STC741-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC741-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00335-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 2 de diciembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sara Concepci\u00f3n Puchana contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y \u00abacceso a la justicia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada por lo que pidi\u00f3 \u00absuspender\u2026 [el] desalojo\u00bb dispuesto en el juicio criticado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Fernando Plat\u00f3n Balt\u00e1n S\u00e1nchez promovi\u00f3 acci\u00f3n de nulidad de contrato contra Sara Concepci\u00f3n Puchana, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 10 de abril de 2018, por lo que se declar\u00f3 \u00ababsolutamente nula la escritura p\u00fablica No. 3291 del 26 de agosto de 2004\u2026, contentiva de la\u2026 compraventa realizada sobre el bien inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-240734\u00bb, por lo que se dispuso \u00abla cancelaci\u00f3n de las anotaciones relativas al negocio jur\u00eddico declarado\u2026 nulo\u2026 que registran en el historia del referido [predio]\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n se orden\u00f3 a la enjuiciada \u00abla restituci\u00f3n del bien\u00bb, diligencia para la que se comision\u00f3 a la Secretar\u00eda de Seguridad y Justicia Municipal de Cali. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la demandada solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la entrega ordenada, petici\u00f3n que fue rechazada con auto del 22 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que, al comprar el prenombrado inmueble, \u00abla vendedora ten\u00eda todas las facultades ps\u00edquicas mentales\u00bb, conforme lo certific\u00f3, para la \u00e9poca en que se adelant\u00f3 la negociaci\u00f3n, \u00abla Secretar\u00eda de Salud P\u00fablica Municipal\u00bb, por lo que no se debi\u00f3 anular la compraventa objeto del juicio criticado; y que \u00abno fue notificada en forma digna\u2026, ya que [se] encontraba fuera del pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que \u00abhan transcurrido 18 a\u00f1os consecutivos, existe un vencimiento t\u00e1cito y no puede\u2026 prosperar ninguna demanda\u2026, ya que [tiene] entendido que el hijo de la\u2026 vendedora es quien inicia la demanda y esto es improcedente\u2026 porque\u2026 la vendedora ten\u00eda todas las facultades\u2026 mentales\u00bb, por lo que \u00abno se le puede\u2026 desalojar [del] inmueble que es de [su] exclusiva propiedad\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Fernando Plat\u00f3n Balt\u00e1n S\u00e1nchez defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali manifest\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado a la accionante el debido proceso y el derecho a la defensa, dado que, se dio publicidad a todas y cada una de las actuaciones, para que en la oportunidad procesal ejerciera el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
3. La Inspecci\u00f3n Permanente de Polic\u00eda Categor\u00eda Especial Turno No. 3 de esa localidad precis\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental a la accionante, por el contrario, se est\u00e1 actuando dentro de un deber legal, es decir obedeciendo a una orden judicial impartida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali la cual se encuentra debidamente ejecutoriada\u00bb y, adicionalmente, inform\u00f3 que la entrega comisionada se adelant\u00f3 el 24 de noviembre pasado, sin que se formulara oposici\u00f3n alguna. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 el resguardo, toda vez que no se cumpl\u00eda \u00abcon los requisitos de inmediatez ni subsidiariedad\u00bb, comoquiera que la tutelante \u00abtuvo muchas oportunidades para ejercer los derechos de defensa y contradicci\u00f3n\u2026, pues [tuvo] pleno conocimiento de la actuaci\u00f3n surtida, tanto as\u00ed que confiri\u00f3 poder para su representaci\u00f3n desde el a\u00f1o 2012\u2026\u00bb y, adem\u00e1s, porque la sentencia criticada \u00abse emiti\u00f3 y cobr\u00f3 firmeza desde el a\u00f1o 2018, luego supera con creces los 6 meses que la jurisprudencia ha considerado como razonables para acudir a la acci\u00f3n constitucional de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, revisada la demanda de tutela, se extracta que la gestora del resguardo, en esencia, cuestion\u00f3 la sentencia del 10 de abril de 2018, que accedi\u00f3 a las pretensiones que en su contra se elevaron en el juicio criticado, pues considera que debieron ser desestimadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advierte la Sala que, como lo concluy\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que desde la data en que se dict\u00f3 tal decisi\u00f3n (10 de abril de 2018) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 21 de noviembre de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, menos a\u00fan cuando se constat\u00f3 que la quejosa conoc\u00eda de la existencia del proceso criticado, por lo menos, desde marzo de 2011, data en la cual confiri\u00f3 poder a un profesional del derecho para que la representara en ese asunto. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, sin que se imponga analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada, porque el incumplimiento del presupuesto de inmediatez impide tal estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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