y sus ingresos (\u2026), ha sido necesario iniciar proceso de alimentos el que actualmente cursa ante el Juzgado Promiscuo Municipal de \u201cY\u201d (\u2026), donde vive con la menor, [el cual] ya est\u00e1 admitido y ha fijado unos alimentos provisionales, hecho que est\u00e1 ampliamente descrito en la demanda de divorcio\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 tambi\u00e9n, que \u00abes totalmente falso [que ella] no permite las visitas a la menor (\u2026), toda vez que el accionante recoge [a la ni\u00f1a] cada 15 d\u00edas [aunque] la \u00faltima vez que la recogi\u00f3, result\u00f3 hospitalizada en la Cl\u00ednica (\u2026) y prueba de ello es la historia que reposa ante ICBF, entidad ante la cual se llev\u00f3 a cabo audiencia el d\u00eda 7 de diciembre de 2022\u00bb, desvirtuando el dicho de que \u00abha estado al tanto de sus obligaciones\u00bb, aunado que \u00abse vio obligada a salir de su hogar [porque \u00e9l] ha ejercido actos de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica [y] econ\u00f3mica, no solo contra [ella] sino contra su peque\u00f1a hija (\u2026), al punto que ha tenido que incluso refugiarse en una casa de paso (\u2026), en raz\u00f3n a la serie de amenazas de las que fue objeto\u00bb. Finalmente, pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n por incumplir el principio de subsidiariedad, pues \u00abcursan actualmente acciones jur\u00eddicas [y por ello] no se han agotado los mecanismos de que se le ha dotado a los sujetos procesales para ejercer sus derechos\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio, ya que \u00abno se supera el requisito de la inmediatez [porque], entre la fecha de la providencia que neg\u00f3 las medidas cautelares solicitadas por el tutelante al interior del proceso (\u2026), esto es, la proferida por el [accionado] el 12 de mayo de 2022 -notificada mediante estado electr\u00f3nico del d\u00eda siguiente-, y la presentaci\u00f3n del presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2022 (\u2026), transcurri\u00f3 un lapso superior a los seis (6) meses, plazo que ha fijado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como razonable para acudir al juez de tutela\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abno se supera el requisito de la subsidiariedad, por cuanto el accionante no agot\u00f3 \u201ctodos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance\u201d [porque], a trav\u00e9s del profesional del derecho que lo representa en dicha actuaci\u00f3n procesal, no instaur\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto del 12 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el reclamante para insistir en los argumentos de su demanda, enfatizando en la necesidad de regular las visitas en relaci\u00f3n con su hija, invocando para ello la \u00abprevalencia del inter\u00e9s superior\u00bb de la menor, as\u00ed como la procedencia del amparo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la queja constitucional satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante al no acceder a las medidas cautelares deprecadas dentro del proceso de divorcio radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, en relaci\u00f3n con los derechos y obligaciones para con su menor hija. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha determinado los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
Al respecto, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de los dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la Inmediatez. <\/p>\n
Este impedimento emerge por cuanto el reproche expresado por el actor a trav\u00e9s del presente instrumento, est\u00e1 dirigido contra la denegaci\u00f3n de las solicitudes que elev\u00f3 en relaci\u00f3n con la custodia provisional y la fijaci\u00f3n de una cuota provisional de alimentos para su menor hija, por cuanto esa decisi\u00f3n fue adoptada por el accionado el 12 de mayo de 2022, mientras la instauraci\u00f3n de esta salvaguarda tuvo lugar el 6 de diciembre de 2022, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del auxilio se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC11437-2022, 31 ago., rad. 00249-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago., rad. 01396-01). Se resalta. <\/p>\n
Sobre el nivel de exigencia frente al criterio temporal, recu\u00e9rdese que tal presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, condici\u00f3n esta que le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al ruego tuitivo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad del promotor, pues, entre otras, ha contado con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en el proceso, y con ello, la falta de justificaci\u00f3n que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a esta excepcional herramienta jur\u00eddica. Tampoco se avizora que, en raz\u00f3n a la actuaci\u00f3n criticada, se hayan amenazado, y menos vulnerado, prerrogativas esenciales de la ni\u00f1a, que justifiquen la flexibilizaci\u00f3n del citado requisito. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
En primer lugar, la desatenci\u00f3n de este presupuesto gen\u00e9rico emerge en la modalidad de incuria, en tanto que la determinaci\u00f3n por la que ahora se duele el demandante, esto es, la adiada el 12 de mayo de 2022, no fue objeto de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n de que era susceptible, este \u00faltimo, en tanto corresponde al interlocutorio que -en proceso tramitado en primera instancia ante juez con categor\u00eda de circuito-, \u00abresuelve sobre una medida cautelar\u00bb (art\u00edculo 321-8 del estatuto adjetivo general). <\/p>\n
As\u00ed, como el interesado desaprovech\u00f3 la oportunidad para refutar ante el juez cognoscente la resoluci\u00f3n ac\u00e1 censurada, utilizando para ello los mecanismos jur\u00eddicos consagradas para tales efectos, deviene infundado el resguardo por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, pues ese es un criterio insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, desde sus albores la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En segundo lugar, al advertirse que el punto cardinal del disenso del aqu\u00ed demandante, radica en que el acusado no ha regulado las visitas respecto de su menor hija, el amparo pretendido a trav\u00e9s de esta salvaguarda tampoco supera el esencial requisito que viene coment\u00e1ndose, toda vez que no ha agotado los medios judiciales de defensa que tiene a su alcance, pues en el sub j\u00fadice, no acredit\u00f3 hubiera elevado esa espec\u00edfica solicitud. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la petici\u00f3n de cautelas presentada tras la admisi\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n, se limit\u00f3 a \u00ab1. Autorizar la residencia separada de los c\u00f3nyuges (\u2026); 2. (\u2026) fijar provisionalmente la custodia y el cuidado personal de la ni\u00f1a (\u2026), en cabeza del progenitor, [y], 3. Fijar provisionalmente los alimentos (\u2026), en la suma de $400.000 (\u2026)\u00bb, frente a lo cual el juzgado se pronunci\u00f3 desfavorablemente con el prove\u00eddo del 12 de mayo de 2022, conforme se indic\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
En ese sentido, es evidente que el interesado no acredit\u00f3 haber acudido a los pertinentes mecanismos de defensa judicial, cuya aptitud y eficacia no est\u00e1n en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, en tanto que ello s\u00f3lo se habilita cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual en este asunto no acontece. <\/p>\n
Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n reitera que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, ac\u00f3tese que en momento alguno el despacho judicial convocado pone en riesgo o atinente a los alimentos a que tiene derecho la menor, pues adem\u00e1s de que tal necesidad debe atenderse a\u00fan en el evento de que no estuviera tasada por una autoridad, del soporte documental adosado por la progenitora se establece que estos se encuentran provisionalmente regulados mediante auto proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d el 23 de noviembre de 2022, dentro del juicio de fijaci\u00f3n de custodia y alimentos por ella impetrado. <\/p>\n
En las condiciones descritas, en el caso sub lite tampoco procede la tutela transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa que la accionante desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y porque esa modalidad \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario [pues de lo contrario] no podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, al no superar los esenciales requisitos de inmediatez y de subsidiariedad -precis\u00e1ndose esta en las modalidades de incuria y existencia de otros medios defensivos-, y porque tampoco se advierte la configuraci\u00f3n de las indispensables exigencias para otorgarlo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con la precisi\u00f3n realizada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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