STC658-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC658-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02543-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 13 de diciembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia del Pilar Guachet\u00e1 Herrera contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado de la misma especialidad con sede en la ciudad de C\u00facuta, la cual se hizo extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio n\u00b0. 2016-00005 (ED 272.3). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, quien dijo actuar como \u00abagente oficioso de la se\u00f1ora Georgina Herrera Jaimes [sic]\u00bb acudi\u00f3 al presente instrumento en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental\u00bb e igualdad, estima trasgredidos por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. Del extenso libelo introductor y de las pruebas recaudadas se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Penal del Circuito de Extinci\u00f3n de Dominio de C\u00facuta curs\u00f3 el proceso extintivo 2016-00005, promovido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en el cual se vincularon, entre otros, el inmueble matriculado bajo el n\u00famero 300-160896, cuya titularidad figuraba en cabeza de \u00ablos herederos indeterminados del Sr. Ciro Boh\u00f3rquez (Q.E.P.D.). <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 16 de septiembre de 2021 la c\u00e9lula judicial cognoscente declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad de diversos bienes, entre ellos el rese\u00f1ado en el numeral precedente, a favor de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Tal determinaci\u00f3n fue notificada personalmente, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, a todos los interesados y, contra ella algunos apoderados promovieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. La alzada fue concedida y el expediente remitido a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, colegiatura que el 5 de julio de 2022 orden\u00f3 retornar la actuaci\u00f3n al juzgado a quo al no evidenciarse pronunciamiento en torno a la impugnaci\u00f3n formulada por la apoderada de Herrera Jaimes. <\/p>\n
2.5. Con auto de 31 de agosto de aquel a\u00f1o, la c\u00e9lula judicial de primer grado rechaz\u00f3 la defensa, por considerarla extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n que mantuvo el 28 de septiembre siguiente al resolver la reposici\u00f3n interpuesta por la censora de forma principal. <\/p>\n
2.6. La apoderada de Georgina Herrera Jaimes promovi\u00f3 subsidiariamente queja, la que fue desechada por el tribunal querellado con auto del pasado 23 de noviembre. <\/p>\n
3. A juicio de la gestora, la alzada contra la sentencia extintiva fue interpuesta tempestivamente pues, de un lado, no se fij\u00f3 el edicto que ordena el art\u00edculo 146 de la Ley 1708 de 2014 y, de otro, la notificaci\u00f3n personal a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico solo se surti\u00f3 hasta el 23 de septiembre de 2021, cuando tuvo conocimiento efectivo de la providencia. <\/p>\n
Frente a este segundo punto se\u00f1al\u00f3 que las decisiones adoptadas especto del aludido recurso desconocen la sentencia C-420 de 2020 seg\u00fan la cual el t\u00e9rmino consagrado en los art\u00edculos 8\u00ba y 9\u00ba del Decreto 806 de 2020 comienza a contabilizarse \u00abcuando el iniciador recepcione acuse de recibo o \u201cse pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a las accionadas \u00abse conceda el recurso de apelaci\u00f3n presentado de forma oportuna dada la falta de constancia de acceso al mensaje hasta el d\u00eda 24 de septiembre de 2021 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio defendi\u00f3 la legalidad del prove\u00eddo censurado, advirtiendo que lo pretendido por la accionante \u00abes revivir el debate que en su momento, se tramit\u00f3 con el reconocimiento de plenas garant\u00edas toda vez que el diligenciamiento se adelant\u00f3 de conformidad con las previsiones legales aplicables al caso\u00bb, de all\u00ed que el resguardo se torne improcedente pues \u00abla tutela no es una tercera instancia, ni una v\u00eda alternativa o paralela en la cual puedan controvertirse una vez m\u00e1s los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos ventilados en las oportunidades procesales correspondientes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de C\u00facuta, luego de efectuar un recuento de los antecedentes relevantes, resalt\u00f3 que actu\u00f3 \u00abconforme a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u00bb sin que resulte admisible \u00abque se utilice la solicitud de amparo constitucional para subsanar la falta de diligencia en la que incurri\u00f3 la abogada para presentar en el t\u00e9rmino previsto por el legislador su desacuerdo con la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo tras constatar que \u00ablas inconformidades que expone la actora a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional fueron examinadas por las autoridades accionadas al haber sido ese el fundamento del recurso de queja que promovi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, resalt\u00f3 que las determinaciones cuestionadas \u00abson razonales y ajustadas a la norma y a la realidad f\u00e1ctica procesal que advirtieron los demandados\u00bb de modo que resultase inapropiado \u00abpretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las emitidas dentro del proceso, cuando se evidencia que, la autoridad judicial actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas realizadas por el juez natural\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n aduciendo esta vez actuar \u00abcomo apoderada de Georgina Herrera Jaimes\u00bb y reiterando, en lo sustancial, los argumentos del libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer, preliminarmente, si Claudia del Pilar Guachet\u00e1 Herrera estaba facultada para promover la presente acci\u00f3n de tutela e impugnar el fallo desestimatorio, en representaci\u00f3n de Georgina Herrera Jaimes y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas quebrantaron, las prerrogativas constitucionales de este, dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio 2016-00005 al rechazar por extempor\u00e1nea la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia de 16 de septiembre de 2021, supuestamente desconociendo que la interpuso tempestivamente. <\/p>\n
2. Del poder especial para presentar la tutela. <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que respecta al derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
La anterior postura viene aparejada al precedente constitucional, seg\u00fan el cual \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese orden, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, puesto que: <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1. De conformidad con los anteriores lineamientos, se ratificar\u00e1 el fracaso de la salvaguarda, pero no por las razones consignadas en el fallo confutado, sino porque aun cuando quien la promovi\u00f3 manifest\u00f3 ser la apoderada especial de Georgina Herrera Jaimes en la actuaci\u00f3n extintiva, no alleg\u00f3 poder especial conferido por quien dice ser su representada, para actuar en este tr\u00e1mite constitucional lo cual significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
Ciertamente, a pesar de que la memorialista sostiene actuar en la mencionada calidad dentro de la causa fustigada, dicha circunstancia no la faculta para asumir la vocer\u00eda en este escenario constitucional de la afectada, ya que, para ello, se itera, se requiere el correspondiente mandato que ac\u00e1 se echa de menos. <\/p>\n
En efecto cuando se trata de acciones de tutela en las que se act\u00faa por conducto de un profesional del derecho el criterio que, de vieja data, sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada entre otras en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01). <\/p>\n
Tal exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
Esto, porque \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en el libelo inicial la gestora sostiene que act\u00faa como agente oficiosa de Herrera Jaimes. Frente a dicho t\u00f3pico debe recordarse que las normas que desarrollan y reglamentan el mecanismo de protecci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta, prev\u00e9n que la acci\u00f3n se debe instaurar directamente o por conducto de apoderado judicial y, por excepci\u00f3n, \u00abse pued(e)n agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Sobre este tema, esta Corte ha indicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01). <\/p>\n
En otro evento resalt\u00f3: \u00abEn lo atinente a la \u201cagencia oficiosa\u201d, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 00372-01). <\/p>\n
Entonces, cuando se busca la protecci\u00f3n de prerrogativas supralegales de otra persona, es indispensable actuar con poder especial, siempre y cuando se haga a trav\u00e9s de abogado, o demostrar que aqu\u00e9lla realmente no est\u00e1 en condiciones de ejercer su defensa; sin embargo, no es posible deducir que la persona a quien la promotora dice agenciar se encuentre en incapacidad absoluta de promover el resguardo, circunstancia que la habilitar\u00eda para asistirla en la condici\u00f3n aducida. <\/p>\n
En efecto, en la demanda la profesional del derecho simplemente se limit\u00f3 a indicar que deb\u00eda ser considerada como agente oficiosa de la ciudadana que apodera en el asunto extintivo; no obstante, no explica ni acredita probatoriamente que aqu\u00e9lla se encuentra en condiciones tales que le impidan la defensa de sus propios derechos u otorgarle mandato especial para que formulara el presente resguardo, tal como lo hizo en el proceso sobre el que se cierne la queja. <\/p>\n
En suma, al no explicarse con suficiencia la incapacidad de la presunta afectada para interponer por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado especial el presente amparo, corresponde declarar su improcedencia, confirmando por esa v\u00eda la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
Asimismo, quien acciona carece de las calidades exigidas jurisprudencialmente para ser tenida como agente oficiosa de Georgina Herrera Jaimes, pues no acredit\u00f3 que esta se encontrara en alguna situaci\u00f3n que le impidiera ejercer su propia defensa o constituir apoderado especial para la promoci\u00f3n de este resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones indicadas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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