STC706-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC706-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00089-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y doble instancia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 cursa el proceso divisorio de radicado 2017-00287, en el que, por auto del 2 de julio de 2020, se orden\u00f3 la venta del inmueble en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 2 de mayo de 2022 se declar\u00f3 desierta la subasta p\u00fablica, por falta de postores. <\/p>\n
2.3. El 26 de mayo siguiente, el Juzgado suspendi\u00f3 el proceso, por prejudicialidad, ante la existencia de juicios ejecutivos en curso con embargos vigentes sobre el mismo bien, decisi\u00f3n que fue confirmada el 14 de julio posterior, en auto que tambi\u00e9n neg\u00f3 la alzada propuesta. <\/p>\n
2.4. El 12 de diciembre de 2022, el Tribunal accionado declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. En criterio de la actora, el juez \u00abdescubre que en el certificado de tradici\u00f3n, que tuvo a la vista por m\u00e1s de 5 a\u00f1os, 27 propietarios tienen limitaciones al dominio\u00bb y procede a suspender el tr\u00e1mite, por la existencia de embargos precedentes que impiden la venta, sin tener en cuenta que hay 7.000 copropietarios y que \u00abcada mes aproximadamente est\u00e1n llegando comunicaciones para registrar sobre el inmueble, lo que har\u00e1 imposible que se remate\u00bb, de manera que la suspensi\u00f3n ordenada es permanente y, por tanto, lo dispuesto es terminar el proceso, beneficiando \u00aba quienes ocupan irregularmente el inmueble\u00bb. <\/p>\n
Argumenta que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto material sustantivo, toda vez que dejaron de aplicar el \u00abart\u00edculo 42 del C.G.P que ordena impartir justicia, cuando no haya norma espec\u00edfica\u00bb y negaron dar curso a la apelaci\u00f3n propuesta, porque consideran que \u00abno se trata de una terminaci\u00f3n, inaplicando el art\u00edculo 321, numeral 3 del C.G.P. que determina la intervenci\u00f3n del Superior sobre cualquier forma de terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Con sustento en lo relatado, pidi\u00f3 que se acepte que la suspensi\u00f3n del proceso comporta en realidad la terminaci\u00f3n y, en esa medida, que se ordene la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el \u00abart\u00edculo 42 del C.G.P decidiendo y aplicando el art\u00edculo 465 del C.G.P no dejando el caso eternamente en suspenso\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado solicit\u00f3 desestimar el amparo, porque no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 indic\u00f3 que su decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en \u00abcriterios objetivos, que atienden la ley sustancial y procesal, sin que se evidencien las falencias que acusa la petente\u00bb, de modo que el \u00absimple desacuerdo con aquella no la convierte en vulneradora de los derechos fundamentales que ahora se reclaman\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron los derechos de la accionante, con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n del 12 de diciembre de 2022, que resolvi\u00f3 el recurso de queja presentado contra el auto proferido el 14 de julio de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, que suspendi\u00f3, por prejudicialidad, el proceso divisorio en curso. <\/p>\n
2. Al respecto, revisadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que el Juzgado accionado, por prove\u00eddo del 26 de mayo de 2022, se\u00f1al\u00f3 que, verificado \u00abel certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble objeto del proceso que fuere aportado por la parte actora\u00bb, encontr\u00f3 que sobre el mismo reca\u00edan \u00abuna serie de medidas cautelares de embargo y limitaciones del dominio\u00bb que impiden la venta del bien, porque aquellas sacan el predio del comercio y, por tanto, su enajenaci\u00f3n es il\u00edcita, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, como el juicio divisorio culmina con la sentencia que se emite una vez registrado el remate, seg\u00fan lo contemplado en el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso, al no poder realizarse aquella enajenaci\u00f3n por cuenta de los embargos, el asunto depende de lo que se decida en los procesos ejecutivos en los que fueron decretados, raz\u00f3n por la cual, acorde con lo contemplado en el numeral 1 del art\u00edculo 161 del C. G. del P., deb\u00eda declararse la prejudicialidad y suspender el proceso. <\/p>\n
2.1. El 14 de julio de 2022, al resolver el recurso de reposici\u00f3n y el subsidiario de apelaci\u00f3n instaurados por la parte demandante frente a la anterior decisi\u00f3n, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 mantuvo su determinaci\u00f3n, al destacar que el operador judicial de conocimiento pod\u00eda suspender el proceso, dado que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 161 del C.G. del P. establece que esa medida es procedente cuando la sentencia que debe dictarse depende de lo que se resuelva en otro juicio, supuesto acreditado en el asunto. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que en los tr\u00e1mites divisorios la providencia que ordena la venta es un auto y que la sentencia es aquella que se emite despu\u00e9s de rematado el bien, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 409 y 411 ibidem, raz\u00f3n por la cual la medida era procedente, pues no se hab\u00eda emitido el fallo respectivo, dado que no se surti\u00f3 la subasta. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que, toda vez que \u00ablas cautelas que fueron decretadas por otros despachos judiciales y que pesan sobre el inmueble objeto de la litis, no pueden levantarse por este Despacho, pues no fue el que emiti\u00f3 dichas \u00f3rdenes\u00bb, el proceso debe suspenderse, y neg\u00f3 la alzada, por improcedente. <\/p>\n
2.2. El 29 de septiembre de 2022, el Juzgado no repuso la decisi\u00f3n referente al recurso de alzada y orden\u00f3 la expedici\u00f3n de copias, para tramitar ante el superior la queja, dado que el auto que suspendi\u00f3 el proceso, por prejudicialidad, no era apelable y porque no era cierto que se hubiera ordenado la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2.3. El 12 de diciembre de 2022, el Tribunal declar\u00f3 que hab\u00eda sido bien negada la apelaci\u00f3n contra el auto de 14 de julio de ese mismo a\u00f1o, por cuanto la providencia que suspende el proceso, por prejudicialidad, \u00abno se halla enlistada en el art\u00edculo 321 del C.G.P. y, tampoco, se consagra en alguna de las disposiciones especiales que se refieren al tema\u00bb. Frente al argumento del quejoso referido al hecho de que la suspensi\u00f3n del proceso se asimilaba a su terminaci\u00f3n, la autoridad judicial demandada precis\u00f3 que: <\/p>\n
la suspensi\u00f3n de forma alguna se equipara a terminaci\u00f3n del proceso, por ser dos situaciones procesales totalmente disimiles en sus causas y consecuencias, siendo la primera procedente bajo condiciones de fuerza mayor que afectan el derecho de defensa o la debida representaci\u00f3n de la parte en el proceso, o, cuando existe la prejudicialidad por otro proceso bajo las condiciones que est\u00e1n establecidas; en tanto que, la terminaci\u00f3n, solo obedece a las diversas maneras de finalizar el tr\u00e1mite, que no es la que aqu\u00ed ocurre. Huelga se\u00f1alar, que esto sin entrar a avalar o no lo decidido, porque carecemos de competencia para ello. <\/p>\n
3. Para la Sala, las determinaciones cuestionadas, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resultan arbitrarias o manifiestamente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fueron proferidas despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, las pruebas allegadas y la normativa aplicable, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. En efecto, en cuanto a la improcedencia de la alzada, el Tribunal argument\u00f3 que el auto cuestionado no estaba enlistado en el art\u00edculo 321 del C.G. del P. como aquellos susceptibles de apelaci\u00f3n y agreg\u00f3 que no era posible asimilar la suspensi\u00f3n con la terminaci\u00f3n del litigio, como lo pretend\u00eda la parte recurrente, toda vez que la primera era procedente tambi\u00e9n cuando \u00abexiste la prejudicialidad por otro proceso bajo las condiciones que est\u00e1n establecidas\u00bb, cuesti\u00f3n que no comporta la finalizaci\u00f3n de la litis y, por tanto, la decisi\u00f3n censurada no era apelable. <\/p>\n
A su vez, se observa que, como lo consider\u00f3 el Juzgado convocado, al recaer varias medidas cautelares de embargo sobre el inmueble objeto del proceso, decretadas por varios Juzgados, se afectaba la viabilidad de la venta forzada que deb\u00eda surtirse en el juicio divisorio, pues aquellas sacaban el bien del comercio e imped\u00edan la enajenaci\u00f3n ordenada, ateniendo lo previsto en el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil, de manera que lo que all\u00ed se resolviera era determinante para poder continuar el tr\u00e1mite, circunstancia que derivaba en la necesidad de suspender el juicio divisorio, precisando que, acorde con lo previsto en art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso, en ese tipo de asuntos solo se emite sentencia despu\u00e9s de registrado el remate y entregada la cosa al rematante, actuaciones que no se hab\u00edan surtido y, en consecuencia, la suspensi\u00f3n por prejudicialidad era procedente. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, en el sub lite se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades accionadas -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no puede prosperar, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden1. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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STC706-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC706-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00089-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). I. ANTECEDENTES 1. La gestora procura […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71008","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71008"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71008\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}