STC675-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC675-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00286-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 16 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Fernando Ru\u00edz Buitrago contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez y los intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00ba 2022-00081. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y defensa, supuestamente conculcadas por la autoridad acusada, al no sancionar por desacato a la directora del departamento jur\u00eddico y defensa judicial del municipio de Puerto Gait\u00e1n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente amparo, los siguientes: <\/p>\n
Ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Puerto Gait\u00e1n, Meta, Mario Fernando Ru\u00edz Buitrago (gestor), Mar\u00eda Victoria Buitrago y Jos\u00e9 Antonio Ru\u00edz Buitrago, presentaron querella por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n contra Milton Castelblanco Junco y personas indeterminadas, solicitando la restituci\u00f3n del inmueble \u00abVALLE CAMPO\u00bb como sus poseedores leg\u00edtimos \u00abhasta el a\u00f1o 2018, fecha en la cual el querellado de manera violenta lo despoj\u00f3 de su se\u00f1or\u00edo\u00bb, tr\u00e1mite dentro del cual este \u00faltimo se opuso a lo pretendido, alegando ser \u00ableg\u00edtimo poseedor del inmueble\u00bb conforme contrato de promesa de compraventa celebrado con Carlos Alberto Torres, propietario del \u00abpredio bald\u00edo\u00bb desde el a\u00f1o 2003. <\/p>\n
Agotado el procedimiento de rigor, en audiencia del 25 de noviembre de 2021 se accedi\u00f3 a lo reclamado, decisi\u00f3n que fue revocada por el departamento jur\u00eddico de ese municipio mediante Resoluci\u00f3n 0283 del 22 de febrero de 2022, tras considerar que la acci\u00f3n se encontraba caducada, instando a las partes para que acudan a la jurisdicci\u00f3n ordinaria por ser la competente para definir la titularidad del predio en disputa. <\/p>\n
Inconforme con lo determinado, los querellantes promovieron acci\u00f3n de tutela contra el municipio de Puerto Gait\u00e1n, siendo amparados sus derechos por el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad mediante sentencia del 20 de abril de 2022, al \u00abDECRETAR LA NULIDAD de la sentencia de segunda instancia proferida mediante [el citado acto administrativo]\u00bb, y ordenar a la citada autoridad \u00abse profiera una nueva decisi\u00f3n donde se realice una valoraci\u00f3n probatoria integral de todas y cada una de las pruebas practicadas al interior del proceso policivo\u00bb, decisi\u00f3n que impugnada por el ente territorial accionado, fue confirmada en todas sus partes el 7 de junio siguiente por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, Meta. <\/p>\n
Los accionantes informaron al juez cognoscente que la mentada disposici\u00f3n hab\u00eda sido desacatada por la referida autoridad municipal, teniendo en cuenta que, aunque mediante Resoluci\u00f3n 0849 de 2022 \u00e9sta decidi\u00f3 nuevamente la instancia dentro del pleito policivo, \u00abse limit\u00f3 a calcar la resoluci\u00f3n 0283 de 2022 previamente anulada (\u2026) toda vez que el MUNICIPIO DE PUERTO GAIT\u00c1N al valorar el contrato de promesa de compraventa, negocio contentivo de la obligaci\u00f3n de hacer, como t\u00edtulo jur\u00eddico apto e id\u00f3neo para predicar suma de posesi\u00f3n, incurri\u00f3 en error\u00bb; y una vez agotado el tr\u00e1mite incidental de rigor, en prove\u00eddo del 30 de agosto de esa misma anualidad lo declar\u00f3 infundado, absteni\u00e9ndose de imponer sanci\u00f3n a la funcionaria accionada. <\/p>\n
Por estar en desacuerdo con tal decisi\u00f3n, el gestor acude nuevamente a la salvaguarda, pues \u00abel despacho de primera instancia, no se pronunci\u00f3 en forma favorable al desacato, a sabiendas que no exist\u00eda el mas (sic) m\u00ednimo cumplimiento de la decisi\u00f3n contenida en las acciones de tutela, y pese a que abri\u00f3 el desacato, no procedi\u00f3 a sancionar de la forma respectiva al Funcionario que violento los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo constitucional, \u00abse ordene al Juez Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n \u2013 Meta, se profiera la sanci\u00f3n y desacato respectivo en contra del funcionario\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n, luego de relacionar cada una de las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n del amparo cuestionado, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda, comoquiera que \u00abes incontrovertible e indiscutible que (\u2026) no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno en detrimento del accionante, por cuanto este Despacho Judicial actu\u00f3 con sujeci\u00f3n a la normatividad vigente, con respeto a las garant\u00edas Constitucionales y legales, por lo que de manera muy respetuosa y atenta, le solicito denegar las pretensiones de la misma\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, el titular del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, habida cuenta que, \u00abde los hechos narrados por el accionante no se observa que se est\u00e9 endilgando vulneraci\u00f3n por parte de esta sede judicial a [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo concedi\u00f3 el auxilio, tras considerar que al haberse dispuesto el archivo del incidente de desacato revisado \u00abes incorrecta la determinaci\u00f3n del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO GAIT\u00c1N, toda vez que el MUNICIPIO DE PUERTO GAIT\u00c1N al valorar el contrato de promesa de compraventa, negocio contentivo de obligaci\u00f3n de hacer, como t\u00edtulo jur\u00eddico apto e id\u00f3neo para predicar suma de posesi\u00f3n, incurri\u00f3 en error, desacierto que condujo el empleo de norma inaplicable al aludido asunto, acontecer que acredita la existencia de los enunciados vicios y hace que se mantenga el defecto f\u00e1ctico y sustantivo advertido en dicho amparo superior; motivo por el cual se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su lugar se ordenar\u00e1 JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO GAIT\u00c1N, que, dentro de los diez (10) d\u00edas calendario siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, d\u00e9 tr\u00e1mite al incidente de desacato propuesto por el actor – tutela 2022 00081 01.\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el director del departamento jur\u00eddico y defensa judicial del municipio de Puerto Gait\u00e1n, Meta, resaltando que, a diferencia de lo considerado por el tribunal constitucional de instancia, en suma, en el fallo de tutela del 20 de abril de 2022 se orden\u00f3 a esa autoridad administrativa proferir una nueva decisi\u00f3n al interior del proceso policivo donde se realizara una valoraci\u00f3n integral de cada una de las pruebas practicadas, lo cual se cumpli\u00f3 en la Resoluci\u00f3n 0849 de 2022, donde \u00abel fallador aborda en orden sistem\u00e1tico los problemas jur\u00eddicos planteados en primera instancia, y con el fin de comparar el an\u00e1lisis realizado (\u2026) realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria ajustada\u00bb, para concluir que oper\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n policiva, es decir, \u00abllego (sic) a conclusiones diferentes en atenci\u00f3n a un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo sobre el acervo probatorio recaudado, situaci\u00f3n que atiende reitero a la autonom\u00eda e independencia en las decisiones de este tipo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad accionada vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el gestor, al proferir el prove\u00eddo de 30 de agosto de 2022, en virtud del incidente de desacato n\u00ba 2022-00081, que promovi\u00f3 frente a la Alcald\u00eda Municipal de Puerto Gait\u00e1n y otros. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra decisiones proferidas en virtud de incidentes de desacato. <\/p>\n
La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Ahora, id\u00e9ntico criterio ha adoptado esta Sala en trat\u00e1ndose de quejas constitucionales encaminadas a censurar disposiciones adoptadas al interior de un incidente de desacato propuesto en acci\u00f3n de similar rango constitucional, pues su improcedencia deriva en la medida que: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC8903-2022, 13 jul. 2022, rad. 01052-01). <\/p>\n
Por su parte, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la trasgresi\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia, cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal, y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada en STC5121-2022, 27 abr. 2022, rad. 02043-01, entre otras). <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa esta Corporaci\u00f3n que, a diferencia de lo considerado por el tribunal constitucional de instancia, no se abre paso el amparo propuesto, por cuanto el ataque del gestor se dirige a cuestionar la determinaci\u00f3n surtida al interior del incidente de desacato n\u00ba 2022-00081, concretamente el auto proferido el pasado 30 de agosto, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n, Meta, se abstuvo de sancionar por desacato a Alicia Mu\u00f1oz Cer\u00f3n en su calidad de directora del departamento jur\u00eddico y defensa judicial del referido ente territorial. <\/p>\n
3.2. N\u00f3tese, que la providencia cuestionada se ajusta a una hermen\u00e9utica razonable, puesto que se ciment\u00f3 en que la convocada en dicho tr\u00e1mite actu\u00f3 de conformidad con el fin de cumplir con la orden constitucional que le fue impartida, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la sentencia proferida el 20 de abril de 2022, mantenida \u00edntegramente en sede de impugnaci\u00f3n el 7 de junio siguiente, cuyo cumplimiento se examina, al conceder la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso se orden\u00f3 a la directora del departamento jur\u00eddico y defensa judicial del municipio de Puerto Gait\u00e1n: \u00abse profiera una nueva decisi\u00f3n [dentro de la actuaci\u00f3n policiva seguida por el gestor y otros] donde se realice una valoraci\u00f3n probatoria integral de todas y cada una de las pruebas practicadas al interior del proceso policivo y atendiendo lo expuesto en esta providencia\u201d. <\/p>\n
En escrito radicado el 3 de mayo del mismo a\u00f1o, el inconforme manifest\u00f3 que la querellada no ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto, pues, aunque resolvi\u00f3 nuevamente de fondo la instancia a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 0849 de 2022, en su criterio, no se analizaron en legal forma los medios de prueba allegados, tal y como se le orden\u00f3. <\/p>\n
En la tarea de verificaci\u00f3n del cumplimiento del referido fallo, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n observ\u00f3, en lo fundamental, que \u00abla Alcald\u00eda de Puerto Gait\u00e1n, cumpli\u00f3 con la orden judicial en los t\u00e9rminos y con el alcance ordenado, y sin ning\u00fan tipo de demora, mediante la Resoluci\u00f3n 0849 de 2022, pues al analizar detalladamente la Resoluci\u00f3n antes mencionada, junto con sus argumentos, aunado a lo anterior, con la respuesta dada en su escrito descorriendo el incidente de desacato, donde hace la relaci\u00f3n de las pruebas testimoniales, como las documentales, que se tuvieron en cuenta para acatar los fallos de primera instancia proferido por este Juzgado el d\u00eda 20 de abril de 2022, y de segunda instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez Meta el 07 de junio de 2022, advierte el Despacho que efectivamente, la Alcald\u00eda Municipal, cumpli\u00f3 con los fallos mencionados, es decir, tuvo en cuenta en su decisi\u00f3n las pruebas de los querellantes como de la parte querellada\u00bb. <\/p>\n
Para concluir, entonces, que \u00abno ha existido negligencia ni renuencia en ninguna de la accionada para el acatamiento de los fallos de tutela, por tanto, no se dan los requisitos para fallar de manera favorable el presente incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
3.3. De este modo, es claro que la anterior determinaci\u00f3n encuentra soporte en los medios de convicci\u00f3n aportados en el tr\u00e1mite incidental advirti\u00e9ndose, de manera clara, cu\u00e1les fueron las razones jur\u00eddicas para tener por cumplido lo dispuesto en el fallo constitucional de 20 de abril de 2022 y no acceder a la declaratoria de desacato, por cuanto el orden constitucional fue restablecido con la emisi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 0849 de 2022, m\u00e1xime cuando al juez constitucional le est\u00e1 vedado emitir pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada al interior del proceso policivo de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n, en raz\u00f3n a que dentro del incidente de desacato \u00fanicamente se verifica el cumplimiento de la disposici\u00f3n impartida, pues de otra manera, ello implica usurpar las competencias de la autoridad administrativa accionada. <\/p>\n
De suerte que no puede se\u00f1alarse de caprichosa o arbitraria, comoquiera que la colegiatura enjuiciada resolvi\u00f3 el incidente de desacato con fundamento en lo allegado a la actuaci\u00f3n, resaltando que lo pretendido por el aqu\u00ed actor es retomar un debate que fue zanjado en la actuaci\u00f3n penal, por la autoridad cognoscente, como si la acci\u00f3n de tutela se tratara de una instancia adicional a las consagradas en el respectivo procedimiento. <\/p>\n
3.4. En definitiva, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues el hecho de encontrarse en desacuerdo con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713 y, entre otras, en CSJ STC5121-2022, 27 abr. 2022, rad. 02043-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las apreciaciones precedentes, se revocar\u00e1 el fallo de primer grado y en su lugar el amparo ser\u00e1 denegado, pues no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas en virtud de un incidente de desacato. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada. En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se NIEGA el amparo solicitado por Mario Fernando Ru\u00edz Buitrago. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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