STC737-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC737-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00011-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edinson Murillo Mosquera contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, libre expresi\u00f3n, trabajo y tutela judicial efectiva, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas al dictar sentencia en el proceso disciplinario seguido en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a las autoridades accionadas \u00abdejar sin valor ni efecto las providencias del\u2026 31 de julio de\u2026 2020 y \u202631 de agosto de\u2026 2022\u2026, con radicados No. 0500110200020180013800 y 0500110200020180013801\u00bb y, en consecuencia, \u00abse profiera nueva decisi\u00f3n sobre el caso que pondere los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, pidi\u00f3 \u00abrevo[car] parcialmente las providencias\u2026 modificando la sanci\u00f3n actual de suspensi\u00f3n a censura o multa y ordenar la modificaci\u00f3n inmediata del registro de la sanci\u00f3n disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de una compulsa de copias que realizara el titular del Juzgado Promiscuo Municipal de El Retiro (Antioquia) por haberse referido en t\u00e9rminos \u00abtemerarios e irrespetuosos\u00bb, se adelant\u00f3 un juicio disciplinario contra el accionante, en el cual, surtidas las etapas de rigor, el 31 de julio de 2020 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia dict\u00f3 sentencia sancion\u00e1ndolo con suspensi\u00f3n de 2 meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, tras encontrarlo responsable, de manera dolosa, de la falta contemplada en el art\u00edculo 32 de la Ley 1123 de 2007; determinaci\u00f3n que, el 31 de agosto de 2022, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, confirm\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial disponiendo. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, su tr\u00e1mite disciplinario surgi\u00f3 por las manifestaciones que realiz\u00f3 en un memorial de desistimiento de apelaci\u00f3n al interior de un juicio penal donde fung\u00eda como apoderado, donde manifest\u00f3 su inconformidad de las actuaciones del juez, por lo que, sancionarlo por tal situaci\u00f3n es quebrantar su garant\u00eda a la libre expresi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que los estrados querellados no analizaron el \u00abanimus injuriandi\u00bb con el fin de estudiar la imputaci\u00f3n del hecho deshonroso de la persona, el conocimiento del car\u00e1cter deshonroso del hecho imputado por quien hizo la acusaci\u00f3n, el da\u00f1o o menoscabo de la honra de la persona como consecuencia del hecho deshonroso y la conciencia de quien hace la imputaci\u00f3n de que el hecho atribuido tiene la capacidad de da\u00f1ar o menoscabar la honra. <\/p>\n
2.4. Refiri\u00f3 que los falladores previo a su sanci\u00f3n no verificaron si su cr\u00edtica contra la jueza que le compuls\u00f3 copias ten\u00eda o no raz\u00f3n, pues lo cierto es que aquella asumi\u00f3 una actitud pasiva en el juicio donde fung\u00eda como apoderado, en perjuicio de los derechos de las v\u00edctimas; adem\u00e1s, a su parecer, no se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis \u00abm\u00e1s profundo sobre la tipicidad y dosimetr\u00eda de la sanci\u00f3n establecida inicialmente, incluso en este \u00faltimo aspecto no se tuvo en cuenta la ausencia de sanciones disciplinarias anteriores a favor del sancionado\u00bb <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que con dicho fallo sancionatorio vulnera su derecho al trabajo, sumado a que, \u00abdepende de esta actividad para vivir e igualmente su esposa y sus dos hijos menores\u00bb <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 119). <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia manifest\u00f3 que el actor particip\u00f3 activamente del proceso adelantado en su contra, pues asisti\u00f3 a la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n, as\u00ed como a la audiencia de juzgamiento; que el fallo emitido en esa instancia se le notific\u00f3 al gestor, sin que formulara apelaci\u00f3n en contra del mismo, acudiendo a la acci\u00f3n de tutela para reabrir un debate probatorio; que la sanci\u00f3n se confirm\u00f3 en grado jurisdiccional de consulta, por lo que se considera que la misma es justa; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que las decisiones criticadas no lucen arbitrarias; anot\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia del proceso en los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n de la ley; que no hay vulneraci\u00f3n al derecho al trabajo, pues la sanci\u00f3n deviene como consecuencia de una responsabilidad disciplinaria en el ejercicio de la profesi\u00f3n, sumado a que, los abogados son conocedores del derecho y no pueden excusar sus conductas t\u00edpicas, antijur\u00eddicas y culpables en el hecho de que la punci\u00f3n los priva de generar ingresos econ\u00f3micos; que al ser la consulta endilgada a t\u00edtulo de dolo, la sanci\u00f3n de 2 meses no es desproporcionada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia manifest\u00f3 que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no ha remitido la sentencia ni acta por medio del cual se solicite el registro de la sanci\u00f3n de la sanci\u00f3n, por lo que, en la actualidad, la tarjeta profesional de Murillo Mosquera est\u00e1 vigente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con apoyo en tales premisas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que las consideraciones consignadas por el ad-quem acusado en la providencia del 31 de agosto de 2022, para confirmar la sanci\u00f3n impuesta al censor, no lucen arbitrarias. <\/p>\n
En efecto, en dicho pronunciamiento previamente cit\u00f3 las normas de procedimiento disciplinarios, entre otras, el del grado de consulta, as\u00ed como la falta endilgada (art\u00edculo 32 de la Ley 1123 de 2007), precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el sub lite, esta falta se endilg\u00f3 por las afirmaciones injuriosas que el abogado Murillo Mosquera realiz\u00f3 en el escrito de desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n dentro del proceso penal 2015-00102 adiado el 19 de octubre de 2017, a pesar de tener una compresi\u00f3n del lenguaje jur\u00eddico y t\u00e9cnico con el que hubiese podido abordar o defender los intereses de su representado con mensura y respeto, que para el asunto era la v\u00edctima. <\/p>\n
En aquel memorial, el disciplinable le expres\u00f3 a la juzgadora lo siguiente: <\/p>\n
Conforme a las pruebas que reposan en el informativo, es evidente que la materialidad de la falta endilgada se encuentra demostrada en grado de certeza, as\u00ed como tambi\u00e9n, se concluye que aquellas demuestran la responsabilidad disciplinaria del profesional del derecho, como quiera que las manifestaciones realizadas por el togado, m\u00e1s all\u00e1 de haberse realizado dentro del proceso penal de marras, las mismas no fueron puestas en conocimiento de la autoridad respectiva, ni ten\u00edan ning\u00fan prop\u00f3sito leg\u00edtimamente perseguido, pues el escrito que recogi\u00f3 las afirmaciones, era de desistimiento, lo que de contera priv\u00f3 al ad quem de revisar si el fallo de 12 de octubre de 2017 proferido por la autoridad noticiante, en realidad se encontraba \u201cpasividad\u201d a que hizo el jurista Murillo Mosquera. <\/p>\n
Con las afirmaciones ya se\u00f1aladas en esta sentencia, el disciplinado no tuvo ninguna otra intensi\u00f3n distinta que generar una afrenta al buen nombre de la funcionaria judicial. Tales manifestaciones, al fragor del parecer subjetivo de quien las hace y carentes objetividad y prueba, sin duda alguna lesionan el patrimonio moral y profesional de la persona sobre la cual recaen, pues con las mismas se achacan presuntas irregularidades que, en el \u00e1mbito del servicio de administraci\u00f3n de justicia, revisten de suma gravedad y crean una estela de desconfianza y menoscabo en la persona hacia la cual van dirigidas. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 el animus injurandi, precisando que: <\/p>\n
Es m\u00e1s, la actitud del togado fue desafiante cuando preguntado en su versi\u00f3n libre si aceptaba la comisi\u00f3n de la falta, ratific\u00f3 que las consideraba ciertas y adecuadas a la realidad, situaci\u00f3n que para esta Comisi\u00f3n ratifica el animus injurandi del profesional, que sin guardar el m\u00e1s m\u00ednimo respeto por la majestad de la justicia, acus\u00f3 a la Juez de tener una actitud \u201cpasiva\u201d o de \u201cfalta de acci\u00f3n\u201d con la delincuencia, lo que en palabra de la Real Academia de la Lengua traduce \u201cdeja obrar a los dem\u00e1s\u201d, y de generar ante la sociedad una desconfianza en la institucionalidad que encarga de la funci\u00f3n jurisdiccional en nuestro Estado. <\/p>\n
Las aseveraciones del disciplinable a la postre resultan m\u00e1s gravosas, pues la afectaci\u00f3n no solo se encamin\u00f3 a vulnerar el buen nombre de la funcionaria, sino a promover o alentar un repudio y una desconfianza en el sistema judicial, manifestaciones que para esta Colegiatura atentan gravemente contra uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, como lo es el respeto por las decisiones judiciales, por parte de quien est\u00e1 llamado a cumplir una funci\u00f3n social y a colaborar con las autoridades en la conservaci\u00f3n y perfeccionamiento del orden jur\u00eddico del pa\u00eds, y en la realizaci\u00f3n de una recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia, al tener de lo previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 -vigente- del Decreto 196 de 1971. <\/p>\n
En punto de analizar si se vulnera el derecho a la libre expresi\u00f3n a quienes intervienen en una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter jurisdiccional, administrativa o incluso en las relaciones con otros profesionales y sus clientes cuando se les exige el ejercicio profesional con respeto y decoro a los abogados, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado en reiterada jurisprudencial que: <\/p>\n
\u201cA la luz de tal precedente, salta a la vista que el derecho fundamental a la libre expresi\u00f3n y opini\u00f3n puede limitarse o restringirse mediante expresa regulaci\u00f3n de la ley, atendiendo el tipo de discurso que se utiliza, su contexto espec\u00edfico y el respeto que merecen los derechos de los dem\u00e1s. Adem\u00e1s, en criterio de la m\u00e1xima corporaci\u00f3n constitucional, las expresiones insultantes o excesivamente exageradas -siempre y cuando tengan como prop\u00f3sito directo cuestionar a la persona en si misma-, no pueden ser amparadas por el derecho a la libertad de expresi\u00f3n\u201d <\/p>\n
En tal sentido no pueden entenderse que las afirmaciones realizadas por el togado sin ning\u00fan prop\u00f3sito de orden procesal, puedan apreciarse como una expresi\u00f3n de la libertad de opinar con la que contamos todos los seres humanos como derecho fundamental, pues ese derecho tiene l\u00edmites, particularmente en lo que tiene que ver con garantizar que no se pueda vulnerar el buen nombre de las personas bajo el cobijo de la libertad de expresi\u00f3n <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Tal como lo ha establecido esta Comisi\u00f3n en casos de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, para que el hecho constitutivo de falta se pueda considerar tal, debe tener capacidad de agraviar a la persona contra la que va dirigido, en el caso sub judice, poner en tela de juicio la conducta de la juez por el solo hecho de no haber accedido a una solicitud de revisi\u00f3n de una actuaci\u00f3n procesal que en principio goza de presunci\u00f3n de validez, tiene toda la capacidad de agraviar el ejercicio profesional y funcional de una persona que como bien lo refiri\u00f3, ejerce una dignidad de inter\u00e9s superior y debe ser tratada con el debido respeto. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 la antijuricidad dispuesta en la Ley 1123 de 2007, precisando que: <\/p>\n
La antijuricidad se refiere a la afectaci\u00f3n que genera la conducta del disciplinable sobre alguno de los deberes del abogado que aparecen consignados en el art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, vulneraci\u00f3n que solo podr\u00e1 justificarse cuando el investigado se halle cobijado por alguna de las causales de exclusi\u00f3n de responsabilidad disciplinaria consagradas en el art\u00edculo 22 de la misma norma. <\/p>\n
La Sala de primera instancia manifest\u00f3 que con respecto a la falta prevista en el art\u00edculo 32, se encontr\u00f3 trasgredido el deber establecido en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, que en su tenor prev\u00e9: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderaci\u00f3n y respeto en sus relaciones con los servidores p\u00fablicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y dem\u00e1s personas que intervengan en los asuntos de su profesi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026)\u201d <\/p>\n
En el caso particular, se encuentra demostrado el menoscabo al precitado deber, as\u00ed como su concordancia con la falta con la que fue correlacionado en pliego y en la sentencia; pues es evidente que el togado al referirse a la Juez competente en el proceso penal 2015-00102 como una funcionaria pasiva que serv\u00eda a los prop\u00f3sitos de los delincuentes, incurri\u00f3 en injuria y con ello trasgredi\u00f3 el deber de observar respeto en las relaciones con los servidores p\u00fablicos, en este caso con la doctora Yenny Yazm\u00edn Ortiz Barrera, titular del despacho del Juzgado Promiscuo Municipal de \u201cEl Retiro\u201d \u2013 Antioquia. <\/p>\n
De las pruebas testimoniales solicitadas por el investigado y practicadas en la audiencia de juicio, no se logr\u00f3 desvirtuar la ocurrencia de la conducta disciplinable, pues las mismas en nada se relacionaron con el actuar doloso del togado, porque si bien en las declaraciones se dijo que el despacho competente en la causa penal dificultaba el acceso a los expedientes, tal conducta no era el objeto de la investigaci\u00f3n disciplinaria, y de haber ocurrido, nada motivaba o justificaba el actuar del profesional del derecho encartado. <\/p>\n
Adicionalmente, obra en el dossier disciplinario copia de las actuaciones surtidas en el incidente de reparaci\u00f3n integral la cuales reposan en los folios 85 y siguientes del expediente digital, carpeta de \u201cPRIMERA INSTANCIA\u201d, archivo \u201c01ExpedienteFisicoFolios1A94\u201d, que para efectos de probar la ocurrencia disciplinada, result\u00f3 inconducente, pues lo \u00fanico que de all\u00ed se puede extraer es el tr\u00e1mite oportunamente promovido por el apoderado de la v\u00edctima y el impulso dado por la Juez Promiscuo Municipal de \u201cEl Retiro Antioquia\u201d, luego no desvirtu\u00f3 en nada los hechos sobre los que la Seccional de origen determin\u00f3 la responsabilidad disciplinaria del encartado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, qued\u00f3 claro que el investigado no estaba amparado por ninguna causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad previstas en el art\u00edculo 22 de la Ley 1123 de 2007 y, pro el contrario, s\u00ed hay pruebas que en grado de certeza y que han sido atr\u00e1s relacionadas, como tampoco se encuentra justificado su comportamiento injurioso, ya que desde el momento en que radic\u00f3 su escrito del 18 de octubre de 2017, en el que desist\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n, si estaba inconforme con la actuaci\u00f3n de la funcionaria judicial dentro del proceso penal, lo procedente era sustentar en su alzamiento con respeto, los motivos disentimiento frente a los segmentos de la decisi\u00f3n que no comparti\u00f3, o poner en conocimiento de la autoridad respectiva las posibles irregularidades en las que hubiese incurrido la funcionaria, pero no referirse en t\u00e9rminos agravantes hacia el ejercicio funcional y la decisi\u00f3n proferida. <\/p>\n
Y sobre la culpabilidad, dijo que: <\/p>\n
Se entiende por culpabilidad, la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reprochen cuanto el agente act\u00faa en forma antijur\u00eddica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo responsable jur\u00eddicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la antijuricidad. <\/p>\n
En el presente caso, se est\u00e1 de acuerdo con la primera instancia en la calificaci\u00f3n dolosa de la conducta contemplada en la falta del art\u00edculo 32 de la Ley 1123 de 2007 realizada al disciplinable, teniendo como base que el togado actu\u00f3 de forma consciente y deliberada frente a la desaz\u00f3n que pudo producirle la decisi\u00f3n judicial que, en su sentir, no consider\u00f3 procedente revisar el preacuerdo entre la imputada y la Fiscal\u00eda 66 Delegada ante los Jueces Municipales, situaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a renunciar al medio de alzada y a realizar aseveraciones sin ning\u00fan respaldo probatorio, con el \u00e1nimo de injuriar a la funcionaria judicial que previo a la lectura del fallo, no accedi\u00f3 a lo peticionada por el disciplinable. <\/p>\n
Por todo lo expuesto hasta el momento, la Comisi\u00f3n encuentra integrado el tr\u00edpode que constituye la falta disciplinaria endilgada, esto es: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, circunstancia que obliga a confirmar la responsabilidad disciplinaria impuesta al abogado EDINSON MURILLO MOSQUERA, al tenor del art\u00edculo 97 de la Ley 112 de 2007. <\/p>\n
Finalmente, sobre la dosimetr\u00eda de la sanci\u00f3n aplicada, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
El art\u00edculo 46 de la Ley 1123 de 2007, pone en cabeza del operador judicial disciplinario el deber de motivar de manera expl\u00edcita la determinaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de car\u00e1cter disciplinaria. Por otra parte, el art\u00edculo 45 de la misma norma, establece los criterios para la graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n y los clasifica como generales, de atenuaci\u00f3n y de agravaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 13 de ese mismo estatuto, consagra los principios que rigen la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Para el caso, es importante resaltar que el art\u00edculo 13 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado establece la proporcionalidad como uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de graduar la sanci\u00f3n a imponer a un profesional declarado disciplinariamente responsable: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 13. Criterios para la graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. La imposici\u00f3n de cualquier sanci\u00f3n disciplinaria deber\u00e1 responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. En la graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n deben aplicarse los criterios que fija esta ley.\u201d <\/p>\n
Es decir, la norma carga al juez disciplinario con la obligaci\u00f3n de imponer sanci\u00f3n tom\u00e1ndola como compensaci\u00f3n por la falta atribuida al sujeto disciplinable. <\/p>\n
En el caso concreto, la Sala primigenia opt\u00f3 por imponer al abogado EDINSON MURILLO MOSQUERA la sanci\u00f3n de SUSPENSI\u00d3N de DOS (2) meses en el ejercicio profesional, la cual encuentra esta Corporaci\u00f3n ajustada y comporta los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, por cuanto con su conducta se atent\u00f3 contra es respecto debido a la administraci\u00f3n de justicia. Adem\u00e1s, en atenci\u00f3n a la trascendencia social de la conducta, en la medida en que se afect\u00f3 la imagen que se percibe en el p\u00fablico frente a la probidad de la justicia, pues ese tipo de comportamientos generan p\u00e9rdida de confianza en las instituciones jurisdiccionales y la labor que desempe\u00f1an en el Estado Social de Derecho; por la modalidad de la conducta dolosa; el impacto negativo que ello gener\u00f3 en la reputaci\u00f3n de la funcionaria judicial y la afectaci\u00f3n a su buen nombre y honra profesional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la cual la Colegiatura acusada valor\u00f3 los medios suasorios que soportaban la queja disciplinaria y encontr\u00f3 demostrada la falta endilgada a aqu\u00e9l, a la vez que insuficientes las justificaciones con las que busc\u00f3 exculparse, relievando que, las afirmaciones realizadas por el actor, por las cuales fue sancionado, no pueden apreciarse como una expresi\u00f3n de la libertad de opinar, pues lesionan y revisten de gravedad, creando desconfianza y menoscabo en la administraci\u00f3n de justicia; asimismo, concluy\u00f3 que la sanci\u00f3n impuesta est\u00e1 ajustada a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, toda vez que la conducta realizada atent\u00f3 contra el respeto debido de la administraci\u00f3n de justicia, a m\u00e1s que, no hubo vulneraci\u00f3n al derecho al trabajo, pues la sanci\u00f3n deviene como consecuencia de una responsabilidad disciplinaria en el ejercicio de la profesi\u00f3n; de ah\u00ed que, las pretensiones tutelares (principal y subsidiaria), no se tornen improcedentes. <\/p>\n
En ese orden, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Lo anterior impone denegar el amparo pedido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC737-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC737-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00011-00 Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edinson Murillo Mosquera contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71036","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71036","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71036"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71036\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71036"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71036"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71036"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}