STC667-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC667-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02222-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 3 de noviembre de 2022, que neg\u00f3 la tutela de Richard Mart\u00ednez Olivera frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2020-00291. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, quien manifiesta actuar en representaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n \u00abMisi\u00f3n Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s (en liquidaci\u00f3n)\u00bb, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, en audiencias preliminares de control de garant\u00edas llevadas a cabo los d\u00edas 2, 27 y 28 de septiembre de 2022, el Fiscal 12 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, formul\u00f3 imputaci\u00f3n de cargos al actual gobernador del departamento de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjoegreen, por los presuntos delitos de \u00abcelebraci\u00f3n indebida de contratos y peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb; asimismo, solicit\u00f3 imposici\u00f3n de medida de aseguramiento; sin embargo, el juez de control de garant\u00edas que presidi\u00f3 la diligencia, en este caso un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, decidi\u00f3 no restringir la libertad del funcionario imputado. <\/p>\n
Adem\u00e1s de la determinaci\u00f3n adoptada por el magistrado en el sentido de no imponer medida detencionaria, reproch\u00f3 el manejo que le dio a las audiencias al permitir que la defensa del gobernador abusara del tiempo en sus respectivas intervenciones, de hasta \u00ab7 horas, donde expuso una serie de temas que no ten\u00edan nada que ver con la audiencia que se estaba llevando a cabo [\u2026] actitud del litigante [que] fue permitida por el director de la audiencia [\u2026] sin prever que esta situaci\u00f3n pon\u00eda en riesgos el desarrollo y cumplimiento del pedido de la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 que el gobernador permanezca en libertad y en uso de sus funciones como \u00abordenador del gasto p\u00fablico\u00bb pues desde su posici\u00f3n podr\u00eda \u00ab(\u2026) tener acceso a expedientes y pruebas [\u2026] podr\u00eda manipular los testigos que son sus subordinados (\u2026)\u00bb, con lo que se estar\u00eda minando la \u00abconfianza del administrado en la justicia al ver que no se ha hecho lo que constitucional y legalmente le corresponde al Estado y por el contrario el administrador investigado contin\u00faa en el cargo\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, cuestion\u00f3 que al mismo funcionario se le haya revocado una medida de aseguramiento que ven\u00eda cumpliendo con ocasi\u00f3n de otro asunto penal en curso, a partir de un concepto allegado por la Contralor\u00eda Departamental de San Andr\u00e9s, entidad que, seg\u00fan aleg\u00f3, \u00ababarc\u00f3 funciones de la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, como representante de la fundaci\u00f3n \u00abMisi\u00f3n Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s\u00bb ha denunciado diversos actos de corrupci\u00f3n comoquiera que es un \u00abactivo defensor de nuestros recursos p\u00fablicos y bienestar social\u00bb, de igual manera, se\u00f1al\u00f3 que su legitimaci\u00f3n en la causa se fundamenta en que, como ciudadano tiene el derecho y el deber de vigilancia de los recursos p\u00fablicos y ser \u00abreconocido como sujeto procesal en toda causa donde el Estado colombiano sea v\u00edctima [\u2026] adem\u00e1s de esta distinci\u00f3n que ostento como colombiano, el Estado [\u2026] me ha reconocido como l\u00edder social, representante de los intereses de la etnia raizal y de los intereses sociales, econ\u00f3micos y culturales del departamento archipi\u00e9lago en nuestra condici\u00f3n de organismo no gubernamental\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n separar del cargo \u00abal se\u00f1or Gobernador del Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina Everth Julio Hawkins Sjoegreen (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado Mario Cort\u00e9s Mahecha, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien fungi\u00f3 como juez de control de garant\u00edas en el proceso penal en cuesti\u00f3n aclar\u00f3 que, en audiencia del 12 de octubre de 2022, resolvi\u00f3 no imponer medida de aseguramiento al imputado Everth Julio Hawkins dentro del asunto con radicado 2020-00291, decisi\u00f3n contra la cual no se interpuso recurso de reposici\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que el amparo debe negarse en raz\u00f3n a que el tutelante no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa por activa \u00abpor cuanto [aqu\u00e9l] quien representa a la Misi\u00f3n Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s (en liquidaci\u00f3n), no ostenta la condici\u00f3n de parta o interviniente dentro de la citada actuaci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2. El Fiscal 12 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 que al interior del proceso penal que se adelanta en contra de \u00c9verth Julio Hawkins Sjogreen est\u00e1 corriendo el t\u00e9rmino de 120 d\u00edas previsto en el art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004 para formular acusaci\u00f3n o pedir la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n. Por \u00faltimo, expuso que no tiene ning\u00fan reproche respecto de la providencia judicial que cuestiona el demandante, respecto a la negativa de la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento en contra del investigado. <\/p>\n
3. El Jefe de la Unidad de Intervenci\u00f3n Judicial de la Contralor\u00eda Delegada para la Responsabilidad Fiscal de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que, \u00aben cualquier caso, se encuentre o no restringida la libertad del aforado \u00c9verth Julio Hawkins Sjogreen, nada impide al Estado perseguir el resarcimiento patrimonial ocasionado con la conducta penal y deber\u00e1 determinarse en la sentencia de ser hallado culpable el aforado investigado\u00bb. <\/p>\n
4. La abogada asesora de la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, dando alcance al concepto que rindi\u00f3 el Procurador Segundo Delegado para la Investigaci\u00f3n y el Juzgamiento Penal, destac\u00f3 que la solicitud constitucional del demandante \u00abes abiertamente improcedente, en raz\u00f3n a que el actor no alega la afectaci\u00f3n o vulneraci\u00f3n concreta de un derecho fundamental, menos aun cuando no ostenta la condici\u00f3n de parte o sujeto procesal en la actuaci\u00f3n\u00bb. Al igual, advierte que no se extrae ninguna irregularidad de las actuaciones judiciales cuestionadas y, concretamente, que la petici\u00f3n de separaci\u00f3n del cargo de gobernador es improcedente en la medida que el demandante no ha elevado ninguna solicitud en tal sentido. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al verificar que el tutelante no tiene legitimaci\u00f3n en la causa por activa toda vez que, \u00ab(\u2026) no se logra establecer la condici\u00f3n de parte o interviniente dentro de dicha actuaci\u00f3n judicial, ni el libelista expone c\u00f3mo dicha providencia afecta sus derechos fundamentales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, replicando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio, e insisti\u00f3 en que s\u00ed cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa, en virtud de los derechos y obligaciones que tiene como ciudadano colombiano de \u00abdefenderse de actos que atenten contra el robo de recursos p\u00fablicos, que ocasionan a la sociedad riesgos en el derecho fundamental a la salud, educaci\u00f3n, ambiente sano y el derecho a la vida misma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el promotor est\u00e1 legitimado para interponer el presente resguardo y, en caso de superarse lo anterior, si la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 en ejercicio de la funci\u00f3n de control de garant\u00edas \u2013, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por aqu\u00e9l, al no imponer medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva al actual gobernador del Departamento de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, imputado por delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica en el proceso radicado n\u00ba 2020-00291. <\/p>\n
2. La legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
Las normas que desarrollan y reglamentan el mecanismo de protecci\u00f3n previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, prev\u00e9n que la acci\u00f3n se debe instaurar directamente o por conducto de apoderado judicial. Por excepci\u00f3n, \u00abse pued(e)n agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Asimismo, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene sentado que la legitimaci\u00f3n activa de la acci\u00f3n de tutela, en principio, se refiere al titular de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados. <\/p>\n
Sobre este tema, esta Corte ha indicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01). <\/p>\n
En tal virtud, cuando se discute por tutela una decisi\u00f3n emitida en un contexto judicial en el que procesalmente no se es parte, se ha dicho, en lo pertinente que \u00ab(\u2026) quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha se\u00f1alado que, \u00ab[n]o es dable a quien no integra ninguno de los extremos en un determinado pleito, impetrar la acci\u00f3n de tutela para obtener la revocatoria, modificaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de las decisiones adoptadas por el juzgador\u00bb (CSJ, STC5548, 7 may.2014). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la negativa del amparo en los t\u00e9rminos precisados por la Sala a quo pues, se advierte la improcedencia del resguardo por ausencia de legitimaci\u00f3n de Richard Mart\u00ednez Olivera, as\u00ed como de la fundaci\u00f3n que dice representar, para rebatir cuestiones atinentes al juicio penal radicado 2020-00291, que se sigue contra el gobernador del Departamento de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjoegreen, por cuanto aqu\u00e9l no funge como interviniente en ninguna de las calidades previstas por la normativa procesal penal, y tampoco se\u00f1al\u00f3 haber solicitado su vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, en consonancia con la jurisprudencia preliminarmente citada, ante demandas de amparo donde se cuestionaban determinaciones proferidas en un litigio en el que el tutelante no demostr\u00f3 ser parte o tercero reconocido, esta Sala precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC9309-2014; CSJ STC9724-2014; CSJ STC-10770-2014; CSJ STC-10491-2014; STC2987-2016). <\/p>\n
Y, en otra tutela de perfiles similares se sostuvo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 01168-01; reiterada STC2987-2016). <\/p>\n
Por tales razones, se destaca que, si la pretensi\u00f3n del aqu\u00ed accionante, aunque difusamente formulada, se dirige a obtener la salvaguarda respecto de una concreta actuaci\u00f3n de un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en su funci\u00f3n como juez de control de garant\u00edas en el juicio penal que se adelanta contra Hawkins Sjoegreen, gobernador de San Andr\u00e9s, tendr\u00eda que acreditar un leg\u00edtimo inter\u00e9s en el asunto, m\u00e1s all\u00e1 de invocarlo en este escenario constitucional a partir de los derechos y deberes que le asisten como ciudadano y\/o representante de una fundaci\u00f3n defensora de los recursos p\u00fablicos, comoquiera que, en un proceso penal la vinculaci\u00f3n al mismo deviene, necesariamente, del reconocimiento que otorgue el juez de la causa. <\/p>\n
Lo anterior es suficiente para refrendar las motivaciones del fallo de primer grado, y, en consecuencia, la negativa del auxilio implorado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Quien aqu\u00ed act\u00faa, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las decisiones que se profieran en el tr\u00e1mite penal que cursa contra el gobernador del Departamento de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina \u2013 rad. 2020-00291 \u2013 pues no est\u00e1 reconocido all\u00ed como interviniente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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