STC738-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC738-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02454-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 1\u00b0 de diciembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dar\u00edo Alexander Hern\u00e1ndez Robles contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la c\u00e1rcel \u00abLa Modelo\u00bb de Bogot\u00e1, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, igualdad y dignidad humana, que dice vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare la nulidad de la audiencia de lectura de fallo realizada el 25 de agosto de 2020\u2026 y se ordene al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que fije nueva fecha y [lo] notifique debidamente de la Audiencia de Lectura de Decisi\u00f3n de Segunda Instancia que se programe dentro del referido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Dar\u00edo Alexander Hern\u00e1ndez Robles se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os y actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, ambos en circunstancia de agravaci\u00f3n; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 17 de marzo de 2017 el Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a 252 meses de prisi\u00f3n al encontrarlo responsable de los punibles endilgados; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 25 de agosto de 2020 por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Luego, a trav\u00e9s de su mandante, formul\u00f3 nulidad de lo actuado, al considerar que no debidamente citado a la audiencia de lectura de fallo, raz\u00f3n por la que no pudo recurrir en casaci\u00f3n; el 23 de marzo de 2021 el Tribunal neg\u00f3 tal anulaci\u00f3n, al considerar que la secretar\u00eda de ese colegiado realiz\u00f3 los tr\u00e1mites pertinentes para lograr la notificaci\u00f3n de la citaci\u00f3n a la referida diligencia, que si bien los telegramas remitidos a la mandante fueron devueltos, se dej\u00f3 correo de voz en su celular, asimismo, se comision\u00f3 al director del centro carcelario para tal enteramiento; destac\u00f3 que, si se cambi\u00f3 de la direcci\u00f3n f\u00edsica, la misma no reporta en el expediente. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 el promotor que formul\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela por cuanto no se hab\u00eda decidido sobre la nulidad planteada, empero, fue denegada por hecho superado, pues la misma se emiti\u00f3 en el curso de la salvaguarda (2021-01383); determinaci\u00f3n confirmada por esta Sala por las mismas razones, agregando que lo all\u00ed decidido constitu\u00eda hechos nuevos, por lo que no era posible realiza alg\u00fan pronunciamiento (STC6111-2022). <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n que no accedi\u00f3 a la nulidad pretendida, pues, en su sentir, contrario a lo all\u00ed indicado, no fue enterado de la realizaci\u00f3n de la mentada diligencia, adem\u00e1s, \u00abno obra en el expediente prueba alguna de que dichas notificaciones a la defensa para la audiencia de lectura de fallo efectivamente se hayan realizado y, en particular, la notificaci\u00f3n que deb\u00eda hacerse[le] a [\u00e9l] al establecimiento de reclusi\u00f3n, oficio que al parecer no llegaron al INPEC y, en todo caso en lo que a [\u00e9l] respecta, nunca [le] fueron comunicados de ninguna forma\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que tampoco existe prueba de que su mandataria hubiese sido enterada; a m\u00e1s que, seg\u00fan la certificaci\u00f3n dada por el INPEC mediante el sistema \u00abSisipec Web as notificaciones que [le] hicieron desde el a\u00f1o 2017 hasta el a\u00f1o 2022, en las que se evidencia que no se [le] cit\u00f3 a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia fijada por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u2026 raz\u00f3n por la cual no se [le] condujo a una sala virtual para asistir a la diligencia\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que ante tal situaci\u00f3n se quebrantaron sus garant\u00edas de primer grado, as\u00ed como la de publicidad, pues al no estar citado a esa diligencia, no pudo controvertir a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la condena impuesta en su contra. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Instituto Nacional Penitencio y Carcelario -INPEC- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues lo censurado es el actuar del Tribunal accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Veintid\u00f3s Penal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que est\u00e1 pendiente de adelantarse audiencia de incidente de reparaci\u00f3n integral; remiti\u00f3 copia del expediente digitalizado. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el 25 de agosto de 2020 confirm\u00f3 la condena impuesta al gestor; que una vez fijada la diligencia de lectura de fallo, la secretar\u00eda de esa colegiatura elabor\u00f3 las respectivas citaciones, entre ellas, el oficio n\u00b0 CAAP 2876 dirigido al director de la c\u00e1rcel modelo y el n\u00b0 CAAP 2878 con destino a la doctora Elisa Pe\u00f1a Ruiz, en calidad de defensora; que posterior a ello, la mandatario inco\u00f3 nulidad de la lectura del fallo, la que fue denegada el 23 de marzo de 2021, conforme al informe emitido por la secretar\u00eda; destac\u00f3 que, en el expediente obra constancia de notificaci\u00f3n personal del 25 de febrero de 2021, signada por el accionante, en donde su puso en conocimiento la sentencia de segunda instancia, por lo que, a partir de ese momento contaba con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; que lo pretendido por el promotor es crear una nueva instancia con el fin de emitir un nuevo pronunciamiento frente a su caso; remiti\u00f3 copia de las decisiones emitidas en esa instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Elisa Pe\u00f1a Ruiz rindi\u00f3 informe de la gesti\u00f3n desplegada en calidad de defensora de Dar\u00edo Alexander Hern\u00e1ndez, al interior de juicio penal seguido en su contra. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo por ausencia de vulneraci\u00f3n, pues verificadas las actuaciones el Tribunal con oficio n\u00b0 CAAP2876 de 11 de agosto de 2020 solicit\u00f3 al establecimiento carcelario realizar los tr\u00e1mites pertinentes para que el gestor asistiera de manera virtual a la audiencia de lectura de fallo, que ante su ausencia, el 25 de febrero de 2021 se le notific\u00f3 personalmente la sentencia de segunda instancia, por lo que desde ese instante contaba con la posibilidad de promover el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, del cual no hizo uso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la salvaguarda incumple con el presupuesto de inmediatez, comoquiera que, la decisi\u00f3n criticada, esto es, la que no accedi\u00f3 a la nulidad de la audiencia de la lectura de fallo, data del 23 de marzo de 2021, esto es, m\u00e1s de un a\u00f1o, sumado a que, tal determinaci\u00f3n no luce arbitraria, toda vez que, no hubo una actividad negligente por parte del Tribunal para la comunicaci\u00f3n de dicha diligencia, resaltando que, el deber estar al tanto del proceso que se sigue en contra del defendido. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Elisa Pe\u00f1a Ruiz, quien aduce actuar en calidad de apoderada de confianza de Dar\u00edo Alexander Hern\u00e1ndez Robles, opugn\u00f3 el referido fallo indicando que se cumple con los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, pues, de un lado, agot\u00f3 todos los tr\u00e1mites pertinentes en el juicio y, por otra parte, s\u00f3lo se tuvo certeza de que el Tribunal omiti\u00f3 hacer los tr\u00e1mites tendientes a la notificaci\u00f3n con la certificaci\u00f3n que emiti\u00f3 el Inpec en el a\u00f1o 2022, resaltando que, todos los hechos se dieron en el marco de emergencia sanitaria del Covid 19. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dar\u00edo Alexander Hern\u00e1ndez Robles impugn\u00f3 el fallo constitucional, manifest\u00f3 que cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que, solo con la certificaci\u00f3n del Inpec tuvo certeza de que no fue citado a la diligencia, siendo una prueba sobreviniente; agreg\u00f3 que, no comparte lo decidido en el auto que neg\u00f3 la nulidad, toda vez que, nunca fue enviada la citaci\u00f3n a la audiencia de lectura de fallo y la remitida a su mandataria fue a una direcci\u00f3n errada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Preliminarmente, se advierte que Elisa Pe\u00f1a Ruiz no ostenta la calidad de parte dentro de ese juicio, pues tal como qued\u00f3 visto, es la mandataria del actor al interior del juicio penal, sin que aportada poder espacial para actuar en su representaci\u00f3n al interior de la presente salvaguarda, de ah\u00ed que, la impugnaci\u00f3n el fallo supralegal no pueda ser atendida aduciendo la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas de Hern\u00e1ndez Robles, pues s\u00f3lo a su poderdante en ese asunto, se le podr\u00eda quebrantar los derechos invocados. El hecho de ser la apoderada del contendiente, no la convierte en titular de privilegio ius fundamental alguno derivado de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala siguiendo la doctrina constitucional ha sostenido: <\/p>\n
\u2026ciertamente, aunque el art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, establece que \u00abcualquier persona\u00bb puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u00abvulnerados o amenazados\u00bb aquellos\u2026 <\/p>\n
\u2026en punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u00abdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u2026(i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u00abcuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n\u2026\u00bb -negrillas fuera de texto- (CSJ STC, 13 dic. 2011, rad. 2011-00284-02; reiterada en CSJ, 10 jun. 2016, rad. 2016-00786-01). <\/p>\n
De suerte que, si Elisa Pe\u00f1a Ruiz no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa para opugnar este medio excepcional de defensa, no es posible entrar a auscultar la legalidad de las actuaciones emitidas en el proceso judicial en el que, como ya qued\u00f3 dicho, aquella no es parte sino apoderada judicial, reiterando que al presente tr\u00e1mite constitucional no arrim\u00f3 poder especial alguno que la legitimara para incoarla en nombre del condenado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, circunscrita a la impugnaci\u00f3n formulada por Dar\u00edo Alexander Hern\u00e1ndez Robles, en el presente caso el actor pretende la nulidad de la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia en el juicio penal adelantado en su contra por los delitos de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os y actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, que fue negada con auto de 23 de marzo de 2021 por el Tribunal; en su criterio, tal anulaci\u00f3n deb\u00eda salir avante, en la medida en que el telegrama remitido a su apoderada fue devuelto y, conforme a la certificaci\u00f3n emitida por el Inpec, tampoco fue citado a la misma, raz\u00f3n por la que no pudo conocer de la decisi\u00f3n y, en ese orden, tampoco pudo formular recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Delimitado lo anterior, la Sala observa el amparo deprecado no cumple el requisito de la inmediatez, comoquiera que entre el momento en que fue emitido el auto que neg\u00f3 la nulidad de la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia -23 de marzo de 2021-, y la fecha en que fue presentada la demanda de tutela -21 de noviembre de 2022-, transcurri\u00f3 mucho m\u00e1s de 6 meses, es decir, excediendo el plazo fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional, sin que sea de recibo las alegaciones tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n con el fin de superar tal presupuesto, pues la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas no persiste en el tiempo, comoquiera que, la situaci\u00f3n de la que se duele se consolid\u00f3 con el proferimiento de la prenotada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al margen de lo anterior, y respecto a la supuesta prueba sobreviniente, esto es, la certificaci\u00f3n emitida por el Inpcec, en punto al enteramiento de las actuaciones del juicio adelantado en su contra, se advierte que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n alguna de prerrogativas fundamentales, pues tal como lo afirm\u00f3 el a quo constitucional, ante su ausencia a la audiencia de lectura de fallo, el 25 de febrero de 2021 se le notific\u00f3 personalmente de la sentencia emitida por el Tribunal, raz\u00f3n por la que desde ese momento, estaba habilitado para promover el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo que no hizo, por lo que, no puede pretender a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional retrotraer actuaciones para revivir los t\u00e9rminos legalmente fenecidos. <\/p>\n
En punto a la notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales emitidas en audiencia, cuando el procesado est\u00e1 recluido en centro carcelario, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha indicado que: <\/p>\n
La precisi\u00f3n, entonces, apunta a que cuando se trate de un sindicado detenido en una c\u00e1rcel, cuando quiera que se convoque una audiencia para enterar una decisi\u00f3n, aquel solamente puede tenerse como debidamente notificado en estrados, siempre y cuando su remisi\u00f3n hubiere sido solicitada en forma oportuna y se constate que su no presencia obedeci\u00f3 exclusivamente a su voluntad y no a la actuaci\u00f3n del Estado, entendido este como jueces, fiscales, autoridades carcelarias, que tienen la carga de trasladar al recluso al estrado judicial. <\/p>\n
Lo anterior, en el entendido de que el detenido tenga vocaci\u00f3n de impugnaci\u00f3n, como evidentemente acontece cuando se trata de la notificaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, como que el acusado, si bien no est\u00e1 facultado para presentar demanda de casaci\u00f3n, s\u00ed lo est\u00e1 para interponer el respectivo recurso. La soluci\u00f3n no es la misma cuando el recluso carezca de tal vocaci\u00f3n, como sucede, por v\u00eda de ejemplo, con la notificaci\u00f3n del fallo de casaci\u00f3n, pues contra el mismo no procede ning\u00fan medio de gravamen. En el \u00faltimo supuesto, la ausencia del acusado (as\u00ed sea abonable a la poca diligencia estatal) resultar\u00eda inane, intrascendente. <\/p>\n
Con ese entendimiento, que surge de los mandatos se\u00f1alados, se tiene que las reglas del art\u00edculo 169 procesal de tener por notificada en estrados la decisi\u00f3n, parten de la exigencia necesaria de la citaci\u00f3n oportuna y de que la parte pudiese ejercer su voluntad de asistir o no. Tanto ello es as\u00ed, que la norma y la jurisprudencia rese\u00f1ada admiten la posibilidad de que la decisi\u00f3n no se tenga por notificada cuando el sujeto procesal justifique su ausencia por caso fortuito o fuerza mayor, y sin necesidad de entrar en disquisiciones sobre el alcance de estos institutos, no admite discusi\u00f3n que para el recluso resulta ajeno a su voluntad salir del centro reclusorio si las autoridades se lo impiden o no le habilitan el camino para hacerlo. <\/p>\n
En este supuesto no se trata de que se admitan ejecutorias parciales, sino que por las espec\u00edficas circunstancias del caso se est\u00e1 ante una especie de notificaci\u00f3n mixta (en estrados para quienes, citados oportunamente, se hicieron o no presentes en el acto) y personal respecto del sindicado detenido en centro carcelario, quien teniendo vocaci\u00f3n de impugnaci\u00f3n no pudo salir del establecimiento por circunstancias ajenas a \u00e9l. En tal caso, los plazos de ley se contabilizan a partir del \u00faltimo acto v\u00e1lido de notificaci\u00f3n. (subrayas y negrillas fuera de texto) (CSJ, SP. 6 feb. 2013; rad. 38.975). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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