STC697-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC697-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00183-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Herrera contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gerardo Herrera promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Sebasti\u00e1n Novoa Santa, propietario del establecimiento de comercio Optilook, bajo el radicado 2021-00234, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el que dict\u00f3 sentencia el 14 de enero de 2022, en la que declar\u00f3 fracasada la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n propuesta por el municipio de Santa Rosa de Cabal, ampar\u00f3 el derecho colectivo invocado, orden\u00f3 garantizar el acceso de personas que se movilizaran en silla de ruedas al establecimiento accionado con una rampa que observara las normas t\u00e9cnicas, dispuso la conformaci\u00f3n de un comit\u00e9 para verificaci\u00f3n de cumplimiento, neg\u00f3 el incentivo deprecado, rechaz\u00f3 la nulidad elevada y no conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira en fallo de 23 de noviembre de 2022 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado y adicion\u00f3 que Optilook deb\u00eda prestar garant\u00eda bancaria o p\u00f3liza de seguros a fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia y no conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el 29 de septiembre de 2021, por correo electr\u00f3nico, le manifest\u00f3 al Juzgado que no desist\u00eda de las agencias en derecho contra la parte accionada ni contra el ente territorial, sin embargo, los falladores criticados \u00abreconocieron agencias a [su] favor\u00bb, desconociendo abiertamente el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira indic\u00f3 que no hab\u00eda incurrido en violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, puesto que actu\u00f3 conforme a las normas que regulaban la materia, respetando el debido proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que no conculc\u00f3 las prerrogativas esenciales del gestor, le dio el impulso correspondiente a la acci\u00f3n popular y las providencias emitidas fueron notificadas. Remiti\u00f3 el link del expediente criticado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en el fallo de segundo grado de la acci\u00f3n criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En esencia, el objeto de apelaci\u00f3n es referente a lo decidido sobre las costas, pues el actor popular solicita, \u201c\u2026costas contra el alcalde del ente territorial que permite la amenaza en su territorio.\u201d Igualmente, solicita, \u201c\u2026se le ordene a la juzgadora que ordene p\u00f3liza\u201d y \u201cSE DEMUESTRE EN DERECHO QUE EL ART 34 INCISO FINAL, INCENTIVO FUE DEROGADO TACITO O EXPRESAMENTE\u2026\u201d\u2026 <\/p>\n
Dicho lo anterior, se resolver\u00e1n los reparos del accionante, recordando que se fundamentan en lo decidido sobre las costas, solicitando que, se condene por dicho concepto a la entidad territorial; se ordene la p\u00f3liza que garantiza la orden y se de aplicaci\u00f3n al art 34 inciso final ley 472 de 1998. <\/p>\n
10. As\u00ed las cosas, dichos reparos no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque la acci\u00f3n popular estaba dirigida a proteger el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y ped\u00eda ordenar la construcci\u00f3n de una rampa al propietario del establecimiento de comercio accionado, quien es, en este caso, el \u00fanico sujeto pasivo de la acci\u00f3n; y, si bien en la demanda se dice que la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales, esa es una raz\u00f3n insuficiente para convertir al ente territorial en parte accionada, pues no fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni fue la parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal (art\u00edculo 21 Ley 472 de 1998), el cual establece que, en el auto que admita la demanda \u201c\u2026Adem\u00e1s, se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado.\u201d, lo que lo convierte en un tercero, un interviniente que no es sujeto de pretensiones, diferente a tener la calidad de ser parte. <\/p>\n
11. Se comparten entonces los argumentos de la funcionaria de primera instancia para desestimar la condena en costas a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal, solicitada en la demanda, porque, \u201c\u2026la calidad que \u00e9ste (sic) ostenta en el proceso es la de \u201cvinculado\u201d tal como se explic\u00f3 ampliamente al inicio de estas consideraciones, en efecto no es el ente territorial el responsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni es frente a dicha entidad que se erige la orden de amparo que se emitir\u00e1; (\u2026) pero no puede tenerse al ente territorial como parte vencida en el proceso y por ende la condena en costas resulta improcedente.\u201d; sin duda alguna, la condena en costas aplica, \u00fanica y exclusivamente, a la parte vencida en el proceso. <\/p>\n
De manera pues que efectivamente deb\u00eda negarse la condena en costas a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
12. De otro lado, dispone el art\u00edculo 42 de la ley en cita, que \u201c(\u2026) La parte vencida en el juicio deber\u00e1 otorgar una garant\u00eda bancaria o p\u00f3liza de seguros, por el monto que el juez determine (\u2026)\u201d, de tal manera que se trata de una decisi\u00f3n que el juez debe tomar de oficio, como consecuencia de la prosperidad de sus pretensiones, por lo que se adicionar\u00e1 el fallo de instancia, para la fijaci\u00f3n de p\u00f3liza de cumplimiento a cargo de la parte pasiva por la suma de cinco millones de pesos m\/cte ($5.000.000). <\/p>\n
12. Por \u00faltimo se pasa a pronunciarse sobre la aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 34 de la Ley 472\/1998, que reza \u201c(\u2026) Igualmente fijar\u00e1 el monto del incentivo para el actor popular (\u2026)\u201d, se ha dicho por esta Sala, es inviable considerar su aplicaci\u00f3n, toda vez que, el asunto, en contraste con el nuevo ordenamiento jur\u00eddico, Ley 1425 de 2010, fue derogado, al establecer en su art\u00edculo 2\u00b0, que \u201c(..) deroga y modifica todas las disposiciones que le sean contrarias\u201d <\/p>\n
Sobre sus efectos \u2013 art. 34- el Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2009-01566-01(AP) del 3-09-2013, C.P. Mauricio Fajardo G\u00f3mez, expuso\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, es de advertirse que los falladores no aceptaron el desistimiento de costas frente al Municipio, sino que resolvieron no condenar a este \u00faltimo, por ser un vinculado y no el responsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo, raz\u00f3n por la que el hecho alegado por el promotor se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto a las pretensiones relacionadas con la Procuradur\u00eda Delegada, es necesario recordarle al quejoso, como insistentemente se le ha dicho en m\u00faltiples ocasiones, que si considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular de parte de esa entidad, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello, lo que tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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