STC724-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC724-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00605-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca el 13 de diciembre 2022, en la acci\u00f3n de tutela que M\u00f3nica Mar\u00eda Bedoya Mar\u00edn y Leonardo Mart\u00ednez Rojas formularon contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, el Banco Davivienda SA y Sersigma SAS, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes del proceso ejecutivo hipotecario radicado bajo el n\u00famero 258993103002-2009-00452-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, igualdad, propiedad privada y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifestaron, en s\u00edntesis, que la Titularizadora Colombiana SA HITOS (Banco Davivienda SA) present\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en su contra, en el que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago el \u00ab5 de febrero de 2010\u00bb y profiri\u00f3 \u00abSentencia el 13 de abril de 2.012\u00bb. <\/p>\n
Aseveraron, que dicha entidad hizo incurrir en error al juzgador de conocimiento, por haber mencionado que los inmuebles objeto de hipoteca (50N-20468718, 20468836 y 20468937) se encontraban ubicados en el municipio de Ch\u00eda, Cundinamarca -lo que se\u00f1alaron no ser cierto- ya que se ubicaban en la ciudad de Bogot\u00e1, as\u00ed como haber informado como direcci\u00f3n de notificaciones de los demandados la avenida calle 134 59 A 81, torre 3, apartamento 303 de Ch\u00eda, cuando lo cierto es que esta es de esta ciudad. <\/p>\n
Agregaron, que esa situaci\u00f3n no fue advertida por el Juzgado de conocimiento, por lo que no dispuso el env\u00edo del proceso al competente, y les impidi\u00f3 comparecer a defenderse, hasta que fueron contactados por el Banco Davivienda SA para analizar formas de negociaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Indicaron, que el 11 de septiembre de 2018 presentaron un incidente de nulidad, el cual fue rechazado de plano en auto de 13 de febrero de 2019, y confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Cundinamarca el 29 de abril de 2020. <\/p>\n
Destacaron que la referida orden de pago y la sentencia, les vulneraron los derechos que reclaman. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado solicitaron: (i) la entrega inmediata de los inmuebles involucrados, debido a que el proceso por el cual se embargaron y secuestraron, ya se encuentra terminado por pago total, (ii) la compulsa de copias para la Fiscal\u00eda General de La Naci\u00f3n contra SERSIGMA SAS y, (iii) el allanamiento de los predios, en caso de no ser posible su entrega voluntaria. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, inform\u00f3 que el referido proceso fue terminado por auto de 10 de diciembre de 2021 y, en consecuencia, se levantaron las medidas cautelares decretadas que fueron puestas a disposici\u00f3n del Juzgado Sesenta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1, para el proceso ejecutivo de Edificio Port\u00f3n de Iberia PH contra los accionantes, bajo el radicado 110014003066 20210001400. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que en esas diligencias no se ha proferido orden de entrega de los inmuebles embargados, ya que los interesados no han elevado solicitud al respecto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca, neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de la inmediatez, en la medida en que \u00aba trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional se cuestionan los autos de 5 de febrero de 2010 y 11 de abril de 2012, a trav\u00e9s de los cuales se libr\u00f3 mandamiento de pago y se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta de los inmuebles embargados, caso en el cual la [\u2026] tutela no super[\u00f3] el umbral de haberse incoado dentro de un plazo razonable de seis meses, previstos por la jurisprudencia, como oportunidad para el ejercicio de la acci\u00f3n, pues la solicitud de amparo se present\u00f3 el 5 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, observ\u00f3 que los accionantes no hab\u00edan presentado ninguna solicitud ante el Juzgado accionado en relaci\u00f3n con la pretendida entrega de bienes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los interesados para insistir en sus pretensiones y enfatizar en que s\u00ed radicaron m\u00faltiples solicitudes para la entrega de los inmuebles. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, entre otros, que se acuda oportunamente al mecanismo, y se hubiesen agotado todos los medios ordinarios existentes para precaver la situaci\u00f3n, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022, STC10431-2022 y STC16655-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, M\u00f3nica Mar\u00eda Bedoya Mar\u00edn y Leonardo Mart\u00ednez Rojas acudieron inconformes con el mandamiento de pago y la sentencia proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 en el proceso ejecutivo hipotecario seguido en su contra, bajo el radicado 25899310300220090045200, y porque, pese a encontrarse terminado el litigio, no se les ha realizado la entrega de los bienes objeto de hipoteca, que fueron embargados y secuestrados en el mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Revisada la actuaci\u00f3n referida se encontr\u00f3 acreditado, con relevancia para adoptar la presente decisi\u00f3n, lo siguiente, <\/p>\n
3.1 La Titularizadora Colombiana SA HITOS (Banco Davivienda SA) promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra de los accionantes, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago el 5 de febrero de 2010, y mediante providencia de 11 de abril de 2012, decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta de los inmuebles hipotecados (50N-20468718, 20468836 y 20468937). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En diligencia de 5 de julio de 2019, los bienes relacionados fueron secuestrados y puestos a disposici\u00f3n de la sociedad SERSIGMA SAS, sin que se hubiese presentado oposici\u00f3n, tras haberlos encontrado desocupados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En auto de 13 de febrero de 2019, se rechaz\u00f3 un incidente de nulidad planteado por los ejecutados, por cuanto \u00abla falta de competencia debi\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa\u00bb; decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Cundinamarca el 29 de abril de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por auto de 4 de junio de 2021, y a petici\u00f3n de los ejecutados (aqu\u00ed demandantes) el Juzgado de conocimiento se requiri\u00f3 a la nombrada sociedad para que rindiera cuentas sobre su gesti\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En providencia de 10 de diciembre de 2021 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, y se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, previa verificaci\u00f3n de solicitudes de remanentes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con oficio 1168 de 2022, el Juzgado accionado inform\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, que el embargo de los citados predios deb\u00eda quedar a disposici\u00f3n del Juzgado Sesenta y Seis Civil Municipal de esta ciudad, para el proceso ejecutivo n\u00famero 11001 400306620210001400, seguido por el Edificio Port\u00f3n de Iberia PH contra los aqu\u00ed accionantes. Asimismo, por comunicado 1169 requiri\u00f3 a la secuestre para que rindiera cuentas ante el despacho previamente anotado. Dichas \u00f3rdenes fueron comunicadas a los respectivos destinatarios con correos electr\u00f3nicos de 16 de diciembre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s, los accionantes no explicaron la raz\u00f3n o razones por cu\u00e1les se tardaron tanto tiempo (m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os) para acudir a este mecanismo extraordinario para alegar la supuesta vulneraci\u00f3n causada por las providencias objeto de censura, motivo suficiente para que, como sucedi\u00f3 en primera instancia, su solicitud de amparo fuera desestimada. <\/p>\n
<\/p>\n
5. De otra parte, si bien es cierto, los impugnantes aportaron copias de las solicitudes de 10 de diciembre de 2020, 1\u00b0 y 5 de febrero, as\u00ed como 25 de mayo, 18 de agosto y 16 de diciembre de 2021, 17 y 18 de enero y 22 de julio de 2022, presentadas ante el Juzgado accionado, no menos resulta que todas estas estuvieron dirigidas a que se requiriera a la sociedad secuestre para que rindiera cuentas sobre su gesti\u00f3n, m\u00e1s no para que se realizara una eventual entrega directa de los bienes cautelados, lo que ratifica que, para cuando presentaron la acci\u00f3n de tutela que nos ocupa, no hab\u00edan acudido a su juez natural, a requerir \u00ab(i) la entrega inmediata de los inmuebles involucrados, debido a que el proceso por el cual se embargaron y secuestraron, ya se encuentra terminado por pago total\u00bb, lo que, de forma equivocada, pretenden por esta v\u00eda extraordinaria, en abierto desconocimiento del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1arla. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En cualquier caso, no puede perderse de vista, que las medidas cautelares materializadas en el proceso ejecutivo hipotecario, fueron puestas a disposici\u00f3n del Juzgado Sesenta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1, adonde, adicionalmente, se le orden\u00f3 a la secuestre rendir las esperadas cuentas, despacho judicial al que, por lo menos en esta acci\u00f3n, tampoco se acredit\u00f3 haber acudido para solicitar lo pertinente. <\/p>\n
<\/p>\n
7. De esa manera, ciertamente, la acci\u00f3n en estudio estaba llamada a su fracaso, m\u00e1xime si se toma en cuenta, que adem\u00e1s no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, para cuya finalidad, como es bien conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, debido a que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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