STC681-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC681-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00573-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca el 1\u00b0 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Garz\u00f3n Romero G. SAS formul\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza y el municipio de Mosquera, por hechos relacionados con la Resoluci\u00f3n n\u00famero 001 de 25 de febrero de 2022, proferida por la Alcald\u00eda de Mosquera, y el proceso radicado bajo el n\u00famero 2016-00697-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que desde hace doce a\u00f1os present\u00f3 una solicitud de tr\u00e1mite administrativo para aval\u00fao de perjuicios de servidumbre minera sobre el predio denominado \u00abLoma Pelada\u00bb con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-471940 y \u00abT\u00edtulo de concesi\u00f3n minera 20718 [\u2026] ante el Municipio de Mosquera\u00bb, que la alcald\u00eda de Mosquera resolvi\u00f3 en Resoluci\u00f3n n\u00famero 1\u00ba de 25 de febrero de 2022. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 285 de la Ley 685 de 2001, en el acto administrativo se dispuso que, una vez en firme, se remitiera el expediente al Juzgado Civil Municipal para su revisi\u00f3n, lo que no le fue informado. <\/p>\n
Explic\u00f3, que el 18 de noviembre de 2022, su apoderado se present\u00f3 en la Oficina Jur\u00eddica de la alcald\u00eda para preguntar por el tr\u00e1mite administrativo referido, y le fue informado que no hab\u00eda regresado del Juzgado Civil Municipal de Mosquera, y tampoco le suministraron fecha de radicaci\u00f3n, ni el n\u00famero de proceso, raz\u00f3n por la que ese mismo d\u00eda se dirigi\u00f3 al referido Juzgado para conocer el tr\u00e1mite judicial adelantado, y obtuvo como respuesta verbal que ese despacho se hab\u00eda declarado \u00abincompetente para conocer el tr\u00e1mite\u00bb, y lo remiti\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Funza. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en esa misma fecha, el abogado se dirigi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito mencionado y all\u00ed le indicaron que deb\u00eda acudir el micrositio web para averiguar las actuaciones, sin n\u00famero de proceso, y, luego de una extensa b\u00fasqueda, logr\u00f3 ubicar la actuaci\u00f3n con radicado 2016-00697-00, en la que en auto de 15 de septiembre de 2022 se dispuso no revisar la cauci\u00f3n. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que esa providencia se adopt\u00f3 \u00absin notificaci\u00f3n alguna de la interesada\u00bb (accionante) por lo que no pudo esgrimir sus argumentos para que se pronunciaran sobre la revisi\u00f3n de todo el actuar desplegado por el municipio en el tr\u00e1mite administrativo de aval\u00fao de perjuicios de servidumbre minera. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 la revisi\u00f3n del \u00abactuar del municipio de Mosquera, toda vez que un tr\u00e1mite preciso en 35 d\u00edas, se extendi\u00f3 por 12 a\u00f1os y se transgredi\u00f3 el ordenamiento civil en cuanto al procedimiento del aval\u00fao\u00bb, y, \u00absolo con la solicitud de revisi\u00f3n del Municipio de Mosquera, se debi\u00f3 avocar conocimiento para la revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n, notificar a las partes, e interesados, en el tr\u00e1mite administrativo para que expres[aran] sus argumentos de conformidad o no del tr\u00e1mite y la decisi\u00f3n administrativa, para posteriormente resolver en derecho.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretaria Jur\u00eddica del municipio de Mosquera se\u00f1al\u00f3, que la sociedad Garz\u00f3n Romero G. S en C, hoy SAS, present\u00f3 solicitud en la que requiri\u00f3 se fijar\u00e1 cauci\u00f3n y se impusiera servidumbre en su favor como titular del contrato de concesi\u00f3n minera 20178 de 17 de julio de 2007, sobre el predio denominado Loma Pelada, ubicado en el municipio de Mosquera con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C- 471940, y adelantado el tr\u00e1mite, se expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 001 de 25 de febrero de 2022. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que en el art\u00edculo 7\u00b0 de dicha resoluci\u00f3n, se orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al juzgado civil municipal, acto administrativo que fue notificado al apoderado de la sociedad actora, quien no interpuso recurso de apelaci\u00f3n ante el Gobernador, acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 285 de la Ley 685 de 2001, sino que solicit\u00f3 la revocatoria directa, la que fue resuelta con la Resoluci\u00f3n 002 de 23 de mayo de 2022 en forma negativa, que igualmente fue notificada a los apoderados de Garz\u00f3n Romero G. SAS e Inversiones Mondo\u00f1edo SAS. <\/p>\n
Indic\u00f3 que con oficio 1001-49, remiti\u00f3 el proceso al Juzgado Civil Municipal de Mosquera para la respectiva revisi\u00f3n, situaci\u00f3n conocida por los apoderados de las partes, y, se\u00f1al\u00f3 que como ese oficio no pod\u00eda ser considerado un acto administrativo, no era imperativo su comunicaci\u00f3n o notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el art\u00edculo 285 de la Ley 685 de 2001, establece que la cauci\u00f3n \u00abpodr\u00e1 ser revisada\u00bb, lo que es facultativo del Juez. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el abogado de la sociedad actora se hizo presente en la secretar\u00eda jur\u00eddica de la alcald\u00eda, donde se le inform\u00f3 que la abogada que ten\u00eda archivado el oficio no se encontraba, pero se le remiti\u00f3 por correo electr\u00f3nico el 25 de noviembre de 2022, desconociendo los tr\u00e1mites adelantados ante los juzgados. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que con el \u00abescrito de tutela el doctor Miguel \u00c1ngel Salamanca Rodr\u00edguez, cuesti\u00f3n[\u00f3] la decisi\u00f3n adoptada mediante el Auto de fecha 15 de septiembre de 2022, por el Juez Civil del Circuito de Funza Cundinamarca, y no la decisi\u00f3n adoptada por la Alcald\u00eda de Mosquera a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 001 del 25 de febrero de 2022 [\u2026] Sin embargo, llam\u00f3 la atenci\u00f3n [en cuanto a] que el Doctor Salamanca Rodr\u00edguez, pretende que el se\u00f1or Magistrado, orden\u00e9 al Juez Civil del Circuito de Funza, dejar sin efecto la decisi\u00f3n adoptada el d\u00eda 15 de septiembre de 2022, y como consecuencia de ello, se ordene la revisi\u00f3n del proceso adelantado por la Alcald\u00eda de Mosquera, a pesar de que como se indic\u00f3 en el p\u00e1rrafo precedente, cuando cont\u00f3 con la oportunidad de controvertir la decisi\u00f3n adoptada por la Administraci\u00f3n Municipal, decidi\u00f3 no interponer recurso de apelaci\u00f3n, estando de esa manera de acuerdo con la decidido en la Resoluci\u00f3n No. 001 del 25 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Civil Municipal de Mosquera, indic\u00f3 que el proceso 2016-0779 fue radicado en ese juzgado por la alcald\u00eda de Mosquera y, con auto de 14 de julio de 2022 lo remiti\u00f3 por competencia por raz\u00f3n de la cuant\u00eda al Juzgado Civil del Circuito de Funza, con oficio de 28 de julio siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inversiones Mondo\u00f1edo SAS se pronunci\u00f3 frente a los hechos, y destac\u00f3 que la resoluci\u00f3n 001 de 2022 que impuso cauci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n a la Sociedad Garz\u00f3n Romero G. SAS, por el ejercicio de servidumbre minera en predio de propiedad de Inversiones Mondo\u00f1edo SAS, fij\u00f3 el valor de la misma y se\u00f1al\u00f3 los recursos que proced\u00edan en su contra y, en cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 285 de la Ley 685 de 2001, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la firmeza del acto administrativo acorde con la Ley 1437 de 2011, porque la sociedad actora notificada del mismo, en lugar de presentar recursos, solicit\u00f3 la revocatoria directa de la resoluci\u00f3n, lo que prueba que, <\/p>\n
\u00abi.) conoc\u00eda la Resoluci\u00f3n 001 de 2022 y su contenido, pues como se indic\u00f3 anteriormente fue notificado y de no serlo, que no es as\u00ed, estar\u00eda igualmente notificado por conducta concluyente, decidiendo de manera voluntaria no presentar recurso sino revocatoria directa, <\/p>\n
ii.) Dicha solicitud de revocatoria directa fue resuelta de forma negativa a Garz\u00f3n Romero G SAS mediante Resoluci\u00f3n 002 del 23 de mayo de 2022 la que en su art\u00edculo Primero [neg\u00f3] la solicitud de revocatoria de la Resoluci\u00f3n 001 de 2022 y, <\/p>\n
iii.) Acorde a la ley 1437 de 2011, la revocatoria directa no hace parte del tr\u00e1mite administrativo dado en el proceso que culmina con la Resoluci\u00f3n 001 de 2022 y adicional el art\u00edculo 96 ib\u00eddem se\u00f1ala los efectos de la dicha figura al indicar que ni la petici\u00f3n de revocatoria, ni la decisi\u00f3n de la misma revivir\u00e1n los t\u00e9rminos legales ni para demandar ni para silencio administrativo\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00aben ejercicio del deber de revisi\u00f3n, cuidado y seguimiento\u00bb Inversiones Mondo\u00f1edo SAS luego de notificarse de la Resoluci\u00f3n 001 de 2022, se enter\u00f3, que la alcald\u00eda de Mosquera remiti\u00f3 al Juez Circuito el tr\u00e1mite mediante oficio No. 11001-49 de 2022, el cual \u00absolicitado a esta autoridad fue entregado de manera inmediata a la empresa que represento\u00bb, cuidado que no despleg\u00f3 la sociedad accionante. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la decisi\u00f3n del Juzgado Civil de abstenerse de revisar la Resoluci\u00f3n 001 de 2022 citando como fundamento la \u00abfacultad discrecional y no imperativa\u00bb, se\u00f1alada en la Ley 685 de 2001 tan solo fue un lapsus calami porque \u00e9sta no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n alguna por la Ley 1382 de 2010 en tanto que, su contenido frente a la revisi\u00f3n no \u00abvari\u00f3, no se modific\u00f3 o elimin\u00f3, siendo igual tanto en la ley 1382 de 2010, como en la ley 685 de 2001, luego el lapsus calami que pudo presentarse en el auto del juzgado al citar la norma, en nada afect[\u00f3] el debido proceso ni la legalidad del mismo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Agencia Nacional Minera, expuso que, de las circunstancias expuestas en el escrito de tutela, esa agencia no ten\u00eda capacidad f\u00edsica ni jur\u00eddica para dar soluci\u00f3n a las peticiones elevadas y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Procuradora 31 Judicial II Ambiental y Agraria de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que, efectivamente, el Juzgado Civil del Circuito de Funza motiv\u00f3 el auto proferido en una norma sustra\u00edda del ordenamiento jur\u00eddico por declaratoria de exequibilidad mediante sentencia C-366 de 2011, y modulado su efecto por el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os. <\/p>\n
Destac\u00f3, que la Ley 685 de 2001, regula lo atinente a la revisi\u00f3n minera y en el art\u00edculo 263 \u00abdispone que en general el procedimiento gubernativo ser\u00e1 oficio salvo en lo que corresponde a los recursos y oposiciones de terceros\u00bb, y, la Ley 1955 de 2018, en su art\u00edculo 27 dispuso que el procedimiento para la imposici\u00f3n de las servidumbres mineras ser\u00e1 conforme a la Ley 1274 de 2009, estableciendo el procedimiento de las servidumbres petroleras, norma que fij\u00f3 un procedimiento de \u00abnegociaci\u00f3n directa que al fracasar convoca por parte del interesado un proceso judicial ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicci\u00f3n donde se encuentra ubicado el inmueble, sin atenci\u00f3n a su cuant\u00eda, cuyo aval\u00fao final puede ser revisado por el juez civil del circuito a solicitud de parte dentro del mes siguiente a la fecha de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que la remisi\u00f3n del art\u00edculo 287 de la Ley 685 de 2001 al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, refer\u00eda a una norma expresa que advert\u00eda que se tramitar\u00eda por proceso abreviado de los enlistados en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 408 del referido Estatuto Procedimental relacionados con servidumbres, por lo que, derogada esa codificaci\u00f3n en 2016 \u00absin que se hubiese iniciado actuaci\u00f3n judicial dentro del asunto la referencia corresponder\u00eda al C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y, frente a las servidumbres establece en su art\u00edculo 26, que la cuant\u00eda se determina por el aval\u00fao catastral del predio sirviente. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 diciendo que de los hechos de la tutela se \u00abinfiere una interpretaci\u00f3n que otorga a la eventual revisi\u00f3n por parte del Juez Municipal un car\u00e1cter oficioso, pues no se encuentra solicitud o manifestaci\u00f3n por parte del accionante en el sentido de solicitar la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n en instancia judicial\u00bb, la cual \u00aba juicio de esta procuradora es caprichosa, pues ella no puede inferirse de forma alguna de las disposiciones legales vigentes en la materia\u00bb, no obstante y pese al yerro del Juzgado del Circuito al citar para su motivaci\u00f3n una norma que no se encuentra en el ordenamiento jur\u00eddico \u00ablo cierto es que la norma aplicable al asunto no modifica de forma alguna el hecho de que [la accionante] no reclam[\u00f3] la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n jurisdiccional de la autoridad administrativa, y no existe norma alguna que permita inferir una (sic) deber vinculante que haga la revisi\u00f3n oficiosa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El Juez Civil del Circuito de Funza, expuso que en el proceso 2016-00697-00 recibido el 14 de septiembre de 2022 proveniente del Juzgado Civil Municipal de Mosquera, en providencia de 15 de septiembre de 2022 \u00abse desat[\u00f3] la llegada del proceso de marras, ordenando su remisi\u00f3n a la Alcald\u00eda Municipal de Mosquera (Cundinamarca) para efectos de la continuaci\u00f3n de dicho tr\u00e1mite en esa dependencia\u00bb, acorde con lo normado en el art\u00edculo 285 de la Ley 685 de 2001, providencia que no fue objeto de reproche por los interesados, incluida la parte actora, pese a que se notific\u00f3 en debida forma por estado 43 de 16 de septiembre de 2022. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca, declar\u00f3 improcedente el amparo por ausencia del requisito de la subsidiariedad, en la medida en que la sociedad accionante tuvo la oportunidad de presentar recursos contra el auto de 15 de septiembre de 2022, pero no lo hizo. <\/p>\n
En ese sentido sostuvo, que la sociedad interesada ten\u00eda la obligaci\u00f3n de \u00abrealizar el seguimiento del tr\u00e1mite siguiente a la ejecutoria de la resoluci\u00f3n No. 001 de 25 de febrero de 2022 dictada por la alcald\u00eda municipal de Mosquera, particularmente, frente al cumplimiento de su numeral s\u00e9ptimo, sin embargo, ese no fue su proceder, en tanto que no elev\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna ante el Juzgado Civil Municipal de Mosquera, como tampoco, frente al Juzgado Civil del Circuito de Funza en aras de obtener respuesta ante las inconformidades que pudiera tener respecto a lo resuelto, particularmente en cuanto a la cauci\u00f3n fijada . En ese mismo sentido, no aparece petici\u00f3n que se le haya efectuado al Juez donde le presente los posibles vicios o irregularidades que atribuye sucedieron -art. 132 y ss C.G.P.-, como tampoco, para que se aclare, corrija o adicione lo decidido -art 285, 286 y 287 del C.G.P.-\u00bb. <\/p>\n
La formul\u00f3 la sociedad accionante para insistir en sus pretensiones, y enfatizar en que no present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que proced\u00eda contra la mencionada resoluci\u00f3n, toda vez que no contaba con el dinero para constituir la cauci\u00f3n establecida en la ley. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, entre otros, que previamente se agoten todos los recursos ordinarios existentes en la ley para solucionar la situaci\u00f3n concreta, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora bien, cuando de actos administrativos se trata, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que la excepcionalidad del recurso de amparo se vuelve especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo id\u00f3neo para atacarlos, ya que, por su propia naturaleza, aquellos se encuentran amparados por la presunci\u00f3n de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administraci\u00f3n, al momento de manifestarse a trav\u00e9s de sus distintos canales, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. <\/p>\n
De all\u00ed que la legitimidad de un acto administrativo se presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo, que aquel se apart\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, del ordenamiento jur\u00eddico, debate que, en principio, se debe adelantar ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. (CSJ. STC11851-2022) <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Garz\u00f3n Romero G. SAS acudi\u00f3 inconforme con la Resoluci\u00f3n n\u00famero 1\u00ba de 25 de febrero de 2022 emanada de la Alcald\u00eda de Mosquera, as\u00ed como con el auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Funza el 15 de septiembre de 2022 en el proceso radicado bajo el n\u00famero 2016-00697-00, en s\u00edntesis, porque un tr\u00e1mite que debi\u00f3 tardar apenas 35 d\u00edas, se demor\u00f3 12 a\u00f1os y, seg\u00fan afirm\u00f3, no se le notific\u00f3 en debida forma, por lo que no le fue posible presentar recursos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al examinar las pruebas aportadas se advirti\u00f3 que, contrario a lo afirmado por la sociedad accionante, el 3 de marzo de 2022 fue debidamente notificada de la referida Resoluci\u00f3n, al punto que present\u00f3 solicitud de revocatoria directa de la misma, que posteriormente le fue negada, sin embargo, no observ\u00f3, ni acredit\u00f3, que hubiera presentado el recurso de apelaci\u00f3n que legalmente proced\u00eda ante el respectivo Gobernador, en los t\u00e9rminos del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 285 de la Ley 685 de 2001. <\/p>\n
Tampoco se prob\u00f3 que la interesada hubiese radicado recursos o inconformidades contra los autos proferidos por los Juzgados Civil Municipal de Mosquera y Civil del Circuito de Funza. <\/p>\n
<\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, es clara la ausencia del requisito de la subsidiariedad que ech\u00f3 de menos el Tribunal de primera instancia, pues no cabe duda que la sociedad accionante pudo presentar ante las autoridades competentes, los recursos procedentes contra las decisiones que considerara adversas a sus intereses, sin que as\u00ed se hubiera procedido. Tal omisi\u00f3n, determin\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela estuviera llamada a su fracaso desde el inicio, y de ah\u00ed el resultado obtenido en primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ahora, la falta de recursos econ\u00f3micos expuesta por Garz\u00f3n Romero G. SAS para no presentar el recurso de apelaci\u00f3n que proced\u00eda contra la resoluci\u00f3n administrativa objeto de su inconformidad, y que solo refiri\u00f3 hasta el momento de la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela aqu\u00ed estudiado1, no resulta raz\u00f3n suficiente para omitir sus deberes legales. <\/p>\n
Igual situaci\u00f3n se observ\u00f3 en relaci\u00f3n con las actuaciones de los Juzgados accionados ante los cuales la sociedad accionante guard\u00f3 silencio, pese a su evidente inconformidad con las decisiones all\u00ed proferidas. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
8. Adem\u00e1s, en este asunto tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para proceder a revisar la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Como consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el escrito de tutela no la refiri\u00f3. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC681-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC681-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00573-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70983"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70983\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}