STC721-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC721-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00143-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones G\u00f3mez Blanco S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las sedes judiciales acusadas al dictar sentencia adversa a sus pretensiones en el juicio declarativo fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[o]rdenar al juzgado [acusado]\u2026 que reabra el proceso\u2026 para que proceda a realizar una valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas [y] decrete\u2026 de oficio\u2026 [las] relevantes y conducentes para despejar las incertidumbres respecto del grado de responsabilidad para[,] con posterioridad, adoptar la decisi\u00f3n judicial que corresponda para evitar el menoscabo del patrimonio de la sociedad [actora]\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. La accionante (arrendataria) instaur\u00f3 proceso declarativo de responsabilidad civil contractual contra Pilar Moreno de Peralta y Jos\u00e9 Fabio Peralta Melo (arrendadores), pretendiendo ser reparada por los perjuicios que adujo sufrir \u00abpor la falta de mantenimiento y conservaci\u00f3n del inmueble\u00bb objeto del contrato de arrendamiento ajustado entre ellos, as\u00ed como por el da\u00f1o de \u00ab23.544 unidades [de] cintas adhesivas (overgrips) marca Yonex\u00ae para raquetas[,] colores surtidos\u00bb, con ocasi\u00f3n de las filtraciones de agua que se produjeron en ese predio, debido a las precipitaciones presentadas el 8 de febrero de 2019. <\/p>\n
2.2. En dicho asunto, surtidas las etapas de rigor, el 27 de abril de 2022 el a-quo atacado dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, en la que concluy\u00f3, en lo medular, que aunque aparentemente se acredit\u00f3 el incumplimiento del convenio en cuanto a algunas afectaciones sobre el inmueble, no ocurri\u00f3 lo mismo respecto al nexo causal entre \u00e9stas y los perjuicios que supuestamente se generaron por ellas, en tanto que el dictamen que se aport\u00f3 con ese prop\u00f3sito no result\u00f3 s\u00f3lido, claro y exhaustivo, evidenci\u00e1ndose que conten\u00eda conclusiones incongruentes, aunado a que se soport\u00f3 en una factura en idioma ingl\u00e9s, que por ello no pod\u00eda tenerse como prueba, y en una experticia del Icontec que no fue allegada y aparentemente acreditaba el deterioro de la mercanc\u00eda; determinaci\u00f3n que el 25 de octubre siguiente confirm\u00f3 el ad-quem accionado. <\/p>\n
2.3. En sede tutela, en concreto, la accionante sostuvo que all\u00ed se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, especialmente porque, en su sentir, aunque \u00abel da\u00f1o se encontr\u00f3 probado\u00bb por parte del a-quo, con apoyo en la experticia arrimada, por lo que ello \u00abno fue objeto de los reparos para acudir a la segunda instancia\u00bb; lo cierto es que si los falladores consideraron que la prueba para la acreditaci\u00f3n del quantum del perjuicio estaba incompleta, han debido subsanar tal situaci\u00f3n decretando, de oficio, el aporte del concepto rendido por el Icontec respecto a las cintas estropeadas por la mentada filtraci\u00f3n de agua, de cara a \u00abestablecer el valor del lucro cesante\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en concordancia con lo anterior, tambi\u00e9n se present\u00f3 un yerro org\u00e1nico, comoquiera que el ad-quem se ocup\u00f3 de aspectos ajenos a los que fue restringida la alzada, al expresar que el informe t\u00e9cnico sobre el estado actual de la construcci\u00f3n carec\u00eda \u00abde valor probatorio porque no fue sustentado por el perito[,] ya que ni siquiera compareci\u00f3 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento y mucho mensos (sic) justific[\u00f3] su ausencia\u00bb, pasando por alto que oportunamente se inform\u00f3 que quien lo elabor\u00f3 \u00abhab\u00eda fallecido el\u2026 18 de junio de 2021\u00bb; adem\u00e1s, injustificadamente, cuestion\u00f3 la suficiencia del dictamen, el juramento impl\u00edcito aparejado a la presentaci\u00f3n del libelo, la anuencia de su antagonista, el interrogatorio de parte absuelto, las fotograf\u00edas y videos adosados a la demanda, para corroborar la inundaci\u00f3n del predio con ocasi\u00f3n de las precipitaciones del 8 de febrero de 2019. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar las actuaciones surtidas en el juicio recriminado. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 \u00abnegar el amparo deprecado\u00bb porque la decisi\u00f3n que se le critic\u00f3 fue \u00abproducto de la aplicaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia, en concordancia con la jurisprudencia, raz\u00f3n por la cual\u2026 se atiene a las argumentaciones all\u00ed vertidas, en las que se explic\u00f3, en forma clara, los motivos por los cuales\u2026 estim\u00f3 que la actora no acredit\u00f3 en debida forma la existencia del da\u00f1o alegado en el libelo introductor, presuntamente causado por la filtraci\u00f3n de aguas lluvias acaecida en el segundo piso de la edificaci\u00f3n ubicada en la Calle 73 n.\u00b0 13 -28 de [esa] ciudad\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Jer\u00f3nimo Ant\u00eda Pimentel, quien dijo actuar en representaci\u00f3n de Jos\u00e9 Fabio Peralta Melo y Pilar Moreno de Peralta, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por \u00e9stos para intervenir en su nombre en este tr\u00e1mite constitucional, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. En lo tocante con las cr\u00edticas formuladas en torno a la decisi\u00f3n de denegar las pretensiones de la demanda declarativa, porque no luce arbitraria la sentencia en la que el pasado 25 de octubre el Tribunal acusado ratific\u00f3 tal determinaci\u00f3n del a-quo. <\/p>\n
3.1. En efecto, en tal providencia, sobre la que recae el presente an\u00e1lisis, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva el asunto sometido a consideraci\u00f3n, el encartado, tras historiar los antecedentes del caso, incluida la sentencia de primera instancia, los reparos y sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n propuesta frente a la misma, anticip\u00f3 su confirmaci\u00f3n, por la falta de \u00abacreditaci\u00f3n cabal, como tiene que ser en estos casos, de la existencia del da\u00f1o alegado por la demandante, con motivo de la presunta filtraci\u00f3n de aguas lluvias acaecida en el segundo piso de la edificaci\u00f3n ubicada en la Calle 73 n.\u00b0 13 – 28 de esta ciudad, seg\u00fan se inform\u00f3 en los hechos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Lo dicho, sostuvo, porque \u00abun an\u00e1lisis de las probanzas recopiladas no da muestra clara ni contundente de que en efecto, cual se reclam\u00f3 en el escrito genitor, el patrimonio de la actora se hubiere visto afectado en la magnitud y al amparo de las circunstancias f\u00e1cticas all\u00ed descritas\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, resalt\u00f3 que \u00abcuando de responsabilidad civil se trata, el interesado o perjudicado no puede escapar al deber imperioso de acreditar los da\u00f1os de que se dice v\u00edctima, pues sus pretensiones de resarcimiento pueden ser atendidas, como lo tiene sentado la Corte\u00bb: <\/p>\n
\u201cs\u00f3lo en la medida en que obre en los autos, a disposici\u00f3n del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensi\u00f3n cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes\u201d, as\u00ed como aquellas extra\u00eddas de \u201csimples esperanzas, expresadas estas en ilusorios c\u00e1lculos que no pasan de ser especulaci\u00f3n te\u00f3rica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido. En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximaci\u00f3n que sea factible seg\u00fan las circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminar\u00e1n gravitando en contra de aqu\u00e9l con arreglo al art. 177 del C. de P.C [hoy 167 del CGP].\u201d (CSJ, sent. del 4 de marzo de 1998, exp.: 4921; resaltado de la Sala). <\/p>\n
Asertos todos que seguidamente valid\u00f3 efectuando, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, el debido an\u00e1lisis conjunto de las pruebas con las que la censora pretendi\u00f3 acreditar el presupuesto echado de menos. Al respecto, as\u00ed razon\u00f3 esa Colegiatura: <\/p>\n
\u2026el demandante anunci\u00f3 que a ra\u00edz de los hechos atribuidos a los demandados padeci\u00f3 \u201cperjuicios de orden material dentro de los denominados como da\u00f1o emergente, teniendo en cuenta que un gran n\u00famero de mercanc\u00eda de la marca YONEX result\u00f3 mojada\u201d. En concreto, mencion\u00f3 que, \u201ccomo consecuencia de la lluvia que cay\u00f3, el agua se desliz\u00f3 por el techo y paredes de la construcci\u00f3n, resultando afectadas 23.544 unidades [de] cintas adhesivas (overgrips) marca Yonex\u00ae para raquetas colores surtidos\u201d. De ah\u00ed que, como tambi\u00e9n asever\u00f3, \u201ctuvo que contratar peritos\u2026 a fin de establecer los da\u00f1os materiales, adem\u00e1s de contratar al ICONTEC a fin de certificar la mercanc\u00eda averiada que no cumpl\u00eda los est\u00e1ndares, [as\u00ed como] peritos que dictaminaran sobre el actual estado del inmueble, adem\u00e1s del pago del arrendamiento\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, el supuesto de hecho en que se hizo consistir el menoscabo patrimonial (el deterioro de 23.544 unidades de cintas adhesivas para raquetas) permaneci\u00f3 hu\u00e9rfano de prueba. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, para acreditar su afirmaci\u00f3n, la actora dijo que solicit\u00f3 al Icontec \u201cla certificaci\u00f3n de la mercanc\u00eda que result\u00f3 da\u00f1ada como consecuencia de las lluvias del 8 de febrero de 2019\u201d. No obstante, dicho documento brilla por su ausencia, pues no se aport\u00f3 en las oportunidades probatorias consagradas para tal fin en la Ley 1564 de 2012, pese a anunciarse en la demanda como una de las pruebas documentales1. <\/p>\n
Y aunque el perito\u2026 Blanco Guti\u00e9rrez afirm\u00f3 que tuvo en cuenta esa certificaci\u00f3n para realizar el dictamen con el que valu\u00f3 los perjuicios reclamados, lo cierto es que tampoco la adjunt\u00f3 a su experticia; sin que pueda perderse de vista que, seg\u00fan lo prescribe el art\u00edculo 226 \u00eddem, \u201c[e]l dictamen suscrito por el perito deber\u00e1 contener, como m\u00ednimo, las siguientes declaraciones e informaciones: (\u2026) 10. Relacionar y adjuntar los documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen\u201d. <\/p>\n
Dicha vicisitud, por s\u00ed sola, impide la valoraci\u00f3n de ese medio de prueba, pues lo cierto es que ese trabajo no cumple los requerimientos legales para ser calificado con el r\u00f3tulo que le impuso su autor; es decir, no atendi\u00f3 los elementales e ineludibles par\u00e1metros formales de un dictamen pericial, previstos en el canon 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre este particular, ha precisado la Corte: <\/p>\n
\u201c(…) El art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias\u2026 Sobre el punto, la Corte ha sostenido que toda peritaci\u00f3n debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena [de] que la decisi\u00f3n de [condena] no pueda soportarse en ella\u2026\u201d (CSJ AC6081-2017, 15 sep.) <\/p>\n
Y es que, al analizar la experticia en comentario, p\u00e1gina 40, tan solo se observa copia de la \u00faltima hoja de la certificaci\u00f3n expedida por el Icontec, la cual ciertamente luce insuficiente de cara a comprobar el deterioro que sufri\u00f3 la mercanc\u00eda como consecuencia del hecho da\u00f1oso atribuido a los demandados. <\/p>\n
Sea lo que fuere, de obviar lo anterior y efectuar el an\u00e1lisis del detrimento cuya reparaci\u00f3n es objeto de an\u00e1lisis en esta sentencia, con base en ese solo fragmento del informe elaborado por el aludido organismo, la conclusi\u00f3n acerca de la falta de demostraci\u00f3n del da\u00f1o no variar\u00eda. <\/p>\n
En efecto, all\u00ed se indica que, si bien se remiti\u00f3 un \u201clote de 23.544 unidades de overgrips\u201d, el an\u00e1lisis, inspecci\u00f3n o evaluaci\u00f3n tan solo recay\u00f3 sobre \u201c50 unidades\u201d, de las cuales, \u00fanicamente \u201c30\u201d, no cumplieron, al parecer2, los est\u00e1ndares de calidad. <\/p>\n
En ese orden de exposici\u00f3n, es claro que la parte actora dej\u00f3 de probar -como le incumb\u00eda- la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual, \u201ccomo consecuencia de la lluvia que cay\u00f3\u2026, resultaron afectadas 23.544 unidades [de] cintas adhesivas (overgrips) marca Yonex\u00ae para raquetas\u201d, pues ninguna de las probanzas aportadas evidencia el se\u00f1alado deterioro y, mucho menos, en la cantidad a la que se alude en la demanda (23.544 unidades). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si el supuesto de hecho en que se soport\u00f3 el detrimento patrimonial, it\u00e9rese, la p\u00e9rdida de ese volumen de mercanc\u00eda, no se prob\u00f3, mayores lucubraciones no son necesarias para colegir que no es posible tener en cuenta el informe elaborado por el perito Blanco Guti\u00e9rrez, pues calcul\u00f3 los perjuicios de orden patrimonial con apoyo en la p\u00e9rdida de ese n\u00famero de cintas adhesivas (overgrips) (se destac\u00f3). <\/p>\n
Y aunque lo anterior bastaba para respaldar la determinaci\u00f3n del juez a-quo, a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
Pero no solo no se prob\u00f3 el da\u00f1o que le sirvi\u00f3 de manantial a los perjuicios reclamados, aspecto de suyo contundente para determinar la suerte adversa de la apelaci\u00f3n, sino que, por igual, dej\u00f3 de establecerse que en verdad, la mercanc\u00eda a la que se ha hecho referencia perteneciera a la demandante. <\/p>\n
A ese respecto, t\u00e9ngase en cuenta que el fallo impugnado se soport\u00f3 en una premisa que no fue combatida a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de los reparos concretos, consistente en que la factura que evidencia que la demandante adquiri\u00f3 esos productos, se aport\u00f3 en idioma extranjero, sin parar mientes en que, conforme lo regula el art\u00edculo 251 del CGP, \u201c[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, si el documento no se aport\u00f3 con el lleno de los requisitos de rigor, es claro que carece de m\u00e9rito demostrativo y, por esa v\u00eda, es incuestionable que dej\u00f3 de establecerse el car\u00e1cter personal del da\u00f1o, dada la falta de certeza sobre la propiedad de la mercader\u00eda. <\/p>\n
Am\u00e9n de las anteriores falencias probatorias, tambi\u00e9n hay que se\u00f1alar que la actora ni siquiera demostr\u00f3 la existencia de las 23.544 unidades de cintas adhesivas y, mucho menos, su ubicaci\u00f3n, para el 8 de febrero de 2019, en el segundo piso del inmueble ubicado en la Calle 73 n.\u00b0 13 – 28 de esta ciudad. Ninguna prueba aport\u00f3 en esa direcci\u00f3n. <\/p>\n
La demandante \u00fanicamente alleg\u00f3, aunque como anexo al dictamen elaborado por el perito Salom\u00f3n Blanco Guti\u00e9rrez, la factura n.\u00b0 A1-1461, que al margen de adolecer de la falencia probatoria ya rese\u00f1ada, no es \u00fatil a efectos de demostrar que las 23.544 cintas adhesivas, en efecto, lejos de cualquier duda seria, se encontraban depositadas en la bodega que se dijo estaba ubicada en el segundo piso de la edificaci\u00f3n para la fecha en que se presentaron las \u201cfiltraciones de agua\u201d. Es que la expedici\u00f3n de una factura es prueba, claro est\u00e1, de que los bienes se entregaron a cambio de un pago, pero no del destino que el tenedor de la factura les dio. <\/p>\n
Rec\u00e1lquese que ninguna prueba se incorpor\u00f3 al expediente que ilustrara la existencia de esa cantidad de mercanc\u00eda y, mucho menos, que esta se hallaba ubicada, para el 8 de febrero de 2019, en el segundo piso del predio ya mencionado. <\/p>\n
Y si bien al descorrer el traslado de las excepciones de m\u00e9rito la demandante aport\u00f3 fotograf\u00edas y videos que evidencian humedad en algunos productos de la marca \u201cYONEX\u201d, tales probanzas, por s\u00ed solas, no revelan la existencia de las 23.544 cintas adhesivas, ni que tales productos se encontraran depositados en la bodega situada en el segundo piso para la fecha de ocurrencia de los hechos, vale decir, para el 8 de febrero de 2019 cuando, seg\u00fan el dicho de la actora, se presentaron las \u201cfiltraciones de agua\u201d. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, las declaraciones testimoniales vertidas en el juicio tampoco arrojan evidencia alguna sobre el antecedente en menci\u00f3n. <\/p>\n
Despu\u00e9s, fincado en tal motivaci\u00f3n, de manera concluyente dijo que \u00absi el da\u00f1o, como elemento primordial de la responsabilidad civil, no se demostr\u00f3, [se] torna inane cualquier indagaci\u00f3n acerca de los perjuicios reclamados\u00bb, atendiendo a la naturaleza concurrente de los presupuestos que para su configuraci\u00f3n demandaba la viabilidad de la acci\u00f3n de responsabilidad contractual propuesta, de donde, en otras palabras, \u00abam\u00e9n de la falta de demostraci\u00f3n del da\u00f1o, quedaron sin establecerse los supuestos de hecho que rodearon la causaci\u00f3n del menoscabo patrimonial\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, la Corte concluye que, al margen de las dem\u00e1s consideraciones contenidas en la decisi\u00f3n controvertida, incluidas las enarboladas en aspectos ajenos a los reparos concretos sustentados en la alzada -las que por ello se tornan carentes de trascendencia constitucional-, lo cierto es que los argumentos atr\u00e1s trascritos no lucen antojadizos, caprichosos o subjetivos, con independencia de que se compartan, y resultaban suficientes para confirmar el veredicto del a-quo, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa no es m\u00e1s que una mera diferencia de criterio acerca de la manera como, contrario a sus alegaciones, con apoyo en las normas que gobiernan la materia sometida a discusi\u00f3n y el estudio conjunto de las pruebas oportunamente recaudadas de cara a la acreditaci\u00f3n del da\u00f1o, el ad-quem concluy\u00f3 que no se demostr\u00f3 que los perjuicios reclamados tuvieran origen en el incumplimiento del contrato de arrendamiento que se denunci\u00f3, lo que impon\u00eda el fracaso de la demanda; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. De otro lado, es evidente que si la inconforme consider\u00f3 que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en alguna falencia probatoria, como pareciera percibirlo de acuerdo a lo expuesto en su escrito de tutela, muy a pesar de sus alegaciones, lo cierto es que frente a ese aspecto su solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, en tanto que ninguna petici\u00f3n efectu\u00f3 frente a ello ante el Tribunal accionado, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, como se lo impon\u00eda el canon 327 del C\u00f3digo General del Proceso, con miras a que los eventuales medios suasorios fueran recolectados en ese estadio. <\/p>\n
Circunstancia que evidencia el descuido de la actora en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador natural e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si la gestora de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy precepto 117 del C\u00f3digo General del Proceso]-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
Luego, en cuanto al aspecto bajo an\u00e1lisis, la protecci\u00f3n rogada no se abre paso a voces del numeral 1\u00b0 del canon 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para plantear, ante el juez natural, las situaciones tra\u00eddas novedosamente a este tr\u00e1mite supralegal, deriv\u00e1ndose de all\u00ed que la advertida carencia probatoria tuvo g\u00e9nesis en el proceder omisivo de la interesada. <\/p>\n
5. De otra parte, la salvaguarda tampoco se abre paso en lo tocante con que los juzgadores han debido decretar de oficio las pruebas necesarias para subsanar las anotadas falencias demostrativas, en tanto que si bien es cierto que de manera pac\u00edfica la jurisprduencia ha reconocido la facultad-deber que recae sobre el funcionario judicial de cara a las probanzas de ese tipo, igualmente es innegable que de manera expresa tambi\u00e9n se ha precisado que su decreto es excepcional, sin que a trav\u00e9s de ellas pueda pretenderse, como ac\u00e1 ocurre, remplazar el papel probatorio a cargo de las partes, de all\u00ed que insistentemente se haya consignado que aquella \u00abfacultad no es absoluta y tampoco es procedente en todos los casos, por tanto, no puede convertirse en un motivo adicional para desconocer, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, la autonom\u00eda del juez natural en el adelantamiento de los procesos judiciales\u00bb (CSJ STC10389-2021, 18 ag., rad. 2021-02382-00). <\/p>\n
Por ese sendero, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026al acudir a un proceso judicial, es deber de las partes en litigio presentar al juez de la causa no solo su versi\u00f3n de los hechos, sino tambi\u00e9n, por v\u00eda general, los elementos probatorios tendientes a demostrar el fundamento de sus aspiraciones o defensas, debiendo soportar consecuencias adversas en caso de no hacerlo. Entonces, exceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba est\u00e9 prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso (\u2026) [pues] (…) hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles (CSJ STC10179-2019). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, pertinente se muestra anotar que en un asunto con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed tratado, que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, esta Corte, como juzgador constitucional, hall\u00f3 razonable el veredicto del fallador ordinario de denegar las pretensiones en un juicio declarativo de responsabilidad civil en el que se encontr\u00f3, al igual que aqu\u00ed, que el trabajo pericial allegado ten\u00eda falencias notables que lo tornaban insuficiente para la demostraci\u00f3n de los perjuicios reclamados; in extenso, en esa oportunidad la Sala consider\u00f3: <\/p>\n
\u2026la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas documentales, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido. <\/p>\n
Lo precedente, se materializ\u00f3 en armon\u00eda con lo manifestado por esta corporaci\u00f3n sobre la materia, particularmente, en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n del dictamen pericial, en el cual, <\/p>\n
[C]orresponde al juzgador en su car\u00e1cter de autoridad suprema del proceso, valorar el dictamen pericial, labor\u00edo apreciativo en el cual, podr\u00e1 acoger o no, [en todo] o en parte las conclusiones de los expertos, sea en su integridad, ora en uno o varios de sus segmentos, conformemente a la firmeza, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos. Bajo esta perspectiva, cuando el trabajo de los expertos carezca de soporte cierto, razonable o veros\u00edmil, ofrezca serios motivos de duda, contenga anfibolog\u00edas e imprecisiones, contradiga las evidencias procesales o se funde en conjeturas, suposiciones o informaciones no susceptibles de constataci\u00f3n objetiva, cient\u00edfica, art\u00edstica o t\u00e9cnica, se impone el deber para el juzgador de desestimar el dictamen pericial y sustentar su decisi\u00f3n en los restantes elementos probatorios\u2026(cas. civ. sentencia de 9 de septiembre de 2010, exp.17042-3103-001-2005-00103-01)\u201d (Cas. Civ.16 de mayo de 2011, Exp. 52835-3103-001-2000-00005-01). (CSJ STC, 17 jul 2012, rad. 2012-00102-02. Reiterado en STC3967-2017). <\/p>\n
Sumado a ello, y en referencia a la facultad del juez de decretar pruebas de oficio -argumento alegado por los accionantes-, ha de tenerse en cuenta que la Corte ha sostenido que <\/p>\n
En punto a la iniciativa del fallador ordinario de cara al decreto de pruebas de oficio, la Sala ha dejado sentado que el hecho de que aqu\u00e9l se abstenga de disponer su pr\u00e1ctica, no conlleva, sin m\u00e1s, a que se consideren conculcadas las garant\u00edas fundamentales de las partes. En ese sentido se ha indicado que: <\/p>\n
(\u2026) si bien es cierto que por v\u00eda jurisprudencial se ha precisado que el decreto de pruebas de oficio previsto en los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil no se instituy\u00f3 en una mera facultad discrecional del juez, sino en \u2018un deber edificado sobre el juicio y conclusi\u00f3n razonable del juzgador\u2019, tambi\u00e9n se ha sostenido, que a \u00e9ste \u2018le compete hacer dicho an\u00e1lisis y adoptar la decisi\u00f3n que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio, pues le basta decretarlas sin recurso alguno\u2026o simplemente abstenerse de hacerlo (pues s\u00f3lo depende de su iniciativa)\u2019 (Cas. Civil. Sent. 12 de septiembre de 1994 exp. 4293); es m\u00e1s, el hecho de que las autoridades judiciales convocadas se hayan abstenido a decretar pruebas de oficio, no apareja, prima facie, quebranto del debido proceso (art\u00edculo 29 de la C. P.), puesto que a los juzgadores les result\u00f3 posible resolver de fondo, con apoyo en el caudal probatorio existente en el expediente. (CSJ STC, 9 dic. 2008, rad. 2008-00358-01. Reiterada en CSJ STC847-2017). <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, determin\u00f3 que <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, para la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, an\u00e1lisis que no result\u00f3, en el caso en concreto, arbitrario o manifiestamente alejado del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Es precisamente la valoraci\u00f3n en conjunto de las probanzas y del examen que de ellas se haga, lo que permite elaborar razonamientos que, en tanto no sean il\u00f3gicos, los cuales no pueden ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En este aparte resulta necesario resaltar que el funcionario constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester destacar que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el CSJ STC1052-2021 Feb. 10 de 2021. Rad. 2021-00179-00) (CSJ STC3935-2021, 15 abr., rad. 2021-00960-00). <\/p>\n
7. Las anteriores razones imponen el despacho adverso del resguardo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, de no impugnarse este veredicto, oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 All\u00ed se hizo alusi\u00f3n al \u201cInforme de evaluaci\u00f3n servicios de inspecci\u00f3n voluntario emitido por el ICONTEC\u201d, el cual, como se mencion\u00f3, no se aport\u00f3 ni en esa oportunidad, ni con posterioridad. <\/p>\n
2\u0002 Dada la falta de aportaci\u00f3n completa de la certificaci\u00f3n expedida por el Icontec, no logra determinarse cu\u00e1les fueron las normas o par\u00e1metros de calidad que no cumplieron 30 de las muestras analizadas. <\/p>\n
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STC721-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC721-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00143-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones G\u00f3mez Blanco […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71021","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71021","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71021"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71021\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}