STC709-2023 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC709-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00144-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Manuel de Jes\u00fas Correa Arrieta contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, Mar\u00eda del Carmen Correa Arrieta y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n intestada de la causante Estebana Arrieta de Correa, de radicado 2013-00234. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica se adelant\u00f3 un incidente de oposici\u00f3n a la entrega del \u00abbien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 146 \u2013 10051 de la O.R.I.P de Lorica dentro del proceso de sucesi\u00f3n intestada de la causante ESTEBANA ARRIETA DE CORREA\u00bb, que se declar\u00f3 infundado el 12 de septiembre de 2022, por cuanto \u00abno se acredit\u00f3 por este extremo de la litis la calidad de poseedor material com\u00fan sobre el predio antes identificado\u00bb. <\/p>\n
2.2. Apelada dicha decisi\u00f3n, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda la confirm\u00f3 el 15 de diciembre de 2022, en consideraci\u00f3n a que, seg\u00fan el art\u00edculo 512 del C\u00f3digo General del Proceso, se debi\u00f3 \u00abrechazar de plano la oposici\u00f3n presentada por no resultar admisible, al haberse intervenido y logrado el reconocimiento en el proceso como heredero, y al no haberse logrado excluir del inventario y posterior partici\u00f3n de los bienes de la herencia, el inmueble que se arguy\u00f3 ser poseedor exclusivo\u00bb. <\/p>\n
2.3. En criterio del tutelante, la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por defectos f\u00e1ctico, procedimental y sustantivo, toda vez que no tuvo en cuenta el procedimiento establecido para resolver el recurso de apelaci\u00f3n, se extralimit\u00f3 en su competencia y no valor\u00f3 las pruebas obrantes en el tr\u00e1mite incidental, que \u00abacreditan que s\u00ed se est\u00e1 facultado para presentar la oposici\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, realiz\u00f3 una \u00abinterpretaci\u00f3n irrazonable de la norma que aplic\u00f3\u00bb. De otro lado, indic\u00f3 que, seg\u00fan el certificado catastral especial del predio objeto de discusi\u00f3n, el predio en disputa \u00abes presuntamente bald\u00edo\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, el accionante pide dejar sin efecto la providencia dictada en segunda instancia por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda y que se ordene \u00abestudiar de fondo el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado inform\u00f3 que, resuelta la alzada el 15 de diciembre de 2022, devolvi\u00f3 el expediente al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica se refiri\u00f3 a las actuaciones adelantadas. <\/p>\n
3. Quien adujo ser el apoderado de la se\u00f1ora Mar\u00eda del Carmen Correa Arrieta y de sus hermanos pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, dado que el proceso judicial \u00abse tramit\u00f3 en debida forma y el se\u00f1or Manuel de Jes\u00fas Correa Arrieta, tuvo su oportunidad legal de debatir sus pretensiones y le concedieron lo que conforme a la ley material sobre el asunto le corresponde\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Examinadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que, en la decisi\u00f3n confutada, el Colegiado accionado determin\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si era admisible la oposici\u00f3n presentada por el se\u00f1or Correa Arrieta, dado que intervino y fue reconocido en el proceso como heredero y, en caso de que fuera viable, deb\u00eda determinar si era el poseedor exclusivo del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 146 \u2013 10051, de la O.R.I.P de Lorica y, por ende, definir si dicha circunstancia impedir\u00eda la entrega de ese bien a los herederos adjudicatarios en el proceso de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En cuanto al primer reparo del recurrente, relativo a la viabilidad de aceptar la oposici\u00f3n por \u00e9l presentada, el Tribunal se remiti\u00f3 al inciso final del art\u00edculo 512 del C\u00f3digo General del Proceso y precis\u00f3 que, \u00absi una persona interviene en la sucesi\u00f3n y se hace reconocer como heredero, el auto aprobatorio del inventario y aval\u00fao de bienes y deudas y, m\u00e1s a\u00fan, la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, surten efectos contra \u00e9l\u00bb, por lo que la \u00abmaterializaci\u00f3n de esa sentencia a trav\u00e9s de la diligencia de entrega de los bienes a los adjudicatarios le resulta obligante, no teniendo derecho entonces a obstaculizar la referida entrega\u00bb, pues, de lo contrario, se vulnerar\u00eda la \u00abfuerza vinculante de las decisiones judiciales\u00bb y se \u00abresquebrajar\u00edan la justeza de la repartici\u00f3n de la herencia\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos herederos, que arguyen ser propietarios o poseedores exclusivos de un bien que se pretende inventariar\u00bb, para efectos de defender sus intereses, pueden acudir a la objeci\u00f3n de inventarios contemplada en el art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso o a la instauraci\u00f3n de los respectivos procesos por separado, evento en el cual les corresponder\u00e1 solicitar oportunamente la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n estipulada en el art\u00edculo 516 ibidem. <\/p>\n
Apoyado en lo precedente, el Colegiado convocado precis\u00f3 que, si los herederos no ejercieron dichos mecanismos, tampoco les ser\u00eda posible \u00abreabrir nuevamente el debate o proponerlo si no lo hab\u00edan hecho antes en la diligencia de entrega mediante oposici\u00f3n a la misma\u00bb, manifestaci\u00f3n que respald\u00f3 con lo expuesto en la sentencia CSJ STC8120-2020, que indic\u00f3 que no era aceptable la oposici\u00f3n planteada, dada la condici\u00f3n de heredero de quien la solicitaba, pues: <\/p>\n
En efecto, el funcionario enjuiciado, luego de precisar la calidad que ostentaba el recurrente (aqu\u00ed accionante), esto es, la de heredero, determin\u00f3 que no estaba facultado para elevar \u00aboposici\u00f3n\u00bb alguna en la entrega de los predios materia de partici\u00f3n y debidamente adjudicados en el sub examine, por cuanto los rese\u00f1ados mandatos procesales as\u00ed lo consagran; en su orden, el art. 338, par\u00e1grafo 1\u00ba, numeral 1\u00ba \u201cel juez rechazara de plano la oposici\u00f3n a la entrega formulada por persona contra quien produzca efecto la sentencia\u2026\u201d y, el 614, n\u00fam. 4\u00ba \u201cno se admitir\u00e1n oposiciones de los herederos, ni del secuestre o del albacea\u201d. <\/p>\n
Y, de igual forma, advirti\u00f3 que si lo pretendido por el interesado era la exclusi\u00f3n de los bienes inmuebles respecto de los cuales alega posesi\u00f3n y por lo que interpuso demanda de pertenencia, tal petici\u00f3n debi\u00f3 elevarla en la oportunidad prevista para ello, es decir, antes de que se \u00abdecrete la partici\u00f3n o adjudicaci\u00f3n de bienes\u00bb seg\u00fan lo dispuesto en el canon 605 C.P.C. <\/p>\n
Razones por las que concluy\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n al a-quo, m\u00e1xime cuando los reproches del apelante se trataban de cuestionamientos que bien pudieron ser objeto de debate al interior del sub j\u00fadice, por lo que terminaban siendo extempor\u00e1neos en segunda instancia. <\/p>\n
De tales elucidaciones, no se observa proceder que detecte ilegalidad o abuso alguno de funciones por parte de la autoridad acusada y menos a\u00fan desconocimiento del presupuesto especial de \u201cdefecto procedimental\u201d, por cuanto no se observa que el juzgador actuara al margen del respectivo procedimiento\u2026. (STC8385-2016 de 23 de jun. Rad. 2016-01623). <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, el Colegiado convocado estableci\u00f3 que deb\u00eda confirmarse la decisi\u00f3n apelada, pero por las razones anotadas. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que el Tribunal accionado explicit\u00f3, motivadamente, las razones que lo condujeron a deducir que no era admisible la oposici\u00f3n del se\u00f1or Manuel de Jes\u00fas Correa Arrieta a la diligencia de entrega del inmueble, toda vez que intervino y fue reconocido como heredero de la causante Estebana Arrieta de Correa, aunado a que tampoco logr\u00f3 excluir del inventario y posterior partici\u00f3n de los bienes de la herencia el inmueble del que ahora reclama ser su poseedor exclusivo. <\/p>\n
Tales conclusiones, independientemente de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente contrarias a la realidad probatoria y procesal que refleja el expediente contentivo del proceso cuestionado y tampoco lucen manifiestamente hu\u00e9rfanas de fundamento ni alejadas del orden jur\u00eddico, en tanto se sustentaron en una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad aplicable y de la jurisprudencia relacionadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub lite se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no puede prosperar, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden1. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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