STC690-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC690-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00220-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00243. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se adelant\u00f3 la acci\u00f3n popular mencionada, promovida por Mario Restrepo contra el establecimiento de comercio Gladis Ocampo Soluciones Inmobiliarias, en el cual, solicitaba que fuera construida una unidad sanitaria para los ciudadanos con movilidad reducida en la sede ubicada en la carrera 14 No. 10-59 del municipio se\u00f1alado. El estrado judicial -con prove\u00eddo del 30 de junio de 2022- neg\u00f3 las pretensiones invocadas. <\/p>\n
2.2. Inconforme, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -con providencia del 17 de enero de 2023-1 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el promotor aduce que no se prob\u00f3 la imposibilidad del accionado para mudarse a otro inmueble y as\u00ed cumplir con lo establecido en la ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario. <\/p>\n
3. Insta que se revoque el prove\u00eddo proferido el 17 de enero de 2023. Y, en su lugar, que se le ordene a la autoridad atacada que conceda las pretensiones de la acci\u00f3n popular o si se demuestra una imposibilidad t\u00e9cnica para construir el ba\u00f1o, peticiona que se le exija al accionado que se traslade de inmueble a uno que si cumpla con los requisitos exigidos por la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira2 manifest\u00f3 que se remite a los argumentos que expuso en el prove\u00eddo confutado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades accionadas vulneraron la prebenda fundamental aducida por el actor, con ocasi\u00f3n del fall\u00f3 que neg\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n popular debatida. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se observa que la autoridad judicial accionada -con providencia del 17 de enero de 2023- confirm\u00f3 el fallo de primera instancia que neg\u00f3 las pretensiones del libelo genitor. <\/p>\n
2.1. En efecto, el ad quem natural comenz\u00f3 por ilustrar lo dispuesto por el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el canon 4 de la Ley 472 de 1998 en relaci\u00f3n con las acciones populares y su alcance. En igual sentido, hizo una explicaci\u00f3n del significado que la Ley 1618 de 2013 hace respecto de las acciones afirmativas dirigidas a favorecer a personas o grupos con alg\u00fan tipo de discapacidad. <\/p>\n
De la lectura de la normativa citada, apuntal\u00f3 que \u00abes posible concluir que la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de sanitarios accesibles en establecimientos de comercio se entiende como una acci\u00f3n afirmativa que permite la superaci\u00f3n de barreras arquitect\u00f3nicas en aras de lograr la integraci\u00f3n social de aquellas personas que se movilizan en silla de ruedas\u00bb. Sin embargo, precis\u00f3 que la Corte Constitucional -en sentencia C-765 de 2012- sostuvo que \u00abno en todos los casos tal soluci\u00f3n resultar\u00e1 plausible, como cuando ello puede repercutir en un agravante o riesgo desproporcionado para la garant\u00eda de otros intereses jur\u00eddicos de similar \u00edndole en cabeza de terceros\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, entrando a analizar la providencia recurrida, afirm\u00f3 que el fallador de primera instancia no se equivoc\u00f3 al analizar las probanzas arrimadas, por cuanto <\/p>\n
Ella tuvo por objeto determinar la posibilidad de adecuar un ba\u00f1o en las instalaciones del establecimiento accionado para el acceso de personas en situaci\u00f3n de discapacidad con los est\u00e1ndares establecidos en la norma t\u00e9cnica, y el informe presentado por el subsecretario de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Santa Rosa de Cabal expuso la imposibilidad f\u00e1ctica de instalar \u201cun ba\u00f1o p\u00fablico para personas en situaci\u00f3n de discapacidad el establecimiento comercial accionado en raz\u00f3n a que no cuenta con las dimensiones m\u00ednimas para la adecuaci\u00f3n de dicha instalaci\u00f3n (seg\u00fan NTC6047). (Se subraya) <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) en el fallo apelado no se desconoci\u00f3 la normativa que invoca el recurrente, por el contrario, lo cierto es que las actuales condiciones f\u00e1cticas del inmueble donde se ubica el establecimiento objeto de esta acci\u00f3n hacen imposible la instalaci\u00f3n del ba\u00f1o para las personas en situaci\u00f3n de discapacidad y con ello se desprende que, de acuerdo con las caracter\u00edsticas del inmueble, resulta inviable exigir una modificaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n de la edificaci\u00f3n. (Se subraya) <\/p>\n
De lo expuesto, coligi\u00f3 que \u00abDe lo aqu\u00ed probado, es preciso detenerse en el \u201cprincipio general del derecho seg\u00fan el cual nadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u201d en la medida en que si la construcci\u00f3n no permite la construcci\u00f3n de una bater\u00eda sanitaria para personas en situaci\u00f3n de discapacidad acorde con los lineamientos trazados por la ley, con ocasi\u00f3n al tama\u00f1o del local, resulta que no le es exigible aplicar la reglamentaci\u00f3n que cita el recurrente\u00bb. <\/p>\n
2.3. A continuaci\u00f3n, trat\u00e1ndose del test de proporcionalidad que el peticionario solicit\u00f3 fuera aplicado, indic\u00f3 que <\/p>\n
\u2026 si lo consider\u00f3 el apelante plausible para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n impugnaticia, debi\u00f3 desarrollarlo para dejar en evidencia el yerro que enrostra a la decisi\u00f3n de primera instancia. Recu\u00e9rdese que, si bien la acci\u00f3n popular tiene rango constitucional, y se caracteriza por la aplicaci\u00f3n del principio de congruencia flexible, el actor tiene las cargas probatorias y de sustentaci\u00f3n propias de la codificaci\u00f3n adjetiva civil (art. 30 y 37 de la Ley 472 de 1998). <\/p>\n
No obstante, lo anterior, esgrimi\u00f3 que en el sub examine <\/p>\n
\u2026qued\u00f3 demostrado que en las instalaciones f\u00edsicas del establecimiento accionado el servicio de ba\u00f1o no se presta al p\u00fablico en general, pues recu\u00e9rdese el informe presentado por el subsecretario de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Santa Rosa de Cabal cuando se\u00f1ala \u201cel ba\u00f1o habilitado es solo para uso privado, seg\u00fan lo menciona la propietaria del establecimiento\u201d. Luego, una condena en el sentido reclamado no tendr\u00eda como prop\u00f3sito el procurar el logro de la igualdad real y efectiva entre las personas con discapacidad y las dem\u00e1s personas y ciudadanos, en directa aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 13 constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la accesibilidad a los servicios que s\u00ed ofrece la entidad demandada en ese lugar (compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles) no fue puesta en duda en este debate, ni dificultades de acceso a sus instalaciones f\u00edsicas, y ello tampoco se desmejora por la ausencia de una bater\u00eda sanitaria en el sitio. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, concluy\u00f3 que <\/p>\n
En esas condiciones, el test de proporcionalidad que reclama el recurrente aparece planteado como fundamento b\u00e1sico de la decisi\u00f3n censurada y al no generarse un contexto de adecuada proporcionalidad era obligado concluir, como se hizo en la instancia anterior, el car\u00e1cter desproporcionado de lo pretendido, lo que mueve a confirmar la sentencia apelada que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. (Se subraya) <\/p>\n
2.4. Finalmente, con relaci\u00f3n al petitorio referido a que el accionado se traslade a una sede que si cumpla con los requisitos exigidos por la ley manifest\u00f3 que <\/p>\n
\u2026 del certificado expedido por la C\u00e1mara de Comercio se verifica que el establecimiento de comercio \u201cGLADIS OCAMPO SOLUCIONES INMOBILIARIAS\u201d, fue matriculado el 28 de octubre de 2016, con una actividad econ\u00f3mica de \u201cCOMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES\u201d, con unos activos vinculados de $8,000,000.00, por lo que ha tenido una duraci\u00f3n en el mercado de 6 a\u00f1os, tiempo durante el cual l\u00f3gicamente ha atra\u00eddo clientela y recaudado prestigio, de lo cual deviene su derecho a la estabilidad y la permanencia en dicho lugar. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n en Sentencia SP-0174-2022 ya citada se\u00f1al\u00f3, con apoy\u00f3 en sentencia de la Corte Suprema de Justicia que all\u00ed se cit\u00f3: \u201cLa legislaci\u00f3n protege el derecho del empresario a la estabilidad del negocio y la permanencia del establecimiento de comercio, como bien econ\u00f3mico, pero tambi\u00e9n, de los valores intr\u00ednsecos, humanos y sociales, que igualmente lo constituyen, como salvaguardia de la propiedad comercial, conformada, entre otros intangibles, por la clientela y la fama acumuladas en el lugar donde desde anta\u00f1o se cumple la actividad mercantil\u201d <\/p>\n
Luego, tampoco resultar\u00eda viable ordenar el traslado del establecimiento de comercio a un lugar diferente, como se pretende en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable3. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
\u00ab[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Disponible en: 006eeabf-57e0-4751-9c61-62680cacb19b (ramajudicial.gov.co) <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020230022000-0013Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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