STC693-2023 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC693-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00010-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones Globales JJ S.A.S. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de anulaci\u00f3n de laudo arbitral de radicado 2022-00438-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora -a trav\u00e9s de su representante legal- reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la defensa y debido proceso. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. Olga Patricia Polo Castro interpuso demanda contra la sociedad accionante, con el fin de que \u00abse declare [\u2026] la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento que existe entre la [demandante] y la sociedad [demandada] celebrado el d\u00eda 01 de marzo de 2016, contrato de arrendamiento denominado de establecimiento de comercio (hotel, parqueadero, restaurante)\u00bb. Adem\u00e1s, se \u00abcancelen los c\u00e1nones adeudados a la fecha\u00bb1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena -con sentencia del 22 de junio de 2022- resolvi\u00f3 \u00abnegar las excepciones formuladas por Inversiones Globales JJ S.A.S. en su contestaci\u00f3n de la demanda identificadas como \u201cmejoras\u201d y \u201cperjuicio irremediable\u201d\u00bb. Por tanto, declar\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento de establecimiento de comercio (hotel, parqueadero y restaurante) suscrito el 1 de marzo de 2016 por [la demandante] como arrendadora y [la demandada] en calidad de arrendatario\u00bb. Y \u00abconden[\u00f3] a la [demandada] pagarle a [la demandante] $169.099.340 por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento no cancelados\u00bb2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la pasiva interpuso recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, el cual fue admitido el 27 de septiembre de 20223. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil-Familia del Tribunal de Cartagena -con prove\u00eddo del 2 de noviembre de 2022- dispuso \u00abdeclarar infundado el recurso de anulaci\u00f3n [\u2026] contra el laudo arbitral proferido el 22 de junio de 2022\u00bb4. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, la entidad actora anota que \u00abpese a las validaciones hechas al resolver el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n del laudo, a partir de la fecha 22 de junio de 2022, [\u2026] no contaba con la debida representaci\u00f3n que garantizara, a partir de la notificaci\u00f3n del laudo, el ejercicio pleno y efectivo de su derecho a la defensa, la designaci\u00f3n inmediata de apoderado que ejecutara dentro de los limitados plazos procesales invocar el tramite previsto en el art\u00edculo 39 de la ley 1563 de 2012 [\u2026] con la consecuente desventaja procesal para el posterior bordaje del recurso de anulaci\u00f3n del laudo\u00bb. Estima que la aceptaci\u00f3n de \u00abla renuncia en la forma como se proyect\u00f3 para el proceso, sin duda promovi\u00f3 la indebida representaci\u00f3n alegada y de contera, vulnero los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa t\u00e9cnica que en el caso del proceso arbitral resulta estrictamente necesaria a trav\u00e9s del ejercicio del derecho de postulaci\u00f3n del profesional id\u00f3neo para representar [sus] intereses\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, de cara a la Sala Civil-Familia del Tribunal de Cartagena, se\u00f1al\u00f3 que el numeral 11 del canon 78 del C.G.P. \u00absolo requiere que la renuncia sea acompa\u00f1ada de comunicaci\u00f3n enviada al poderdante, sin que el tribunal de arbitramento o el tribunal superior considere relevante verificar o analizar el contenido de la renuncia que se comunica, y de la que se desprende la vulneraci\u00f3n al derecho de estar acompa\u00f1ada [\u2026] de una adecuada representaci\u00f3n para el estadio procesal\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se anule \u00abel laudo arbitral de fecha 22 de junio de 2022 [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, se revoque \u00abla sentencia de fecha 2 de noviembre de 2022 [\u2026]\u00bb. Y, subsidiariamente, requiere que se \u00aborden[e] a las autoridades municipales del municipio de Mahates (Bol\u00edvar), realizar en un plazo perentorio las gestiones necesarias tendientes a lograr la restituci\u00f3n en favor de los accionantes, de la tenencia efectiva de los bienes inmuebles y establecimientos de comercio sujetos al contrato de arrendamiento suscrito entre Olga Patricia Polo Castro Vs Inversiones Globales JJ S.A.S, as\u00ed como las dem\u00e1s que el despacho considere v\u00e1lidas y legalmente procedentes para garantizar su uso y explotaci\u00f3n en id\u00e9nticas condiciones a las preexistentes con anterioridad a la notificaci\u00f3n del laudo arbitral\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado se\u00f1al\u00f3 que lo interpuesto \u00abcorresponde a los mismos hechos que fueron analizados en el recurso de apelaci\u00f3n conforme al material probatorio allegado, pretendiendo emplear el mecanismo constitucional como una instancia adicional o en su defecto, para imponer su propia tesis, lo que resulta totalmente contrario al fin propio de la acci\u00f3n de tutela\u00bb5. <\/p>\n
2. La C\u00e1mara de Comercio de Cartagena manifest\u00f3 que ha obrado en \u00abestricto cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de sus funciones, atendiendo cada una de sus oficios, en concordancia con las instrucciones, competencias y facultades otorgadas por la ley, para el caso en concreto, as\u00ed como a las normas que consagran y reglamentan los tr\u00e1mites arbitrales\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite6. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la sociedad tutelante, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictada el 2 de noviembre de 2022, con el cual se declar\u00f3 infundado el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n. Ello pues, aduce que los falladores de instancia no garantizaron que la sociedad actora estuviera debidamente representada, en la medida que careci\u00f3 de representaci\u00f3n t\u00e9cnica, por cuanto en la audiencia de lectura de laudo -22 de junio de 2022-, no impetr\u00f3 lo correspondiente con lo reglado en el art\u00edculo 39 de la Ley 1563 de 2012 \u2013aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y adici\u00f3n-. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Cartagena -con providencia del 2 de noviembre de 2022-7, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 declarar infundado el remedio extraordinario de anulaci\u00f3n. Para ello, de entrada, referenci\u00f3 el art\u00edculo 116 de la Carta Pol\u00edtica que establece el marco que circunscribe la actuaci\u00f3n de los tribunales arbitrales \u2013por tratarse de un mecanismo alternativo de conflictos-. En ese sentido, discurri\u00f3 sobre la competencia de los tribunales ordinarios de distrito para conocer del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n \u2013sin ser superiores jer\u00e1rquicos- y respecto de la imposibilidad de \u00abinmiscuirse en el fondo del asunto\u00bb. Sumado a que dichas resoluciones solo pueden ser atacadas por vicios en su tr\u00e1mite y no en lo correspondiente al fondo del asunto8. <\/p>\n
2.1. Para el caso, puntualiz\u00f3 que lo pretendido por el censor se ci\u00f1e a lo reglado en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012. Frente a ello, indic\u00f3 que dicho motivo est\u00e1 \u00abconcebido para resguardar la representaci\u00f3n efectiva de las partes en el proceso como substrato para el ejercicio del derecho de defensa, pero que, en todo caso, es del resorte exclusivo de la parte\u00bb. En esa l\u00ednea, sostuvo que la \u00abindebida representaci\u00f3n puede llegar a estructurar una causal de nulidad \u2013N\u00fam. 4\u00b0 art. 133 C.G.P.-, que a juicio de la parte recurrente se configura en el caso, tras aceptar indebidamente la renuncia presentada por [su] abogada dejando a la convocada [\u2026], sin defensa de sus intereses durante el plazo comprendido entre el 22 al 29 de julio de 2022\u00bb. Por tanto, advirti\u00f3 que \u00abmediante auto No 3 de 17 de diciembre de 2021, fue admitida la demanda arbitral presentada por OLGA PATRICIA POLO CASTRO contra INVERSIONES GLOBALES JJ S.A.S. [\u2026], y acto seguido el 2 de febrero de 2022 fue remitido poder especial otorgado por C\u00c9SAR AUGUSTO PINEDA MADRIGAL, actuando como representante legal de la sociedad INVERSIONES GLOBALES JJ SAS a la abogada LUISA FERNANDA CORDOBA MOSQUERA [\u2026], habi\u00e9ndosele reconocido personer\u00eda jur\u00eddica como apoderada de la convocada en auto No. 4 de 8 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, observ\u00f3 que la togada asisti\u00f3 a cada una de las actuaciones programadas y present\u00f3 \u00abrenuncia al poder otorgado el 15 de junio de 2022, en dicho memorial, solicita al Tribunal de Arbitramento aceptar la renuncia al poder conferido, \u201cen raz\u00f3n al incumplimiento del contrato por parte de la oficina de abogados & asociados referente al pago de honorarios, de la forma establecida en el contrato, \u2026\u201d [\u2026] anexando adem\u00e1s comunicaci\u00f3n dirigida a Yamile Pedraza Pe\u00f1a titulado \u201ccomunicaci\u00f3n de finalizaci\u00f3n de contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito entre la oficina abogados & asociados YPP y Luisa Fernanda C\u00f3rdoba M, en raz\u00f3n al incumplimiento en el pago de honorarios, tal como fue establecido en el contrato\u201d\u00bb. Frente a ello, expuso que el 15 de junio de 2022 \u00abel Tribunal Arbitral se abstiene de dar tr\u00e1mite a la solicitud de renuncia al poder presentada por la abogada [\u2026], como quiera que la profesional no alleg\u00f3 prueba de la comunicaci\u00f3n dirigida a la sociedad [convocada], tal como lo dispone el art\u00edculo 76 de C\u00f3digo General del Proceso, conservando su calidad dentro del proceso hasta tanto no se cumpliera con lo dispuesto en la norma procesal\u00bb. <\/p>\n
En cumplimiento de lo resuelto, aludi\u00f3 que la abogada envi\u00f3 certificado de la comunicaci\u00f3n \u00abde renuncia al poder conferido a la convocada Inversiones Globales JJ S.A.S., el 17 de junio de 2022, anexando certificaci\u00f3n emitida por @-entrega, que da cuenta del servicio de env\u00edo de la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica remitida a invglobalesjjsas2017@gmail.com – Inversiones Globales JJ SAS el 16 de junio de 2022, con acuse de recibido de la misma fecha y constancia de apertura del 17 de junio de 2022\u00bb. En ese orden, anot\u00f3 que el Tribunal arbitral, con auto del 22 de junio de 2022, acept\u00f3 \u00abla renuncia de la [togada], advirtiendo que la misma \u00fanicamente pone t\u00e9rmino al poder a partir de las 00:00 horas del 29 de junio de 2022, salvo que alguna otra causal de terminaci\u00f3n del poder previsto en el art\u00edculo 76 del CGP se encuentre acreditado, luego de lo cual, se procedi\u00f3 con la lectura del laudo arbitral\u00bb. <\/p>\n
2.3. Bajo lo expuesto, evidenci\u00f3 que no existi\u00f3 irregularidad alguna del tr\u00e1mite impartido a la renuncia formulada por la profesional del derecho frente al poder de la entidad convocada, \u00abpues evidentemente se ha dado aplicaci\u00f3n a las reglas establecidas en el art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso9\u00bb. Por lo tanto, explic\u00f3 que \u00abhabiendo acreditado la apoderada el env\u00edo de la comunicaci\u00f3n de renuncia a su poderdante [\u2026], no quedaba m\u00e1s que su aceptaci\u00f3n [\u2026]\u00bb y, no podr\u00eda concluirse la \u00abindebida representaci\u00f3n de [\u2026] Inversiones Globales JJ S.A.S., como quiera que la apoderada ejerci\u00f3 la defensa de dicha sociedad en todo el desarrollo del proceso arbitral hasta que fue presentada su renuncia en debida forma, tal como lo exige la norma, esto es, con previa comunicaci\u00f3n a su poderdante\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por otro parte, sostuvo que la recurrente manifest\u00f3 que \u00abno era admisible aceptar dicha renuncia comoquiera que las razones de la misma no se relacionan con el contrato de mandato suscrito con el poderdante [\u2026] sino que hac\u00edan referencia a la terminaci\u00f3n de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales entre la oficina Abogados & Asociados y Luisa Fernanda C\u00f3rdoba, por lo que debi\u00f3 realizarse un examen minucioso de las razones de la renuncia aportada, que no guardan relaci\u00f3n con la sociedad Inversiones Globales JJ S.A.S\u00bb. No obstante, y con sustento en doctrina10, recalc\u00f3 que \u00abm\u00e1s all\u00e1 del criterio que pretende hacer valer el [\u2026] recurrente, lo cierto es que la norma que regula la materia, solo requiere que la renuncia, sea acompa\u00f1ada de comunicaci\u00f3n enviada al poderdante en tal sentido, para que esta sea efectiva dentro de los 5 d\u00edas despu\u00e9s de su presentaci\u00f3n, lo que, adem\u00e1s, constituye un deber del abogado seg\u00fan el numeral 11 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que se exija indicar las razones puntuales de la misma\u00bb. <\/p>\n
Para la situaci\u00f3n propuesta, advirti\u00f3 que, si bien la abogada mencion\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre esta y su oficina, \u00ablo cierto es, que dicha renuncia fue comunicada a la sociedad [recurrente], a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico invglobalesjjsas2017@gmail.com suministrado por su Representante Legal, en virtud del poder conferido, luego, nada imped\u00eda, la aceptaci\u00f3n de la misma\u00bb. Y, adem\u00e1s aclar\u00f3 que esa dimisi\u00f3n \u00absolo produc\u00eda efectos a partir de los 5 d\u00edas siguientes a su presentaci\u00f3n, tal como lo indic\u00f3 el Tribunal en auto de 22 de junio de 2022, esto es, a partir del 29 de junio de 2022, luego, no se configura la indebida representaci\u00f3n que alega el apoderado recurrente del 22 al 29 de julio de 2022, pues para dicho periodo, la renuncia ya hab\u00eda producido efectos\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Tribunal atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n aportados. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para imponer una interpretaci\u00f3n frente a las normas relativas al caso y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica objeto de litigio, por encima de la efectuada por el juez de la causa ordinaria. <\/p>\n
3.2. En el punto, es necesario destacar que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Cartagena -al analizar si proced\u00eda la causal de anulaci\u00f3n del numeral 4\u00b0 del canon 41 de la Ley 1563 de 2012 como consecuencia de la renuncia al poder de la abogada frente a su mandante-, advirti\u00f3 que no era susceptible declarar la indebida representaci\u00f3n, en la medida que lo tramitado por el Tribunal Arbitral, correspondi\u00f3 al acatamiento de lo establecido en la norma para esos casos, como es la comunicaci\u00f3n de la renuncia a su apoderado y establecer que los efectos de la dimisi\u00f3n se cumplir\u00edan 5 d\u00edas despu\u00e9s de su notificaci\u00f3n \u2013art\u00edculos 76 y numeral 11 del 78 del C\u00f3digo General del Proceso-, sin que ello, tuviera la virtualidad de vulnerar las garant\u00edas procesales del demandado11. Discernimiento que no se advierte irrazonable. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la sociedad actora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto12. <\/p>\n
5. En virtud de lo analizado y dado que la determinaci\u00f3n cuestionada resulta razonable y ajustada a las normas procesales que rigen la materia, la Sala advierte que no es necesario recabar sobre los aspectos contemplados en la pretensi\u00f3n subsidiaria. <\/p>\n
6. Por estas razones, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 2 a 8 del archivo PDF \u00ab03Demanda\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00abPrueba_29_12_2022, 10_18_25\u00bb. De los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab08. 2022-00438-00 Admite recurso de anulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab09. Exp. 2022-00438-00 Recurso de anulaci\u00f3n \u2013 causal 4 Art 41 Ley 1563 de 2012\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 25 de enero de 2023. <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 25 de enero de 2023. <\/p>\n
7\u0002 Por ser la determinaci\u00f3n que finaliz\u00f3 la controversia objeto de cuestionamiento constitucional. <\/p>\n
8\u0002 sent. rev. de 13 de junio de 1990, G.J. T. CC p\u00e1g. 284, reiterada en sentencias de revisi\u00f3n de 20 de junio de 1991, G.J. CCVIII, p\u00e1g. 513; 21 de febrero de 1996, G.J. T. CCXL, p\u00e1g. 242; y 13 de agosto de 1998, G.J. T. CCLV, p\u00e1g. 372 <\/p>\n
9\u0002 ART. 76. La renuncia no pone t\u00e9rmino al poder sino cinco (5) d\u00edas despu\u00e9s de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompa\u00f1ado de la comunicaci\u00f3n enviada al poderdante en tal sentido. <\/p>\n
10\u0002 LOPEZ Blanco Hern\u00e1n Fabio, C\u00f3digo General del Proceso Parte General. Pag.427. Dupre Editores Ltda.,2016. <\/p>\n
11\u0002 Al respecto, en un caso donde el abogado renunci\u00f3 al poder y la parte aleg\u00f3 su desconocimiento, la Corte sostuvo, con base en las normas especiales para ello, que \u00abel accionante, el d\u00eda previo a la realizaci\u00f3n de dicha actuaci\u00f3n, present\u00f3 solicitud de aplazamiento, argumentando que no contaba con representante judicial que lo asistiera, pues desconoc\u00eda la renuncia al poder presentada por su abogado. El fallador del circuito fustigado no accedi\u00f3 a petici\u00f3n del aqu\u00ed libelista tras considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a la solicitud de suspensi\u00f3n elevada, el Despacho tiene que poner de presente que la misma no es de recibo, dado que su apoderado judicial renunci\u00f3 desde el 4 de octubre de 2019, la cual fue aceptada mediante auto del 8 de octubre, de modo que desde tal evento a la \u00e9poca en que se suspendieron los t\u00e9rminos judiciales en raz\u00f3n a la pandemia declarada por el Covid 19, trascurrieron m\u00e1s de 5 meses, al margen que desde el 1 de julio se reanudaron los t\u00e9rminos y mediante auto de esa calenda el Despacho reprogram\u00f3 la audiencia que concita su atenci\u00f3n, no encontr\u00e1ndose justificaci\u00f3n para la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n, dado que lo que se atisba, es una total incuria del demandado respecto del proceso. Y dado que ello no suspende para nada el proceso, debe proseguirse con la audiencia programada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, el supuesto desconocimiento aducido por el tutelante sobre la dimisi\u00f3n del poder de su representante judicial, desde octubre de 2019, carece de sustento, pues seg\u00fan lo estipulado el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 76 del estatuto ritual procesal, \u201cLa renuncia no pone t\u00e9rmino al poder sino cinco (5) d\u00edas despu\u00e9s de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompa\u00f1ado de la comunicaci\u00f3n enviada al poderdante en tal sentido\u201d, es decir que para aceptar la renuncia del profesional del derecho, -como en efecto sucedi\u00f3-, el mandatario ha debido informar a su representado sobre la terminaci\u00f3n del acuerdo\u00bb (se resalta – CSJ STC5648-2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC693-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC693-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00010-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones Globales JJ S.A.S. contra la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70995","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70995","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70995"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70995\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}