STC712-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC712-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00224-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal acusado porque, en concreto, en la acci\u00f3n popular que \u00e9l promovi\u00f3 contra Mar\u00eda Irene Guar\u00edn M\u00e1rquez -como propietaria del establecimiento de comercio \u00abCasino Guar\u00edn (Mercasa)\u00bb- (radicado 2022-00098), apelada la sentencia de primer grado, el asunto arrib\u00f3 al ad-quem convocado el 12 de diciembre de 2022, sin que a la fecha se haya emitido el veredicto de segunda instancia; con lo cual, adujo, se desconoce el lapso perentorio que para tal efecto contempla el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Colegiatura accionada \u00abresolver la alzada en el t\u00e9rmino de tiempo perentorio que le impone y manda [el] art. 37 [de la] ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que \u00abno ha incurrido en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales atribuidos por\u2026 Mario Restrepo, puesto que se ha actuado conforme a las normas que rigen la materia, respetando el debido proceso, adem\u00e1s de que\u2026 tramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre Constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacatos, etc.), cuyo volumen es notable, pues\u2026 a diciembre del 2022, se tramitaron 5 habeas corpus, 103 tutelas de primera instancia, 137 de segunda instancia, 71 acciones populares; adem\u00e1s del estudio y discusi\u00f3n de proyectos de providencias sustanciadas por los dem\u00e1s magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, se convierten en limitantes de tiempo que permitan dictar el fallo con mayor celeridad, adem\u00e1s de las fallas de conectividad que se presentan, por lo cual no es posible cumplir los t\u00e9rminos que reclama el tutelante para desatar la alzada propuesta\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00aben aras de salvaguardar el derecho a la igualdad de los usuarios que tramitan sus procesos en [ese] despacho, respeta el sistema de turnos de los mismos, atendi\u00e9ndolos en orden de llegada, salvo las excepciones de ley\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales sostuvo que \u00abno fue vinculada a la Acci\u00f3n Popular a la que\u2026 se refiere el accionante\u00bb, por lo que desconoce sus \u00abfundamentos, el tr\u00e1mite, y el suceso de la materia relacionada con la supuesta mora alegada\u00bb, as\u00ed como \u00absi el\u2026 accionante ha cuestionado en el interior de ese proceso las cuestiones que\u2026 reprocha del juzgador de segundo grado\u00bb o \u00absolicitado la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte la queja constitucional se circunscribe a la supuesta tardanza del Tribunal acusado en resolver la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de primera instancia en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular reprochada. <\/p>\n
3. Al respecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del amparo impetrado, habida cuenta de que no se observa una tardanza abiertamente injustificada del fallador en resolver tal alzada, al advertir que ese asunto apenas arrib\u00f3 al Tribunal el 12 de diciembre \u00faltimo, ingres\u00f3 al despacho al d\u00eda siguiente, el 14 del mismo mes se puso en conocimiento de la Procuradur\u00eda que el asunto estaba viciado de nulidad por su falta de vinculaci\u00f3n y, ante el silencio de esa entidad, el pasado 17 de enero se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite dicha censura; mientras que el presente reclamo tutelar se formul\u00f3 precipitadamente el d\u00eda 20 posterior. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ag., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Ciertamente, de cara al caso concreto, encuentra la Corte que la actuaci\u00f3n no muestra comportamientos negligentes del Colegiado acusado, pues adem\u00e1s de su alta carga laboral, lo cierto es que ha impartido el tr\u00e1mite debido al asunto. <\/p>\n
En en un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, con fundamento en la jurisprudencia sobre la materia, esta Colegiatura record\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si esta decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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