STC683-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC683-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00180-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Eduardo Molina Carre\u00f1o contra Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2019-00002-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. El Instituto Financiero para el Desarrollo del Norte de Santander \u2013IFINORTE- present\u00f3 demanda ejecutiva contra la Fundaci\u00f3n Instituci\u00f3n Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Pamplona y el accionante, con el fin de que se libre mandamiento ejecutivo de pago por la suma total de $384.357.497 contenida en el pagar\u00e91. El Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta -con auto del 20 de febrero de 2019- orden\u00f3 \u00aba la parte demandada [\u2026] pagar a la entidad demandante [\u2026] la suma de $276.355.808 [\u2026] m\u00e1s [\u2026] los intereses moratorios de la anterior suma [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de esa actuaci\u00f3n a la \u00abFundaci\u00f3n Instituci\u00f3n Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Pamplona IPS y [al aqu\u00ed actor]\u00bb2. <\/p>\n
2.2. El Despacho -con prove\u00eddo del 17 de junio de 2022- resolvi\u00f3 decretar la terminaci\u00f3n del juicio con el levantamiento de las medidas cautelares, por cuanto estim\u00f3 cumplido lo previsto en el numeral 1\u00b0 del canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar que \u00abla demandante nunca dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera [\u2026] en el sentido de que se procediera a notificar en debida forma el auto que libra mandamiento de pago a [\u2026] IPS UNIPAMPLONA\u00bb3. Inconforme con ello, el extremo activo impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n4, el cual fue concedido en el efecto suspensivo5. <\/p>\n
2.3. El Tribunal querellado, con auto del 29 de noviembre de 2022, decidi\u00f3 \u00abrevocar lo resuelto por el Juez Primero Civil del Circuito de [esa] ciudad en el auto adiado 17 de junio de 2022 [\u2026]. En su lugar [dispuso] seguirle dando al litigio el tr\u00e1mite que legalmente le corresponde\u00bb6. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, el actor anota que el juez colegiado \u00abdesconoci\u00f3 [\u2026] que las actuaciones procesales cumplidas en el proceso dejan al descubierto que no estuvo equivocado el juez de primer grado al disponer la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, por cuanto se configura el supuesto previsto en el numeral primero del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Adem\u00e1s, estima que omiti\u00f3 \u00abque la terminaci\u00f3n del proceso no se dio por estar inactivo el proceso, sino por que mediaron dos requerimientos realizados al demandante con el prop\u00f3sito de cumpliera con la carga de notificar a la parte demandada IPS Unipamplona \u2013 24 de septiembre de 2019 y 10 de septiembre de 2021- y con prevenci\u00f3n de las consecuencias que dicha omisi\u00f3n pod\u00eda acarrearle\u00bb. Y se\u00f1ala que \u00abencontr\u00e1ndose vencido el t\u00e9rmino de los treinta d\u00edas (30) se\u00f1alados por la ley para cumplir con la carga impuesta, mal puede decirse que se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino con el memorial mencionado -poder-\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que \u00abse ordene al despacho accionado dejar sin efecto la decisi\u00f3n proferida de fecha teniendo en cuenta las directrices que se plasmen en la sentencia que decida esta tutela\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado y el Despacho Primero Civil del Circuito de C\u00facuta remitieron el expediente digital respectivo para su constataci\u00f3n al interior del presente juicio constitucional7. <\/p>\n
2. El Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander solicit\u00f3 denegar el amparo, pues \u00abno existe violaci\u00f3n al acceso de la justicia pues se ha permitido actuar en las etapas previstas y mucho menos se demuestra la vulnerabilidad del derecho fundamental al debido proceso, ya que se han garantizados los t\u00e9rminos y los recursos de las partes\u00bb8. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el tutelante, con ocasi\u00f3n del auto proferido el 29 de noviembre de 2022, que revoc\u00f3 el de primera instancia. Ello pues, aduce que se soslay\u00f3 lo dispuesto en la regla de desistimiento t\u00e1cito contenida en el numeral 1\u00b0 del canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso. Y, en ese orden, estima que la finalizaci\u00f3n del litigio no se cumpli\u00f3 por la inactividad del demandante, sino porque no cumpli\u00f3 con la carga de notificar a uno de los extremos. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Civil-Familia del Tribunal del C\u00facuta -con providencia del 29 de noviembre de 2022-, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 revocar el prove\u00eddo del a quo. Para ello, precis\u00f3 los aspectos sustanciales y procesales de la instituci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, conforme lo reglado por el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.1. En l\u00ednea con lo expuesto, y revisados los detalles que resultaron fundamento para decretar la terminaci\u00f3n del proceso, advirti\u00f3 que \u00abs\u00ed existi\u00f3 [\u2026] una requisici\u00f3n incompleta a la hora de ordenar a la ejecutante el cumplimiento de la carga que manten\u00eda paralizado el tr\u00e1mite. Para explicar ese aserto cumple precisar que el 10 de septiembre de 2021 se hizo una primera advertencia a Ifinorte en estos t\u00e9rminos: \u201cIgualmente, se requiere a la parte demandante para que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas contados a partir del siguiente al de la notificaci\u00f3n de este auto por estado, proceda a notificar a la demandada IPS UNIPAMPLONA, so pena de decretarse la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito\u201d\u00bb. Sin embargo, encontr\u00f3 que luego de dicha providencia \u00abhubo una serie de actos posteriores que de todos modos no fueron id\u00f3neos para lograr la notificaci\u00f3n del mandamiento a IPS Unipamplona, entonces se profiri\u00f3 aquella otra providencia del 19 de noviembre siguiente. En ella ciertamente se hizo otro requerimiento, pero presentado en estos pocos claros t\u00e9rminos: \u201cTERCERO: No aceptar la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago surtida y allegada por la parte demandante por lo dicho en la parte motiva y, en su lugar, se requiere para que proceda a surtir el acto intimatorio en debida forma al correo aportado en el libelo demandatorio, allegando la constancia de su entrega efectiva\u00bb. <\/p>\n
2.2. En ese orden, resalt\u00f3 que es muy notoria la diferencia entre lo dispuesto \u00aben una y otra decisi\u00f3n, pues mientras en la primera s\u00ed se hizo alusi\u00f3n al plazo para cumplir la carga omitida (30 d\u00edas) e incluso se hizo saber expresamente la consecuencia de la incuria, ninguno de tales detalles est\u00e1 en la segunda. En efecto, ya se vio que el prove\u00eddo de noviembre no es tan completo como el que lo antecedi\u00f3, pues omiti\u00f3 un contenido que resultaba crucial. T\u00e9ngase en cuenta que en el numeral 1 del art\u00edculo 317 adjetivo perentoriamente se manda a que \u201c\u2026el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado.\u201d, cuesti\u00f3n esta que, como se vio, fue soslayada\u00bb. <\/p>\n
2.3. Aunado a la anterior conclusi\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00abotro tropiezo que tampoco fue percatado y que est\u00e1 encarnado en aquel memorial que la ejecutante radic\u00f3 el 9 de mayo del a\u00f1o en curso. A trav\u00e9s suyo la representaci\u00f3n legal de Ifinorte hizo saber al juez de conocimiento que designaba un nuevo apoderado para asumir la vocer\u00eda de la entidad. Pese a ello, cuando el expediente pas\u00f3 al despacho nuevamente se le reconoci\u00f3 la personer\u00eda para intervenir al profesional escogido, pero en el mismo auto en que se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito\u00bb. Al respecto, anot\u00f3 lo rese\u00f1ado en el literal c del canon citado, que estipula que \u00ab\u201cCualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u201d\u00bb. Con base en ello, discurri\u00f3 que \u00abno se crea que esta regla aplica solo al desistimiento sin previo requerimiento, pues n\u00f3tese que el legislador no hizo tal distinci\u00f3n, sino que acudi\u00f3 a un vocablo omnicomprensivo \u201cinterrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo.\u201d Y en ese art\u00edculo est\u00e1n previstos los t\u00e9rminos tanto para el desistimiento con requerimiento -30 d\u00edas-, como los aplicables a la otra modalidad -1 o 2 a\u00f1os seg\u00fan haya o no sentencia u orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, destac\u00f3 que \u00abel reconocimiento de la personer\u00eda al nuevo abogado no ha de ser un acto inane o intrascendente. Gracias a ello, antes bien, no solo se garantiza el ejercicio de la defensa t\u00e9cnica de la ejecutada, sino que permite enrumbar el asunto hacia el objetivo que en este instante es crucial, esto es, notificar por fin el mandamiento a IPS UniPamplona\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Tribunal atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de lo acontecido al interior juicio de marras. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para imponer una interpretaci\u00f3n frente a las normas relativas al caso y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica objeto de litigio, por encima de la efectuada por el juez de la causa ordinaria. <\/p>\n
3.2. En el punto, es necesario destacar que el estrado colegiado -al analizar la terminaci\u00f3n del juicio por desistimiento t\u00e1cito con base en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 317 del C.G.P.- verific\u00f3 las diferentes actuaciones surtidas al interior de la causa de marras. Entre ellas, que en un primer auto el Juzgado expuso las consecuencias del canon precitado al no cumplir \u2013dentro del t\u00e9rmino- con la carga impuesta \u2013de notificaci\u00f3n a un extremo-. Sin embargo, luego de distintas diligencias \u2013id\u00f3neas para la notificaci\u00f3n-, el Despacho se pronunci\u00f3 en el sentido de no aceptar lo surtido y volvi\u00f3 a exigir el enteramiento del mandamiento de pago, sin que all\u00ed se se\u00f1alara la consecuencia consagrada en la regla del 317 de la ley adjetiva vigente. Aspecto medular que fue tenido en cuenta, en la medida que la norma ordena que ello sea reconvenido a la parte interesada9. Discernimiento que no se advierte irrazonable. <\/p>\n
4. En el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el actor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto10. <\/p>\n
5. Por estas razones, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 27 a 30 del archivo PDF \u00ab001Proceso2019000200\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 34 a 36. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 150 a 151. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 152 a 157. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 162. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00ab05Auto Decide Apelaci\u00f3n-Revoca\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Respuestas por correo electr\u00f3nico de fecha 24 de enero de 2023. <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 25 de enero de 2023. <\/p>\n
9\u0002 Precisamente, frente al desistimiento t\u00e1cito, la Sala ha sostenido que \u00abSea lo primero indicar que la figura del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb que contempla el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, fue instituida como una sanci\u00f3n a la desidia y negligencia de la parte actora por la pronta resoluci\u00f3n del litigio; consecuencia que surge en dos circunstancias procesales diferentes, esto es, ante el incumplimiento de una carga procesal o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del director del proceso, y por la inactividad prolongada en el tiempo (\u2026). <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de la aplicaci\u00f3n de dicha figura jur\u00eddica, esta Sala ha sido insistente en se\u00f1alar que: [\u2026] la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal. Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb. (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, Reiterada en CSJ STC19013-2017. Nov. 9 de 2017. Rad. 2017-00208-01). <\/p>\n
Haciendo la salvedad, claro est\u00e1, en que no cualquier tipo de actuaciones tienen la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino otorgado por el Despacho, sino \u00fanicamente aquellas dirigidas a cumplir la correspondiente carga procesal. As\u00ed lo aclar\u00f3 esta Sala en sentencia STC11191-2020, en la cual sostuvo que: \u00abEntonces, dado que el desistimiento t\u00e1cito\u00bb consagrado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso busca solucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que conforme al literal c) de dicho precepto \u00abinterrumpe\u00bb los t\u00e9rminos para que se \u00abdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u00bb, es aquella que lo conduzca a \u00abdefinir la controversia\u00bb o a poner en marcha los \u00abprocedimientos\u00bb necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer. <\/p>\n
En suma, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb debe ser apta y apropiada y para \u00abimpulsar el proceso\u00bb hacia su finalidad, por lo que, \u00ab[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u00bb carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020). <\/p>\n
Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que adem\u00e1s que all\u00ed se afirma que el \u00abliteral c\u00bb aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jur\u00eddica. No obstante, dado que prev\u00e9n hip\u00f3tesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cu\u00e1l es la \u00abactuaci\u00f3n eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento\u00bb. <\/p>\n
Como en el numeral 1\u00b0 lo que evita la \u00abpar\u00e1lisis del proceso\u00bb es que \u00abla parte cumpla con la carga\u00bb para la cual fue requerido, solo \u00abinterrumpir\u00e1\u00bb el t\u00e9rmino aquel acto que sea \u00abid\u00f3neo y apropiado\u00bb para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, solo la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino (\u2026)\u00bb (se resalta \u2013 STC15560-2021. Reiterada en STC8889-2022). <\/p>\n
10\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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