STC679-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC679-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00132-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera en contra de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes de las acciones populares de radicados 660013103002202200027 y 666823103001202200027. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de su garant\u00eda superior al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo impetr\u00f3 una acci\u00f3n popular contra Elizabeth Castrill\u00f3n Calder\u00f3n, propietaria del establecimiento de comercio Agr\u00edcolas Risaralda, que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira admiti\u00f3 el 25 de enero de 2022 bajo el radicado 660013103002202200027. El 16 de septiembre siguiente, el juzgado cognoscente fall\u00f3, negando lo pretendido. El actor popular recurri\u00f3 en alzada, recurso que fue admitido por el Tribunal Superior de Pereira el 2 de diciembre siguiente. <\/p>\n
3. El gestor censura al Colegiado accionado, por no resolver en t\u00e9rmino las acciones populares, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998. Con sustento en lo relatado, pide que se ordene decidir los asuntos en segunda instancia. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose al juicio 666823103001202200027, el Tribunal querellado hizo un recuento de su gesti\u00f3n y destac\u00f3 la carga laboral asignada y que los procesos se estaban tramitando de acuerdo con el \u00absistema de turnos\u00bb, para garantizar el derecho a la igualdad de los usuarios. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se conmine a la Corporaci\u00f3n querellada a resolver los recursos de apelaci\u00f3n propuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia en las acciones populares de radicados 660013103002202200027 y 666823103001202200027. <\/p>\n
2. Frente al primero de tales decursos, se advierte que el tutelante no est\u00e1 legitimado para cuestionar las actuaciones all\u00ed adelantadas, dado que no es parte ni tercero reconocido, de manera que inviable resulta que esta Corporaci\u00f3n examine los reparos que plantea. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e al asunto de radicado 666823103001202200027, en el cual el tutelante es el actor popular, resulta pertinente indicar que, frente a la mora judicial, la Corte Constitucional, en la sentencia T-747 de 2009, puntualiz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) \u2018tanto las partes procesales como las autoridades judiciales est\u00e1n obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecuci\u00f3n de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. As\u00ed pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y t\u00e9rminos establecidos en la ley, as\u00ed como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los t\u00e9rminos procesales\u2019. <\/p>\n
<\/p>\n
Como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n \u2018quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales y estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los t\u00e9rminos legales dispuestos para ello. De lo contrario, se le estar\u00eda desconociendo su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019. <\/p>\n
En este orden de ideas, la celeridad en los procesos judiciales resulta trascendental para la materializaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso; no obstante, no todo retraso en la soluci\u00f3n de una causa judicial es vulnerador de prerrogativas fundamentales, por lo que la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez cognoscente. En ese orden, esta Sala ha considerado que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, la jurisprudencia ha establecido que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este especial medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019 y CSJ STC5633-2021). <\/p>\n
3.1. Para el caso concreto, de los elementos obrantes en el plenario, se observa que la Colegiatura accionada, con auto del 22 de noviembre de 2022, admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la alzada incoada contra el fallo de primera instancia y, el 16 de enero del a\u00f1o en curso, rechaz\u00f3, por extempor\u00e1neo, un recurso de reposici\u00f3n planteado por la coadyuvante Cotty Morales, tuvo por sustentada la alzada por parte del recurrente y orden\u00f3 correr el respectivo traslado. <\/p>\n
3.2. Lo anterior evidencia que el Tribunal atacado ha desplegado las actuaciones procesales necesarias para dar impulso al proceso y para resolver la alzada y ha atendido las solicitudes elevadas, por lo que la falta de decisi\u00f3n del fondo no configura una mora judicial, en los t\u00e9rminos exigidos para que la salvaguarda constitucional tenga vocaci\u00f3n de prosperidad, m\u00e1xime teniendo en cuenta las circunstancias objetivas puestas de presente por el Colegiado demandado, relacionadas con la alta carga laboral y la prelaci\u00f3n de otros asuntos, como las acciones constitucionales de tutela y habeas corpus, todo lo cual impide concluir que la autoridad judicial ha tenido un comportamiento \u00abdesidioso, ap\u00e1tico o negligente\u00bb, por lo que la tutela propuesta no es viable. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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