STC736-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC736-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00246-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ram\u00f3n Emilio Villa Ram\u00edrez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se le ordene a la accionada \u00abel cumplimiento al silencio positivo y se [le] conceda favorablemente todo lo solicitado en la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ram\u00f3n Emilio Villa Ram\u00edrez promovi\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra las sentencias condenatorias proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro del proceso penal adelantado en contra de aqu\u00e9l por los punibles de \u00absecuestro simple agravado y hurto calificado agravado en tentativa\u00bb. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que los t\u00e9rminos para resolver el asunto se encontraban vencidos; que elev\u00f3 petici\u00f3n para que se valiera el silencio positivo y le concedieran lo pretendido en revisi\u00f3n; que alleg\u00f3 memorial insistiendo en su solicitud; y que el 8 de agosto se le notific\u00f3 que la demanda se encontraba en estudio y que no era procedente aplicar la figura deprecada. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el 16 de agosto de 2022 elev\u00f3 nueva petici\u00f3n reiterando lo atinente al silencio positivo; y que el tr\u00e1mite estaba viciado de nulidad, pues el magistrado al que se le asign\u00f3 el asunto ya hab\u00eda conocido de dos tutelas previamente instauradas. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que el 10 de octubre de 2022 se le notific\u00f3 la decisi\u00f3n de 2 de septiembre anterior, por medio de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 su acci\u00f3n de revisi\u00f3n, decisi\u00f3n que, en su sentir, es \u00abilegal, arbitraria e injusta\u00bb, adem\u00e1s, porque no atendi\u00f3 el silencio positivo de dicha autoridad en el tr\u00e1mite de esa acci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que contra la referida determinaci\u00f3n formul\u00f3 apelaci\u00f3n y acci\u00f3n de cumplimiento para que dieran tr\u00e1mite y respuesta a las peticiones presentadas para el silencio administrativo; sin embargo, el 7 de diciembre de 2022 tales solicitudes fueron rechazadas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n promovida por el ahora accionante; que en auto de 2 de septiembre de 2022 inadmiti\u00f3 dicha demanda por no satisfacer las exigencias formales y sustanciales requeridas para su admisibilidad, decisi\u00f3n que mantuvo el 7 de diciembre siguiente; relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio penal condenatorio del actor; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo al considerar que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas; remiti\u00f3 copia de las providencias criticadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n 1 \u2013 Primero para la Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que la inadmisi\u00f3n de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n est\u00e1 ajustada a derecho, comoquiera que, el gestor omiti\u00f3 allegar constancia de ejecutoria de las sentencias condenatorias, adem\u00e1s, porque la revisi\u00f3n se inco\u00f3 bajo la causal 3\u00b0 del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, esto es, que despu\u00e9s de la sentencia aparezcan hechos o pruebas que establezcan su inocencia, empero, la misma no se acredit\u00f3; que no se vulner\u00f3 las prerrogativas demandadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Itag\u00fc\u00ed inform\u00f3 que respecto del accionante, conoci\u00f3 la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento y, posteriormente, la solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, sin que tramitara el proceso penal. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
En efecto, en tal decisi\u00f3n, tras citar los presupuestos b\u00e1sicos que debe satisfacer la demanda de revisi\u00f3n, as\u00ed como los c\u00e1nones 193 y 194 de la Ley 906 de 2004, de entrada advirti\u00f3 su inadmisi\u00f3n, precisando que: <\/p>\n
En primer lugar, omite allegar constancia de la ejecutoria de las sentencias que se pretende rebatir, cuya aportaci\u00f3n es exigencia legal inexcusable para promover la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en cuanto se requiere tener certidumbre de su firmeza, esto es, que han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada debido a que est\u00e1n agotados los mecanismos ordinarios de impugnaci\u00f3n previamente al ejercicio del instrumento de control excepcional. <\/p>\n
Resulta de crucial importancia la corroboraci\u00f3n de la firmeza de las sentencias controvertidas, seg\u00fan criterio uniforme y reiterado de la Corte que, entre otras muchas providencias, en CSJ AP, 27 jul. 2011, rad. 34195 (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, incumplida esta trascendental exigencia no hay lugar a admitir la demanda con que se pretende derruir la fuerza de cosa juzgada de las sentencias de condena emitidas contra RAM\u00d3N VILLA por carecerse de certidumbre acerca del estatus de cosa juzgada que ostentar\u00edan los fallos judiciales censurados por el demandante. <\/p>\n
Seguidamente, cit\u00f3 la causal tercera del art\u00edculo 196 de la Ley 906 de 2004, asimismo jurisprudencia en punto a que debe consistir en un hecho nuevo o una prueba nueva, consignando que: <\/p>\n
De lo expuesto se sigue que los presupuestos sustanciales de la causal de revisi\u00f3n en estudio exigen acreditar: <\/p>\n
i) una situaci\u00f3n f\u00e1ctica o probatoria nueva, no conocida en el curso del proceso; y ii) la novedad f\u00e1ctica o probatoria con virtualidad e idoneidad suficientes para derruir el soporte justificante de la sentencia calificada injusta, que permita establecer la inocencia o la inimputabilidad del condenado, o cuando menos tornar discutible la verdad declarada en el fallo, por lo cual se requiere, adicional e imperativamente, explicar la aptitud del elemento probatorio para derruir los fundamentos de la sentencia atacada1. <\/p>\n
De no cumplir el demandante con la carga de acreditar o demostrar estas exigencias, deja el cargo carente de la eficacia necesaria para su admisi\u00f3n, situaci\u00f3n que en este evento es la que acontece habida cuenta que si bien se invoca la causal tercera, el actor no menciona alg\u00fan hecho nuevo desconocido en el curso de las actuaciones judiciales regulares adelantadas contra VILLA RAM\u00cdREZ; mucho menos alude o aporta alguna especie de prueba novedosa, con los que se demuestre su inocencia o inimputabilidad o se desvirt\u00fae la verdad declarada en los fallos de condena conocidos. <\/p>\n
Por ende, deviene inadmisible la demanda sustentada en la causal tercera del art\u00edculo 192 del estatuto procesal penal. <\/p>\n
Luego, con apoyo en la jurisprudencia, analiz\u00f3 la causal sexta del precepto en cita, respecto de cuando el fallo cuestionado se ha soportado en prueba falsa determinante, indicando que: <\/p>\n
Por tanto, cuando se promueve la acci\u00f3n de revisi\u00f3n con fundamento en la causal sexta corresponde al peticionario demostrar con el aporte de providencia judicial en firme, la certeza de la falsedad de la prueba que influy\u00f3 de manera determinante en la declaraci\u00f3n de verdad contenida en la sentencia que se busca derruir. <\/p>\n
En ese contexto, no sirven de sustento a la pretensi\u00f3n las apreciaciones subjetivas del aqu\u00ed demandante que considera soportadas en prueba falsa las sentencias emitidas en desfavor de VILLA RAM\u00cdREZ dentro de los procesos que se le siguieron por los delitos de secuestro simple y agravado y hurto calificado agravado en tentativa; en cambio, deb\u00eda acreditar la existencia de la prueba espuria cuya remoci\u00f3n conducir\u00eda a variar sustancialmente dichos fallos. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
De lo expuesto en precedencia refulge incuestionable la ineptitud de la demanda de revisi\u00f3n que presenta el representante judicial de RAM\u00d3N EMILIO VILLA RAM\u00cdREZ, toda vez que a m\u00e1s de carecer del soporte de la ejecutoria de las sentencias que cuestiona, deja de lado demostrar que en verdad se materializa alguna de las causales a que se ha hecho referencia. <\/p>\n
Por contrario, el demandante persigue revertir el efecto de cosa juzgada de las determinaciones adoptadas en desfavor del prenombrado ciudadano por distintas instancias de justicia, queriendo hacer valer su particular opini\u00f3n acerca de que son \u201cilegales, arbitrarias, desproporcionadas e inconstitucionales\u201d, alegaci\u00f3n que evidencia el uso indebido de la acci\u00f3n revisora al no consultar las razones de su procedencia. <\/p>\n
Lo anterior muestra necesario llamar la atenci\u00f3n del libelista en cuanto a que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n tiene una finalidad diferente a la que inspira los mecanismos dise\u00f1ados por la legislaci\u00f3n procedimental penal para controvertir las decisiones judiciales, como de anta\u00f1o ha considerado la Sala al precisar que, por ejemplo, se diferencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n en que por medio de este es posible discutir la legalidad del tr\u00e1mite procesal, el cumplimiento de las garant\u00edas debidas a las partes, los supuestos de hecho de la sentencia de segunda instancia no ejecutoriada y sus consecuencias jur\u00eddicas. <\/p>\n
Mientras que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n tiene por objeto una sentencia o decisi\u00f3n definitiva que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, con la finalidad de remediar actos de injusticia originados en causas o situaciones que no se conocieron durante el desarrollo de la actuaci\u00f3n y que est\u00e1n limitadas a las previstas en la ley. <\/p>\n
Posteriormente, estudi\u00f3 la impugnaci\u00f3n formulada por el actor contra la referida determinaci\u00f3n (AP5730-2022), precisando que: <\/p>\n
Conforme con todo lo anterior, aunque en el asunto bajo examen la demanda de revisi\u00f3n fue presentada por el apoderado designado para ese fin por el condenado RAM\u00d3N EMILIO VILLA RAM\u00cdREZ, no acontece igual con la impugnaci\u00f3n contra la providencia que resolvi\u00f3 su inadmisi\u00f3n, habida cuenta que es el directo interesado quien presenta el disenso. <\/p>\n
Por consiguiente, se concluye que VILLA RAM\u00cdREZ carece de legitimidad para impugnar en nombre propio el auto por medio del cual se inadmiti\u00f3 la demanda, pues no acredita ostentar t\u00edtulo profesional en derecho que le permita acudir ante la jurisdicci\u00f3n por s\u00ed mismo. <\/p>\n
En ese estado las cosas, la Sala rechazar\u00e1 el recurso presentado porque el recurrente no cuenta con la calidad profesional requerida, esto es, porque carece de legitimaci\u00f3n en el proceso para impugnar la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual la Corte inadmiti\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n contra los fallos que lo condenaron en calidad de autor responsable de los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado agravado en tentativa. <\/p>\n
Y, sobre la solicitud de acci\u00f3n de cumplimiento para que se aplique el silencio positivo, dijo que: <\/p>\n
Finalmente, se ha recibido otra petici\u00f3n suscrita por RAM\u00d3N VILLA en la cual reclama dar aplicaci\u00f3n a la acci\u00f3n de cumplimiento con la finalidad de que se reconozca el \u201csilencio positivo\u201d anteriormente invocado por \u00e9l mismo. <\/p>\n
Al respecto v\u00e9ase que la acci\u00f3n de cumplimiento est\u00e1 instituida en el art\u00edculo 87 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y es desarrollada por la Ley 393 de 1997, teniendo por objeto y finalidad, seg\u00fan explic\u00f3 la Corte Constitucional, otorgar a toda persona -natural o jur\u00eddica- e incluso a los servidores p\u00fablicos, la posibilidad \u201cde acudir ante la autoridad judicial para exigir la realizaci\u00f3n o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este car\u00e1cter.\u201d <\/p>\n
En ese contexto, se ha considerado que va unida a la funci\u00f3n administrativa de la entidad p\u00fablica que se predica ha inobservado una norma o acto, lo que excluye su uso para obtener el cumplimiento o adopci\u00f3n de decisiones judiciales debido a que para tal fin y de acuerdo con la especialidad correspondiente -civil, familia, comercial, laboral, penal, etc., existen procedimientos, recursos o incidentes espec\u00edficos a los que puede acudir el interesado. <\/p>\n
As\u00ed lo ha considerado la m\u00e1xima autoridad de lo contencioso administrativo al explicar que la acci\u00f3n de cumplimiento \u201cno fue concebida para lograr que los operadores jur\u00eddicos apliquen normas propias del proceso que adelantan y mucho menos para evaluar si se debe aplicar o no determinada disposici\u00f3n jur\u00eddica o el sentido en que \u00e9sta debe ser interpretada, pues dicha circunstancia constituir\u00eda una intromisi\u00f3n en la actividad judicial contraria a la autonom\u00eda judicial.\u201d; postura que guarda armon\u00eda con la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 87 de la Carta Pol\u00edtica, 1\u00b0, 5\u00b0 y 9\u00b0 de la Ley 393 de 1997 realizada anta\u00f1o por esa misma instancia de justicia. <\/p>\n
Por ende, resulta improcedente en este caso la acci\u00f3n de cumplimiento pretendida por el condenado VILLA RAM\u00cdREZ. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, la referida autoridad interpret\u00f3 las normas que regulan la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, concluyendo que la demanda g\u00e9nesis de ese tr\u00e1mite incumpl\u00eda las exigencias formales y sustanciales que para esos efectos contempla el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues, de un lado, no alleg\u00f3 las constancias de ejecutoria de las sentencias que pretende rebatir; y, por otra parte, no acredit\u00f3 las causales invocadas, estas son, la tercera, en punto a los hechos o pruebas nuevas que establezcan su inocencia, y la sexta, en cuanto a que su condena se bas\u00f3 en una prueba falsa; de ah\u00ed que, la acci\u00f3n extraordinaria no se abr\u00eda paso para su estudio. <\/p>\n
Asimismo, respecto del reparo formulado contra esa decisi\u00f3n, encontr\u00f3 que el promotor carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para incoar tal impugnaci\u00f3n, pues, no lo hizo a trav\u00e9s de su apoderado; adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de cumplimiento para que se reconozca el silencio positivo, no es procedente, comoquiera que, la misma va unidad a la funci\u00f3n administrativa y no est\u00e1 concebida para evaluar si se debe o no aplicar una determinado norma o interpretaci\u00f3n jur\u00eddica al interior de los juicios ordinarios, en pro de la autonom\u00eda judicial. <\/p>\n
En tal caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Lo dicho en precedencia resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ, AP1568-2015, 25 mar. 2015, rad. 44524. <\/p>\n
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