STC739-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC739-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2022-00251-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La entidad accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado querellado \u00abresuelva lo que en derecho corresponda teniendo en cuenta que la subasta p\u00fablica se llev\u00f3 a cabo con unos aval\u00faos no aprobados por el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Bancolombia S.A. inco\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra Osman Hildebrando \u00c1lzate G\u00f3mez; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Lorica, autoridad que, el 28 de febrero de 2017 libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 el embargo y secuestro de los inmuebles con folios inmobiliarios Nros. 146-26441 y 146-26955; luego, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 10 de diciembre de 2018, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; decisi\u00f3n confirmada el 10 de junio siguiente, por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 la actora que el 8 de abril de 2019 alleg\u00f3 aval\u00faos comerciales de los predios, sin embargo, no fueron agregados al expediente; que el 10 de octubre siguiente, el estrado judicial orden\u00f3 oficiar al IGAC con el fin de expedir los respectivos aval\u00faos catastrales, carga que cumpli\u00f3 el 5 de diciembre de ese a\u00f1o, sin embargo, son valores irrisorios y muy por debajo de los comerciales allegados con anterioridad; el 4 de febrero de 2020 se aprob\u00f3 el aval\u00fao pericial; y, en diversas ocasiones solicit\u00f3 fijar fecha para remate de los predios. <\/p>\n
2.3. El 27 de abril de 2022 se fij\u00f3 fecha para adelantar la subasta p\u00fablica indicando \u00abcomo base o valor de los inmuebles a rematar el 70% de los aval\u00faos catastrales expedidos por el IGAC\u2026, es decir, omiti\u00f3 los valores de los aval\u00faos comerciales\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n al respecto; luego, el ejecutado alleg\u00f3 publicaci\u00f3n de aviso de remate, el cual no deb\u00eda ser atendido, habida cuenta que, el prove\u00eddo que fij\u00f3 dicha fecha no estaba en firme, porque no se hab\u00eda resuelto la aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 16 de mayo de 2022 el Juzgado adelant\u00f3 la almoneda, donde rechaz\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la entidad bancaria, precisando que \u00abel aval\u00fao que siempre solicit\u00f3 y al cual el juzgado accedi\u00f3 en auto adiado 10 de octubre de 2019, fue el catastral, certificado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, del cual se dio traslado en auto de fecha\u2026 4 de febrero de 2020, previo aportaci\u00f3n de certificados por parte del mismo apoderado, quien tambi\u00e9n guard\u00f3 silencio, cuando se surti\u00f3 el traslado de esta clase de aval\u00fao, el cual se surti\u00f3 el 10 de diciembre de 2019\u00bb asimismo, indic\u00f3 que \u00abnunca se ha ventilado en el proceso aval\u00fao comercial alguno. Sin que haya otros en el expediente\u00bb, por otra parte, no accedi\u00f3 a la solicitud de aplazamiento de la diligencia pretendida por Bancolombia S.A., quien no acudi\u00f3 a la misma y, adelantada adjudic\u00f3 el predio a la sociedad Ingenier\u00eda Matriz S.A.S.; el 27 de mayo siguiente, se aprob\u00f3 el remate; decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, al tiempo que formul\u00f3 nulidad del remate. <\/p>\n
2.5. El 12 de julio de 2022 el despacho mantuvo la decisi\u00f3n recurrida, rechaz\u00f3 por improcedente la alzada formulada contra el auto que aprob\u00f3 el remate; asimismo, neg\u00f3 la nulidad deprecada, en virtud del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.6. Luego, formul\u00f3 ilegalidad del auto aprobatorio de remate, insistiendo en que se debi\u00f3 tener en cuenta los aval\u00faos comerciales, mismos que, al parecer, fueron agregados a otro expediente; el 26 de octubre de 2022 el despacho deneg\u00f3 tal petici\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Anot\u00f3 que el auto que fij\u00f3 fecha para la subasta no estaba en firme, por lo que no pod\u00eda adelantarse; resalt\u00f3 que, tener en cuenta los aval\u00faos catastrales \u00abno solo se estar\u00eda causando un detrimento patrimonial a la parte demandada y a la parte demandante, sino que adem\u00e1s se estar\u00edan violando derechos fundamentales al debido proceso y la equidad\u00bb <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Lorica pidi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al presupuesto de subsidiariedad de la tutela contra providencias judiciales; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Banco Agrario refiri\u00f3 que ha actuado bajo los lineamientos del debido proceso, dando estricto cumplimiento a lo decretado en la medida provisional decretada con la admisi\u00f3n de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Osman Hildebrando \u00c1lzate G\u00f3mez inform\u00f3 que el recurso de queja formulado contra el rechazo de la alzada formulada contra el auto que aprob\u00f3 el remate, ya fue resuelta por el Tribunal, y guarda similitud que la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En escrito aparte, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 negar la salvaguarda por incuria, pues contra el auto que neg\u00f3 la nulidad de remate, no formul\u00f3 recurso alguno, especialmente, el de alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Remberto Luis Hern\u00e1ndez Ni\u00f1o, quien indic\u00f3 haber actuado como apoderado judicial de Bancolombia S.A., alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ingenier\u00eda Matriz S.A., a trav\u00e9s de apoderado judicial, inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la diligencia de remate se adelant\u00f3 conforme los requisitos establecidos en el art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso; que su actuar est\u00e1 precedido de una confianza leg\u00edtima; que Bancolombia descuid\u00f3 el proceso, pues todas las discusiones pudo darlas a lo largo del proceso y no lo hizo, relievando que, el canon 455 \u00eddem dispone que las nulidades que se formulen despu\u00e9s de la audiencia de remate, no ser\u00e1n o\u00eddas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues Bancolombia cont\u00f3 con la oportunidad y las herramientas legales para atacar las inconformidades que aqu\u00ed expone. <\/p>\n
Destac\u00f3 que conforme el art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso, las nulidades que afecten la validez del remate pueden ser alegadas hasta antes de la adjudicaci\u00f3n, no obstante, dicha diligencia se adelant\u00f3 el 16 de mayo de 2022 a la que no asisti\u00f3, pese a estar acreditado el requisito de publicidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00aben cuanto al cumplimiento del principio de subsidiariedad de la Tutela, tenemos que a diferencia de lo que manifiesta el Honorable Tribunal de Monter\u00eda, este si se cumpli\u00f3 hasta donde el juzgado lo permiti\u00f3, porque la irregularidad de los aval\u00faos tenidos en cuenta para la subasta p\u00fablica fue informada al juzgado con antelaci\u00f3n y dentro de la ejecutoria de la providencia que se\u00f1al\u00f3 la fecha de remate que tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 el valor de los aval\u00faos de los inmuebles, en efecto, reposa en el expediente el memorial de fecha mayo 3 de 2022 donde nuestro apoderado puso en conocimiento la irregularidad de los aval\u00faos y solicit\u00f3 al juzgado accionado aclarar el auto porque los aval\u00faos aportados y aprobados son los comerciales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, con prove\u00eddo de 12 de julio de 2022, que mantuvo el prove\u00eddo que aprob\u00f3 el remate y rechaz\u00f3 la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n, el Juzgado tras analizar los reclamos expuestos, entre ellos los ahora plateados, dijo que: <\/p>\n
As\u00ed pues, se observa por parte del despacho que el apoderado judicial de la entidad ejecutante, insiste en el hecho de haber presentado dos aval\u00faos comerciales y, frente a los cuales; esta c\u00e9lula judicial aprob\u00f3. (Hecho 6 al 15). Tal circunstancia, fue analizada rigurosamente por el despacho, y se pudo constar su ausencia; tanto en el expediente, como en el despacho. No obstante lo anterior, aun en el hipot\u00e9tico hecho de existir plena certeza de lo reflejado por el vocero de la parte actora, igualmente habr\u00eda de sufrir su decaimiento. Y es que, en rigor; el art\u00edculo 455 del C.G.P, regul\u00f3 todo lo concerniente a las etapas en que se pueden deprecar irregularidades que afecten la validez del remate, encontr\u00e1ndose, que la solicitud del apoderado judicial resulta extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Es m\u00e1s, luego de hacer ingentes esfuerzos que pudieren corroborar lo aqu\u00ed vertido por el quejoso, se logra constatar que el expediente fue digitalizado e incorporado en la plataforma OneDrive dispuesta por el C.S de la J; desde el d\u00eda 26 de enero de 2021, es decir; lleva un a\u00f1o y 5 meses y, sobre el no reposan los documentos o piezas procesales que el apoderado judicial dice haber aportado y, frente a lo cual; el despacho presuntamente aprob\u00f3. Lo anterior quiere significar que, el gestor de la parte impugnante tampoco act\u00fao con suficiente atenci\u00f3n, pues lo cierto es que, el vocero de la parte actora pose\u00eda el respectivo Link de acceso al expediente desde el inicio de sus insistentes solicitudes de fijaci\u00f3n de fecha para remate y, por tanto; al existir la ausencia de los prenotados aval\u00faos comerciales, debi\u00f3 informarlo oportunamente al despacho y, no esperar todo este escenario para controvertir la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
Y es que, no puede perderse de vista que los abogados tienen la obligaci\u00f3n de revisar el expediente f\u00edsico y\/o electr\u00f3nico y, por ende; de estar atento a sus acontecimientos, pues en caso de no ser as\u00ed; traer\u00eda empar\u00e9jales consecuencias como las que hoy pretende subsanar el vocero de la parte demandante, por v\u00eda de reposici\u00f3n (Preclusi\u00f3n de etapas procesales). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo precedido, sea dicho a grosso modo, porque, se itera; el documento que dice haber aportado el gestor de la parte demandante, ni en el expediente digital, ni mucho menos en el proceso f\u00edsico, fue hallado ni al proferir el auto que fij\u00f3 fecha para remate ni en la diligencia misma. Es importante, adem\u00e1s; indicar, que esta judicatura se encuentra atendiendo al p\u00fablico hace suficiente tiempo, situaci\u00f3n que bien pudo informarse oportunamente al despacho solamente con disponer cierto grado de diligencia. Pues, el vocero tuvo la posibilidad de advertir dicha ausencia solamente con el \u00fanico hecho de revisar el expediente, ya sea; f\u00edsico o digital, o por lo menos; asistir a la audiencia de remate, como ya se memor\u00f3 y, en ella aportar las pruebas pertinentes que hoy pretende hacer valer. Lo cierto es que, ninguna de las anteriores circunstancias aconteci\u00f3 y, por tanto, trajo como consecuencia de aprobar el remate con base en lo vertido y encontrado por este funcionario judicial en el respectivo expediente. <\/p>\n
Seguidamente, tras citar el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, y con apoyo en la jurisprudencia de esta Sala (STC4293-2021), consign\u00f3 que: <\/p>\n
La precedida norma, es traslucida al afirmar que las irregularidades que perturben el vigor del remate deben ser alegadas antes de su adjudicaci\u00f3n, pues a partir de ah\u00ed; queda saneado cualquier tipo de alegaci\u00f3n que se dirija sobre la validez del remate. Es por tal suceso, que esta judicatura denegar\u00e1 la prosperidad del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto que aprob\u00f3 el remate. Ciertamente, porque el legislador escindi\u00f3 cualquier tipo alegato despu\u00e9s de la adjudicaci\u00f3n del remate, precisamente; para aquilatar el principio de seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y buena fe de los oferentes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con todo, es para reiterar que el apoderado judicial de la parte demandante no concurri\u00f3 de la audiencia de remate programada por el despacho, y debidamente enterada por estado electr\u00f3nico que es el medio admisible y ordenado por el C.G.P., a tal punto que; dej\u00f3 vencer la oportunidad procesal para allegar lo que hoy pretende revivir. Es decir, que el mandatario no cumpli\u00f3 diligentemente sus cargas procesales que, no era otras distintas; sino la de concurrir a la diligencia de remate, m\u00e1s a\u00fan cuando luego del citado auto, no fueron proferidas decisiones en auto como regularmente ocurre en los procesos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Las anteriores anotaciones conllevan a reafirmar que, el mandatario no obr\u00f3 con presteza dentro del tr\u00e1mite de rigor queriendo atribuir responsabilidad al despacho cuando el compromiso reca\u00eda solo y exclusivamente sobre \u00e9l. Inclusive, as\u00ed lo deja entrever el abogado de la parte contraria, cuando manifiesta que \u00e9l conoci\u00f3 por estado y atendi\u00f3 las diligencias necesarias para dar alcance al auto que fij\u00f3 la almoneda. <\/p>\n
Luego, sobre la falta de resoluci\u00f3n de la aclaraci\u00f3n formulada contra el auto que fij\u00f3 fecha para remate, dijo que: <\/p>\n
De otro lado, el apoderado judicial de la parte demandante, aduce que dentro de la ejecutoria present\u00f3 aclaraci\u00f3n de la providencia judicial y, por virtud de lo anterior, deb\u00eda aplazarse. Frente a tal punto, es importante aclarar, que dicha solicitud fue debidamente resuelta en la audiencia de adjudicaci\u00f3n de remate, precisamente; porque del escrutinio realizado en el expediente, no s\u00e9 pudo evidenciar; por lo menos, sumariamente; la existencia del avalu\u00f3 comercial que presuntamente aport\u00f3 por el apoderado judicial de la parte demandante. Es m\u00e1s, cuando esta instancia judicial realiz\u00f3 el estudio de rigor, se encuentra con las \u00fanicas pruebas que reposan en el expediente, que corresponden a sendos aval\u00faos catastrales que, adem\u00e1s; fueron presentados por el apoderado judicial de la parte demandante. De tal manera que, al no avizorarse en el expediente otros aval\u00faos periciales la decisi\u00f3n no pod\u00eda ser otra que negar la solicitud e impedir el decaimiento de la diligencia que ven\u00eda enterada y dispuesta. <\/p>\n
Como bien se se\u00f1al\u00f3 en l\u00edneas precedentes, esta judicatura y en otrora titular, se encontr\u00f3 que se digitaliz\u00f3 el expediente hace aproximadamente 2 a\u00f1os y, sobre el prenotado proceso no reposan sendas piezas procesales, ni en el expediente f\u00edsico ni virtual. De ah\u00ed entonces, es que se procedi\u00f3 en cumplimiento del inciso 3\u00ba del art. 448, a calcular los porcentajes objeto de remate que fueron debidamente fijados en el auto que convoc\u00f3 a la diligencia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y que, surge para esta judicatura una circunstancia de especial atenci\u00f3n y, es que, al momento de presentar la solicitud de aclaraci\u00f3n el apoderado de la parte actora no aport\u00f3 los respectivos aval\u00faos, sino que; por el contrario, hizo una mera manifestaci\u00f3n. Pero la aportaci\u00f3n de la que ahora se duele, solo se materializa con su anuencia, luego de practicarse la diligencia de remate. <\/p>\n
Posteriormente, respecto de la solicitud de nulidad deprecada, tras citar el canon 455 del C\u00f3digo General del Proceso, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conforme el escrito de nulidad que subyace del escrito de fecha 03 de junio de 2022, indica esta judicatura que habr\u00e1 de rechazarse de plano por virtud del art\u00edculo 455 del C.G.P, dado que la norma indica textualmente que las solicitudes de nulidad que se enarbolen despu\u00e9s de la adjudicaci\u00f3n se tendr\u00e1n por no o\u00eddas <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En tal sentido, esta judicatura denegar\u00e1 la solicitud de nulidad dado que est\u00e1s no ser\u00e1n o\u00eddas; es decir, que no ser\u00e1n resueltas por expreso mandato del art\u00edculo 455 del C.G.P, dado que la misma opera por ministerio de la ley. Adem\u00e1s, no se subsumen en los numerus clausus enlistado en el art\u00edculo 133 del C.G.P, ni dentro de la causal de anomal\u00eda constitucional del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la cual el Juzgado acusado analiz\u00f3 la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que, contrario a lo indicado por la promotora, verificado el expediente no se evidencia los supuestos aval\u00faos comerciales allegados, solamente los catastrales que \u00e9l mismo solicit\u00f3 y aport\u00f3, relievando que, el proceso est\u00e1 digitalizado desde enero de 2021, incluso, con anterioridad a la pandemia estaba a disposici\u00f3n de la parte, empero, la promotora nunca reparo en la supuesta ausencia de los supuestos aval\u00faos comerciales, adem\u00e1s, los aprobados en el plenario, fueron los catastrales; destac\u00f3 que las alegaciones eran tard\u00edas a voces del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que, las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n, lo que para el caso no ocurri\u00f3, pues la entidad financiera no acudi\u00f3 a la subasta p\u00fablica, la que fue debidamente enterada y no aplazada, perdiendo la oportunidad para alegar lo ac\u00e1 expuesto. <\/p>\n
En ese orden, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
8 <\/p>\n
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