STC725-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC725-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00237-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la sede judicial accionada. <\/p>\n
En concreto solicita \u00abse ordene de una buena vez al tutelado que conceda y fije agencias en derecho en ambas instancias a mi favor, amparado art. 365-1 CGP contra la parte vencida\u00bb y de otro lado \u00abse ordene la intervenci\u00f3n de la Procuradora General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Como hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto el gestor sostiene que promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular identificada con el radicado \u00ab2021-00190-01\u00bb en contra CRC Valoramos Santa Rosa de Cabal S.A.S., con vinculaci\u00f3n del Municipio de Santa Rosa de Cabal, dentro la cual, si bien indic\u00f3 en la demanda que desist\u00eda de las agencias en derecho a su favor en ambas instancias, antes de que se dictaran las sentencias de primera y segunda instancia manifest\u00f3 que ya no lo hac\u00eda, por lo que debi\u00f3 accederse a las mismas, en fundamento de lo cual allego copia del fallo emitido dentro de la acci\u00f3n popular \u00ab2021-00177-02175\u00bb donde, dice, que solo se puede desistir de las agencias en derecho una vez reconocidas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira indic\u00f3 que el 31 de octubre de 2022 dict\u00f3 fallo de segunda instancia dentro del asunto, donde confirm\u00f3 lo decidido en primera instancia por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal respecto a la condena en costas, ya que en sus reparos el gestor pidi\u00f3 que se impusieran las mismas, pero al Municipio de Santa Rosa de Cabal, respecto de quien ello resultaba improcedente. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Las queja del accionante se dirige contra sentencia de 31 de octubre de 2022 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que confirm\u00f3 \u00edntegramente el fallo de 5 de octubre de 2022 del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, para acceder a las pretensiones, dentro de la acci\u00f3n popular que aquel promovi\u00f3 contra CRC Valoramos Santa Rosa de Cabal S.A.S., correspondiente al consecutivo \u00ab2021-00190\u00bb, pues, en sentir del promotor, debi\u00f3 condenarse en costas al Municipio de Santa Rosa de Cabal, porque si bien en la demanda desisti\u00f3 de las mismas, posteriormente en el proceso pidi\u00f3 su reconocimiento. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de primer grado antes individualizada, se decidi\u00f3 no condenar en costas, decisi\u00f3n contra la cual el gestor interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, con fundamento en que, <\/p>\n
Gerardo herrera, obrando en la acci\u00f3n popular 2021 190, apelo, amparado art 357 CPC pido costas por parte del ente territorial que permiti\u00f3 la amenaza y la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo en su territorio , incumpliendo de tajo su deber funci\u00f3n, COMO SE LO MANDA LA LEY Y LACONSTITUCI\u00d3N NACIONAL, ya que nada hizo a fin que se garantizara la accesibilidad en el inmueble abierto al p\u00fablico desconociendo su funci\u00f3n deber y por ello se debe reconocer costas a mi favor, TAL COMO LO PEDI EN MI ACCION POPULAR DESDE EL INICIO DE MI ACCION el ENTE TERRITORIAL EN CABEZA DE SU ALCALDE, DEBE SER CONDENADO EN COSTAS AMI FAVORTAL COMO LO PEDI EN MI ACCION Y POR ELLO VINCULE AL ALCALDE DE DICHA CIUDAD A MIACCION CONSTITUCIONAL, MANIFESTANDO QUE NO SE DBE IGNAORAR Q EL ALCALDE INCUMPLESU DEBER LEGAL Y CONSTITUCIONAL AL PERMITIR LA AMENAZA DE DERECHOS COLECTIVOS EN SUTERRITORIO TAL COMO S E LO MANDA LA LEY. <\/p>\n
Solicito en derecho se me informe como hace un particular que no es propietario del inmueble donde se presenta la vulneraci\u00f3n, para hacer reparaciones sin ser due\u00f1o del predio , inmueble y sin contar con la autorizaci\u00f3n del propietario, me parece que posiblemente se vulnera art 29 CN aparentemente para mi, PUES SALDRIA MUCHICICIMO MEJOR DESOCUPAR EL INMUEBLE Y PASARSEO MUDARSE A OTRO QUE CUMPA LEY 361 DE 1997 QUE GASTAR DINERITO EN INMUEBLES QUE NOSON DE SU PROPIEDAD, Y ESPERAR LA DEMANDA DEL DUE\u00d1O POR MODIFICAR PROPIEDADPRIVADA, de todas maneras aunque la sentencia es especial, pido condena en costas contra el ente territorial a mi favor como lo ped\u00ed a saciedad en mi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL solcito valorar dicha inquietud en la apelaci\u00f3n <\/p>\n
favor comparta el link de la acci\u00f3n popular se\u00f1or\u00eda por favor. <\/p>\n
Frente a ese concreto reparo, la Colegiatura accionada consider\u00f3 que, <\/p>\n
Pasando al reclamo hecho por el actor, de entrada se advierte que, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto, la acci\u00f3n popular estaba dirigida a proteger el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y ped\u00eda ordenar la construcci\u00f3n de una rampa al propietario del establecimiento de comercio accionado, quien es, en este caso, el \u00fanico sujeto pasivo de la acci\u00f3n; y, si bien en la demanda se dice que la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales de protecci\u00f3n y bienestar de las personas con movilidad reducida, es raz\u00f3n insuficiente para convertir al ente territorial en parte accionada, pues no fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal (art\u00edculo 21 Ley 472 de 1998), que establece, en el auto que admita la demanda \u201c\u2026Adem\u00e1s, se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado.\u201d, lo que lo convierte en un tercero, un interviniente que no es sujeto de pretensiones, diferente a tener la calidad de ser parte. <\/p>\n
Se comparten entonces los argumentos de la funcionaria de primera instancia para desestimar la condena en costas a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal, quien indic\u00f3, que \u201c\u2026la calidad que \u00e9ste (sic) ostenta en el proceso es la de \u201cvinculado\u201d tal como se explic\u00f3 ampliamente al inicio de estas consideraciones; en efecto, no es el ente territorial el responsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni es frente a dicha entidad que se erige la orden de amparo que se emitir\u00e1; (\u2026) pero no puede tenerse al ente territorial como parte vencida en el proceso y por ende la condena en costas resulta improcedente.\u201d; sin duda alguna, la condena en costas aplica, \u00fanica y exclusivamente, a la parte vencida en el proceso. <\/p>\n
De manera pues que, efectivamente deb\u00eda negarse tal pedimento con cargo al municipio de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado frente al Tribunal convocado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que, contrario a lo que fund\u00f3 el reclamo constitucional del accionante, dicho estrado no neg\u00f3 la condena en costas tras considerar procedente el desistimiento que de las misas hizo el actor popular en la demanda, sino porque se reclamaron contra quien no fue parte en el proceso, sin referir nada frente al mencionado desistimiento porque no fue alegado como motivo de apelaci\u00f3n, de ah\u00ed que el hecho alegado por el promotor se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
4 <\/p>\n
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