STC710-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC710-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00437-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Julia Liliana Valencia Calder\u00f3n contra el fallo de 9 de diciembre de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y la Inspecci\u00f3n Permanente Central de Polic\u00eda Turno Uno, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes de la causa con rad. No. 73001-31-03-001-2013-00369-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia por medio de la cual se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble arrendado, al no haber sido vinculada al proceso (21 octubre de 2016). <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que la empresa Gestora Urbana de Ibagu\u00e9 inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en contra de su padre Julio Cesar Valencia (2013-00369), en donde en sentencia de 21 de octubre de 2016 se declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble. Dijo que solo tuvo conocimiento del litigio hasta el 19 de noviembre de 2022 por la comisi\u00f3n realizada por parte de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo antes mencionado, la cual se suspendi\u00f3 por el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas con el prop\u00f3sito de que se efectuara el pago de lo adeudado a Gestora Urbana de Ibagu\u00e9. Considera que en el proceso existi\u00f3 error inducido porque los all\u00e1 demandantes dijeron que su padre era el propietario de las mejoras construidas. A juicio de la actora, debi\u00f3 ser vinculada al proceso ya que en dicho predio se realizaron unas mejoras, de las cuales son titulares ella y sus hermanos. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado remiti\u00f3 el link de la causa, hizo un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que la actora no fue parte del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble y no reclam\u00f3 dentro del proceso los derechos que ahora pretende. <\/p>\n
Julio Cesar Valencia dijo que en el 2014 vendi\u00f3 a sus hijos las mejoras construidas en el inmueble y que el Despacho nunca los vincul\u00f3 como nuevos propietarios. <\/p>\n
La Inspecci\u00f3n Permanente de Polic\u00eda se\u00f1al\u00f3 que el amparo es improcedente porque no se agotaron las instancias procesales ni se present\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia, adem\u00e1s, no se cumplen con los requisitos de inmediatez y de celeridad. <\/p>\n
La Gestora Urbana de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que no es cierto que la libelista y sus hermanos desconocieran de la existencia del proceso, ya que el hermano de ella present\u00f3 acci\u00f3n constitucional en donde solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de los procesos de cobro administrativo coactivo adelantados hasta el inicio del proceso de restituci\u00f3n de inmueble. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo al no cumplirse con el requisito de inmediatez, toda vez que entre la decisi\u00f3n que se cuestiona y la interposici\u00f3n de este amparo, han transcurrido m\u00e1s de 6 meses. <\/p>\n
4. La promotora recurri\u00f3 e indic\u00f3 que el Magistrado Ricardo Enrique Bastidas Ortiz, quien conoci\u00f3 en primera instancia el presente amparo, se debi\u00f3 declara impedido porque es hermano de Tirso Bastidas Ortiz quien actu\u00f3 como apoderado en el resguardo 2021-00083 el cual tuvo hechos similares a esta acci\u00f3n, por lo cual solicita la nulidad de todo lo actuado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada, toda vez que el amparo solicitado no cumple con el requisito de subsidiariedad. Ciertamente, la accionante se queja de una supuesta indebida vinculaci\u00f3n\/notificaci\u00f3n, lo que le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. De modo que como el motivo de su queja cuenta con otros mecanismos de defensa, los cuales no se dijeron haber utilizado, ello convierte en improcedente este amparo. <\/p>\n
En efecto, si lo que pretende la libelista es la salvaguarda de sus prerrogativas por no haber sido vinculada al proceso, la actora cuenta con otros mecanismos de defensa, como lo es, entre otros posibles, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (art. 355, n\u00fam. 7 del C\u00f3digo General del Proceso), herramienta procesal que, siempre y cuando cumpla con sus requisitos, es la id\u00f3nea para exponer la tem\u00e1tica relacionada al enteramiento reclamado, la cual a\u00fan no ha caducado, seg\u00fan los hechos narrados por la gestora. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no aparece acreditado dentro del proceso que Valencia Calder\u00f3n como mejorataria del bien arrendado, haya hecho uso de los mecanismos judiciales de defensa con los que cuenta para obtener el reconocimiento de mejoras, como lo es la acci\u00f3n de terceros que se encuentra en el art\u00edculo 1989 del C\u00f3digo Civil. En este punto debe memorarse que esta Corporaci\u00f3n ha precisado que, <\/p>\n
(\u2026) para la procedencia de la salvaguarda, es necesario que el impulsor carezca de otras herramientas para conjurar el agravio, entre ellas, el proceso, medio por excelencia. Entonces, no ser\u00e1 dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de atacar las actuaciones que combate, <\/p>\n
Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u2019\u00bb (CSJ STC6908-2020 citada en STC8626-2020, STC12050-2020, STC3166-2021, STC4304-2021 entre otras). <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a los reparos de la impugnaci\u00f3n concernientes a plantear la recusaci\u00f3n del Magistrado del Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia la presente petici\u00f3n supralegal (bajo el r\u00f3tulo de declaraci\u00f3n de \u00abimpedimento\u00bb), la misma debe ser rechazada por improcedente, conforme al art\u00edculo 39 del decreto 2591 de 1991; tema sobre el que esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u2026[A]ta\u00f1edero el reproche formulado a los magistrados que integraron la sala de decisi\u00f3n motivo de la impugnaci\u00f3n, el cuestionamiento no sale avante porque acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991\u2026, en la acci\u00f3n de tutela no proceden las recusaciones\u2026 (CSJ STC12683-2019, STC15980-2019 y STC15747-2022 y STC12211-2022). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en el presente asunto no existe causal de nulidad que invalide lo actuado. Conocido como es que en el campo de las nulidades adjetivas predomina el principio de taxatividad, seg\u00fan el cual, ning\u00fan proceso debe aniquilarse \u2013 \u00edntegra o parcialmente \u2013 por motivos distintos a los expresamente reconocidos en el ordenamiento jur\u00eddico. As\u00ed se desprende del canon 133 de la Ley 1564 de 2012 cuando estatuye que el \u00abproceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos\u00bb, enumerando a regl\u00f3n seguido los motivos con esa entidad. <\/p>\n
De modo que, por tratarse de una disposici\u00f3n de car\u00e1cter imperativo y de orden p\u00fablico, las partes y el juez est\u00e1n compelidos a su acatamiento, hasta el punto de no ser admisible el decreto de nulidades por fuera de las precisas hip\u00f3tesis consagradas por el legislador. <\/p>\n
Esta Sala tiene ampliamente decantado que: <\/p>\n
(\u2026) las nulidades entendidas como la sanci\u00f3n que impone el legislador a un \u00abacto procesal\u00bb que ha conculcado las \u00abgarant\u00edas judiciales\u00bb de los ajusticiados, se rigen por los par\u00e1metros de taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n o salvaci\u00f3n del acto, convalidaci\u00f3n o saneamiento, legitimaci\u00f3n y preclusi\u00f3n (\u2026) El primero, que importa para despachar esta especie, predica que \u00fanicamente podr\u00e1 nulitarse el \u00abproceso\u00bb en los espec\u00edficos eventos contemplados por la ley, de suerte que los acontecimientos que no hayan sido previamente tipificados por el legislativo no pueden ser atendidos por el Juzgador como motivo de supresi\u00f3n de lo trasegado, ya que, se itera, se \u00abreclama la existencia de un texto legal reconociendo la causa de la nulidad, hasta el punto que el proceso s\u00f3lo se considera nulo, total o parcialmente, por los motivos que taxativa y expresamente se hayan consagrado. (CSJ SC-042-2000, repetido recientemente en STC6388-2021). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, tras revisar los motivos de invalidez que aparecen enlistados en el canon 133 ejusdem, emerge que lo descrito por la solicitante respecto a la recusaci\u00f3n del Magistrado del Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, no configura alguna de las causales de nulidad all\u00ed previstas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que existen otras herramientas id\u00f3neas para la materializaci\u00f3n de los derechos que la accionante alega y la resoluci\u00f3n reprochada no comporta nulidad de orden constitucional o legal alguna, la Sala ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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