STC691-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC691-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00142-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge An\u00edbal Giraldo Arias contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y La Patria SA (\u00abPeri\u00f3dico La Patria de Manizales\u00bb), la que se hace extensiva a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz JEP, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, vida, igualdad, buen nombre, honra y \u00abbuen trato\u00bb, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00absean eliminadas [las] publicaciones de la web, y as\u00ed permitan alguna vez [su] reingreso a la sociedad tranquilo y en paz\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Jorge An\u00edbal Giraldo Arias, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales profiri\u00f3 sentencia el 19 de julio de 2018, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n del punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En fallo de 5 de septiembre de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad modific\u00f3 la pena a 9 a\u00f1os. Esta determinaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Con prove\u00eddo de 11 de mayo de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda, por lo que el accionante present\u00f3 insistencia, pero la Procuradur\u00eda no accedi\u00f3 a la misma. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que se encontraba privado de la libertad; que se inadmiti\u00f3 su recurso porque le faltaban argumentos t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos; que fue condenado a 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n, de los que lleva 57 meses privado de la libertad, descontando como monitor – docente en el \u00e1rea educativa del establecimiento y con conducta sobresaliente. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que era miembro de la poblaci\u00f3n lgtbiq+; que estaba purgando un periodo de resocializaci\u00f3n y esperaba volver a la sociedad; y que al buscar en google aparec\u00eda la decisi\u00f3n de la Corte Suprema en la p\u00e1gina de la JEP y en una publicaci\u00f3n del peri\u00f3dico de la Patria, con se\u00f1alamientos organizados y exagerados. <\/p>\n
2.6. Adujo que hab\u00eda presenciado como una persona privada de libertad fue empalado por delitos sexuales; que exist\u00edan se\u00f1alamientos hac\u00eda \u00e9l y sus compa\u00f1eros lgtbiq+, as\u00ed como bullying, desprecio y hasta amenazas; y que hab\u00eda visto noticias en donde las personas asesinaban a los acusados de abuso sexual. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que \u00e9l era profesional con posgrado y pretend\u00eda continuar con su vida, pero que estar\u00eda expuesto si los ciudadanos encontraban en la red su nombre; que otros lgtbiq+ hab\u00edan sido desplazados de territorios por intolerancia; y que pretend\u00eda que fueran eliminadas dichas publicaciones para poder reingresar tranquilo a la sociedad. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Manizales remiti\u00f3 el acta de la audiencia efectuada el 13 de marzo de 2017. <\/p>\n
2. La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz JEP refiri\u00f3 que jurinfo era el sistema de informaci\u00f3n con el que contaba esa entidad, en el que compilaba, sistematizaba e integraba contenidos normativos y jurisprudenciales en m\u00faltiples \u00e1reas del derecho; que a la fecha el accionante no hab\u00eda elevado petici\u00f3n alguna solicitando la eliminaci\u00f3n de la providencia publicada; que con ocasi\u00f3n de la tutela realiz\u00f3 las gestiones necesarias para la supresi\u00f3n de dicha determinaci\u00f3n, por lo que el enlace estaba inactivo; que era la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia la que deb\u00eda decidir sobre la procedencia o no de la anonimizaci\u00f3n de los datos personales; y que no hab\u00eda incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n que diera lugar a la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales deprecados, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Patria indic\u00f3 que toda la informaci\u00f3n publicada en la nota del peri\u00f3dico fue tomada de la decisi\u00f3n publicada por la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales, la que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, ten\u00eda inter\u00e9s p\u00fablico y era una informaci\u00f3n relevante para que se tomaran medidas con miras a proteger a otros menores; que el derecho a la informaci\u00f3n no era absoluto, pero para ser restringido deb\u00edan existir consideraciones de orden superior; que la publicaci\u00f3n cumpl\u00eda con los requisitos de veracidad; que el argumento del accionante era un potencial riesgo, no probado, de que pod\u00eda ser agredido; que si ese era su temor deb\u00eda pedir a las autoridades carcelarias que elevaran su nivel de seguridad; y que no exist\u00eda norma que obligara a los medios de comunicaci\u00f3n el retiro de la informaci\u00f3n, en tanto que ello ser\u00eda censura. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales se\u00f1al\u00f3 que vigilaba, controlaba y ejecutaba la pena impuesta al ahora accionante de 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n, los que estaba cumpliendo en el establecimiento ubicado en esa ciudad. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad remiti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
6. El Defensor P\u00fablico de la v\u00edctima sostuvo que estaba presto para lo que se requiriera. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda 106 Judicial II Penal de Manizales asever\u00f3 que procedi\u00f3 a la b\u00fasqueda en la web y no pudo acceder a la informaci\u00f3n que se relacionaba, en tanto que no estaba inscrita al periodico y sobre la Corte Suprema solo aparec\u00eda el indice de demandas de tutela; que con esos datos mal pod\u00eda afirmarse que lo publicado iba m\u00e1s all\u00e1; que no se acredit\u00f3 que comportamiento, situaci\u00f3n concreta, publicaci\u00f3n montada, lo pon\u00eda en peligro; y que deprecaba que se desestimara la pretensi\u00f3n de tutela incoada. <\/p>\n
8. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal acusada, en el prove\u00eddo de 11 de mayo de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el caso objeto de examen, el demandante dice que el Tribunal incurri\u00f3 en un falso raciocinio porque examin\u00f3 de manera diferente a como \u00e9l quiere hacerlo, la credibilidad y efectos de lo referido por la v\u00edctima. <\/p>\n
El solo objeto de discusi\u00f3n, as\u00ed planteado, informa de la improcedencia de la cr\u00edtica, evidente como se hace que ella corresponde al t\u00edpico alegato de instancia, ajeno al medio casacional, en el cual el recurrente busca hacer valer su particular visi\u00f3n, sobre la m\u00e1s autorizada del ad quem. <\/p>\n
Al respecto, importa aclarar al demandante que las reglas de la experiencia, en cuanto apartado de sana cr\u00edtica, no operan de libre confecci\u00f3n, ni obedecen a las particulares conclusiones que en torno de un fen\u00f3meno humano tenga el int\u00e9rprete\u2026 <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, si se referencia la materialidad de un yerro por falso raciocinio, el impugnante deber\u00eda tener claro que ciencia y experiencia obedecen a categor\u00edas diferentes, motivo por el cual no es posible, como intenta la defensa en su escrito, relacionarlas de manera indistinta para se\u00f1alar que una y otra advierten m\u00e1s f\u00e1cil recordar hechos recientes que los antiguos, dejando de lado el contexto que puede explicar lo contrario. <\/p>\n
Dado que el recurrente no tiene a la mano la experticia que por el camino cient\u00edfico corrobora su tesis, se limita a exponerla como verdadera petici\u00f3n de principio, apuntalada all\u00ed mismo por una supuesta regla de la experiencia, que tampoco verifica en su soporte. <\/p>\n
Para el caso, rememora la Corte, el asunto se limita a elucidar en cu\u00e1l de las tres declaraciones rendidas por la v\u00edctima puede hallarse la verdad, dado que en la primera dijo que no se present\u00f3 un tocamiento directo por parte del acusado; en la segunda que ello ocurri\u00f3 por varias ocasiones; y, en la tercera, que sucedi\u00f3 una vez <\/p>\n
No es cierto, como busca entronizar el casacionista, que en su primera versi\u00f3n de lo ocurrido, el menor advirtiera la inexistencia de alg\u00fan delito. <\/p>\n
Si se verifica lo denunciado por la v\u00edctima, f\u00e1cil se comprende que, independientemente de la existencia o no de tocamientos, la conducta ejecutada s\u00ed represent\u00f3 el delito objeto de imputaci\u00f3n, pues, la simple incitaci\u00f3n con presentaci\u00f3n de im\u00e1genes pornogr\u00e1ficas, as\u00ed lo representa. <\/p>\n
El Tribunal, dado el hecho que despu\u00e9s el menor acept\u00f3 que s\u00ed fue objeto de tocamientos por debajo de su ropa, explic\u00f3 el silencio inicial ante su madre, en la natural verg\u00fcenza y sentimiento de culpa insertos en la condici\u00f3n de v\u00edctima. <\/p>\n
Ello, incluso, es aceptado por el demandante en su escrito impugnatorio, pero halla inexplicable que despu\u00e9s, en el juicio, se refiera a un solo episodio delictuoso. <\/p>\n
Especula el recurrente, entonces, en lo que habr\u00eda sucedido si el ad quem, en lugar de asumir esta \u00faltima referencia como la adecuada para significar singular y no concursada la ilicitud, se encontrase en la encrucijada de que en juicio el afectado se retractase completamente y advirtiera no ocurrir el mancillamiento. <\/p>\n
Desde luego, por este camino no puede tener buena fortuna la cr\u00edtica del defensor, evidente como se hace que no se refiere al contenido intr\u00ednseco del fallo atacado. <\/p>\n
Ahora, independientemente de ello, es lo cierto que el fallador de segundo grado adelant\u00f3 un examen profundo de las tres versiones entregadas por el menor y decidi\u00f3 hacer valer la \u00faltima, precisamente, en aplicaci\u00f3n del principio in dubio pro reo. <\/p>\n
Comoquiera que ya durante el juicio y por preguntas expresas del fiscal, el afectado insisti\u00f3 en que el hecho se materializ\u00f3 en una ocasi\u00f3n, cuando estuvo de visita en la casa del acusado, el fallador ad quem signific\u00f3 que deb\u00eda darse prelaci\u00f3n a esta \u00faltima atestaci\u00f3n, incluso en detrimento de las anteriores, sin que ello represente un debilitamiento tal de credibilidad que conduzca a asumirlo mendaz, pues, dejando de lado si el hecho ocurri\u00f3 una o varias veces, es claro que en todas ellas se mantuvo un eje central que verifica circunstancias innegables de vejamen, dentro de un entorno demostrado de intimidad. <\/p>\n
En este sentido, no es posible que el defensor sostenga sin fisuras su tesis de mendacidad o inexistencia del delito, cuando, a la par, al debate se allegaron otros elementos de juicio que respaldan la versi\u00f3n nuclear del menor, entre ellos, el descubrimiento directo que hizo su madre acerca de las conversaciones de alto contenido sexual sostenidas con el acusado. <\/p>\n
Dice el impugnante, que no es posible atribuir esas conversaciones al procesado, porque el a quo se\u00f1al\u00f3 no probado este hecho, y dado que otra persona pudo haber suplantado al procesado para el efecto. <\/p>\n
Empero, el argumento se cae por su propio peso, dado que, en primer lugar, la sola manifestaci\u00f3n del sentenciador de primer grado resulta insuficiente para sostener el t\u00f3pico, cuando est\u00e1 claro que el ad quem examin\u00f3 de otra forma los medios de prueba y lleg\u00f3 a conclusi\u00f3n contraria. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, esa conclusi\u00f3n es basada, precisamente, en la aplicaci\u00f3n del principio in dubio pro reo ahora intentado hacer valer por la defensa, como quiera que entendi\u00f3 el sentenciador ad quem, que debido a la reiteraci\u00f3n en su respuesta, una vez indagado por el Fiscal, tiene mayor efecto suasorio lo expresado en juicio por el afectado, frente a lo dicho antes en otros escenarios. <\/p>\n
En su manifestaci\u00f3n casacional el recurrente pasa por alto, de manera conveniente, que la afirmaci\u00f3n de responsabilidad penal reposa en un espec\u00edfico y fundado concepto de credibilidad del menor, que no se elimina porque haya variado en sus atestaciones el n\u00famero de vej\u00e1menes padecidos, en tanto, lo referido respecto a su materialidad aparece reiterado e inconcuso. <\/p>\n
A este efecto, cabe destacar que lo denunciado no oper\u00f3 siquiera consecuencia del querer o intenci\u00f3n del afectado, a la manera de entender que alg\u00fan tipo de animadversi\u00f3n o inter\u00e9s protervo anim\u00f3 la acusaci\u00f3n, sino de la demostrada intervenci\u00f3n de su madre, cuando pudo verificar el contenido de algunas conversaciones, v\u00eda internet, de alto contenido sexual. <\/p>\n
El casacionista, frente a este espec\u00edfico t\u00f3pico, busca presentar un examen descontextualizado del asunto, al se\u00f1alar que es costumbre la utilizaci\u00f3n de cuentas ajenas para realizar este tipo de actividades de convencimiento de menores. <\/p>\n
Pasa por alto la defensa, empero, que en este caso esa misma persona identificada en el chat con direcci\u00f3n y ocupaci\u00f3n, no es otra diferente al acusado, por la elemental raz\u00f3n que la v\u00edctima lo reconoci\u00f3 como quien lo llev\u00f3 a su casa y someti\u00f3 al tocamiento denunciado. <\/p>\n
No se trata, aqu\u00ed, del delito que se queda en el conato de invitaci\u00f3n por v\u00eda de la Internet, o del que se materializa solo en el canal inform\u00e1tico, en cuyo caso, con los datos del chat y sin verificaci\u00f3n podr\u00eda especularse en alg\u00fan tipo de suplantaci\u00f3n, sino de un contacto previo que deriv\u00f3 en la materialidad del vejamen, realizado persona a persona entre v\u00edctima y victimario, este \u00faltimo, correcta y expresamente se\u00f1alado, porque el menor lo conoc\u00eda previamente. <\/p>\n
Es m\u00e1s, como lo sostuvo el ad quem, el contenido mismo del chat, dejando de lado otros elementos de corroboraci\u00f3n, delimita en el acusado su intervenci\u00f3n, si se mira que all\u00ed la conversaci\u00f3n deriva hacia elementos concretos \u2013dado que se cita con la v\u00edctima en la direcci\u00f3n conocida del procesado y hace alusi\u00f3n a favores de transporte que, tampoco se discute, le hac\u00eda este al menor- solo pasibles de radicar en \u00e9l. <\/p>\n
Indubitable que el mismo personaje del chat es quien toc\u00f3 las partes \u00edntimas del menor luego de mostrarle im\u00e1genes pornogr\u00e1ficas, no es posible que ahora el demandante busque capitalizar en su favor el criterio, incluso discutible, del Tribunal, cuando asumi\u00f3 una sola la conducta delictuosa, pues, si se utilizara otro baremo valorativo, ello no conducir\u00eda a declarar inexistentes las acometidas sexuales, sino a determinarlas reiteradas, en modo concursal. <\/p>\n
En otro orden de ideas, no es cierto, tal cual afirma el recurrente, que el Tribunal hubiese incurrido en un yerro por falso juicio de identidad, se supone que por tergiversaci\u00f3n. Basta leer el contenido del fallo cuestionado, para advertir que all\u00ed nunca se sostiene que la madre del menor obtuvo la tarjeta de presentaci\u00f3n del procesado, por entrega que de esta le hiciera su hijo. <\/p>\n
Lejos de ello, el tema es considerado insustancial por el ad quem, en tanto: \u2026ante la veracidad inconcusa de los datos all\u00ed plasmados, f\u00fatil emerge determinar si ese documento le fue facilitado a ella por su hijo o si lo obtuvo directamente en el establecimiento comercial del se\u00f1or Jorge An\u00edbal Giraldo Arias. <\/p>\n
Nada m\u00e1s es necesario relacionar sobre el punto, evidente como se hace la falta e apego f\u00e1ctico de lo presentado como error, desde luego inexistente, por el impugnante. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el casacionista advera que no es posible atender al criterio vertido por la profesional de la piscolog\u00eda respecto al trauma hallado en el menor, porque, en su sentir, este obedece al tr\u00e1nsito entre la infancia y la adolescencia. <\/p>\n
Huelga decir que con su manifestaci\u00f3n ning\u00fan yerro de casaci\u00f3n verifica materializado el demandante, en tanto, la misma representa apenas una interesada visi\u00f3n, desde luego carente de cualquier soporte cient\u00edfico, que sin m\u00e1s busca hacer valer, como si de una verdad revelada se tratase. <\/p>\n
Cuando menos, para que la cr\u00edtica se guiase por alg\u00fan norte v\u00e1lido, el recurrente debi\u00f3 abordar de lleno la experticia en cuesti\u00f3n, a efectos de determinar el tipo de error que comporta o la falla conclusiva que la separa de sus antecedentes. <\/p>\n
Pero, si en lugar de ello se limita a afirmar, como apotegma indiscutible, que en el caso concreto el trauma descubierto obedece a aspectos, se entiende, meramente hormonales, despoja la controversia de rigor e impide cualquier an\u00e1lisis de fondo, por simple sustracci\u00f3n de materia. <\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
La Corte, respondidas las inquietudes puntuales del recurrente, verifica que el Tribunal adelant\u00f3 un estudio serio y suficiente de los elementos de juicio allegados, para de all\u00ed concluir la responsabilidad del acusado, pues, no solo fue se\u00f1alado de manera expresa y directa por la v\u00edctima, sin que exista raz\u00f3n para soportar alg\u00fan inter\u00e9s taimado en ello, sino que en su contra se reportan indicios trascendentes y convergentes, entre los cuales destacan las conversaciones de alto contenido sexual que, indiscutiblemente, sosten\u00eda por Internet con la v\u00edctima, y la cercan\u00eda representada por los favores de transporte que, ahora se sabe, buscaban allanar la posibilidad del vejamen. <\/p>\n
En fin, que la completa ausencia de argumentaci\u00f3n encaminada a verificar la existencia de alg\u00fan tipo de vicio trascendente en el an\u00e1lisis probatorio realizado por las instancias, convierte la cr\u00edtica del demandante, como ya se anot\u00f3, en alegato de instancia que necesariamente conduce a la inadmisi\u00f3n del cargo propuesto y, en general, de toda la demanda, como quiera que la Corte, examinado el tr\u00e1mite procesal y las varias decisiones tomadas en curso del mismo, no advierte violaci\u00f3n trascendente de garant\u00edas que reclame su intervenci\u00f3n oficiosa\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la determinaci\u00f3n con la que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n propuesta; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Finalmente, se advierte que sumado a que la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz JEP inform\u00f3 que elimin\u00f3 el registro de la providencia con la que se inadmiti\u00f3 la casaci\u00f3n, lo cierto es que el gestor no acredit\u00f3 haber solicitado su anonimizaci\u00f3n ante los entes accionados y vinculado, lo que torna inviable el resguardo impetrado. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u2026que si el promotor tiene alg\u00fan reparo respecto a la informaci\u00f3n que reposa en la p\u00e1gina web de la autoridad accionada, debe agotar el procedimiento que para el efecto establece la ley 1581 de 2012 (art\u00edculo 15)\u2026 <\/p>\n
Por tanto, al existir otra v\u00eda para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n\u2026 (CSJ STC12319-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-02025-00). <\/p>\n
Asimismo, se ha precisado que: <\/p>\n
\u2026como lo dijo esta misma sala en el precedente CSJ STL9630-2017, el derecho al habeas data consagrado en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, confiere a los ciudadanos la facultad de \u00abconocer, actualizar o rectificar su informaci\u00f3n personal\u00bb; que la vulneraci\u00f3n de esta prerrogativa tiene lugar cuando, \u00abpreviamente, la persona ha agotado la consulta y el reclamo de rectificaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n ante las entidades que administren sus datos, sin obtener respuesta de fondo, pues de no surtirse esa actuaci\u00f3n, no es procedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb, oportunidad en la que adem\u00e1s se trajo a colaci\u00f3n lo dicho al respecto por la Corte Constitucional en la sentencia \u00abT-139-2017\u00bb (CSJ STL13037-2019, 11 sep. 2019, rad. 86141). <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC691-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC691-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00142-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge An\u00edbal Giraldo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}