STC700-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC700-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 27001-22-08-000-2022-00078-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 M\u00f3nica Beatriz Murillo Moreno frente a la sentencia de 30 de septiembre de 2022, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina (Choco), extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n intestada con radicado n\u00b0 73613-18-40-001-2021-00131-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La actora solicit\u00f3 se ordene dejar sin efectos la providencia que admiti\u00f3 la demanda del proceso de sucesi\u00f3n en comento (13 de octubre de 2021) y todas las actuaciones posteriores, hasta el momento de interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que act\u00faa como demandada en el proceso en cuesti\u00f3n. En dicho asunto se han presentado m\u00faltiples irregularidades como la expedici\u00f3n del auto admisorio a pesar de la falsedad del registro civil de nacimiento del demandante; la demanda se bas\u00f3 en normas derogadas; se estim\u00f3 de manera errada el valor de la cuant\u00eda; no se aport\u00f3 el aval\u00fao catastral de los bienes por un profesional id\u00f3neo; no se aport\u00f3 el pago del impuesto predial; no se suspendi\u00f3 el proceso a pesar de la solicitud de copias por parte de la Fiscal\u00eda General con miras a esclarecer la falsedad documental. Adem\u00e1s, se celebr\u00f3 la audiencia de inventarios y aval\u00faos, a pesar de la ausencia de la accionante por falta de representaci\u00f3n judicial. Consider\u00f3 la promotora que estas irregularidades vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
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2. El Juzgado accionado se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional. El Juez se\u00f1al\u00f3 la falta de vulneraci\u00f3n de los derechos alegados por el cumplimiento de todas las garant\u00edas procesales. El se\u00f1or Milton Antonio Lozano C\u00f3rdoba, actuando como interviniente, solicit\u00f3 negar el amparo solicitado por el cumplimiento de todas las garant\u00edas procesales. <\/p>\n
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3. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 decidi\u00f3 no acceder a la s\u00faplica tras advertir el incumplimiento del requisito de subsidiariedad y la falta de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
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4. En el escrito de impugnaci\u00f3n, la accionante se\u00f1al\u00f3 la falta de congruencia de la providencia de primera instancia; as\u00ed mismo, agreg\u00f3 que el a quo no verific\u00f3 las normas derogadas citadas, ni los requisitos de procedibilidad de la demanda de sucesi\u00f3n y critic\u00f3 su falta de imparcialidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como quiera que los reparos fueron formulados en contra de m\u00faltiples providencias y actuaciones judiciales, este despacho analizar\u00e1 cada acusaci\u00f3n como sigue a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
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1. Sea lo primero negar por inmediatez la acusaci\u00f3n formulada en contra del auto admisorio de la demanda, por cuanto se excedi\u00f3 el t\u00e9rmino que esta sala ha considerado como razonable para interponer tutelas en contra de decisiones judiciales; de modo que, entre el momento en que se produjo el auto (13 de octubre de 2021) y el momento de interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional (23 de septiembre de 2022) la accionante super\u00f3 el semestre m\u00e1ximo con el que contaba para rebatir la providencia cuestionada. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que el amparo constitucional no dispone de t\u00e9rmino de caducidad, tambi\u00e9n lo es que debe hacerse uso de \u00e9l dentro de un \u00abper\u00edodo razonable\u00bb con posterioridad a la supuesta violaci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa fundamental, tal como insistentemente lo ha pregonado la Corte (CSJ STC3455-2020, STC7277-2020, STC039-2022 memoradas en STC5020-2022, entre muchas). <\/p>\n
De ello se colige que, ante el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, en este caso el de inmediatez\u00b8 el juez de tutela tenga vedado el estudio de fondo del asunto planteado, pues el amparo deviene improcedente. En este sentido, aunque la actora aleg\u00f3 un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, se echa de menos la prueba de tales circunstancias, escenario suficiente para frustrar la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de forma transitoria, pues como en otras ocasiones se ha dicho, \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (STC11816-2018, reiterada STC12017-2020). <\/p>\n
2. En lo que respecta a la queja que se formul\u00f3 en contra del auto que neg\u00f3 la tacha de falsedad (28 de marzo de 2022), la misma debe negarse por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, ya que contra dicha decisi\u00f3n se encuentra en curso un recurso de apelaci\u00f3n, por tanto, la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente por prematura. <\/p>\n
En cuanto a la acusaci\u00f3n en contra del auto que neg\u00f3 la solicitud de nulidad (25 de julio de 2022), la misma tambi\u00e9n debe negarse por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, ya que contra dicha decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno, siendo procedentes el de apelaci\u00f3n, conforme al numeral 6 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En este orden de ideas, no es posible aceptar que en esta senda se irroguen cuestiones que debieron ser planteadas ante la autoridad competente, ya que esta \u00abacci\u00f3n preferente\u00bb no fue concebida como un instrumento sustitutivo de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, por lo que su no ejercicio o utilizaci\u00f3n indebida acarrea que las partes queden sujetas a las consecuencias de los prove\u00eddos que le sean adversos, pues son el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
En esa medida, es necesario aplicar a este caso el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, cuando al respecto consagra que \u00ab[l]a acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. De all\u00ed que la judicatura no pueda descender a constatar o desvirtuar las cr\u00edticas del gestor, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (STC13376-2021). <\/p>\n
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3. Finalmente, el auto que neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad no se percibe como una v\u00eda de hecho ya que las razones que dio el juez para tomar esa decisi\u00f3n, as\u00ed no se compartan, no lucen descabelladas o contrarias a la ley. En efecto, la autoridad aludida indic\u00f3 que su determinaci\u00f3n obedec\u00eda a que el proceso de sucesi\u00f3n deb\u00eda resolverse de manera c\u00e9lere, conforme lo ordena el art\u00edculo 1388 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como porque lo que estaba siendo objeto de investigaci\u00f3n penal no influ\u00eda en las decisiones que se adoptar\u00e1n en el tr\u00e1mite liquidatorio, en la medida en que lo relacionado a establecer la falsedad o no del registro civil de nacimiento del all\u00e1 demandante ya hab\u00eda sido resuelto mediante la tacha de falsedad. De modo que no exist\u00eda necesidad de esperar a lo que se decidiera en el campo penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisada esa posici\u00f3n frente a lo consignado en el art\u00edculo 161, numeral 1\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, no se advierte el dislate indicado por el accionante, comoquiera que esa disposici\u00f3n se\u00f1ala: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 161. SUSPENSI\u00d3N DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretar\u00e1 la suspensi\u00f3n del proceso en los siguientes casos: <\/p>\n
1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n. El proceso ejecutivo no se suspender\u00e1 porque exista un proceso declarativo iniciado antes o despu\u00e9s de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del t\u00edtulo ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepci\u00f3n. (\u2026). (Negrillas de ahora). <\/p>\n
En esa medida, al margen de que se comparta o no la decisi\u00f3n proferida por el estrado accionado, la misma resulta razonable y ajustada a lo dictado por el numeral 1 del art\u00edculo 161 del estatuto procesal; por tanto, no luce antojadiza, ni descabellada en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por \u00e9l. <\/p>\n
Con ese escenario, es ostensible la ausencia de los presupuestos de inmediatez, subsidiariedad y la improcedencia del resguardo en lo que a esta cr\u00edtica se refiere. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC700-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC700-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 27001-22-08-000-2022-00078-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 M\u00f3nica Beatriz Murillo Moreno frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71002","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71002\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}