STC663-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC663-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00288-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 6 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Ricardo Perdomo contra el Juzgado Primero de Familia de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Fiscal\u00eda Octava Seccional de Neiva y los intervinientes en el juicio de alimentos n\u00b0 2001-00100. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por el auto de 28 de enero de 2022, mediante el cual el juzgador querellado se neg\u00f3 a declarar extinta la obligaci\u00f3n alimentaria que le fue impuesta en favor de su hija. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, adem\u00e1s de aludir a las irregularidades que, en su criterio, se han configurado en cuanto a la custodia del expediente (las que puso en conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n) y a la cercan\u00eda que existe entre las juzgadoras de conocimiento de primera y segunda instancia, el actor censur\u00f3 que hasta el momento no se le haya relevado de la susodicha carga pecuniaria, teniendo en cuenta que su descendiente ya cumpli\u00f3 27 a\u00f1os de edad y cuenta con la capacidad econ\u00f3mica suficiente para garantizar su propia subsistencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, aun cuando cuenta con la posibilidad de formular una demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos, este mecanismo constitucional se muestra m\u00e1s eficiente para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se le exonere de la rese\u00f1ada obligaci\u00f3n de alimentos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Neiva defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; recalc\u00f3 que el proceso de alimentos sobre el que aqu\u00ed se discute, fue archivado en el a\u00f1o 2015 y actualmente siguen adelant\u00e1ndose las gestiones correspondientes para obtener su desarchivo o, eventualmente, su reconstrucci\u00f3n; que tal circunstancia no ha impedido que al querellante se le resuelvan oportunamente las solicitudes que ha formulado; y que una muestra de ello es el auto que aqu\u00ed se censura, el cual -agreg\u00f3- no fue objeto de recursos por parte del quejoso. Adicion\u00f3 que, por auto de 4 de agosto de 2022, intent\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite incidental previsto en el art\u00edculo 390 del C.G.P., pero que finalmente esa actuaci\u00f3n culmin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, por cuanto el accionante no cumpli\u00f3 con una carga procesal que le fue impuesta (auto que, igualmente, cobr\u00f3 ejecutoria sin protesta alguna). <\/p>\n
2. Carlos Andr\u00e9s Murillo Barrios (a quien se design\u00f3 como curador ad litem de Mar\u00eda Fernanda Perdomo Varela, hija del actor) dijo atenerse a lo probado y decidido dentro de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Octava Delegada ante los Jugados Penales del Circuito de Neiva se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n adelantada con base en la denuncia presentada por el querellante, apenas se encuentra en un escenario preliminar, y que se est\u00e1 a la espera de un pronunciamiento por parte del investigador del caso. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 19 Judicial II de Familia de Neiva se opuso a la prosperidad del resguardo, por considerar que el accionante cuenta con otros mecanismos procesales para procurar la defensa de las garant\u00edas que estima transgredidas. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo tras resaltar que el convocante no recurri\u00f3 el auto cuya revocatoria aqu\u00ed pretende, ni tampoco aquel mediante el cual se termin\u00f3, por desistimiento t\u00e1cito, el tr\u00e1mite incidental que se abri\u00f3 por solicitud suya. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los argumentos ofrecidos en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n a lo resuelto por el juez constitucional de primera instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, el actor desaprovech\u00f3 la oportunidad de ventilar ante el mismo fallador querellado los razonamientos expuestos en su demanda de tutela, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, por no verificarse el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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