STC688-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC688-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2022-00201-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 \u00c1lvaro Ru\u00edz Sarmiento contra el fallo de 25 de noviembre de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela que \u00e9l instaur\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, extensiva a las autoridades partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela No. 154553189001-2022-00013-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor pretende que se revoque la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Miraflores en el proceso reivindicatorio No. 2020-0053-00 (16 febrero de 2022), con el fin que se ampare su derecho de posesi\u00f3n. Tambi\u00e9n peticion\u00f3 que se deje sin valor y efecto el auto por medio del cual se fij\u00f3 fecha para realizar la diligencia de entrega del inmueble objeto de la controversia. <\/p>\n
Como soporte de sus pretensiones adujo que present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Miraflores (Boyac\u00e1), con el fin de evidenciar que con la sentencia emitida en el proceso reivindicatorio en comento se lesionaron sus derechos fundamentales de poseedor. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito del mismo municipio, quien inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela para que corrigiera en el t\u00e9rmino de un d\u00eda una deficiencia (5 abril 2022); sin embargo, la notificaci\u00f3n de ese prove\u00eddo se dio en una direcci\u00f3n diferente a la que report\u00f3, lo que condujo a que no subsanara lo requerido y a que la autoridad judicial rechazara la solicitud de amparo (8 abril 2022). Relat\u00f3 que, en vista de lo anterior, formul\u00f3 solicitud de nulidad, pero la misma fue negada (25 abril 2022) <\/p>\n
A su juicio, si la acci\u00f3n se hubiera admitido sin el requerimiento de tantos \u00abformalismos\u00bb como la exigencia del juramento y los anexos, se hubiera evitado que el Juzgado Promiscuo Municipal de Miraflores fijara como fecha el 26 de mayo de 2022 para la entrega del inmueble que ha pose\u00eddo por m\u00e1s de 25 a\u00f1os. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el rechazo de su solicitud est\u00e1 en contrav\u00eda de lo previsto en el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991 y del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores hizo un recuento de las actuaciones realizadas en la acci\u00f3n de tutela referida; adem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y precis\u00f3 que el auto que inadmiti\u00f3 la solicitud d amparo fue debidamente notificado al interesado a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja neg\u00f3 el reguardo tras se\u00f1alar que las actuaciones realizadas por la autoridad judicial accionada fueron ajustadas a derecho; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que las notificaciones de las decisiones proferidas en la acci\u00f3n de tutela se realizaron en debida forma. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que el interesado no hizo uso de los recursos que ten\u00eda a su alcance para ejercer la defensa de sus intereses. <\/p>\n
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2. El gestor impugn\u00f3 con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El prove\u00eddo opugnado ser\u00e1 revocado, toda vez que, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en comento, fue lesionado el derecho fundamental al debido proceso del solicitante. <\/p>\n
Para decidir el asunto objeto de estudio, debe memorarse que, por regla general, el ejercicio de una acci\u00f3n de esta naturaleza es inviable contra la decisi\u00f3n adoptada en sede de tutela, salvo cuando en el procedimiento agotado se desconozca de manera flagrante la garant\u00eda \u00abal debido proceso, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes\u00bb, coyuntura donde se reconoce que es \u00abposible estudiar la queja contra un auxilio anterior, siempre y cuando se satisfagan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb (CSJ STC4314-2018, CSJ STC9088-2019, CSJ STC868-2021, CSJ STC2841-2021). <\/p>\n
En este caso el gestor cuestiona que en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Miraflores no le fue debidamente notificado el auto por medio del cual se inadmiti\u00f3 el amparo, lo que le impidi\u00f3 presentar oportunamente la subsanaci\u00f3n, am\u00e9n que el conteo de t\u00e9rminos no se rigi\u00f3 por lo previsto en la ley. En consecuencia, como lo alegado guarda relaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n de una providencia emitida en un tr\u00e1mite de tutela, es procedente su estudio a trav\u00e9s de esta v\u00eda. <\/p>\n
Ahora, tambi\u00e9n resulta relevante se\u00f1alar que, aunque el auto que resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad instaurada por el actor data del 25 de abril de 2022, el amparo es tempestivo, toda vez que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores remiti\u00f3 por competencia la acci\u00f3n constitucional a la oficina de reparto el 19 de mayo de 2022; sin embargo, solo hasta el 10 noviembre 2022 fue enviado el asunto al Tribunal que tramit\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, encuentra la Sala que el gestor promovi\u00f3 solicitud de nulidad por la indebida notificaci\u00f3n alegada, efecto para el cual se\u00f1al\u00f3, de un lado, que \u00e9l indic\u00f3 una direcci\u00f3n f\u00edsica para ser notificado y, a pesar de eso, el enteramiento de las providencias fue realizado a su correo electr\u00f3nico, el cual no es manejado por \u00e9l en raz\u00f3n a que est\u00e1 \u00abdentro del 53% de ignorantes inform\u00e1ticos de mi pa\u00eds, por este motivo, a pesar de crearlo a ruego, por no tener computador aunado a mis labores agr\u00edcolas y equinas, no lo consulto permanentemente y las pocas veces que lo realizo le pido al se\u00f1or con correo danielhugomez@hotmail.com que me lo revis\u00e9\u00bb. De otro lado manifest\u00f3 que, aunque el 6 de abril de 2022 el \u00abvecino\u00bb que revisa su correo electr\u00f3nico le comunic\u00f3 la existencia del auto que inadmiti\u00f3 el amparo, el Juzgado accionado no contabiliz\u00f3 adecuadamente y conforme a lo previsto en el art\u00edculo 17 del del Decreto 2591 de 1991 y en el inciso 3, del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto Legislativo 806 del 2020, el t\u00e9rmino que ten\u00eda para presentar la subsanaci\u00f3n, por lo que en auto de 8 de abril de 2022 rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
El Juzgado del Circuito mencionado neg\u00f3 la solicitud de nulidad tras se\u00f1alar que todas las providencias emitidas en el amparo constitucional fueron comunicadas a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica reportada por el gestor en otras acciones de tutela que ha presentado. Al respecto el Juzgado consign\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn este asunto, no se configura la nulidad deprecada por el Incidentante, por las siguientes razones: <\/p>\n
a) El Incidentante no cumpli\u00f3 con la subsanaci\u00f3n de la acci\u00f3n que fuera ordenada en el auto que la inadmiti\u00f3, providencia sobre la cual no realiz\u00f3 pronunciamiento alguno, pese a que fue notificada al correo electr\u00f3nico autorizado por el mismo accionante, como se evidencia desde la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n hasta la presentaci\u00f3n del incidente que nos ocupa. De acuerdo con esto, lo que se evidencia es la evasi\u00f3n de las cargas procesales que se imponen, alegando una nulidad por indebida notificaci\u00f3n, cuando en realidad, tal y como se anot\u00f3 en los antecedentemente, todas y cada una de las providencias fueron notificadas al correo electr\u00f3nico ruiz.s.alvaro1@gmail.com , del que, se repite, el tutelante remiti\u00f3 su escrito constitucional, debi\u00e9ndose resaltar su deseo manifiesto de que existen otros tramites adelantados desde la misma direcci\u00f3n, como claramente se evidencia en la constancia secretarial que obra a pdf 11. <\/p>\n
En consecuencia, en acatamiento a lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2, art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020 este juzgado, tom\u00f3 el correo indicado por el accionante y en un exceso de garantismo el que en otra acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n hab\u00eda suministrado para los mismos efectos de instaurar tr\u00e1mites judiciales ante este mismo Estrado Judicial, lo que de ninguna manera, puede ser utilizado por el ALVARO RUIZ para desconocer ol\u00edmpicamente las \u00f3rdenes judiciales, ya que realmente al correo que \u00e9l autoriz\u00f3 para esta tutela, tambi\u00e9n se le notific\u00f3. Actuaciones del interesado que dejan de lado su aseveraci\u00f3n sobre \u201cignorancia\u201d del uso de las tecnolog\u00edas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Analizada la actuaci\u00f3n surtida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores (Boyac\u00e1), se evidencia que los derechos fundamentales de debido proceso y defensa del gestor fueron lesionados porque no fue atendida la manifestaci\u00f3n que realiz\u00f3 respecto de su desconocimiento del uso de internet y espec\u00edficamente del correo electr\u00f3nico, y, porque no le fue otorgado el t\u00e9rmino que establece el Decreto 2591 de 1991 para subsanar la solicitud de amparo. <\/p>\n
En lo atinente al tema de las notificaciones es preciso memorar que la jurisprudencia, a prop\u00f3sito de la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020 y de su implementaci\u00f3n como legislaci\u00f3n permanente a trav\u00e9s de la ley 2213 de 2022, ha establecido que: <\/p>\n
\u00abEsta Sala tiene decantado que, en los tiempos que corren, los sujetos procesales tienen la libertad de optar por practicar sus notificaciones personales, bien bajo el r\u00e9gimen presencial previsto en el C\u00f3digo General del Proceso \u2013arts. 291 y 292-, o por el tr\u00e1mite digital dispuesto en la Ley 2213 de 2022 -art. 8-. <\/p>\n
De igual forma, tiene sentado que \u00ab[d]ependiendo de cu\u00e1l opci\u00f3n escoja[n], deber\u00e1[n] ajustarse a las pautas consagradas para cada una de ellas, a fin de que el acto se cumpla en debida forma\u00bb. (STC7684-2021, STC913-2022, STC8125-2022, entre otras)\u00bb (STC16733-2022). <\/p>\n
Ahora, no puede negarse que la implementaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC) en el proceso judicial representa un avance importante en la modernizaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio de justicia, el cual busca optimizar los tiempos que tanto usuarios como servidores judiciales destinan para la realizaci\u00f3n de los tramites de cada proceso; sin embargo, nunca podr\u00e1 perderse de vista que el uso de los medios tecnol\u00f3gicos no puede poner en riesgo las garant\u00edas del debido proceso de quienes intervienen en las actuaciones judiciales, regla esta que fue fijada por el legislador en los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la ley 2213 de 2022, disposiciones normativas que a su tenor literal establecen: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 1\u00b0. OBJETO. Esta Ley tiene por objeto adoptar conde legislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el tr\u00e1mite de los procesos judiciales ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, jurisdicci\u00f3n constitucional y disciplinaria, as\u00ed como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales. <\/p>\n
Adicionalmente, y sin perjuicio de la garant\u00eda de atenci\u00f3n presencial en los despachos judiciales, salvo casos de fuerza mayor, pretende flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia con el uso de las herramientas tecnol\u00f3gicas e inform\u00e1ticas como forma de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
El acceso a la administraci\u00f3n de justicia a trav\u00e9s de herramientas tecnol\u00f3gicas e inform\u00e1ticas debe respetar el derecho a la igualdad, por lo cual las mismas ser\u00e1n aplicables cuando las autoridades judiciales y los sujetos procesales y profesionales del derecho dispongan de los medios tecnol\u00f3gicos id\u00f3neos para acceder de forma digital, no pudiendo, so pena de su uso, omitir la atenci\u00f3n presencial en los despachos judiciales cuando el usuario del servicio lo requiera y brindando especiales medidas a la poblaci\u00f3n en condici\u00f3n de vulnerabilidad o en sitios del territorio donde no se disponga de conectividad por su condici\u00f3n geogr\u00e1fica. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1. Los sujetos procesales y la autoridad judicial competente deber\u00e1n manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuaci\u00f3n judicial espec\u00edfica a trav\u00e9s de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones de lo cual se dejar\u00e1 constancia en el expediente y se realizar\u00e1 de manera presencial. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2. Las disposiciones de la presente ley se entienden complementarias a las normas contenidas en los c\u00f3digos procesales propios de cada jurisdicci\u00f3n y especialidad. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 3. El Consejo Superior de la Judicatura en coordinaci\u00f3n con el ministerio de Justicia y del Derecho deber\u00e1n realizar una evaluaci\u00f3n externa y peri\u00f3dica en la que se analice d manera espec\u00edfica la implicaciones positivas y negativas de la implementaci\u00f3n de las disposiciones de esta ley frente al acceso a la justicia de los ciudadanos, as\u00ed con las afectaciones al debido proceso en los diferentes procesos judiciales que manifiesten los encuestados, La encuesta deber\u00e1 incluir la perspectiva de funcionarios y empleados de la rama, litigantes y usuarios de la justicia. <\/p>\n
Los resultados deber\u00e1n ser p\u00fablicos y permitir\u00e1n la realizaci\u00f3n de ajustes y planes de acci\u00f3n para la implementaci\u00f3n efectiva del acceso a la justicia por medios virtuales. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 4. El uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la especialidad penal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y penal militar, ser\u00e1 evaluada y decidida aut\u00f3nomamente, mediante orden, contra la que no caben recursos, conforme a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, por el Juez o Magistrado a cargo del respectivo proceso o actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 2\u00b0. USO DE LAS TECNOLOG\u00cdAS DE LA INFORMACI\u00d3N Y LAS COMUNICACIONES. Se podr\u00e1n utilizar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones, cuando se disponga de los mismos de manera id\u00f3nea, en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia. <\/p>\n
Se utilizar\u00e1n los medios tecnol\u00f3gicos, para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitir\u00e1 a los sujetos procesales actuar en los procesos o tr\u00e1mites a trav\u00e9s de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerir\u00e1n de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios f\u00edsicos. <\/p>\n
Las autoridades judiciales dar\u00e1n a conocer en su p\u00e1gina web los canales oficiales de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n mediante los cuales prestar\u00e1n su servicio, as\u00ed como los mecanismos tecnol\u00f3gicos que emplear\u00e1n. <\/p>\n
La poblaci\u00f3n rural, los grupos \u00e9tnicos, las personas con discapacidad y las dem\u00e1s personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales, podr\u00e1n acudir directamente a los despachos judiciales y gozar\u00e1n de atenci\u00f3n presencial en el horario ordinario de atenci\u00f3n al p\u00fablico; Adicionalmente, las autoridades judiciales adoptar\u00e1n las medidas necesarias para asegurar a dichas personas el acceso y la atenci\u00f3n oportuna por parte del sistema judicial. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1\u00b0. Se adoptar\u00e1n todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurar\u00e1n la efectiva comunicaci\u00f3n virtual con los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia y adoptar\u00e1n las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2\u00b0. Los municipios, personer\u00edas y otras entidades p\u00fablicas, en la medida de sus posibilidades, facilitar\u00e1n que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, es claro que es deber de los jueces adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de quienes tengan limitaciones en el acceso a los medios digitales. T\u00e9ngase en cuenta que cuando es el ciudadano quien manifiesta su imposibilidad f\u00edsica, material o intelectual para acceder a los medios tecnol\u00f3gicos, la labor del juzgador se hace m\u00e1s exigente, demand\u00e1ndole, incluso, que decrete pruebas a efecto de establecer las circunstancias reales en que se encuentra el ciudadano, sin que pueda presumir que, por la existencia de un correo electr\u00f3nico a su nombre, tenga conocimiento y medios de acceso a los medios tecnol\u00f3gicos. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, debe resaltarse que en la solicitud de nulidad, el aqu\u00ed gestor manifest\u00f3 que en su escrito de tutela registr\u00f3 su direcci\u00f3n f\u00edsica de notificaciones en raz\u00f3n a que se dedica a las labores del agro, no tiene conocimiento suficiente sobre las nuevas tecnolog\u00edas y solo le paga a un vecino para que, ocasionalmente, revise el correo electr\u00f3nico que fue abierto a su nombre. Luego, ante esas manifestaciones, lo procedente era que el Juez dispusiera el decreto de pruebas a efecto de establecer la veracidad de lo informado y as\u00ed determinar si el tr\u00e1mite estaba viciado por nulidad por indebida notificaci\u00f3n o no; pero no sucedi\u00f3 as\u00ed, por el contrario, al resolver la solicitud de nulidad, el Juzgador se\u00f1al\u00f3 que, en aras de ser m\u00e1s garantista, env\u00edo la notificaci\u00f3n del actor al correo electr\u00f3nico que el interesado hab\u00eda reportado en otro tr\u00e1mite judicial, afirmaci\u00f3n que desconoce completamente lo aducido por el gestor frente a su imposibilidad material e intelectual de acceso a internet. <\/p>\n
De otro lado, en lo que tiene que ver con el t\u00e9rmino concedido para subsanar el amparo, se evidencia que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental toda vez que, aunque el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abSi no pudiere determinarse el hecho o la raz\u00f3n que motiva la solicitud de tutela se prevendr\u00e1 al solicitante para que la corrija en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, los cuales deber\u00e1n se\u00f1alarse concretamente en la correspondiente providencia\u00bb, la autoridad judicial \u00fanicamente le otorg\u00f3 al interesado el t\u00e9rmino de un d\u00eda y trascurrido el mismo rechaz\u00f3 el amparo. Es decir que la autoridad convocada pretermiti\u00f3 el t\u00e9rmino que legalmente ten\u00eda el promotor para subsanar su escrito de tutela. <\/p>\n
De modo que aunque los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico, en el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n excepcional de un segundo Juez de tutela con el fin de remediar el quebrantamiento constitucional advertido, pues el desacierto evidenciado en l\u00edneas precedentes transgredi\u00f3 de forma directa el derecho fundamental del actor al debido proceso y al acceso a la justicia dada la inobservancia de una norma procedimental aplicable al asunto sub examine. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosa, es del caso revocar la decisi\u00f3n impugnada y, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n implorada conforme se explic\u00f3 en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, tambi\u00e9n debe se\u00f1alarse que la irregularidad en que incurri\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores (Boyac\u00e1) en la acci\u00f3n de tutela mencionada, no da lugar a que se deje sin valor y efecto lo actuado en el proceso reivindicatorio adelantado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Miraflores, pues lo procedente es que se restablezca el t\u00e9rmino que le fue cercenado al actor para subsanar el escrito de tutela, para que all\u00ed se resuelva, previo el tr\u00e1mite pertinente, si hubo lesi\u00f3n de derechos fundamentales en el tr\u00e1mite civil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos de debido proceso y defensa de \u00c1lvaro Ruiz Sarmiento. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO los autos por medio de los cuales el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores (Boyac\u00e1) inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela No. 154553189001-2022-00013-00 (6 y 8 abril 2022). <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores (Boyac\u00e1) que, en el t\u00e9rmino de un d\u00eda, proceda a resolver sobre la admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n del amparo instado por \u00c1lvaro Ruiz Sarmiento, efecto para el cual deber\u00e1 atender las consideraciones expuestas en esta sentencia. <\/p>\n
QUINTO: Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC688-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC688-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2022-00201-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 \u00c1lvaro Ru\u00edz Sarmiento contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70990","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70990\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}