STC711-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC711-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02245-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Salvador Mart\u00ednez P\u00e9rez frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y \u00ablibertad personal\u00bb, presuntamente vulneradas por las sedes encausadas al no acceder a su solicitud de extinci\u00f3n de la pena que le fue impuesta. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00abse ordene a los accionados declarar prescrita la acci\u00f3n penal por [el] delito de homicidio… o se proceda a determinarla\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Con sentencia emitida el 9 de octubre de 1997 el Tribunal Superior de Tunja, al revocar la absolutoria que dict\u00f3 el Juzgado Penal del Circuito de Moniquir\u00e1, conden\u00f3 al quejoso a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable del punible de homicidio, decisi\u00f3n que el 10 de julio de 2003 no cas\u00f3 esta Corte. El 7 de junio de 2013 el mentado Juzgado redosific\u00f3 esa pena, fij\u00e1ndola en 13 a\u00f1os. Causa por la cual el actor nunca ha estado privado de la libertad. <\/p>\n
2.2. As\u00ed mismo, con sentencia proferida el 25 de noviembre de 2013 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio conden\u00f3 al accionante a 45 meses de prisi\u00f3n, por el delito de falsedad en documento p\u00fablico, por lo que fue privado de la libertad desde el 31 de julio de 2013 hasta el 17 de agosto de 2017, cuando se decret\u00f3 cumplida esa pena. <\/p>\n
2.3. El 12 de agosto de 2021 el condenado deprec\u00f3 la extinci\u00f3n de la pena impuesta en el primero de esos juicios, a lo que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 mediante prove\u00eddo de 10 de noviembre siguiente; sin embargo, el 8 de abril de 2022, de oficio, ese estrado dej\u00f3 sin efectos dicha determinaci\u00f3n para, en su lugar, disponer que se librara la respectiva orden de captura, al advertir que, tras concederse la libertad por el segundo asunto, el procesado qued\u00f3 a \u00f3rdenes de la primera causa, por lo que, a pesar de la falta de materializaci\u00f3n de la captura, se present\u00f3 la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo. Decisi\u00f3n que el pasado 3 de octubre confirm\u00f3 la colegiatura convocada. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, el gestor adujo que debi\u00f3 accederse a su solicitud al estar satisfechos los presupuestos para la extinci\u00f3n de la pena, siendo evidente que no se dio ninguna de las hip\u00f3tesis que contempla el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Penal para su interrupci\u00f3n. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que nunca fue capturado por el delito de homicidio, siendo evidente que los falladores acusados se fundaron en falacias para, arbitrariamente, tras restar efectos a la decisi\u00f3n que inicialmente accedi\u00f3 a su ruego, injustificadamente denegarlo. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rese\u00f1\u00f3 los argumentos en que fund\u00f3 la decisi\u00f3n que se le cuestion\u00f3 y pidi\u00f3 el despacho adverso del resguardo. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 rog\u00f3 \u00abse declare la improcedencia de la acci\u00f3n\u00bb porque \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Los abogados Ana Delia Boh\u00f3rquez de Sar\u00e1 y Jairo Humberto Camelo Valbuena, quienes indicaron actuar como apoderados del quejoso \u00abdentro del proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n p\u00fablica\u00bb, se pronunciaron frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el poder especial conferido por \u00e9ste para intervenir en su representaci\u00f3n en el tr\u00e1mite supralegal del ep\u00edgrafe, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 234 Judicial Penal I deprec\u00f3 negar el amparo porque, como lo tiene \u00abdecantado la Corte Suprema de Justicia, \u2026mientras un condenado est\u00e1 privado de la libertad en cumplimiento de una condena, no transcurre el tiempo para que opere la prescripci\u00f3n de la pena frente a otra sentencia, y si\u2026 Salvador Mart\u00ednez fue privado de la libertad desde julio de 2013 y hasta agosto de 2017, a partir de la fecha \u00faltima empieza a transcurrir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n por la condena de homicidio por 13 a\u00f1os, sanci\u00f3n que se determin\u00f3 por redosificaci\u00f3n punitiva del d\u00eda 7 de junio de 2013\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al concluir que \u00abbasta con observar las decisiones objeto de reproche para determinar que tanto el Juzgado\u2026 y la Sala Penal del Tribunal\u2026, sensata y razonadamente expresaron los motivos por los cuales no se configuraba la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal dentro del proceso penal 1997-00736, por lo tanto, lo procedente era dejar sin efectos jur\u00eddicos la decisi\u00f3n de 10 de noviembre de 2021, que concedi\u00f3 a MART\u00cdNEZ P\u00c9REZ, la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n por prescripci\u00f3n\u00bb, destacando que \u00abel accionante no tuvo en cuenta que el periodo de extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n en consideraci\u00f3n al delito de homicidio (proceso penal 1997-00736), se encontr\u00f3 interrumpido entre el 31 de julio de 2013 al 17 de agosto de 2017, porque registraba privaci\u00f3n de libertad por otro proceso (2013-041860). Por consiguiente, es a partir de esta \u00faltima fecha, en la que debe iniciarse el t\u00e9rmino de 13 a\u00f1os para la configuraci\u00f3n de la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor afirmando que el sentenciador a-quo \u00abequivoc\u00f3 el problema por resolver que era declarar prescrita la pena u ordenar a los jueces accionados hacerlo. No se trataba de discurrir sobre la validez de la notificaci\u00f3n del auto que en contradicci\u00f3n con uno anterior neg\u00f3 la prescripci\u00f3n\u00bb; que dej\u00f3 de responderse \u00abel argumento sustancial propuesto\u2026: una cosa es la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo por captura para el cumplimiento de la pena fijada (en cuyo caso nuevamente empieza el conteo de aquel), y otra la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino por estar cumpliendo otra pena cuando han pasado diez a\u00f1os de iniciado el conteo de la prescripci\u00f3n (en cuyo caso se cuenta el que va corrido y se suspende el de la nueva pena)\u00bb; de donde, \u00ab[s]i las dos cosas son iguales, la Corte ha debido decirlo para que se entiendan modificados por ella los art\u00edculos 89 y 90 del C\u00f3digo Penal vigente\u00bb; aunado a que \u00ab[e]l fallo de tutela acepta que por el segundo delito estuv[o] preso f\u00edsicamente desde el 31 de julio de 2013 hasta el 17 de agosto de 2017, es decir 4 a\u00f1os, 1 mes, 18 d\u00edas (49 meses 18 d\u00edas). Como la pena impuesta fue de 45 meses y 15 d\u00edas, se incurri\u00f3 por parte de los jueces en delito de prolongaci\u00f3n ilegal de privaci\u00f3n de libertad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocarse cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
En efecto, al auscultar tal determinaci\u00f3n -por ser aqu\u00e9lla mediante la cual se zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la autoridad ordinaria-, se observa que dicha Colegiatura, de entrada, dej\u00f3 claro que, de \u00abuna revisi\u00f3n de las condiciones de la recurrente, se extraen las siguientes circunstancias que no fueron objetadas\u00bb: <\/p>\n
\u2026MART\u00cdNEZ P\u00c9REZ, fue condenado en segunda instancia el 9 de octubre de 1997 por la Sala Penal del Tribunal de Tunja a la pena de prisi\u00f3n de 25 a\u00f1os, que fuera redosificada por el Juzgado Penal del Circuito de Moniquir\u00e1 a 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n, quedando en firme tal determinaci\u00f3n el 29 de julio de 2003. Desde entonces, el sentenciado no ha estado privado de la libertad por cuenta de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, se ha tra\u00eddo la prueba que dentro de la actuaci\u00f3n, con el c\u00f3digo de radicaci\u00f3n procesal 500016000564201304186 00, tambi\u00e9n se conden\u00f3 a\u2026 MART\u00cdNEZ P\u00c9REZ a la pena de 45 meses de prisi\u00f3n por el delito de uso de documento falso. Condena emitida por el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de Villavicencio el 25 de noviembre de 2013, pero sobre la cual se hab\u00eda emitido una medida de aseguramiento privativa de la libertad\u2026 <\/p>\n
Pena que termin\u00f3 de cumplir el 17 de agosto de 2017, cuando se emiti\u00f3 en su favor auto de libertad incondicional e inmediata por pena cumplida. Momento en el cual se emite la boleta de encarcelaci\u00f3n dentro de la presente cuerda procesal[,] con el fin de hacer efectiva la pena pendiente por el delito de homicidio\u2026 <\/p>\n
No obstante, pese a las \u00f3rdenes del Despacho por requerir el encarcelamiento de MART\u00cdNEZ P\u00c9REZ, nunca fue puesto a disposici\u00f3n, porque encontr\u00e1ndose en prisi\u00f3n domiciliaria, acorde con los antecedentes y reporte del INPEC, no fue posible esa privaci\u00f3n f\u00edsica[,] dado que no fue encontrado. <\/p>\n
Efectuadas tales precisiones, el Tribunal advirti\u00f3 que, \u00abcontrariando la realidad que deb\u00eda prevalecer, y el principio de buena fe constitucional (art. 93), la defensa de MART\u00cdNEZ P\u00c9REZ, para\u2026 noviembre de 2021, sin mencionar y tener en cuenta la imposibilidad de que ejecutara la pena por el homicidio al mismo tiempo que estaba privado de libertad por otra sentencia condenatoria, solicit\u00f3 la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n ante el Juzgado 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, como si nada hubiese impedido la soluci\u00f3n de continuidad del tiempo de prescripci\u00f3n, profiri\u00e9ndose una providencia de extinci\u00f3n\u00bb; pronunciamiento que, \u00abcontrario a las alegaciones de la recurrente, no pudo obtener ninguna fuerza ejecutoria\u00bb: <\/p>\n
\u2026no solo por la falta de fijaci\u00f3n en el estado como forma de notificaci\u00f3n ficta a quienes no acudieran personalmente, siempre y cuando se hubieran citado debidamente1, sino porque igualmente se ha debido notificar a la parte civil, como al ministerio p\u00fablico, pues, la pretensi\u00f3n de la defensa, afectaba sus derechos y garant\u00edas fundamentales[,] no solo a la justicia sino a la reparaci\u00f3n, es decir, todo se hizo a sus espaldas cuando constitucionalmente, ten\u00edan derecho a \u201cparticipar en las decisiones que le afectan2, contrario a lo que sucede con ocasi\u00f3n de la ley 906 de 2004, que regula el incidente de reparaci\u00f3n luego de la sentencia condenatoria y establece un t\u00e9rmino de caducidad, no siendo necesaria la intervenci\u00f3n en la fase de ejecuci\u00f3n de penas acorde con el art. 459 de la Ley 906 de 20043, pero, en la anterior legislaci\u00f3n, estaba atada a la vigencia del procesamiento penal y sus instituciones (art. 45 de la Ley 600), y en tal rigor, no pod\u00eda tener semejante pronunciamiento ninguna validez y eficacia aun la formalidad a la que se aferra la impugnante, tan cierto que vino a descubrirse la irregularidad cuando el juez de conocimiento Penal de Circuito de Moniquir\u00e1, requiri\u00f3 la informaci\u00f3n al juzgado de ejecuci\u00f3n de penas, porque la defensa hab\u00eda pedido, aprovechando la irregular extinci\u00f3n de pena decretada, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n civil por el pago de perjuicios, que como en la primera, jam\u00e1s ha procurado realizar el sentenciado, al lado de que nunca ha estado privado de libertad por la condena que le fuera impuesta. <\/p>\n
Por consiguiente, la fijaci\u00f3n en estado que alude y la fuerza ejecutoria realmente no se realizaron debidamente y no sustentan ninguna validez, por lo cual, se ha declarado y dejado sin efectos esa decisi\u00f3n en la comprensi\u00f3n que asumi\u00f3 el juez a-quo, del modo de resolver la situaci\u00f3n, que anot\u00f3 no se trataba de revocarla o declarar nulidad, sino dejarla sin efectos, pero, que en definitiva, convergen a restablecer el debido proceso, tanto para el sentenciado como para las partes con inter\u00e9s jur\u00eddico. <\/p>\n
En casos como el que examinamos, bien se ha determinado que desconocer las normas que regulan la notificaci\u00f3n, constituye v\u00eda de hecho4, y en el caso de las v\u00edctimas, que en el \u00e1mbito de la Ley 600 de 2000, como este, optaron por integrarse al proceso penal, se les ha reconocido en la evoluci\u00f3n jurisprudencial que no solo se quedan con el inter\u00e9s reparador o indemnizatorio, sino el de la justicia, el que comprende la sanci\u00f3n a los autores de los comportamientos lesivos de sus derechos, de suerte que esa integraci\u00f3n en el proceso penal no autoriza dejar de lado la vinculaci\u00f3n directa con las instituciones propias5 como la prescripci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
Por ese rumbo, tambi\u00e9n observ\u00f3 que tal decisi\u00f3n tampoco \u00abpod\u00eda tener ning\u00fan efecto, porque se fund\u00f3 en un evento contrario a la realidad, es decir, como si nada hubiese obstaculizado el transcurrir de los d\u00edas y los a\u00f1os luego de la sentencia condenatoria, y no fue as\u00ed, porque s\u00ed hab\u00eda operado la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la pena\u2026, de modo que el pronunciamiento ahora impugnado, de abril 8 de 2022, es v\u00e1lido, adem\u00e1s, que desde el punto de vista de la ejecutoria material de esa clase de decisiones, no hab\u00eda adquirido la firmeza, y la causa de ello, no ha sido puesta en duda por la recurrente, o que su defendido, s\u00ed estuvo privado de libertad por otro delito cometido con posterioridad a la primera sentencia y antes de que se hubiese declarado la extinci\u00f3n de la pena\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, desech\u00f3 \u00abel argumento de la recurrente\u00bb respecto a que \u00abya transcurri\u00f3 el t\u00e9rmino para el decreto de la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, porque entre los a\u00f1os 2003 y el 2022 han pasado m\u00e1s de trece a\u00f1os, con lo cual nuevamente, pretende, dejar de lado la previsi\u00f3n del art. 90 del C. Penal, que no ha cuestionado en su vigencia para la fecha del supuesto temporal aducido\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que aunque \u00ab[d]e acuerdo con el art\u00edculo 89 de la Ley 599 de 2000, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal es aquel fijado en la sentencia, o el que falte por ejecutar (nunca inferior a cinco a\u00f1os), que inicia al momento de la ejecutoria de la sanci\u00f3n y \u00fanicamente se interrumpe bajo dos condiciones (I) cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o (II) cuando fuere puesto a disposici\u00f3n de la autoridad competente para el cumplimiento de la sanci\u00f3n (art. 90 ibid.)\u00bb; igualmente es incuestionable que \u00aba partir de los m\u00faltiples escenarios suscitados a partir de estas normas, en los cuales, por ejemplo, los sentenciados no pod\u00edan acumular varias penas y purgaban una mientras esperaban para poder cumplir la otra, la Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia ha dispuesto que \u201clas disposiciones sobre la prescripci\u00f3n de la pena, operan con el supuesto de que el condenado se encuentra gozando de la libertad, no obstante que en su contra existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, no as\u00ed cuando est\u00e1 cumpliendo pena de prisi\u00f3n, aunque sea por causa diferente, pues es evidente que si las sanciones de una y otra sentencia no son acumulables, no es posible que el recluso comience a descontarlas simult\u00e1neamente y ello por su puesto no constituye abandono Estatal alguno al ejercicio de su facultad punitiva.\u201d6 Quedando claro que mientras el condenado se encuentre bajo el amparo del Estado, en cumplimiento de otra sentencia no es posible predicar el transcurso del tiempo para la constituci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ello resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n apelada, en tanto que aquella \u00ab[s]ituaci\u00f3n\u2026 se acompasa perfectamente a la planteada para el caso de MART\u00cdNEZ P\u00c9REZ[,] quien a pesar de haber evadido la sanci\u00f3n impuesta[,] entre los a\u00f1os 2010 y 2013, tuvo que someterse a la vigilancia del Estado de la pena que purgaba por otro proceso, por haber seguido su actuar delictivo, luego tal periodo de tiempo no puede reputarse como abandonado por las autoridades\u00bb; y \u00abhabi\u00e9ndose establecido que\u2026 recobr\u00f3 su libertad mediante el auto del 17 de agosto de 2017, es esta la fecha a partir de la cual debe iniciarse en t\u00e9rmino de trece a\u00f1os para la configuraci\u00f3n de la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
N\u00f3tese que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el censor es una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual las sedes judiciales encausadas interpretaron las normas (especialmente los c\u00e1nones 89 y 90 del C\u00f3digo Penal) y la jurisprudencia aplicables al caso concreto (CSJ STP54570, 14 jun. 2010), concluyendo, contrario a lo aducido por \u00e9l, que su privaci\u00f3n de la libertad, aunque por causa diferente a aquella en la que deprec\u00f3 la extinci\u00f3n de la pena, trajo como consecuencia la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo para la viabilidad de \u00e9sta. <\/p>\n
Por tanto, tales inferencias no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio…, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art. 179 del C de P.P., Ley 600 de 2000, \u201cCuando no fuere posible la notificaci\u00f3n personal a los sujetos procesales, se har\u00e1 la notificaci\u00f3n por estado que se fijar\u00e1 tres (3) d\u00edas despu\u00e9s, contados a partir de la fecha en que se haya realizado la diligencia de citaci\u00f3n efectuada por el medio m\u00e1s eficaz, o mediante telegrama dirigido a la direcci\u00f3n que aparezca registrada en el expediente.. el estado se fijar\u00e1 por el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda en secretar\u00eda y se dejar\u00e1 constancia de la fijaci\u00f3n y desfijaci\u00f3n.\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Conforme a la sentencia C-233\/16, o la exequibilidad del art. 459 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
4\u0002 CC T-691\/04. <\/p>\n
5\u0002 Desde la sentencias C- 412 de 1993, y posteriormente, C 228 de 2002, se determin\u00f3 que se vulnera la dignidad de las v\u00edctimas, si solo se considera el inter\u00e9s econ\u00f3mico, y se consolid\u00f3 que tienen derecho a la verdad, la justicia, y la reparaci\u00f3n, y para el caso que nos ocupa, la justicia en cuanto a su derecho que no haya impunidad; tan eficiente la perspectiva vinculante, que por la sentencia C-570 de junio 15 de 2003, se enfatiz\u00f3 lo que sucede cuando la parte civil se intenta fuera del proceso penal o se ejercite dentro de este: <\/p>\n
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\u201cEn t\u00e9rminos de la din\u00e1mica del procedimiento, el hecho de que la primera est\u00e9 inserta en el proceso penal marca una diferencia notable que no puede dejarse de lado a la hora de analizar sus instituciones correspondientes.\u201d, y por la misma l\u00ednea, se ha precisado, incluso, que en los casos en que las partes hubiesen transado la indemnizaci\u00f3n de perjuicios para los efectos del art. 55 de la Ley 600 de 2000, no sugiere que hayan perdido inter\u00e9s en la justicia \u201c\u2026.pero tal aserto no permite concluir que por ello la parte civil dentro del proceso penal perdi\u00f3 su legitimidad o que sus titulares hayan dejado de ostentar su condici\u00f3n, pues por el contrario, de acuerdo con lo inicialmente considerado en estas consideraciones, tal circunstancia conduce a establecer que la impugnaci\u00f3n del fallo absolutorio supon\u00eda necesariamente el inter\u00e9s en la justicia, es decir, en conseguir que las conductas investigadas no quedaran impunes y que su autor soportara la correspondiente sanci\u00f3n, pretensiones que no son ajenas a su inter\u00e9s\u2026.\u201d SP-Rad. 22758, feb, 23\/2005. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STP54570, 14 jun. 2010. <\/p>\n
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STC711-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC711-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02245-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Salvador Mart\u00ednez P\u00e9rez frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71013"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71013\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}