STC689-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC689-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02527-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Constantino Quilaguy Malag\u00f3n frente al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado radicado 038-2019-00023-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la sociedad Gonzacas CIA S en C, inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n en su contra, Alex Constantino Quilaguy Rodr\u00edguez y Gladys Ca\u00f1os Ar\u00e9valo en el que solicit\u00f3 ordenar la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento del inmueble denominado Edificio la Santa Mar\u00eda ubicado en la calle 6 n\u00famero 26-67-69 de Bogot\u00e1, y en consecuencia la restituci\u00f3n del bien, adem\u00e1s del pago de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el contrato que se anunci\u00f3 en el escrito de demanda suscrito entre las partes, se mencion\u00f3 un inmueble diferente, esto es el ubicado en la carrera 6\u00aa n\u00famero 26-67-69 de Bogot\u00e1, denominado edificio la Santa Mar\u00eda, de manera que las pretensiones hacen relaci\u00f3n a otro predio, sumado a esto se solicit\u00f3 el pago de canon de arrendamiento sin que proceda en este tipo de juicios. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que solicit\u00f3 aclarar dicha inconsistencia, y fue negada en providencia de 8 de noviembre de 2022 con fundamento en que no cumpli\u00f3 lo previsto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, estando pendiente la entrega de un inmueble diferente al pedido en la demanda, raz\u00f3n por la que se fall\u00f3 extra petita, sin que se hubiese aportado prueba de los linderos, y certificado de tradici\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado, disponer que la sociedad actora adecue la demanda a las normas procesales vigentes para esta clase de procesos y se imprima el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el accionante no consign\u00f3 a \u00f3rdenes del juzgado las sumas adeudadas, y por esta raz\u00f3n no se escuch\u00f3 en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La sociedad Gonzacas CIA S en C, sostuvo que los demandados no pagaron los c\u00e1nones de arrendamiento como requisito para ser o\u00eddos, y que la inconsistencia entre carrera y calle, fue subsanada en audiencia de inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo porque el expediente no reflejaba que el accionante hubiese reclamado directamente ante el juez natural que adoptara alguna medida de saneamiento. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con fundamento en que, mediante memorial de 14 de octubre de 2022, solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n de la sentencia, puntualmente la direcci\u00f3n del inmueble y que esa petici\u00f3n fue negada en providencia de 8 de noviembre de 2022, por no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Constantino Quilaguy Malag\u00f3n, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, disponer que la sociedad demandante en el mencionado proceso de restituci\u00f3n adecue la demanda a las normas procesales vigentes para esta clase de juicios y se imprima el tr\u00e1mite correspondiente, pretensi\u00f3n que no tiene vocaci\u00f3n de ser acogida, puesto que revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se advierte que no agot\u00f3 todos los mecanismos que ten\u00eda al alcance para la defensa de los derechos que se reclaman, raz\u00f3n por la cual se impone confirmar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2.1 No es materia de discusi\u00f3n que el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante auto de 5 de febrero de 2019 admiti\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovida por Gonzacas CIA S en C, entre otros contra Constantino Quilaguy Malagon (02. Inadmisorio \u2013 Admisorio), el cual se tuvo notificado por conducta concluyente (28 auto conducta concluyente), y en providencia de 3 de mayo de 2022, se resolvi\u00f3 no tener en cuenta su contestaci\u00f3n, por no haber cumplido con la carga prevista en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso (34 Auto no escucha demandado), determinaci\u00f3n contra la que no se formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
2.2 Tampoco es objeto de debate que mediante sentencia de 10 de octubre de 2022, se declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y se orden\u00f3 a los demandados entre estos al accionante restituir el bien objeto de litigio (51sentenciasinoposici\u00f3n), decisi\u00f3n respecto de la que se solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n relacionada con la identificaci\u00f3n del inmueble (52 memorial solicita aclaraci\u00f3n sentencia), la cual no se tuvo en cuenta porque no hab\u00eda dado cumplimiento a la mencionada carga (58 Auto no escucha demandado). <\/p>\n
2.3 Lo anterior pone en evidencia que el aqu\u00ed accionante, en efecto elev\u00f3 solicitud ante el Juzgado de conocimiento en parte por las razones que invoca en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Sin embargo, surge que no fue escuchado en el curso de ese tr\u00e1mite porque no cumpli\u00f3 con la carga de consignar a \u00f3rdenes del despacho el valor total de los c\u00e1nones de arrendamiento y dem\u00e1s conceptos que cimentaron el proceso de restituci\u00f3n, hecho que corrobor\u00f3 el Juzgado accionado en la contestaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, exigencia respecto de la cual ning\u00fan reproch\u00e9 se formul\u00f3 y encuentra soporte en las reglas que gobiernan dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Pues bien, aunque esta Sala de anta\u00f1o se\u00f1al\u00f3 que el derecho a ser o\u00eddo en los juicios es un principio rector del debido proceso, tambi\u00e9n es cierto que se\u00f1al\u00f3 una excepci\u00f3n a tal m\u00e1xima constitucional en relaci\u00f3n con los procesos de restituci\u00f3n cuando se alegue la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, <\/p>\n
\u00abEn efecto, la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el director del despacho en el asunto en cuesti\u00f3n, lejos est\u00e1 de constituir un error may\u00fasculo o superlativo, toda vez que de cara a la realidad f\u00e1ctica consider\u00f3 que como la causal invocada en la demanda genitora del proceso apuntaba a la falta de pago de c\u00e1nones de arrendamiento y no se acredit\u00f3 su satisfacci\u00f3n, deven\u00eda procedente aplicar la sanci\u00f3n procesal aludida (\u2026) (CSJ. STC 21 may. 2013, citada en STC1015-2021) <\/p>\n
El numeral 4 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, dispone, <\/p>\n
\u00abSi la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, este no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel\u00bb. <\/p>\n
Sobre esa regla la Sala ha explicado, <\/p>\n
(\u2026) En este episodio, no hacen falta prolijas razones para acompa\u00f1ar la tesitura fustigada, toda vez que al revisar la evidencia documentada en el infolio con prontitud se otea que el convocado nunca desconoci\u00f3 el convenio suscrito, y por consiguiente deb\u00eda cumplir con lo adeudado, pero, por el contrario, no consign\u00f3 a \u00f3rdenes del despacho las sumas enunciadas como insolutas, ni demostr\u00f3 haberlas saldado antes, pese a que la causal alegada para forzar la restituci\u00f3n fue la mora en el pago de la renta pactada, por lo que el incumplimiento de esa carga procesal hizo que no fuera escuchado, de conformidad con el numeral 4\u00ba del precepto 384 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: (\u2026) <\/p>\n
Con otras palabras, como el arrendatario no acat\u00f3 la susodicha disposici\u00f3n, ello imped\u00eda que fuera o\u00eddo, conforme lo entendi\u00f3 el iudex que, guiado por esa l\u00f3gica, se abstuvo de encarar sus divergencias (medios exceptivos y contestaci\u00f3n de demanda) y abri\u00f3 paso a lo rogado por el arrendador tras constatar la vigencia del pacto bilateral sobre el que vers\u00f3 el asunto. (CSJ. STC2511- 2020, retirada en STC1015-2021) <\/p>\n
Quiere decir que, si el accionante no fue escuchado en el juicio que reprocha, es porque no cumpli\u00f3 con la carga establecida por el legislador para ese efecto, y de esta manera desaprovech\u00f3 los mecanismos id\u00f3neos con los que contaba para la protecci\u00f3n de sus derechos, y por tanto, no puede valerse de esta acci\u00f3n de tutela para resarcir su incuria, atendiendo que la oportunidad en la que deb\u00eda exponer sus argumentos era en el curso del proceso y no en el escenario constitucional, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Lo anterior, se sustenta en que, \u00abeste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (CSJ. STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020, STC11968-2021, STC13745-2022 y STC14087-2022 entre muchas). <\/p>\n
Las circunstancias descritas, enmarcan esta acci\u00f3n de tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades <\/p>\n
3. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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