STC716-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC716-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2022-00388-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 1\u00b0 de diciembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que la Defensora de Familia Adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Cali, Centro Zonal Noroccidental de esa ciudad, le formul\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Oralidad de esa localidad, extensiva a las autoridades e intervinientes en los procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos n\u00fameros 10855715 y 108560881, <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Para respaldar sus aspiraciones, expuso que la agencia judicial estim\u00f3 que los menores pod\u00edan permanecer al lado de su abuela materna, Andrea Carolina Montero, sin considerar las evidencias que demostraban que ella no era garante de sus derechos y, por el contrario, que el hogar que les suministraba era una amenaza para los ni\u00f1os. En ese sentido, destac\u00f3 que los dos hijos de Andrea son adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas y se encuentran \u00abdescolarizados\u00bb; la cuidadora devenga un salario m\u00ednimo, los menores no contar\u00edan con una persona adulta que los cuidara, dado que aquella labora la mayor parte del tiempo, y Laura Daniela estar\u00eda expuesta \u00abal tener cerca el supuesto abusador, ya que al parecer es un integrante de la familia (primo)\u00bb. <\/p>\n
2.- La autoridad convocada defendi\u00f3 su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
El Procurador 120 Judicial II de Familia puntualiz\u00f3 que deb\u00eda homologarse la resoluci\u00f3n de adoptabilidad, en atenci\u00f3n al inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
3.- El Tribunal concedi\u00f3 parcialmente el amparo pretendido, con el fin de que el juzgado complementara su decisi\u00f3n, en el sentido de proveer \u00absobre la custodia y cuidados personales de los ni\u00f1os y las medidas requeridas para restablecerle sus prerrogativas\u00bb. Adem\u00e1s, y sin perjuicio del anterior mandato, emiti\u00f3 varias directrices dirigidas a asistir y acompa\u00f1ar a los ni\u00f1os y a su abuela materna para que aquellos se incorporen al hogar de esta. <\/p>\n
Para ello, estim\u00f3 que la negativa a homologar la resoluci\u00f3n de adoptabilidad no vulneraba los derechos de los ni\u00f1os, teniendo en cuenta que, contrario a lo alegado por la Defensora de Familia, la idoneidad de su abuela para cuidarlos no estaba desvirtuada, la resoluci\u00f3n de adoptabilidad solo era procedente cuando \u00abrealmente no exista ninguna alternativa que permita la garant\u00eda del menor al interior del n\u00facleo familiar\u00bb, y deb\u00eda escucharse a Laura, de 8 a\u00f1os, quien manifest\u00f3 que quer\u00eda permanecer a su lado porque ella la \u00abquiere mucho y ella trabaja para hacer todo lo posible para que [su] hermanito y [ella est\u00e9n] juntos\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, consider\u00f3 que el juzgado vulner\u00f3 los derechos de los ni\u00f1os porque al desatar la homologaci\u00f3n, \u00abno emiti\u00f3 \u00f3rdenes ni pautas concretas, dirigidas al ICBF y a los dem\u00e1s actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tendientes a mejorar los h\u00e1bitos y las condiciones econ\u00f3micas personales y de vivienda de la se\u00f1ora Andrea Carolina y su grupo familiar, que le permitieran aliviar sus condiciones, para asumir el cuidado y la custodia de sus nietos, con la finalidad de conjurar las situaciones adversas que le dificultan hacerlo, para lograr el ejercicio y satisfacci\u00f3n cabal de sus derechos fundamentales (\u2026)\u00bb. Asimismo, tampoco \u00abasumi\u00f3 su deber de proteger a los menores de los riesgos que afrontaban, en cuanto a su se\u00f1ora madre, quien viene asumiendo comportamientos que los afectan negativamente, especialmente frente a M S, al extremo que su abuela denot\u00f3 inicialmente su intenci\u00f3n de \u2018internar a la ni\u00f1a, para alejarla de la mam\u00e1\u00bb. <\/p>\n
4.- La titular del despacho judicial impugn\u00f3, argumentando que no est\u00e1 llamada a complementar su providencia, ya que su competencia se limita a \u00abresolver si homologa o no la declaratoria de adoptabilidad; los dem\u00e1s asuntos son de competencia de la autoridad administrativa\u00bb. Con mayor raz\u00f3n, si a trav\u00e9s de la determinaci\u00f3n criticada orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente a la Defensor\u00eda de Familia, para que adelante \u00ablas gestiones correspondientes para revisar la posibilidad de que, a la abuela materna se le pueda entregar la custodia y el cuidado personal de los ni\u00f1os (\u2026). Es m\u00e1s tambi\u00e9n se indic\u00f3 que se deb\u00eda buscar la filiaci\u00f3n paterna de los menores de edad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Para dirimir la segunda instancia de esta actuaci\u00f3n, la Sala, en primer lugar, determinar\u00e1 si la negativa a homologar la resoluci\u00f3n de adoptabilidad de los ni\u00f1os Samuel y Laura Daniela, en efecto, preserva sus garant\u00edas. Y luego, esclarecer\u00e1 si, como lo alega la funcionaria recurrente, carece de competencia para expedir las directrices que ech\u00f3 de menos el Tribunal. <\/p>\n
Lo anterior, porque, aunque la impugnaci\u00f3n fue provocada por la autoridad accionada, quien refuta, \u00fanicamente, la orden que se le imparti\u00f3 para que complemente la directriz cuestionada con medidas a favor de los ni\u00f1os, es deber de la Corte, en virtud del inter\u00e9s superior que se predica respecto a ellos y su protecci\u00f3n integral, establecer si la misma es o no lesiva de sus derechos. <\/p>\n
2.- Pues bien, para la Corte la negativa del juzgado a homologar la resoluci\u00f3n de adoptabilidad no merece reproche en esta sede. Adem\u00e1s de que la medida asegura el derecho de Samuel y Laura Daniela \u00aba tener una familia y a no ser separados de ella\u00bb, toma en consideraci\u00f3n que, ante la falta su abuela materna est\u00e1 dispuesta tener su custodia y cuidado, as\u00ed como los esfuerzos que ella ha adelantado con el fin de alcanzar ese cometido y salvaguardar la integridad de los peque\u00f1os. Al mismo tiempo, la decisi\u00f3n reprochada tiene cuenta el deseo de Laura de no separarse de su familia, y estar con su abuela, pues dice que la quiere y \u00abtrabaja para hacer todo lo posible para que [su] hermanito y [ella est\u00e9n] juntos\u00bb. E igualmente el v\u00ednculo entre los ni\u00f1os, pues, desde que fueron separados de la progenitora, Kelly Vanessa Montero, a causa de que consum\u00edan sustancias psicoactivas, han permanecido juntos. <\/p>\n
En ese sentido, la funcionaria querellada explic\u00f3: <\/p>\n
Por otro lado, la se\u00f1ora Andrea Carolina Montero, atac\u00f3 el acto administrativo que ocupa nuestra atenci\u00f3n, aduciendo que tiene inter\u00e9s de hacerse cargo de sus nietos y cuenta con las condiciones para ello, tanto as\u00ed, que ya no vive bajo el mismo techo con su hija Kelly Vanessa. <\/p>\n
A pesar de que, para el representante del Ministerio P\u00fablico, la abuela no es id\u00f3nea para asumir el cuidado de los ni\u00f1os, por sus antecedentes en la crianza de sus propios hijos, considera este Despacho \u2013 teniendo en cuenta los criterios de la Jurisprudencia Constitucional y el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u2013 que es procedente darle la oportunidad a la se\u00f1ora Andrea Carolina Montero, de que asuma el rol de cuidadora, y para ello, es necesario que reciba el apoyo psicosocial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a trav\u00e9s del equipo interdisciplinario de la Defensor\u00eda de Familia competente. <\/p>\n
M\u00e1xime, cuando se escuch\u00f3 la opini\u00f3n de la ni\u00f1a Laura Daniela Montero, y est\u00e1 fue enf\u00e1tica en manifestar que no quiere ser adoptada, porque no desea ser separada de su familia, especialmente de su abuela, quien la quiere mucho. Cosa distinta dijo se su progenitora, a quien se\u00f1ala como la responsable de la situaci\u00f3n por la que est\u00e1 pasando. <\/p>\n
Y, recordemos que, con base en lo contemplado en el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, los dichos de la menor de edad deben ser tenidos en cuenta. <\/p>\n
Por la edad de Samuel, no es posible obtener de \u00e9l una opini\u00f3n sobre la situaci\u00f3n vivida y sobre sus expectativas a futuro; por lo que, para resolver, se toma solo lo expresado por su hermana Laura Daniela, de quien no puede ser separado, en virtud de la adopci\u00f3n, porque es riguroso garantizar su derecho a la unidad familiar. <\/p>\n
Es por ello, que en vez de someter a los ni\u00f1os afectados a un proceso de adopci\u00f3n, es m\u00e1s garante para sus derechos, que se brinde a la abuela materna, la formaci\u00f3n en cuidados y las herramientas necesarias, en aras de procurar que haya un reintegro familiar, a fin de que los ni\u00f1os queden bajo la protecci\u00f3n de la se\u00f1ora Andrea Carolina Montero (se enfatiza). <\/p>\n
Por otro lado, como lo resalt\u00f3 el Tribunal, las circunstancias relativas a lo devengado por la abuela materna, las alegadas afectaciones de sus dos hijos adolescentes, y los \u00abtocamientos\u00bb2 referidos por la ni\u00f1a por un familiar cercano al entorno, son insuficientes para entregarlos en adopci\u00f3n, en tanto esas dificultades deben conjurarse a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n de las medidas apropiadas en orden a garantizar que la cuidadora y el espacio que les ofrece permitan su desarrollo arm\u00f3nico e integral. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte ha dicho que la adopci\u00f3n \u00ab\u2026ha de tratarse de una soluci\u00f3n extrema a la que solamente se debe llegar despu\u00e9s de agotar todos los mecanismos de protecci\u00f3n que sean del caso, pues es palpable que semejante decisi\u00f3n apareja un monumental hecho traum\u00e1tico, particularmente cuando son vivos y fuertes los v\u00ednculos afectivos que los unen (\u2026)\u00bb (se enfatiza, STC3649-2020, STC1332-2021). <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, para superar el aspecto relativo a las condiciones socioecon\u00f3micas de la abuela de los ni\u00f1os, es factible la vinculaci\u00f3n de los involucrados a los programas sociales brindados por las entidades vinculadas a la protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os y adolescentes3. De suerte que pueda asegur\u00e1rseles la plena satisfacci\u00f3n de derechos como los alimentos, la salud, la educaci\u00f3n y la recreaci\u00f3n. A efectos de evitar los riesgos que puede representar la convivencia de los ni\u00f1os con adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, es viable, como lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, iniciar a favor de los tambi\u00e9n sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, el respectivo procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, al igual que la realizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites que, de acuerdo con los profesionales respectivos, resulten apropiados para que la adulta responsable de ellos y su red de apoyo familiar puedan superar la situaci\u00f3n. Sobre el abuso relatado por Laura, es de resaltar que, de acuerdo con sus declaraciones, el presunto victimario no vive en el hogar de su abuela materna y, por ende, han de expedirse las \u00f3rdenes correspondientes para la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de la respectiva conducta, y avanzar en los procesos psicosociales dispensados hasta el momento para la superaci\u00f3n del evento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que bien hizo el a quo constitucional en defender el interlocutorio que no homolog\u00f3 la resoluci\u00f3n de adoptabilidad de los ni\u00f1os Samuel y Laura Daniela. <\/p>\n
2.- Tambi\u00e9n acert\u00f3 el Tribunal al ordenar a la servidora demandada que complementara la aludida providencia, mediante la expedici\u00f3n de medidas \u00abconcretas\u00bb enfiladas a que Andrea Carolina Montero pueda tener la custodia y cuidado de sus nietos, de forma que garantice efectivamente sus derechos. Todo, porque los principios y reglas que rigen el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos a favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes as\u00ed se lo exigen, as\u00ed como el deber constitucional de protegerlos integralmente, por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1.- El procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, como se desprende de los art\u00edculos 504 y 965 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), es el tr\u00e1mite que el legislador ha dise\u00f1ado con el objetivo de se restauren los derechos de los ni\u00f1os y adolescentes, cuandoquiera que estos resulten amenazados o vulnerados. <\/p>\n
Su tr\u00e1mite se surte, en principio, en dos etapas o instancias, una administrativa, a cargo de los Defensores o Comisarios de Familia, y otra judicial, de competencia del juez de familia, o del Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal en los lugares donde aquel no exista. Excepcionalmente, se zanja en \u00fanica instancia, en la hip\u00f3tesis de que la autoridad administrativa no dilucide el asunto en el plazo de seis (6) meses, caso en el cual pierde competencia y debe remitirlo al juez para que lo dirima en un t\u00e9rmino no mayor a dos (2) meses6 (CSJ STC 7 may. 2020, rad. 2020-00054-00, STC8655-2022). <\/p>\n
Cuando la causa se surte en dos fases, en la primera de ellas, las autoridades administrativas adoptan las medidas destinadas a restablecer a los derechos de los menores de edad involucrados, mientras que la segunda, denominada al tenor del art\u00edculo Cap\u00edtulo V del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, \u00abprocedimiento judicial\u00bb, tiene como objetivo que la judicatura revise la determinaci\u00f3n expedida en la primera fase. En este \u00faltimo sentido, el art\u00edculo 119 de dicho compendio dispone: <\/p>\n
[s]in perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en \u00fanica instancia: <\/p>\n
1. La homologaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n que declara la adoptabilidad de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes. <\/p>\n
2. La revisi\u00f3n de las decisiones administrativas proferidas por el Defensor de Familia o el comisario de familia, en los casos previstos en esta ley. <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 123 ib\u00eddem prev\u00e9 que \u00ab[l]a sentencia de homologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad se dictar\u00e1 de plano (\u2026). Si el juez advierte la omisi\u00f3n de alguno de los requisitos legales, ordenar\u00e1 devolver el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane\u00bb. <\/p>\n
Ahora, no existe en la Ley 1098 una norma especial que le indique de manera espec\u00edfica al juez competente cu\u00e1les decisiones debe o puede adoptar al revisar la resoluci\u00f3n mediante la cual culmina la fase administrativa. Sin embargo, de lo que comprende la acci\u00f3n de \u00abrevisar\u00bb, se desprende que son todas aquellas directrices que sean convenientes para \u00abenmendar o corregir\u00bb la definici\u00f3n del asunto. Obs\u00e9rvese que, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, \u00abrevisar\u00bb es \u00absometer algo nuevo a examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, si la decisi\u00f3n del juez de familia, o quien haga sus veces, es avalar la resoluci\u00f3n de restablecimiento de derechos proferida por la autoridad administrativa, bastar\u00e1 con que la ratifique, pero si considera que la misma es defectuosa y, por ende, debe modificarla o restarle valor, debe expedir las determinaciones tendientes a reemplazarla parcial o totalmente. <\/p>\n
De modo que, si se trata de variar las medidas de restablecimiento adoptadas por la autoridad administrativa, el fallador competente deber\u00e1 determinar cu\u00e1les son las que resultan id\u00f3neas para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ni\u00f1os o adolescentes involucrados, que bien pueden ser las enlistadas en los numerales 1 a 5 del art\u00edculo 53 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia o \u00ablas consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protecci\u00f3n integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u00bb. De lo contrario, el servidor judicial no cumplir\u00e1 su funci\u00f3n en el tr\u00e1mite, que no es otra que decidir en \u00faltima instancia la suerte de la controversia. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, si la resoluci\u00f3n dada al caso en la fase administrativa no cumple con la finalidad de restaurar las garant\u00edas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, le compete al juez de familia adoptar la decisi\u00f3n que s\u00ed lo haga. <\/p>\n
Adem\u00e1s, los jueces llamados a intervenir en el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, como autoridades estatales que son, hacen parte de los actores responsables de garantizar la protecci\u00f3n integral de los ni\u00f1os. De manera que a la hora de definir la citada diligencia, tienen la misma competencia para expedir las \u00f3rdenes enfiladas a resguardar los derechos de sus beneficiarios. No en vano, uno de los principios que inspiran el citado procedimiento es el de corresponsabilidad, entendido como \u00abla concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atenci\u00f3n, cuidado y protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A su vez, los funcionarios judiciales, como integrantes de una de las Ramas del Poder P\u00fablico, tienen el deber de cumplir, en los casos concretos, los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en virtud de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y aprobada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 12 de 1991. <\/p>\n
Entre esos compromisos, predicables, por tanto, de los jueces de familia o sus suced\u00e1neos, se destacan, atender como consideraci\u00f3n primordial el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o \u00ab[e]n todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os que tomen (\u2026) los tribunales\u00bb, esto es, conforme al art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006, \u00abel imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb, e igualmente, \u00abasegurar al ni\u00f1o la protecci\u00f3n y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de \u00e9l ante la ley y, con ese fin, tomar\u00e1n todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas\u00bb (numeral 2\u00b0 art\u00edculo 3\u00b0). <\/p>\n
Y en armon\u00eda con lo anterior, el canon 44 de la Carta Pol\u00edtica ense\u00f1a que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Luego, como puede verse, es claro que cuando el juez de familia o el juez civil municipal o promiscuo municipal competente considere que no hay lugar a respaldar la resoluci\u00f3n adoptada en primera instancia para restablecer los derechos de los ni\u00f1os o adolescentes, debe adoptar las medidas que resulten id\u00f3neas con el fin de garantizar su protecci\u00f3n integral e inter\u00e9s superior. <\/p>\n
2.2.- La homologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad no es ajena a esa regla, pues, si en criterio del fallador esa determinaci\u00f3n es improcedente, debe determinar cu\u00e1l es la medida que, entonces, resulta apropiada para restaurar las garant\u00edas del menor. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, si a juicio del juzgador no se dan las condiciones para expedir como medida de restablecimiento de derechos a favor del ni\u00f1o la declaratoria de adoptabilidad, debe determinar, de manera clara y concreta, la medida o medidas que cumplan con esa finalidad, para que la autoridad administrativa, en el ejercicio de sus competencias, las ejecuten o le hagan el respectivo seguimiento7. Lo anterior, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 101 de la Ley 1098, a cuyo tenor: \u00ab[l]a resoluci\u00f3n deber\u00e1 contener una s\u00edntesis de los hechos en que se funda, el examen cr\u00edtico de las pruebas y los fundamentos jur\u00eddicos de la decisi\u00f3n. Cuando contenga una medida de restablecimiento deber\u00e1 se\u00f1alarla concretamente, explicar su justificaci\u00f3n e indicar su forma de cumplimiento, la periodicidad de su evaluaci\u00f3n y los dem\u00e1s aspectos que interesen a la situaci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u201d. <\/p>\n
Al respecto de la competencia del juez de familia en el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha destacado, in extenso: <\/p>\n
De otra parte, cabe precisar en relaci\u00f3n con el alcance de la competencia del juez de familia en el tr\u00e1mite de la homologaci\u00f3n, que en sus inicios la Corte Constitucional en el fallo T-079 de 1993, al interpretar el art\u00edculo 56 del entonces C\u00f3digo del Menor que establec\u00eda que las decisiones administrativas que determinen en forma temporal o definitiva la situaci\u00f3n de un menor de edad est\u00e1n sujetas al control jurisdiccional de los jueces de familia, consider\u00f3 que dicha inspecci\u00f3n s\u00f3lo deb\u00eda realizarse sobre el procedimiento y no sobre el fondo del asunto (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Luego en sentencia T-293 de 1994, y continuando con la l\u00ednea anterior, se\u00f1al\u00f3 que la homologaci\u00f3n \u00abes un control de legalidad sobre la actuaci\u00f3n adelantada por los funcionarios del ICBF, instituido para garantizar los derechos sustanciales y procesales de los padres de los menores, o de quien los tenga a su cuidado\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en providencia T-671 de 2010 sostuvo que la competencia del juez de familia en el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n no s\u00f3lo se limita al control formal del procedimiento llevado a cabo en la actuaci\u00f3n administrativa, sino que se extiende a establecer si la medida adoptada atendi\u00f3 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, al determinar que \u00aben el marco del proceso de homologaci\u00f3n, la funci\u00f3n de control de legalidad de la resoluci\u00f3n de adoptabilidad va m\u00e1s all\u00e1 de la verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos formales del procedimiento administrativo. Es as\u00ed, que con presentarse la oposici\u00f3n por parte de los padres o de los familiares o con el incumplimiento de los t\u00e9rminos por parte de las autoridades administrativas competentes, el asunto merece la mayor consideraci\u00f3n y adecuado escrutinio de la autoridad judicial con el fin de que exista claridad sobre la real garant\u00eda de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente involucrado y de su inter\u00e9s superior\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Dicha posici\u00f3n fue reiterada en la Sentencia T-1042 de 2010, en la cual se se\u00f1al\u00f3 que el objetivo de la homologaci\u00f3n es revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso durante la actuaci\u00f3n administrativa, por lo que se constituye como \u00abun mecanismo de protecci\u00f3n eficaz para que las personas afectadas por una resoluci\u00f3n de adoptabilidad recobren sus derechos mediante la solicitud de terminaci\u00f3n de sus efectos, acreditando que las circunstancias que ocasionaron tal situaci\u00f3n se han superado y que razonadamente se puede deducir que no se repetir\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, el ordenamiento jur\u00eddico consagra la homologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad ante el juez de familia, el cual debe verificar no s\u00f3lo el cumplimiento del procedimiento administrativo, sino tambi\u00e9n velar por la garant\u00eda y protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los menores y los derechos de los familiares, de tal suerte que la autoridad judicial cumple una doble funci\u00f3n: por una parte, realiza el control de legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa, pero al mismo tiempo, examina que se hayan respetado los derechos fundamentales de los implicados en el tr\u00e1mite, actuando de esta forma como juez constitucional. <\/p>\n
(se destaca, STC13775-2021). <\/p>\n
2.3.- Bajo esos lineamientos, se advierte que el Juzgado Primero de Familia de Medell\u00edn incurri\u00f3 en el desafuero que le atribuy\u00f3 el Tribunal. Obs\u00e9rvese que al desatar la homologaci\u00f3n la falladora se limit\u00f3 a indicar: \u00abNO HOMOLOGAR la Resoluci\u00f3n No. 104 del 01 de octubre de 2021, proferida por la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Noroccidental \u2013 Regional Cali del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio de la cual se declar\u00f3 la situaci\u00f3n de adoptabilidad de los NNA SAMUEL MONTERO y LAURA DANIELA MONTERO\u00bb, sin dictaminar cu\u00e1les eran las medidas id\u00f3neas para superar la vulneraci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os. <\/p>\n
Y si bien, en la parte considerativa se\u00f1al\u00f3 que \u00aben vez de someter a los ni\u00f1os afectados a un proceso de adopci\u00f3n, es m\u00e1s garante para sus derechos, que se brinde a la abuela materna, la formaci\u00f3n en cuidados y las herramientas necesarias, en aras de procurar que haya un reintegro familiar, a fin de que los ni\u00f1os queden bajo la protecci\u00f3n de la se\u00f1ora Andrea Carolina Montero. Adem\u00e1s de ello, es necesario adelantar las gestiones necesarias para lograr la filiaci\u00f3n paterna de Samuel y Laura Daniela, de ser posible\u00bb, como lo indic\u00f3 el Tribunal, no expidi\u00f3 ninguna medida concreta para que se cumpliera esa finalidad, pero, sobre todo, con miras a materializar el mandato incorporado en los numerales 1\u00b0 y \u00b0 del art\u00edculo 27 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, respecto a reconocer el \u00abderecho de todo ni\u00f1o a un nivel de vida adecuado para su desarrollo f\u00edsico, mental, espiritual, moral y social\u00bb, y adoptar \u00abmedidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el ni\u00f1o a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionar\u00e1n asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrici\u00f3n, el vestuario y la vivienda\u00bb. <\/p>\n
Es que probado como estaba que en virtud del inter\u00e9s superior de Samuel y Laura no deb\u00edan ser entregados en adopci\u00f3n, ante la disposici\u00f3n de la abuela materna para cuidarlos y tener su custodia, as\u00ed como las circunstancias que entorpec\u00edan el \u00e9xito de esa labor, la juez accionada estaba llamada a establecer, con claridad y precisi\u00f3n, cu\u00e1les medidas y bajo qu\u00e9 condiciones (tiempo y modo), deb\u00edan ejecutarse para adecuar el entorno familiar ofrecido por la interesada, y la posterior reincorporaci\u00f3n de los ni\u00f1os, quienes se sabe, fueron ubicados al inicio del procedimiento, en un hogar de paso. <\/p>\n
En suma, pese a que la juez convocada evidenci\u00f3 que era improcedente avalar la resoluci\u00f3n de adoptabilidad de los ni\u00f1os, no expidi\u00f3 las medidas concretas que, en su lugar, deb\u00edan reemplazarla, para garantizar su protecci\u00f3n integral. De suerte que, como lo advirti\u00f3 el Tribunal de Medell\u00edn, est\u00e1 obligada a complementar su providencia en tal sentido. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, y comoquiera que la negativa a homologar la declaratoria de adoptabilidad de los ni\u00f1os Samuel y Laura garantiza sus derechos, y la juez reconvenida deb\u00eda adoptar medidas \u00abconcretas, dirigidas al ICBF y a los dem\u00e1s actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tendientes a mejorar los h\u00e1bitos y las condiciones econ\u00f3micas personales y de vivienda de la se\u00f1ora Andrea Carolina y su grupo familiar, que le permitieran aliviar sus condiciones, para asumir el cuidado y la custodia de sus nietos, con la finalidad de conjurar las situaciones adversas que le dificultan hacerlo, para lograr el ejercicio y satisfacci\u00f3n cabal de sus derechos fundamentales (\u2026)\u00bb, se avalar\u00e1 la sentencia emitida por el Tribunal de Medell\u00edn. Pero, se conminar\u00e1 a la funcionaria demandada que, al acatar el mandato constitucional de primera instancia, tambi\u00e9n tenga en cuenta los lineamientos aqu\u00ed impartidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Por otro lado, se requiere al Juzgado Primero de Familia de Medell\u00edn para que, al acatar el mandato constitucional de primera instancia, tambi\u00e9n tenga en cuenta los lineamientos aqu\u00ed impartidos. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dichos asuntos fueron tramitados ante el juzgado accionado v\u00eda homologaci\u00f3n, bajo los radicados 050013110006-2021-00599-00 y 050013110006-2021-00600-00, correspondientes a los menores Samuel y Laura Daniela, respectivamente. <\/p>\n
2\u0002 As\u00ed reposa en el informe pericial suscrito por la psic\u00f3loga de la Defensor\u00eda de Familia Gladys Elena Correa Ram\u00edrez. <\/p>\n
3\u0002 En tal direcci\u00f3n, la Sala ha destacado que \u201cno es aceptable privar a la menor (\u2026) de la posibilidad de desarrollarse en el seno de su familia, pues si bien sus progenitores no demostraron que puedan atender por s\u00ed solos sus necesidades b\u00e1sicas, no debe olvidarse que, en estos casos, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de tomar las medidas de protecci\u00f3n que sean necesarias para la atenci\u00f3n integral de la ni\u00f1a, pero, por supuesto, sin que por el mero hecho de las penurias econ\u00f3micas de sus padres, les pueda ser arrebatada (STC1332-2021). <\/p>\n
4\u0002 Restablecimiento de derechos. \u00abSe entiende por restablecimiento de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, la restauraci\u00f3n de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Al tenor del citado precepto, \u201c[c]orresponde a los defensores de familia y comisarios de familia procurar y promover la realizaci\u00f3n y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el presente C\u00f3digo. <\/p>\n
6\u0002 Lo anterior, conforme al art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
7\u0002 El inciso cuarto del art\u00edculo 103 de la Ley 1098 se\u00f1ala: \u201c[e]n los procesos donde se declare en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, la autoridad administrativa deber\u00e1 hacer seguimiento por un t\u00e9rmino que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, t\u00e9rmino en el cual determinar\u00e1 si procede el cierre del proceso cuando el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente est\u00e9 ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneraci\u00f3n de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el ni\u00f1o se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos <\/p>\n
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STC716-2023 F OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC716-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2022-00388-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71016","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71016"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71016\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}