STC654-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC654-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00214-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En sustento expres\u00f3 que en la acci\u00f3n popular No. 2022-00022 la Corporaci\u00f3n accionada, \u00abNUNCA RESUELVE EN T\u00c9RMINOS DE TIEMPO PERENTORIOS LOS RECURSOS, Y TAMPOCO FALLA LA ACCION CONSTITUCIONAL, COMO SE LO ORDENA, IMPONE Y MANDA ART 37 LEY 472 DE 1998, DESCONOCIENDO ART 120 CGP Y OLVIDANDO DE RAIZ QUE EST\u00c1 OBLIGADO A LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS T\u00c9RMINOS PROCESALES\u00bb, tampoco \u00abDA TRAMITE PERENTORIO QUE LE IMPONE EN EL TIEMPO EL ART 37 LEY 472 DE 1998\u00bb (sic) (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
Consider\u00f3 que ese incumplimiento constituye una \u00abaparente falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, motivo por el cual ha pedido la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que presente demanda de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia, \u00aba mi nombre ya que no soy abogado y mi salud mental y f\u00edsica se deteriora\u00bb. (sic) <\/p>\n
2. Por lo anterior solicit\u00f3, ordenar \u00abINMEDIATAMENTE: i) al tutelado a resolver la alzada en el t\u00e9rmino de tiempo perentorio que le impone y manda art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, ii) a la procuradora general naci\u00f3n, dra margarita cabello blanco a fin que consigne d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1 acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a mi nombre contra la administraci\u00f3n de justicia por falla en la prestaci\u00f3n del servicio, al no cumplir t\u00e9rminos perentorios de tiempo que les impone ley 472 de 1998, en aparente muestra de falla en la prestaci\u00f3n del servicio a mi contra y en desconocimiento del art 29 CN\u00bb. (sic) <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a la autoridad judicial accionada, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 que se declare la falta de legitimaci\u00f3n en la casusa por pasiva, ya porque no ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los derechos del accionante, y en consecuencia se niegue el amparo constitucional invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Magistrado sustanciador del Tribunal Superior de Pereira luego de efectuar un recuento de las actuaciones adelantadas en esa instancia, dijo no es posible proferir la sentencia de segunda instancia, tal como lo reclama el accionante, por la simple raz\u00f3n de que el expediente apenas ingres\u00f3 al despacho el 26 de enero de 2023, luego de corridos los traslados de ley. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque seg\u00fan los hechos de la tutela las actuaciones de la entidad no fueron cuestionadas en la acci\u00f3n popular No. 2022-00022-00. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
De igual manera, la jurisprudencia estableci\u00f3 unos requisitos de orden general que se deben examinar desde un comienzo, en aras de determinar si la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo de protecci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n adoptada por otra autoridad judicial, siento estos: <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado el enlace que contiene la acci\u00f3n popular No. 2022-00022 se advierte que el Tribunal Superior de Pereira cuestionado recibi\u00f3 el expediente el 12 de enero de 2023, y en auto de 17 de ese mes y a\u00f1o admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Mario Restrepo Zapata contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira (derivado No. 004 -Cuaderno 02SegundaInstacia), y en la misma providencia orden\u00f3 correr traslado a los no apelantes por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para la r\u00e9plica. <\/p>\n
Ahora bien, como en el asunto en estudio la queja puntual del accionante, es que el Magistrado sustanciador no ha cumplido los t\u00e9rminos del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, se advierte que el 26 de enero de 2023 el expediente ingres\u00f3 al despacho para proferir el fallo respectivo, y para la fecha que fue promovida esta acci\u00f3n constitucional (23 de enero de 2023), solo hab\u00edan transcurrido ocho (8) de los veinte (20) d\u00edas establecidos en la norma para proferir la sentencia en segunda instancia. <\/p>\n
Conforme a lo relatado, no se evidencia la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso invocado por Mario Restrepo, pues, como lo ha reiterado esta Corte, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC131 de 2018, STC12717-2019, STC7254 de 2021, STC2726-2022, STC10725-2022 y, 12173-2022 entre otras). <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, la petici\u00f3n del actor popular para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abpresentar acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a mi nombre\u00bb resulta improcedente, porque el ministerio p\u00fablico que fue instituido por la Ley, y desarrolla tres funciones espec\u00edficas, i) Preventiva para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos, y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) Disciplinaria para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) Intervenci\u00f3n como sujeto procesal entre otros la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades por disposici\u00f3n del Procurador, sin que entre sus competencias se encuentre la de representar judicialmente al actor popular. <\/p>\n
4. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional C-590\/05, SU184\/19. <\/p>\n
<\/p>\n
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