STC702-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC702-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00258-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el resguardo constitucional promovido Anais Fabiola Pinilla de Cristancho, Diany Yaneth Pinilla Pineda, Luis Felipe, Holga In\u00e9s, No\u00e9 y Carolina Pinilla Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, los demandados Carlos Arley y Emmanuel Humberto Pinilla Rojas y los testigos Mar\u00eda Lorenza Escobar y Alfonso Parra Arteaga. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba los derechos a la verdad real, al de la buena fe y al de la lealtad procesal\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al interior del proceso de radicado 73001-31-O3-004-2020-00044-00. <\/p>\n
2. Del relato de los accionantes y de las piezas obrantes en el plenario, se advierte la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Los accionantes impulsaron proceso verbal de simulaci\u00f3n en contra de los se\u00f1ores Carlos Arley Pinilla Rojas y Emmanuel Humberto Pinilla Rojas, a efectos de obtener la declaratoria de simulaci\u00f3n absoluta de ciertos contratos de compraventa. <\/p>\n
2.2. Agotado el tr\u00e1mite de instancia, el 29 de abril del 2022, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 profiri\u00f3 sentencia con la cual declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito. En consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. Dicho prove\u00eddo fue confirmado en sentencia del 05 de octubre del 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2.4. A juicio de los actores, en dichas determinaciones se incurri\u00f3 en falta de motivaci\u00f3n por haber omitido valorar cada prueba. Llamaron la atenci\u00f3n en que \u00abel fallo est\u00e1 sustentado en unos apartes de lo que manifest\u00f3 una testigo que deja muchas dudas en su relato y con esta falencia fue tomada la decisi\u00f3n por cada juzgador en los dos casos, en primera y segunda instancias sin se\u00f1alar los motivos que tuvieron para tener en cuenta cada prueba para luego fallar, es decir no realizaron una justificaci\u00f3n de las razones de hecho y de derecho que los llevaron a tomar la decisi\u00f3n\u00bb. Indicaron, adem\u00e1s, que la motivaci\u00f3n fue defectuosa, insuficiente y aparente. Indicaron, adem\u00e1s, que los testigos faltaron a la verdad y que los demandados \u00abno realizaron ninguna compraventa, la simularon con la creencia que los familiares de la causante no iban a cuestionar el acto fraudulento acontecido\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo relatado, solicitaron que se ordene \u00abla ampliaci\u00f3n de la prueba documental respecto al soporte de los $140.000.000 en cuentas y entrada al pa\u00eds o su confirmaci\u00f3n como prueba de la simulaci\u00f3n\u00bb y la \u00abratificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la prueba testimonial a fin de verificar o descartar si efectivamente si se trat\u00f3 de un negocio simulado en detrimento del acervo hereditario de los demandantes\u00bb. Adem\u00e1s, que una vez se confirme \u00abla valoraci\u00f3n probatoria, desde ya se solicita se remita lo actuado a la FISCALIA para la investigaci\u00f3n de la FALSEDAD DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL obrante en el proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 advirti\u00f3 que los accionantes presentaron una queja constitucional con identidad de sujetos, objeto y causa que curs\u00f3 en esta Sala de Casaci\u00f3n Civil bajo el radicado 2022-04223-00, que se resolvi\u00f3 mediante fallo desestimatorio del 14 de diciembre de 2022. Frente a las cr\u00edticas efectuadas, \u00abesta Colegiatura, en su sala especializada civil-familia, se atiene a lo consignado en el expediente contentivo del tr\u00e1mite judicial en que tuvo g\u00e9nesis la acci\u00f3n de tutela y las razones jur\u00eddicas que motivaron la sentencia proferida el 5 de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 Gildardo Murcia Walteros, quien dijo actuar como apoderado de Carlos Arley Pinilla y Emmanuel Humberto Pinilla, advirti\u00f3 que \u00abel an\u00e1lisis de la prueba en general fue contundente, razonado, precedido bajo aquellos principios establecidos en el art\u00edculo 176 el C. G. del Proceso, tanto en uno y otro fallo, se expuso razonadamente el m\u00e9rito que le asignaron a cada una de ellas, de ah\u00ed, la seguridad que cada Juez natural, consider\u00f3 para proferir un fallo como en derecho corresponde\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00ablos accionantes ya hab\u00edan instaurado acci\u00f3n de tutela en el mismo asunto, la cual esta radicada bajo el No.11001-02-03-000-2022-04223-00, con pronunciamiento de fondo seg\u00fan sentencia del 14 de diciembre de 2022, con ponencia del Honorable Magistrado Dr OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE, donde Deniega la salvaguarda del Derecho invocado por las razones all\u00ed expuestas\u00bb. <\/p>\n
3. Alfonso Parra Arteaga asever\u00f3 que con Carlos Arley ha tenido una amistad desde hace muchos a\u00f1os, \u00abamigos de confianza, responsables en nuestros asuntos, por esa raz\u00f3n yo le facilit\u00e9 como vuelvo y lo digo, esa suma de dinero para la compra de esa vivienda. Ese fue el motivo de mi declaraci\u00f3n y la ratifico como lo dije en el Juzgado, ya que es toda la verdad en este movimiento negocial\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 asever\u00f3 que se \u00abdict\u00f3 sentencia realizando una debida valoraci\u00f3n probatoria, garantizando el debido proceso a las partes intervinientes y siguiendo tanto las disposiciones legales como la jurisprudencia vigente sobre el tema bajo estudio\u00bb. <\/p>\n
5. Mar\u00eda Lorenza Escobar Robayo dijo ratificarse en todo lo manifestad ante el Juzgado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales de los actores, con ocasi\u00f3n de las providencias dictadas el 05 de octubre de 2022 y 29 de abril de 2022 dentro de la causa judicial. Ello pues, aducen que las autoridades accionadas incurrieron en falta de motivaci\u00f3n frente al estudio de las probanzas. <\/p>\n
2. Lo primero que debe aclararse es que en el caso en concreto no se puede predicar la cosa juzgada constitucional, pues no existe identidad de partes. <\/p>\n
2.1. En efecto, obra en el plenario el fallo de tutela proferido por esta Sala Civil el 14 de diciembre de 2022 (STC16496-2022), con el cual se neg\u00f3 la salvaguarda instaurada por \u00abLuis Enrique Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez como apoderado de Anais Fabiola Pinilla de Cristancho, Diany Yaneth Pinilla Pineda, Carolina, Luis Felipe, Noe y Olga In\u00e9s Pinilla Gonz\u00e1lez\u00bb contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la referida urbe y los testigos Mar\u00eda Lorenza Escobar y Alfonso Parra Arteaga. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, es menester precisar que dicha acci\u00f3n constitucional fue despachada desfavorablemente en atenci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado Luis Enrique Gonz\u00e1lez. En ese sentido, se indic\u00f3 que \u00abel impulsor del amparo no es el titular de los derechos invocados, sin que haya aportado el poder especial que le fuere otorgado para promover esta v\u00eda\u00bb. De tal suerte, que no existe identidad de partes. <\/p>\n
2.3. No obstante, en el caso concreto, al presentar la acci\u00f3n de tutela se anex\u00f3 el poder otorgado por los accionantes en favor del se\u00f1or Gonz\u00e1lez \u00abpara que en nuestros nombres y representaci\u00f3n INTERPONGA ante esa corporaci\u00f3n la ACCI\u00d3N DE TUTELA en aras de proteger nuestros derechos fundamentales amparados en la constituci\u00f3n nacional de 1991, y que han sido desconocidos dentro del PROCESO DE SIMULACI\u00d3N RAD. No. 73001-31-004-2020-00044-00\u00bb. Por ende, quienes ruegan el amparo en el asunto son los demandantes en el proceso de radicado 2020-00044-00, y titulares de las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisada la providencia objeto de controversia1, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la instancia, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era procedente confirmar el prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por memorar los interrogatorios de parte rendidos por Carlos Arley Pinilla Rojas, Emmanuel Humberto Pinilla Rojas, Luis Felipe Pinilla Gonz\u00e1lez, Anais Fabiola Pinilla, Holga In\u00e9s Pinilla, Carolina Pinilla, No\u00e9 Pinilla y Diany Yaned Pinilla. Tambi\u00e9n trajo de presente las declaraciones de Alfonso Parra Arteaga, Doris Pinilla Pinilla, Mar\u00eda Lorenza Escobar Robayo y Carmen Cecilia Pinilla Pinilla. Y, por \u00faltimo, hizo alusi\u00f3n a los extractos bancarios de Mar\u00eda Gladys Pinilla, emitidos por los Bancos AV Villas y Bancolombia. Tales medios suasorios le permitieron concluir que los reparos de los apelantes no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad en tanto que \u00abnada dentro del cartulario permite inferir razonadamente que entre vendedora y comprador existi\u00f3 un acuerdo tendiente a realizar una negociaci\u00f3n que discrepara con su voluntad interna\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, en su parecer, de la prueba testimonial \u00abparticularmente de la declaraci\u00f3n rendida por Mar\u00eda Lorenza Escobar Robayo, que la finada efectivamente ajust\u00f3 con Carlos Arley Pinilla un contrato de compraventa sobre el inmueble del que era due\u00f1a (\u2026)., dando cuenta aquella de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se celebr\u00f3, en aspectos tales como que la vendedora actu\u00f3 de forma libre y espont\u00e1nea, que recibi\u00f3 dinero en efectivo, que se le indag\u00f3 por ello en la notar\u00eda antes de firmar, y que pudo seguir habitando parte del predio con la venia del adquirente Carlos Arley Pinilla Rojas\u00bb. Testimonio que, a juicio del ad quem, goza de plena credibilidad ante la relaci\u00f3n de la deponente con Mar\u00eda Gladys Pinilla, \u00abadmitida incluso por la actora Holga In\u00e9s Pinilla Gonz\u00e1lez (\u2026), corroborado ello por la tambi\u00e9n testigo Carmen Cecilia Pinilla, y porque exterioriz\u00f3 la ciencia de su dicho, por su estrecha cercan\u00eda tras ser vecinas del mismo sector y porque estuvo presente en la formalizaci\u00f3n del negocio, habiendo percibido a trav\u00e9s de sus sentidos todo lo que declar\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, estim\u00f3 que el hecho de que sus consangu\u00edneos no se hubieran enterado del negocio se explica por la misma Carolina Pinilla, quien indic\u00f3 que Mar\u00eda Gladys \u00abera muy reservada en sus movimientos econ\u00f3micos, situaci\u00f3n confirmada por la precitada testigo, pues le encarg\u00f3 que nada comentara y que incluso le guardara el dinero que hab\u00eda recibido por la venta\u00bb. Y en lo que ata\u00f1e a que la suma de dinero no fue encontrada ni en efectivo en cuentas bancarias ni en otros bienes de fortuna \u00abes comprensible dado que el pago no se surti\u00f3 a trav\u00e9s de entidades financieras sino en efectivo y que el mismo, que estuvo custodiado por Mar\u00eda Lorenza Escobar Robayo, fue entregado por \u00e9sta a la obitada de forma diferida, en varias cantidades, de acuerdo con sus requerimientos para suplir sus necesidades b\u00e1sicas y especialmente de salud, por la enfermedad catastr\u00f3fica que padec\u00eda\u00bb. Situaci\u00f3n que es consistente con el dicho de los demandantes, quienes indicaron que Mar\u00eda Gladys asum\u00eda sus gastos personalmente, \u00abaspecto que llama poderosamente la atenci\u00f3n de la Sala, haciendo plausible la versi\u00f3n que rendida por Mar\u00eda Lorenza Escobar Robayo en la que se da cuenta sobre la venta del inmueble a Carlos Arley Pinilla Rojas, para poder atender los diferentes costos que se generaron producto de su enfermedad\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 el hecho de que algunos demandantes reconocieron que para los a\u00f1os 2017 y 2018, \u00abCarlos Arley Pinilla Rojas adelant\u00f3 adecuaciones en el primer piso del inmueble ubicado en la calle 30 No. 5-34 (2 a\u00f1os antes de la muerte de Mar\u00eda Gladys Pinilla) lo que desdice del argumento de que la negociaci\u00f3n fue oculta y solo vino a conocerse luego del deceso de su hermana cuando el demandado empez\u00f3 a disponer con cambio de cerraduras, a lo que se auna que la anterior propietaria, de forma voluntaria y desde entonces, cedi\u00f3 tal espacio al nuevo titular y se traslad\u00f3 al segundo piso del inmueble\u00bb. En ese orden de ideas, para el Tribunal no e posible soportar -ni siquiera en indicios- que entre Mar\u00eda Gladys y Carlos Arley se fragu\u00f3 un negocio jur\u00eddico aparente. Por el contrario, evidenci\u00f3 que \u00abla enajenaci\u00f3n atacada fue real, pues Carlos Arley Pinilla acudi\u00f3 a Alfonso Parra Arteaga para obtener el dinero con el que pagar\u00eda el inmueble, que coincide con el valor declarado en la escritura ($140.000.000), y el mismo fue efectivamente entregado a la tradente, con lo que se desvirt\u00faan los indicios de falta de capacidad econ\u00f3mica del comprador y no pago del precio, justific\u00e1ndose adem\u00e1s que Mar\u00eda Gladys Pinilla continuara habitando parte del inmueble, seg\u00fan el testimonio de Mar\u00eda Lorenza Escobar -persona cercana a la fallecida-, en el hecho de que el comprador Carlos Arley Pinilla Rojas as\u00ed se lo permiti\u00f3, con lo que igualmente se desvirt\u00faa el indicio de continuar la detentaci\u00f3n material de la vendedora\u00bb. <\/p>\n
4.- De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable y juiciosa de las probanzas, la normativa y jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
Ahora bien, los fundamentos con los cuales los accionantes recriminan la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos en que la magistratura interpelada se bas\u00f3 para resolver el recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, tal disconformidad no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. Ello revela la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Se sigue entonces que en el sub judice, se identifica una disparidad de criterios, entre lo considerado por la Colegiatura acusada- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes. As\u00ed las cosas, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Desde luego, en este escenario, tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto. En efecto, <\/p>\n
el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) deforma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00. Tambi\u00e9n en STC613 <\/p>\n
2017). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el imperdonable riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
5. De conformidad con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda rogada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Si bien la queja se enfil\u00f3 contra las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, lo cierto es que el estudio se circunscribir\u00e1 a la dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, por ser la que resolvi\u00f3 definitivamente la controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
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