STC734-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC734-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2022-00256-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 9 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Alberto Vel\u00e1squez Ospina frente a la Superintendencia de Sociedades -Intendencia Regional Manizales, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Luis \u00c1ngel Aristiz\u00e1bal, Bancolombia SA, Colpensiones, Banco Scotiabank Colpatria, Banco de Bogot\u00e1, Secretar\u00eda de Hacienda de Bogot\u00e1, Jos\u00e9 Alberto Rinc\u00f3n Pel\u00e1ez, Dagoberto Gil Bedoya, Felipe Alberto Arango Ospina, Santiago Carrillo, \u00c1lvaro Osorio, Rosa Mar\u00eda Bocanegra Peralta, Adriana Bedoya Hidalgo y dem\u00e1s acreedores e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial radicado 99257. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y trabajo, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, la Superintendencia de Sociedades -Intendencia Regional Manizales, mediante auto de 13 de julio de 2021 decret\u00f3 fracasado el proceso de reorganizaci\u00f3n abreviado y orden\u00f3 la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial simplificada del comerciante Luis \u00c1ngel Aristiz\u00e1bal Ram\u00edrez en liquidaci\u00f3n, y en providencia de 28 de julio siguiente, fue designado el liquidador, que se posesion\u00f3 el 20 de agosto siguiente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el 22 de julio de 2021, alleg\u00f3 a ese tr\u00e1mite un documento en el cual el deudor Luis \u00c1ngel Ram\u00edrez reconoce su acreencia como tipo laboral, por cumplirse la subordinaci\u00f3n, cumplimiento de horario, disponibilidad, salario mensual y la prestaci\u00f3n personal y permanente de las labores, y el 16 de septiembre siguiente, envi\u00f3 los soportes de su acreencia, para que fuera incluida en el proyecto de calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, como acreencia laboral. <\/p>\n
Sostuvo que el 10 de mayo de 2022, estando en t\u00e9rminos para objeciones frente al proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, el deudor envi\u00f3 esa acreencia directamente a la autoridad accionada para ser agregada al expediente en donde reiter\u00f3 que es laboral y no un abogado en un proceso judicial. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 26 de septiembre de 2022, con el liquidador concili\u00f3 de manera legal que dicha acreencia era laboral, raz\u00f3n por la que se corrigi\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y el 22 de noviembre siguiente, se llev\u00f3 a cabo audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, y aprobaci\u00f3n del proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, en la que la accionada, al pronunciarse sobre la objeci\u00f3n, invalid\u00f3 la conciliaci\u00f3n sin fundamento legal y desconociendo las pruebas de la relaci\u00f3n laboral obrantes en el expediente, y el reconocimiento que hizo el deudor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que hizo uso de recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y el primero fue despachado desfavorablemente, y se neg\u00f3 el segundo, pese a que el liquidador al momento en que se dio el traslado del recurso, no se opuso y ratific\u00f3 el reconocimiento de la relaci\u00f3n laboral, y afirm\u00f3 que conoc\u00eda de la prestaci\u00f3n personal del servicio que no se le hab\u00eda pagado como empleado del concursado por la situaci\u00f3n financiera del se\u00f1or Luis \u00c1ngel Aristiz\u00e1bal Ram\u00edrez. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la accionada \u00abse reconozca legalmente dentro del proceso, que la acreencia existente a mi favor, ya reconocida dentro del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y conciliada con el Liquidador del proceso, como acreencia de car\u00e1cter laboral\u00bb. <\/p>\n
Y, en consecuencia, corregir el \u00abproyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, aprobado en la Audiencia realizada dentro del expediente 99257, de liquidaci\u00f3n judicial simplificada del se\u00f1or Luis \u00c1ngel Aristiz\u00e1bal Ram\u00edrez\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Intendente Regional de Manizales de la Superintendencia de Sociedades, luego de rese\u00f1ar las principales actuaciones de ese tr\u00e1mite, insisti\u00f3 en que no se aport\u00f3 documento que diera certeza sobre la obligaci\u00f3n laboral, puesto que, si bien es cierto el se\u00f1or Luis \u00c1ngel Aristiz\u00e1bal Ram\u00edrez, manifest\u00f3 reconocer la deuda como laboral, de acuerdo a los escritos allegados por el aqu\u00ed accionante, en el expediente no se aport\u00f3 ning\u00fan otro material probatorio. <\/p>\n
2. Luis \u00c1ngel Aristiz\u00e1bal Ram\u00edrez, en calidad de deudor refiri\u00f3 que la deuda que reclama el accionante es de car\u00e1cter laboral que no puede pagar, y afirm\u00f3 que no le cancel\u00f3 la seguridad social por embargo de cuentas bancarias, situaci\u00f3n que comunic\u00f3 a la accionada desde julio de 2021. <\/p>\n
3. Santiago Carrillo en calidad de acreedor, refiri\u00f3 que est\u00e1 de acuerdo con lo resuelto. <\/p>\n
4. Scotiabank Colpatria SA., Colpensiones, y la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1, solicitaron decretar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y que fueran desvinculados. <\/p>\n
5. Rosa Mar\u00eda Bocanegra Peralta, resalt\u00f3 que las pretensiones van dirigidas en contra de un tercero, por lo tanto, no corresponde pronunciarse frente a los mismos. <\/p>\n
6. El Tribunal Superior de Manizales mediante auto de 2 de diciembre de 2022, con fundamento en que la se\u00f1ora Rosa Mar\u00eda Bocanegra Peralta hab\u00eda denunciado vulneraci\u00f3n a su derecho fundamental al debido proceso por actuaciones adelantadas en el mismo tr\u00e1mite, corri\u00f3 traslado de su respuesta junto con la de los dem\u00e1s intervinientes para que de considerarlo pertinente se ejerciera el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Manizales, neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela formulada por el se\u00f1or Germ\u00e1n Alberto Vel\u00e1squez Ospina, y declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado por la vinculada Rosa Mar\u00eda Bocanegra Peralta. <\/p>\n
Para el efecto, luego de examinar los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, concluy\u00f3 que no se incurri\u00f3 en ning\u00fan defecto con la decisi\u00f3n proferida por la autoridad accionada en ejercicio de funciones judiciales, en tanto que la providencia fue debidamente motivada y obedeci\u00f3 a un juicio sensato y razonable de las pruebas allegadas. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el juez concursal hizo una exposici\u00f3n del sustento legal y probatorio en que se apoyaba, e indic\u00f3 las razones por las que consideraba que los medios de prueba allegados por el accionante no eran id\u00f3neos, de manera que no advirti\u00f3 la presencia de una v\u00eda de hecho que abra paso a la tutela. <\/p>\n
Adujo que los motivos que sustentaron la impugnaci\u00f3n en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial, fueron analizados y resueltos por el juez natural, sin que sea admisible que el accionante acuda a la jurisdicci\u00f3n constitucional como una instancia adicional para resolver un tema de \u00edndole legal que ya se debati\u00f3 en el tr\u00e1mite, y el solo desacuerdo con las razones exteriorizadas por el cognoscente para denegar la calificaci\u00f3n del cr\u00e9dito como laboral, no es motivo suficiente para conceder el amparo. <\/p>\n
De otra parte, y en relaci\u00f3n con las solicitudes de la se\u00f1ora Rosa Mar\u00eda Bocanegra, concluy\u00f3 que no se satisface el requisito de la subsidiariedad porque conoc\u00eda la programaci\u00f3n de audiencia en que se resolver\u00eda su nulidad, y dej\u00f3 de asistir a ese escenario que era el id\u00f3neo para resolver sus pedimentos, adem\u00e1s por la misma raz\u00f3n, dej\u00f3 de hacer uso de los recursos contra la decisi\u00f3n que reprocha. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor para reiterar que la autoridad accionada no valor\u00f3, ni tuvo en cuenta pruebas legalmente v\u00e1lidas que demostraban la existencia del contrato laboral, tales como i) el escrito firmado al inicio del proceso y el email en los que el deudor y reconoce la existencia de la deuda como laboral, ii) \u00abun nuevo email\u00bb, donde ratifica lo anterior; y iii) la participaci\u00f3n del deudor dentro de la acci\u00f3n de tutela en donde reconoce la deuda como laboral. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Germ\u00e1n Alberto Vel\u00e1squez Ospina solicit\u00f3 ordenar a la Superintendencia de Sociedades -Intendencia Regional de Manizales, que en el proceso de insolvencia del comerciante Luis \u00c1ngel Aristiz\u00e1bal Ram\u00edrez, reconozca su acreencia como laboral, y, en consecuencia, se corrija el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n
Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados a este tr\u00e1mite, se advierte que pretensi\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de ser acogida puesto que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada no es arbitraria, o caprichosa, raz\u00f3n por la que se impone confirmar la decisi\u00f3n impugnada. Veamos porque, <\/p>\n
2.1 No es materia de discusi\u00f3n que, mediante auto de 11 de febrero de 2021, la Superintendencia de Sociedades Intendencia Regional de Manizales, admiti\u00f3 al proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial a la persona natural comerciante se\u00f1or Luis \u00c1ngel Aristiz\u00e1bal Ram\u00edrez (02 cuaderno principal), y que, en audiencia de 13 de julio del mismo a\u00f1o, se decret\u00f3 fracasado ese tr\u00e1mite y se dispuso la liquidaci\u00f3n simplificada del mentado comerciante (20 Anexo BDSS01). <\/p>\n
De igual modo, no se debate que, en auto de 28 de julio de 2021, fue designado como liquidador al se\u00f1or Felipe Alberto Arango Ospina, y que, mediante auto de 22 de noviembre de 2022, en audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones se tuvo en cuenta que, durante el t\u00e9rmino de traslado, se formularon objeciones al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, entre otros por el se\u00f1or German Alberto Vel\u00e1squez Ospina, aqu\u00ed accionante, y esencialmente su objeci\u00f3n consisti\u00f3 en que se reconociera que su cr\u00e9dito era de tipo laboral, atendiendo la forma en que prestaba sus servicios (03 Anexo pdf). <\/p>\n
2.2 Seg\u00fan refleja el expediente, esa acreencia fue materia de conciliaci\u00f3n con el liquidador, determinaci\u00f3n que se adopt\u00f3 en reuni\u00f3n de 26 de septiembre de 2022, y para el efecto, se tuvo en cuenta la declaraci\u00f3n del mismo deudor (03 Anexo pdf). <\/p>\n
2.3 Ahora bien, en relaci\u00f3n con esa conciliaci\u00f3n, el juez del concurso sostuvo que, <\/p>\n
(\u2026) No se encontr\u00f3 prueba de la existencia del contrato de trabajo, como tampoco documento alguno que as\u00ed lo indique, m\u00e1xime cuando la prestaci\u00f3n de servicios, de las profesiones liberales no constituyen v\u00ednculo laboral, que en el caso de marras no fue arrimado al expediente pruebas sobre dichos hechos, como lo son planillas de seguridad social, como dem\u00e1s requisitos que nos lleven a deducir la existencia de los elementos del contrato de trabajo; ya que solamente se fundamenta en la manifestado de manera posterior por el se\u00f1or Aristiz\u00e1bal. Por no ajustarse a derecho este Despacho, no acepta la conciliaci\u00f3n de la objeci\u00f3n incoada, por lo tanto, quedara como inicialmente fue calificado (03 Anexo, negrilla fuera de texto). <\/p>\n
2.4 Contra esa determinaci\u00f3n, el se\u00f1or German Alberto Vel\u00e1squez Ospina, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, y en subsidio apelaci\u00f3n, con fundamento en que justific\u00f3 ante el liquidador la existencia de contrato de trabajo de car\u00e1cter verbal, demostrando los factores de subordinaci\u00f3n, salario y la realizaci\u00f3n personal de la labor contratada, mediante el cumplimiento de horarios de trabajo, \u00f3rdenes, adem\u00e1s de reconocer dicho negocio jur\u00eddico por parte del deudor (03 Anexo). <\/p>\n
Reclam\u00f3 que era equivoco, limitar la existencia de un contrato de trabajo a soportes de seguridad social, o un contrato escrito, puesto que esto no es prueba exclusiva y que fue el reconocimiento del deudor, lo que acredit\u00f3 la existencia de ese v\u00ednculo adem\u00e1s que, por raz\u00f3n de su profesi\u00f3n liberal, no significa que este no puede existir (03 Anexo). <\/p>\n
2.5 La Superintendencia de Sociedades, Intendencia Regional de Manizales, resolvi\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) De acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo 30 de la ley 1116 de 2006, modificado por el art\u00edculo 37 de la Ley 1429 de 2010, la \u00fanica prueba admisible es la documental, pero en el caso de marras, el objetante, no allega prueba de la misma. En el mismo, sentido este Despacho debe recordar, que dentro las funciones del Juez Concursal, no es declarar el reconocimiento de derechos, solamente reconocer obligaciones claras, expresas y exigibles, de acuerdo al material probatorio allegado al proceso, pero en el presente caso, no se aportaron pruebas documentales que nos indiquen la relaci\u00f3n laboral de las partes, con lo cual no estamos desconociendo el derecho, solamente que no se aport\u00f3 material probatorio, que as\u00ed lo indique. Raz\u00f3n por la cual, se confirmar\u00e1 la providencia recurrida (03 Anexo). <\/p>\n
3. Como puede apreciarse, pese a que el accionante insiste en que no se valoraron los documentos en que los que el deudor reconoci\u00f3 la deuda como laboral, se advierte que la accionada s\u00ed los tuvo en cuenta, al punto que los estim\u00f3 insuficientes para establecer la existencia de un contrato de trabajo, puesto que no permit\u00edan tener por acreditados todos los elementos que estructuran ese v\u00ednculo jur\u00eddico, tampoco el pago de seguridad social, y adem\u00e1s aclar\u00f3 que con esa decisi\u00f3n no desconoc\u00eda el derecho reclamado, sino que las pruebas allegadas no respaldaban esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 29 de la Ley 1116 de 2006, \u00abLa \u00fanica prueba admisible para el tr\u00e1mite de objeciones ser\u00e1 la documental, la cual deber\u00e1 aportarse con el escrito de objeciones o con el de respuesta a las mismas\u00bb, en el mismo sentido el art\u00edculo 30 idem, dispone que en la resoluci\u00f3n de objeciones el juez del concurso debe tener como pruebas las documentales aportadas, reglamentaci\u00f3n que respalda la tesis de la accionada de tener en cuenta solo esa clase de medios de convicci\u00f3n para dicha finalidad. <\/p>\n
En este asunto, no se encontraron documentos que respaldaran los elementos que configuran el contrato laboral, y una vez revisada la prueba documental en que se insiste en sede de tutela, no puede concluirse que esa decisi\u00f3n fuera arbitraria, a o caprichosa, pues es factible llegar a esa conclusi\u00f3n, independiente de que no la comparta el accionante. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, le asiste raz\u00f3n a la accionada en que el juez del concurso no es el llamado a declarar la existencia de un contrato de trabajo, sino incluir en los cr\u00e9ditos las obligaciones claras, expresas y exigibles \u00abexistentes\u00bb, como en efecto lo hizo respecto de la acreencia del accionante, distinto es que no le hubiese otorgado la prelaci\u00f3n esperada, camino que como qued\u00f3 visto no desborda lo que revela la documental adosada. <\/p>\n
4. Al margen de lo precedenter, olvid\u00f3 el accionante que, ante una interpretaci\u00f3n normativa o valoraci\u00f3n de la prueba de manera razonable, no hay lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que esta acci\u00f3n corresponde a un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es motivo para que salga avante, atendiendo que no se trata de \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
5. Con todo, si consideraba que la accionada no se pronunci\u00f3 respecto de alguna de sus inconformidades o reparos respecto de alguna prueba en concreto al resolver el recurso de reposici\u00f3n, lo cierto es que no hizo uso de la adici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que revela el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad como exigencia para acudir en sede de tutela. <\/p>\n
6. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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