STC728-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC728-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02080-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Javier Pinz\u00f3n Vel\u00e1squez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las sedes judiciales acusadas, al no concederle la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal que le fue impuesta en proceso penal, por lo que, aunque no lo se\u00f1ala expresamente, del an\u00e1lisis del escrito inicial se infiere que solicita se deje sin efecto dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 28 de julio de 2001 el gestor fue condenado por el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de Villavicencio, a la pena principal de 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n, como autor responsable de los delitos de hurto calificado y agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de defensa personal, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 \u00edntegramente el 10 de octubre de 2007 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
2.2. Por considerar que se estructuraba el supuesto para la prescripci\u00f3n de la pena, se\u00f1alado de los art\u00edculo 88 y 89 del C\u00f3digo Penal , el accionante le pidi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta, que hiciera tal declaraci\u00f3n, a lo cual no accedi\u00f3 dicho estrado el 12 de noviembre de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el inconforme pero fue confirmada el 28 de junio de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, determinaci\u00f3n que no comparte, por lo cual pide su revalidaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas pidi\u00f3 que no se acceda al amparo, porque se pretende utilizar al mismo como una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras observar que lo decidido por el juzgado y la Colegiatura accionados no puede catalogarse como arbitrario, lo que impide la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la prescripci\u00f3n de la pena opera bajo el supuesto de que el condenado, aunque tenga una sentencia ejecutoriada en su contra, se encuentre gozando de la libertad de manera ilegal, mas no en este caso, donde el accionante \u00abno tuvo en cuenta que el periodo de extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n en consideraci\u00f3n a los delitos de hurto calificado y agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de defensa personal (proceso penal 2002-00008), se encontr\u00f3 interrumpido desde el momento en que suscribi\u00f3 la diligencia de compromiso al ser beneficiado con el subrogado penal de libertad condicional dentro del proceso de referencia -4 de noviembre de 2009-, hasta el 7 de enero de 2014, un d\u00eda anterior, a la comisi\u00f3n de la nueva conducta punible por la cual fue capturado y condenado dentro de otro proceso penal\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante sin exponer el motivo de su inconformidad. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, Luis Javier Pinz\u00f3n Vel\u00e1squez se duele del auto de 28 de junio de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 12 de noviembre de 2021 del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta, de negarle la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal que le fue impuesta como responsable de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con falsedad material en documento p\u00fablico y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal pues, en sentir del actor, lo decidido result\u00f3 de la indebida aplicaci\u00f3n de la norma que rige el supuesto presentado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que la mencionada determinaci\u00f3n, no se torna arbitraria. <\/p>\n
En la providencia, emitida por el Tribunal accionado, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis de la Sala, porque dentro del proceso cuestionado cerro el debate aqu\u00ed propuesto, esa autoridad consider\u00f3 que, <\/p>\n
No ha operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la pena merced a que el tiempo requerido para el efecto estuvo lejos de cumplirse. As\u00ed mismo, estando el sentenciado disfrutando del periodo de prueba se produjo su captura en flagrancia con motivo de la realizaci\u00f3n del otro delito. Tal privaci\u00f3n de la libertad interrumpi\u00f3 la culminaci\u00f3n de ese t\u00e9rmino que de haberse cumplido le hubiese permitido hacerse merecedor de la extinci\u00f3n de la pena por cumplimiento del periodo de prueba. <\/p>\n
Postura que sustent\u00f3 en los art\u00edculos 89 y 90 del C\u00f3digo Penal, con fundamento en los cuales explic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00absi la libertad se logra con la autorizaci\u00f3n del Estado, no pude tener inicio el t\u00e9rmino prescriptivo de la pena, como ocurre en el presente caso. Asunto diferente se presenta con el periodo de prueba al que se somete quien se beneficia con un subrogado penal, pues vencido \u00e9ste, sin que exista una causa para su revocatoria sobreviene la extinci\u00f3n de la pena por cuanto ha operado su cumplimiento, pero siempre que el sentenciado se encuentre en libertad. Porque, si por cualquier raz\u00f3n este ha sido capturado y privado de su libertad dentro del periodo de prueba, no es posible predicar en esa situaci\u00f3n que el periodo de prueba contin\u00fae corriendo a su favor <\/p>\n
N\u00f3tese que tanto el vencimiento del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n como el del periodo de prueba extinguen la sanci\u00f3n penal, pero en ambos casos, bajo el presupuesto de que el sentenciado se encuentre en libertad. En el primer caso esa libertad es ilegal y en el segundo, otorgada legalmente por el Estado. Por manera que, solo se puede hablar de interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo cuando \u00e9ste ha iniciado y s\u00f3lo es posible su inicio con un sentenciado en rebeld\u00eda, esto es en libertad no decretada por el juez. As\u00ed mismo, el periodo de prueba tiene inicio al momento de la libertad otorgada legalmente y su interrupci\u00f3n ocurre cuando se captura al sentenciado por otro delito. No es posible que a la vez pueda estar el sentenciado detenido f\u00edsicamente por un delito y en periodo de prueba por otro delito. <\/p>\n
Con fundamento en estas premisas, el Colegiado accionado se\u00f1al\u00f3 para el caso particular que, <\/p>\n
Al sentenciado Luis Javier Pinz\u00f3n Vel\u00e1squez, le fue concedida la libertad condicional el 4 de noviembre de 2009, y se le otorg\u00f3 un periodo de prueba de 91 meses y 5 d\u00edas que fenec\u00eda el 9 de junio de 2017. Al estar legalmente en libertad no puede alegarse n siquiera inicio del t\u00e9rmino prescriptivo. <\/p>\n
Ahora, durante dicho periodo de prueba, esto es, el 8 de enero de 2014 Pinz\u00f3n Vel\u00e1squez fue detenido en virtud de la comisi\u00f3n del delito de hurto calificado y agravado, que le implic\u00f3 la condena a 161 meses de prisi\u00f3n impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Acac\u00edas (Meta). Esta captura interrumpi\u00f3 el periodo de prueba que se cumpl\u00eda el 9 de junio de 2017, surgido con motivo del subrogado penal otorgado previamente. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el t\u00e9rmino del periodo de prueba no logr\u00f3 su culminaci\u00f3n dada la captura que se produjo y por ello no es posible decretar la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n por pena cumplida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, acert\u00f3 el a quo al negar la prescripci\u00f3n de la pena, motivo por el cual la providencia apelada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional; y es que, en rigor, lo aqu\u00ed expuesto es una diferencia de criterio con la manera como la Colegiatura accionada interpret\u00f3 las pruebas y la normatividad aplicable, para concluir que no era procedente declarar la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta al accionante, porque estuvo libre, pero descontando el periodo de prueba de la libertad condicional que se le concedi\u00f3, por lo cual, al haber sido capturado por otro delito dentro de ese periodo, el mismo se interrumpi\u00f3, sin que nunca principiara el conteo del t\u00e9rmino prescriptivo, que inicia cuando la persona, pese a tener en su contra condena penal en firme, est\u00e1 gozando de la libertad de manera ilegal. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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STC728-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC728-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02080-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}