STC665-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC665-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02199-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., uno (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que concedi\u00f3 parcialmente el amparo reclamado por Hernando Giraldo, en representaci\u00f3n de los intereses de Charles Hernando Angulo Arias, contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Popay\u00e1n, y el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Jamund\u00ed. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, SALUDVIDA y SANITAS EPS, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC-, la Fiduciaria Central y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, as\u00ed como a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso penal seguido contra el se\u00f1or Angulo Arias. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor, como apoderado judicial de confianza, demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales de Charles Hernando Angulo Arias -privado de la libertad- a la vida y la salud, presuntamente conculcados por los accionados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que, el 11 de mayo de 2021, el se\u00f1or Angulo Arias fue condenado a 7 meses y 26 d\u00edas de prisi\u00f3n por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Popay\u00e1n, por el delito de hurto calificado y agravado, y se le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria1. <\/p>\n
2.1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, que vigila el cumplimiento de la sentencia, por auto del 25 de agosto de 20222 orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al hom\u00f3logo de Cali, dado que el condenado se encontraba en el Centro Penitenciario y Carcelario de Jamund\u00ed. <\/p>\n
2.2. El 28 de agosto de 2022, su defensor solicit\u00f3 ante ese Despacho la prisi\u00f3n domiciliaria, por enfermedad grave3 y, el 6 de septiembre siguiente4, pidi\u00f3 autorizaci\u00f3n, para cumplir una cita m\u00e9dica de control programada para el 13 de septiembre de 2022. <\/p>\n
2.3. El Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Popay\u00e1n, por auto del 6 de septiembre de 20225, neg\u00f3 el traslado solicitado, porque se desconoc\u00eda d\u00f3nde y qui\u00e9n realizar\u00eda la consulta m\u00e9dica, y se\u00f1al\u00f3 que el sistema penitenciario contaba con servicio m\u00e9dico a cargo del INPEC, al cual pod\u00eda acceder, determinaci\u00f3n que fue apelada y concedida el 5 de octubre de 20226 ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n. <\/p>\n
2.4. Durante el tr\u00e1mite de esta tutela, el 26 de octubre de 2022, el Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali avoc\u00f3 conocimiento y ofici\u00f3 a Medicina Legal, para que determinara si el estado de salud del accionante era compatible con la vida en reclusi\u00f3n. El paciente fue valorado el 29 de noviembre de 2022 y, el 22 de diciembre siguiente, el informe de Medicina Legal estableci\u00f3 que, si bien padec\u00eda epilepsia y escabiosos, su estado de salud era bueno, y que el tratamiento y control pod\u00eda realizarse ambulatoriamente7. <\/p>\n
2.5. Por su parte, la Sala Penal del Tribunal de Popay\u00e1n, por auto del 28 de octubre de 20228, se abstuvo de resolver la apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo del 6 de septiembre, en atenci\u00f3n a que era de sustanciaci\u00f3n, no susceptible de alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El promotor argument\u00f3 que a los familiares de Charles Hernando Angulo Arias les es imposible desplazarse hasta el lugar de reclusi\u00f3n, por falta de recursos econ\u00f3micos y adicion\u00f3 que su captura se produjo mientras se dispon\u00eda a reclamar los medicamentos, para tratar la epilepsia que padece desde ni\u00f1o. <\/p>\n
Censur\u00f3 lo decidido en el auto del 6 de septiembre de 2022, pues la cita negada correspond\u00eda a un control al que debe asistir cada tres meses, para tratar la epilepsia y recibir los medicamentos correspondientes. En adici\u00f3n, asegur\u00f3 que dicha providencia le neg\u00f3 el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, requerida con urgencia, por lo que el Tribunal debe decidir la apelaci\u00f3n de manera c\u00e9lere. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, i) tramitar con celeridad la apelaci\u00f3n y ii) que el Centro Penitenciario y Carcelario de Jamund\u00ed realice las gestiones necesarias ante la EPS, para la valoraci\u00f3n por m\u00e9dico especialista en medicina legal, psicolog\u00eda, psiquiatr\u00eda, y se realicen los ex\u00e1menes, intervenciones, operaciones, tratamientos y entrega de medicamentos formulados y se tomen las medidas pertinentes, para evitar una situaci\u00f3n m\u00e1s gravosa. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n afirm\u00f3 que resolvi\u00f3 con premura sobre la remisi\u00f3n a la cita m\u00e9dica, pero no frente a la prisi\u00f3n domiciliaria, pues no recibi\u00f3 tal requerimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali inform\u00f3 que, el 26 de octubre de 2022, avoc\u00f3 conocimiento de la actuaci\u00f3n y, tras advertir que exist\u00eda una solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria, por enfermedad grave, en el mismo auto ofici\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal, para que valorara al paciente y determinara si su estado era compatible con la prisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n indic\u00f3 que, por auto del 28 de octubre de 2022, se abstuvo de resolver la alzada interpuesta, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
4. SANITAS report\u00f3 que el accionante se encuentra afiliado a esa entidad como beneficiario de su c\u00f3nyuge y destac\u00f3 que no s\u00f3lo no le han negado los servicios m\u00e9dicos requeridos, sino que le han proporcionado distintos medicamentos. Se\u00f1al\u00f3 que, si el paciente no ha continuado con su tratamiento, ello no es atribuible a la EPS, sino al INPEC y dem\u00e1s entidades responsables de coordinar su traslado. Explic\u00f3 que se encuentra en disposici\u00f3n de seguir prestando al accionante los servicios y atenciones m\u00e9dicas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Jamund\u00ed aleg\u00f3 que lo pedido no es funci\u00f3n del INPEC, sino de los despachos judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Fiduciaria Central sostuvo que el gestor carece de legitimaci\u00f3n por activa y no detenta poder. Igualmente, adujo que, como vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, no tiene legitimaci\u00f3n por pasiva, puesto que el afectado cuenta con afiliaci\u00f3n al r\u00e9gimen contributivo de la EPS Sanitas, llamada a prestar el servicio. <\/p>\n
<\/p>\n
7. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 USPEC- indic\u00f3 que el interno no se encuentra bajo cobertura, dada su afiliaci\u00f3n a la EPS Sanitas. <\/p>\n
<\/p>\n
8. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario expres\u00f3 que carece de competencia para agendar citas m\u00e9dicas o prestar el servicio de salud a las personas privadas de la libertad, dado que ello es funci\u00f3n de USPEC y de la Fiduciaria Central S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
9. El Instituto Nacional de Medicina Legal refiri\u00f3 que las conductas omisivas alegadas no eran su responsabilidad, porque no presta servicios asistenciales de salud. <\/p>\n
<\/p>\n
10. La Fiscal\u00eda 16 Local de Popay\u00e1n destac\u00f3 que el actor se allan\u00f3 a los cargos en la audiencia de imputaci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional, en primer lugar, precis\u00f3 que el gestor estaba facultado para promover la tutela en nombre del se\u00f1or Charles Hernando Angulo Arias, pues padece una enfermedad mental y lo pretendido estaba relacionado con su estado de salud y la atenci\u00f3n requerida. <\/p>\n
De otro lado, se pronunci\u00f3 sobre las actuaciones judiciales censuradas, advirtiendo que el auto del 6 de septiembre de 2022 era razonable, por cuanto la informaci\u00f3n que suministr\u00f3 el abogado para la autorizaci\u00f3n de la cita m\u00e9dica fue escasa, puesto que se limit\u00f3 a se\u00f1alar la fecha y la hora de esta, pero no el lugar donde deb\u00eda cumplirse, ni siquiera mencion\u00f3 el m\u00e9dico o la EPS que prestar\u00eda el servicio y destac\u00f3 que la citada providencia nada resolvi\u00f3 sobre la prisi\u00f3n domiciliaria, por enfermedad grave, raz\u00f3n por la cual al Tribunal accionado le correspond\u00eda \u00fanicamente un pronunciamiento frente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 6 de septiembre, medio que el Tribunal desestim\u00f3, por tratarse de un auto de sustanciaci\u00f3n, de manera que no proced\u00eda protecci\u00f3n constitucional alguna en torno a sus decisiones. <\/p>\n
En igual forma, destac\u00f3 que el Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, en auto del 26 de octubre de 2022, \u00aben aras de dar curso a la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave\u00bb, realiz\u00f3 el requerimiento a Medicina Legal y, por tanto, hab\u00eda gestionado lo pertinente, raz\u00f3n por la cual la tutela invocada no era viable. <\/p>\n
Ahora bien, al estudiar la prueba documental aportada, resalt\u00f3 que: i) desde el 25 de agosto de 2022, cuando al actor fue capturado, no ha recibido los medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, ni la atenci\u00f3n m\u00e9dica requerida; (ii) el accionante se encuentra afiliado al Sistema General de Salud en el r\u00e9gimen contributivo, a trav\u00e9s de la EPS SANITAS, la cual suministra sus medicamentos y estaba llamada a prestar el servicio de salud, seg\u00fan lo previsto en el Decreto 1069 de 2015; (iii) la cita m\u00e9dica fue agendada para el 13 de septiembre de 2022; iv) no fue acertado acudir al juez de ejecuci\u00f3n, para solicitar la autorizaci\u00f3n del traslado para el cumplimiento de la cita, dado que ello es competencia del director del establecimiento de reclusi\u00f3n (art\u00edculo 139 de la Ley 65 de 1993). <\/p>\n
En tal sentido, en aras de garantizar el derecho a la salud del recluido, concedi\u00f3 parcialmente la tutela y, en consecuencia, orden\u00f3: i) a la EPS Sanitas agendar cita al gestor con medicina general y comunicar ello al INPEC y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Cali; ii) a estos \u00faltimos, remitirlo a la cita; y iii) a los mencionados que realicen las gestiones necesarias, para que el afectado reciba los medicamentos con los que ven\u00eda siendo tratado el cuadro de epilepsia que lo aqueja. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no tiene asignada la funci\u00f3n de agendar citas m\u00e9dicas, prestar servicios de salud para personas recluidas en alguno de sus centros carcelarios ni suministrar medicamentos, pues tales tareas le competen a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y a la respectiva EPS, seg\u00fan lo dispuesto en el ordenamiento legal. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pidi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales de Charles Hernando Angulo Arias, quien se encuentra privado de la libertad, los cuales consider\u00f3 vulnerados: i) con el auto del 6 de septiembre de 2022, que neg\u00f3 la solicitud de autorizaci\u00f3n para asistir a una cita m\u00e9dica programada en desarrollo del tratamiento de su enfermedad; ii) la falta de resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta contra esa decisi\u00f3n; y iii) la ausencia de medidas que garanticen el derecho a la salud del recluido, pretensiones respecto de las cuales el a quo constitucional emiti\u00f3 la orden rese\u00f1ada en precedencia, frente a la cual considera el INPEC, como \u00fanico impugnante, que no le asiste competencia para el cumplimiento. <\/p>\n
2. Circunscrito el estudio de esta Sala al motivo de inconformidad planteado por el INPEC en el escrito de impugnaci\u00f3n, se advierte que la sentencia controvertida ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, contrario a lo afirmado por el INPEC, no existe discusi\u00f3n en relaci\u00f3n con la afiliaci\u00f3n que tiene el se\u00f1or Charles Hernando Angulo Arias al r\u00e9gimen contributivo de la EPS Sanitas S.A.S., entidad que, por tal motivo, tiene la obligaci\u00f3n de prestarle los servicios de salud, incluso en su estado actual de reclusi\u00f3n, circunstancia que origin\u00f3 que el a quo constitucional dirigiera la orden de la prestaci\u00f3n de tales servicios, que incluye las citas m\u00e9dicas y suministro de medicamentos, a esa Promotora de Salud, requiriendo del INPEC y del Centro de Reclusi\u00f3n solo la gesti\u00f3n para que pueda recibir en la prisi\u00f3n los medicamentos que le prescriba y le entregue la referida EPS, as\u00ed como el traslado que sea necesario para que pueda asistir a la cita m\u00e9dica que Sanitas programe. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo aspecto, se precisa que, en efecto, el traslado de las personas privadas de la libertad corresponde al Instituto Nacional Penitenciario, de acuerdo con el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 1142 de 2016, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.1.11.3.3 del Decreto 1069 de 2015, que contempla: <\/p>\n
Art\u00edculo 2.2.1.11.3.3. Funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En desarrollo de las funciones previstas en el Decreto-ley 4151 de 2011 y dem\u00e1s leyes que fijen sus competencias, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de la poblaci\u00f3n privada de la libertad: \u201cdentro de las cuales quedan pendientes para llevar a cabo\u201d: (\u2026) <\/p>\n
3. Garantizar las condiciones y medios para el traslado de personas privadas de la libertad a la prestaci\u00f3n de servicios de salud, tanto al interior de los establecimientos de reclusi\u00f3n como cuando se requiera atenci\u00f3n extramural, de conformidad con los art\u00edculos 2.2.1.11.4.2.3 y 2.2.1.11.4.2.4 del presente cap\u00edtulo, y realizar las acciones para garantizar la efectiva referencia y contrarreferencia. (Traslado). Subrayado y par\u00e9ntesis fuera de texto\u2026 (Se resalta). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, debe resaltarse que el a quo constitucional no determin\u00f3 acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna en cabeza del INPEC que vulnerara los derechos del accionante, sino que emiti\u00f3 una orden en aras de amparar el derecho a la salud del ciudadano privado de la libertad y con el fin de que pudiera recibir los servicios de salud que debe prestar la EPS Sanitas a la cual est\u00e1 afiliado, dado que se demostr\u00f3 que ven\u00eda siendo tratado por su diagn\u00f3stico de epilepsia y ten\u00eda una cita m\u00e9dica de control para septiembre de 2022, la cual, en su momento, no fue autorizada por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas, ante la falta de prueba, lo que ameritaba que, en sede de tutela, se tomaran las medidas pertinentes, dado que la hom\u00f3loga Penal advirti\u00f3 que la EPS Sanitas \u00abse mostr\u00f3 dispuesta a continuar prestando la atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiera (\u2026) con la exigencia de que, necesariamente est\u00e1 en cabeza del INPEC y del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, el traslado para los servicios de salud que requiera\u00bb (destaca esta Sala). <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIO <\/p>\n
1\u0002 Proceso penal de radicado 190016000602201900988. <\/p>\n
2\u0002 Folio 39, Cuaderno principal, expediente 2019-00988-00. <\/p>\n
3\u0002 Folio 68, Cuaderno principal, expediente 2019-00988-00. <\/p>\n
4\u0002 Folio 100, Cuaderno principal, expediente 2019-00988-00. <\/p>\n
5\u0002 Folio 105, Cuaderno principal, expediente 2019-00988-00. <\/p>\n
6\u0002 Folio 140, Cuaderno principal, expediente 2019-00988-00. <\/p>\n
7\u0002 Documento 10, expediente 2019-00988-00. <\/p>\n
8\u0002 Documento 08, expediente 2019-00988-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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