STC684-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC684-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00200-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Remberto Valero Hern\u00e1ndez contra la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el juicio penal de radicado 2012-00075-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Manifiesta que la Fiscal\u00eda Seccional Delegada de Ramiriqu\u00ed \u2013Boyac\u00e1-, el 9 de septiembre de 2002, inici\u00f3 investigaci\u00f3n penal en su contra por la presunta comisi\u00f3n del delito de peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Indica que, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Garagoa (Boyac\u00e1), con sentencia del 25 de septiembre de 2014, lo conden\u00f3 a \u00abla pena principal de Cuatro (04) a\u00f1os Dos (02) meses y quince (15) d\u00edas de prisi\u00f3n por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb. Se\u00f1ala que dicha providencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja el 8 de septiembre de 2015. Y anota que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con prove\u00eddo del 25 de enero de 2017, dispuso negar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n
2.1. Menciona que el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja avoc\u00f3 el conocimiento de las diligencias, sin embargo, con auto del 10 de junio de 2022 \u00abdecret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Realizando ocultamiento de las diligencias\u00bb. En consecuencia, sostiene que requiri\u00f3 a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el archivo definitivo y el \u00abocultamiento de las diligencias de vista al p\u00fablico\u00bb. Frente a ello, expone que el referido estrado de casaci\u00f3n, con auto del 14 de octubre de 2022 orden\u00f3 a la Relator\u00eda de esta Corporaci\u00f3n lo solicitado, \u00absin que a la fecha se haya dado una respuesta de fondo\u00bb. Asimismo, indica que el 29 de noviembre de 2022 reiter\u00f3 su petici\u00f3n, la cual no ha sido resuelta. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, el actor anota que \u00aben reiteradas oportunidades se ha solicitado el archivo definitivo y ocultamiento de vista al p\u00fablico de las diligencias. Sin que a la fecha se haya materializado lo orden del Despacho\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00abCorte Suprema de Justicia [\u2026] que de manera inmediata resuelva de fondo la petici\u00f3n elevada y se realice el Ocultamiento y archivo definitivo de las diligencias\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el 5 de octubre de 2022 profiri\u00f3 auto que orden\u00f3 la supresi\u00f3n del nombre del actor de las bases de datos, por lo que ofici\u00f3 a la Relator\u00eda para que cumpliera con ello. Adem\u00e1s, sostuvo que dicha dependencia acat\u00f3 lo ordenado y remiti\u00f3 los documentos editados a la Divisi\u00f3n de Sistemas de la Corporaci\u00f3n para que realizara los reemplazos en los servidores. En efecto, se\u00f1al\u00f3 que la Oficina de Tecnolog\u00eda, el 19 de octubre de 2022 \u00abdio cumplimiento a los ordenado en el auto AP4650-2022, reemplazando la providencia mencionada en el auto, en los Servidores de Publicaciones de la Corporaci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal de Tunja manifest\u00f3 que \u00abal expediente se le dio el tr\u00e1mite legal respectivo, raz\u00f3n por la cual [\u2026] no ha vulnerado derecho alguno del actor\u00bb2. <\/p>\n
3. El Juzgado Penal del Circuito de Garagoa (Boyac\u00e1), luego de relatar lo acontecido al interior de la causa, manifest\u00f3 que procedi\u00f3 a ordenar \u00abla unificaci\u00f3n de los cuadernos de la actuaci\u00f3n y el archivo definitivo de las diligencias\u00bb3. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que no es \u00abla competente para decidir sobre el archivo definitivo y ocultamiento de las diligencias referidas\u00bb y solicit\u00f3 \u00abse desvincule de este tr\u00e1mite\u00bb4. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el tutelante, al no darse cumplimiento a lo ordenado en auto del 5 de octubre de 2022. Ello pues, aduce que no se ha contestado el derecho de petici\u00f3n elevado y su nombre no ha sido suprimido de las bases de datos del sistema judicial. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos implorados. Ello pues, se evidencia que la Sala Penal de esta Corte \u2013a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 5 de octubre de 2022- ofreci\u00f3 una respuesta concreta, clara y de fondo conforme a los planteamientos propuestos en el mentado \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb -el retiro de su nombre vinculado con la sentencia penal dictada en su contra-, sin que del mismo se adviertan vac\u00edos que permitan deducir una vulneraci\u00f3n de acuerdo con lo reglado en el art\u00edculo 23 de Constituci\u00f3n nacional y la Ley 1755 de 20155. Actuaci\u00f3n que fue informada al actor6. <\/p>\n
3. En efecto, analizado el expediente de la causa, lo registrado en el sistema de Consulta de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la contestaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la presente senda, se observa que el actor solicit\u00f3 \u00abel retiro de su nombre de la web, vinculado con la sentencia dictada en su contra como autor de dos punibles contra la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb. En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal orden\u00f3 \u00aba la Relator\u00eda [\u2026] adopte las medidas necesarias para suprimir de las bases de datos de acceso abierto el nombre de Jos\u00e9 Remberto Valero Hern\u00e1ndez relacionado con el auto inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n del 25 de enero de 2017\u00bb7. <\/p>\n
3.1. Asimismo, se observa que el nombre del actor no aparece en las providencias suscritas por ese estrado. Precisamente, por la orden dictada, se vislumbra anotaci\u00f3n tocante con que la \u00abinformaci\u00f3n que permite identificar o individualizar a las personas mencionadas en esta decisi\u00f3n, fue suprimida por la Relator\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, de conformidad con lo ordenado en el auto 47445 de 05 de octubre de 2022, para que el contenido de la providencia pueda ser consultado sin desconocer el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n y dem\u00e1s derechos fundamentales que puedan resultar afectados\u00bb8. <\/p>\n
3.2. Lo establecido en precedencia permite aseverar que es inexistente la omisi\u00f3n alegada por el gestor frente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues se prob\u00f3 que lo requerido fue atendido oportuna y adecuadamente por la autoridad accionada, ya que previo a la interposici\u00f3n del amparo se hab\u00eda conjurado la omisi\u00f3n atribuida, emergiendo con ello, it\u00e9rese, la ausencia de vulneraci\u00f3n9. <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de enero de 2023. <\/p>\n
2\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de enero de 2023. <\/p>\n
3\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de enero de 2023. <\/p>\n
4\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de enero de 2023. <\/p>\n
5\u0002 En un asunto que guarda relaci\u00f3n con los elementos sustanciales y procesales del presente amparo, la Sala sostuvo que: \u00abDe la actuaci\u00f3n procesal descrita, se advierte la ausencia de vulneraci\u00f3n frente a la prerrogativa de petici\u00f3n enrostrada por el actor. En efecto, con base en lo expuesto previamente y las contestaciones allegadas a la presente acci\u00f3n constitucional, se evidencia, por un lado, que el Juzgado 33 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esta ciudad, por no ser competente, envi\u00f3 las diligencias al Despacho 33 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento, el cual, en respuesta del 16 de marzo hoga\u00f1o contest\u00f3 al correo [\u2026] lo referente a que el asunto requerido \u00abno fue conocid[o] por es[e] Juzgado, raz\u00f3n por la cual no tenemos archivo alguno de dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior resulta una manifestaci\u00f3n precisa, congruente y de fondo, por lo que no se observa actuaci\u00f3n de los Juzgados que vulnere la garant\u00eda constitucional demandada\u00bb (STC3550-2021). <\/p>\n
7\u0002 Auto del 5 de octubre de 2022. Archivo PDF \u00ab15299310400120120007501-0004Auto\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Auto del 25 de enero del 2017. AP254-2017. Que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por el actor. <\/p>\n
9\u0002 En un asunto de similar temperamento. La Sala sostuvo que \u00abDe conformidad con el material probatorio que obra en el expediente y la informaci\u00f3n suministrada por el accionado se advierte que, en efecto, por medio de auto de 8 de marzo de 2021, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, resolvi\u00f3 no acceder a la s\u00faplica de la gestora atinente \u00abal decreto del desistimiento t\u00e1cito solicitado al folio 182 del plenario, raz\u00f3n a que con anterioridad a la presentaci\u00f3n del escrito la demandante, present\u00f3 solicitud de emplazamiento\u00bb. <\/p>\n
Luego, antes de que la actora incoara la acci\u00f3n constitucional, ya se hab\u00eda definido su petici\u00f3n. De ah\u00ed que, la omisi\u00f3n endilgada no existe y, por tanto, en este aspecto se torna inviable la salvaguarda pretendida por ausencia de vulneraci\u00f3n alguna\u00bb (se resalta \u2013 STC9644-2022). <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado que \u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026) ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u00bb. (T-013 de 2007)\u2019\u00bb (CSJ STC12717-2019. 19 de sep, rad. 2019-00549-01). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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