STC707-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC707-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02528-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Martha Aroca Bol\u00edvar contra el fallo proferido el 30 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad encausada, por la tardanza en entregarle los dineros dispuestos en el juicio fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado encartado \u00abrealizar de una vez por todas, de forma inmediata y sin m\u00e1s dilaciones de ninguna especi[e], la entrega\u2026 de la suma de dinero adeudada y ordenada\u2026 desde el d\u00eda 22 de septiembre del a\u00f1o 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio divisorio incoado por Luis Nelson Rodr\u00edguez Cubillos (quien cedi\u00f3 sus derechos litigiosos a la ac\u00e1 accionante) contra Luis Carlos, Perla Mar\u00eda y Nohora Cort\u00e9s Cuellar respecto del predio con folio inmobiliario Nro. 50N-950682, surtidas las etapas de rigor, el 22 de septiembre de 2022 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual adjudic\u00f3 a los demandados el porcentaje que pertenec\u00eda al actor sobre el citado inmueble, orden\u00f3 el levantamiento de la inscripci\u00f3n de la demanda y el registro de ese veredicto ante la oficina de instrumentos p\u00fablicos, as\u00ed como la entrega de la suma de $60\u2019662.700 a favor de la ac\u00e1 accionante, \u00abpor concepto del precio pagado por el derecho de la cuota parte adjudicada a los\u2026 demandados\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, la actora cuestion\u00f3 la tardanza injustificada de la sede judicial en entregarle la suma de dinero dispuesta en el mentado veredicto, a pesar de que lo all\u00ed dispuesto cobr\u00f3 ejecutoriada sin objeci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Destac\u00f3 que con tal prop\u00f3sito acudi\u00f3 en seis (6) ocasiones al Juzgado sin obtener respuesta favorable, en tanto que, la primera vez, le indicaron que no pod\u00edan expedirle los t\u00edtulos porque se encontraban pendientes de correcci\u00f3n los oficios destinados a la oficina de registro; en la segunda ocasi\u00f3n le manifestaron que la secretaria estaba en licencia de maternidad; en la tercera oportunidad le dijeron que dicha empleada hab\u00eda retornado al cargo pero se requer\u00eda autorizaci\u00f3n de firma por parte del Banco Agrario; la cuarta vez le manifestaron que la firma de la secretaria fue debidamente registrada pero su usuario se hallaba bloqueado; en la quinta oportunidad le se\u00f1alaron que el tema con el Banco hab\u00eda sido resuelto pero el Juez y la Secretaria no hab\u00edan aprobado los t\u00edtulos por exceso de trabajo; y en la \u00faltima ocasi\u00f3n le manifestaron que al Juez se le present\u00f3 una calamidad domestica -fallecimiento de un familiar- que imped\u00eda autorizar los t\u00edtulos. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas; destac\u00f3 que el 11 de octubre de 2022 remiti\u00f3 a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos los oficios destinados a la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda y el registro de la adjudicaci\u00f3n pero, \u00ab[a] la fecha, no se ha obtenido respuesta\u00bb; que, \u00ab[u]na vez se reciba noticia sobre la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n\u2026, se proceder\u00e1 con la entrega de dineros a la accionante, tal y como puede colegirse de la aplicaci\u00f3n mancomunada de los art\u00edculo 411 y 414 del CG del P.\u00bb; y que, por lo dicho, se deb\u00eda \u00abdenegar el amparo constitucional deprecado\u00bb, comoquiera que \u00abninguna mora judicial injustificada se ha producido al interior del proceso, y, adem\u00e1s, la accionante no ha formulado ninguna solicitud previa a la presente acci\u00f3n de tutela para la entrega de los recursos econ\u00f3micos que se depositaron por cuenta del proceso\u2026 a \u00f3rdenes del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar inexistente la vulneraci\u00f3n de derechos denunciada, porque \u00abde acuerdo a la r\u00e9plica tra\u00edda por la Juez\u2026[,] la postura que sujeta la entrega de los t\u00edtulos judiciales a la inscripci\u00f3n efectiva de la sentencia de adjudicaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien pleiteado, puede enmarcarse dentro de una interpretaci\u00f3n conjunta y anal\u00f3gica de los preceptos 411 y 414 del C\u00f3digo General del Proceso, que rigen la forma del procedimiento divisorio, como es el que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que, \u00absi del an\u00e1lisis al caso se observa: i) la aplicaci\u00f3n de dos normas procesales que, en complemento, obedecen al tr\u00e1mite de un mismo tipo de asuntos, y ii) que el Estrado cuestionado de manera diligente, ha propendido por el registro del t\u00edtulo que otorg\u00f3 dominio a los comuneros Luis Carlos, Perla Mar\u00eda y Nohora Astrid, previo al pago de los dineros a favor de su contendiente, no es plausible pregonar transgresi\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de Martha Aroca Bol\u00edvar, en tanto el criterio adoptado por la Juez luce razonable y no requiere, en esa l\u00ednea, intromisi\u00f3n de orden constitucional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en todo caso, la salvaguarda insatisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abla conducta de la quejosa en el pleito que nos ocupa tambi\u00e9n deja entrever su falta de inter\u00e9s. Ello, en tanto no se encuentra que, por lo menos formalmente, haya reclamado ante el juez natural la cuesti\u00f3n que ahora ventila en sede de tutela, escenario id\u00f3neo en el cual, estando ante un pronunciamiento de rango judicial, cuenta con los mecanismos de defensa estatuidos por el legislador para poner de presente su inconformidad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales; afirm\u00f3 que resulta contrario a derecho condicionar la entrega de dineros al registro de la sentencia, m\u00e1xime cuando el juicio culmin\u00f3 con \u00e9sta y el predio no se adjudic\u00f3 por v\u00eda de remate sino con ocasi\u00f3n del ejercicio del derecho de compra por parte de los comuneros, siendo inaplicable el precepto 411 del C\u00f3digo General del Proceso; y resalt\u00f3 que en su demanda de amparo claramente rese\u00f1\u00f3 las diferentes oportunidades en que, infructuosamente, concurri\u00f3 ante la autoridad judicial accionada para obtener la anhelada entrega de los dep\u00f3sitos judiciales; lo que permit\u00eda evidenciar que fueron erradas las conclusiones del a-quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, revisada la demanda de tutela y el escrito de impugnaci\u00f3n, se tiene que la gestora critica al juzgado acusado la tardanza en la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, por el monto dispuesto a su favor en sentencia de 22 de septiembre de 2022, a pesar de que dicha providencia cobr\u00f3 ejecutoria sin reparos. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, considera la Sala que el resguardo reclamado estaba llamado a prosperar, lo que impone revocar la decisi\u00f3n opugnada, porque muy a pesar de las exculpaciones de la titular del Juzgado atacado, ciertamente se muestra injustificada la no entrega de la suma de dinero exigida por la accionante. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a la protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos(\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
3.2. Teniendo en cuenta lo anterior, como se anticipara, la impugnaci\u00f3n se despachar\u00e1 favorablemente, comoquiera que el resguardo deprecado debi\u00f3 concederse, dada la evidente tardanza injustificada del Juzgado accionado en punto a materializar la entrega de dineros que dispuso en su sentencia de 22 de septiembre de 2022, si en cuenta se tiene que esa decisi\u00f3n est\u00e1 ejecutoriada y, contrario a lo sostenido por el estrado accionado y el a-quo constitucional, no existe ninguna disposici\u00f3n legal que, en el caso concreto, supedite tal entrega a favor de la accionante (cesionaria del condue\u00f1o demandante), a la previa inscripci\u00f3n -en el registro p\u00fablico- de la providencia en la que, en el proceso divisorio atacado, se adjudic\u00f3 el predio a los condue\u00f1os demandados; y es que ese supuesto, eventualmente, tan s\u00f3lo es exigible en los asuntos en que, de esa naturaleza, los predios se someten a remate (art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso), lo que ac\u00e1 no ocurri\u00f3, pues lo acaecido fue el ejercicio del derecho de compra por parte de algunos de los condue\u00f1os (canon 414 ib\u00eddem), de donde ni siquiera podr\u00eda considerarse razonable la aplicaci\u00f3n indistinta y mixta que respecto de esas normas termin\u00f3 validando el Tribunal supralegal de primer grado, cuando es evidente que las mismas regulan esas situaciones de forma independiente y expresa. <\/p>\n
3.3. Adem\u00e1s, no se advierte la presencia de circunstancias excepcionales que hayan obstaculizado la materializaci\u00f3n de tal cometido. <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Igualmente, en otro asunto con alguna simetr\u00eda, esta Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
4. En ese orden, no cabe duda de que el despacho accionado trasgredi\u00f3 las garant\u00edas de la actora porque ha dilatado injustificadamente entregarle la suma de dinero que dispuso a su favor en la sentencia que emiti\u00f3 desde el pasado 22 de septiembre, la que se halla debidamente ejecutoriada; por lo que se revocara el fallo impugnado para, en su lugar, conceder la salvaguarda, con el fin de que el Juzgador acusado adopte las medidas adecuadas para gestionar y materializar tal entrega. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo opugnado para, en su lugar, conceder el amparo al derecho al debido proceso de Martha Aroca Bol\u00edvar. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de este veredicto, si a\u00fan no lo ha hecho, en el proceso divisorio adelantado bajo el radicado 11001-31-03-035-2015-00439-00, gestione la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales que le corresponden a la accionante, de acuerdo a lo que dispuso en la sentencia que all\u00ed emiti\u00f3 desde el 22 de septiembre de 2022, librando y autorizando la orden de pago dirigida a la respectiva entidad bancaria, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
La autoridad judicial accionada informar\u00e1 al juzgador de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Env\u00edesele copia de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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